STC12442-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12442-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2023-00481-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de octubre de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la tutela que Vilma Edith, Ana Yaned, Jaime Humberto, Clara In\u00e9s y Libardo Mart\u00ednez Leguizamo instauraron contra los Juzgados Segundo de Familia de Bucaramanga y Segundo Civil Municipal de Floridablanca, la Personer\u00eda de ese Municipio, la Fiscal\u00eda Novena Seccional de Bucaramanga y el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, extensiva a la Procuradur\u00eda Sexta Judicial II de Bucaramanga y dem\u00e1s intervinientes en los consecutivos 2019-00329 y 2010-00660. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- En compendio sostuvieron que en calidad de herederos de la causante Leonor Leguizamo Mart\u00ednez, en las fechas indicadas elevaron \u00abderechos de petici\u00f3n\u00bb en los procesos de rendici\u00f3n de cuentas y divisorio que cursan en los Juzgados Segundo de Familia de Bucaramanga (rad. 2010-00660) y Segundo Civil Municipal de Floridablanca (rad. 2019-00329), respectivamente, sin obtener respuesta. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga inform\u00f3 que \u00abtramit\u00f3 proceso de JURISDICCION VOLUNTARIA -INTERDICCION JUDICIAL-, promovido a trav\u00e9s de abogada de confianza por LUZ MARINA MARTINEZ DE TAMAYO respecto de su progenitora, hoy fallecida, LEONOR LEGUIZAMO DE MARTINEZ\u00bb y, se opuso al amparo. <\/p>\n
El Segundo Civil Municipal de Floridablanca se\u00f1al\u00f3 que \u00abla demandada ANA YANED MARTINEZ LEGUIZAMO solicita acceso a las diligencias, y posteriormente eleva peticiones en nombre propio, encaminadas a la no admisi\u00f3n del presente asunto, por violaci\u00f3n al debido proceso al estar pendiente de resoluci\u00f3n un proceso de interdicci\u00f3n de la aqu\u00ed demandante Luz Marina Mart\u00ednez Leguizamo, tramitado en el Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga\u00bb, por lo que, mediante correo de 9 de octubre de 2023, \u00abpor secretar\u00eda se dio respuesta de la petici\u00f3n elevada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander implor\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga declar\u00f3 improcedente el resguardo, porque las \u00abpeticiones ata\u00f1en a cuestiones propias de los juicios rese\u00f1ados e impiden su escrutinio bajo la lupa de la Ley 1755 de 2015, (\u2026)\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00ablas rogativas de los precursores fueron atendidas en los diligenciamientos rese\u00f1ados (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- Replicaron los precursores con los mismos planteamientos inaugurales, reiterando, que: <\/p>\n
\u00abComo herederos de la causante LEONOR LEGUIZAMO MARTINEZ, Las solicitudes presentadas respetuosamente a trav\u00e9s de los derechos de petici\u00f3n del 17 de agosto de 2023 y 13 de septiembre de 2023, ATENDIENDO LOS PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS Y TAMBIEN DIVISORIO los cuales en la actualidad cursan en los Juzgados segundo de Bucaramanga y segundo Civil Municipal de Florida Blanca. NO, han sido resueltas ni se obtuvo respuesta alguna manteniendo a la fecha presente un silencio administrativo, siendo vulnerado al mismo tiempo el derecho de petici\u00f3n el cual versa en el art\u00edculo 23 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica de Colombia como un derecho fundamental. Siendo este regulado por la ley 1755 de 2015\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1.- De entrada, se anuncia el fracaso de la salvaguarda y la consiguiente refrendaci\u00f3n de lo opugnado, <\/p>\n
1.1.- Al presentarse \u00absolicitudes\u00bb ante los jueces, calificadas por los interesados como \u00abderechos de petici\u00f3n\u00bb, concernientes con litigios a su cargo, deben diferenciarse las eventualidades en las cuales el \u00abpetente\u00bb busca adelantar una actuaci\u00f3n propia del rito o la emisi\u00f3n de una providencia, de aqu\u00e9llas cuando se suplica una actividad administrativa. <\/p>\n
Las primeras se relacionan con el infolio y se rigen por las reglas de este. Las segundas, por el contrario, enmarcan dentro del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb y son susceptibles de custodiarse por esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el atributo consagrado en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica no tiene cabida en la \u00f3rbita de los \u00abprocesos judiciales\u00bb, salvo en lo relativo a gestiones de linaje administrativo. Lo relatado se explica porque son las normas procedimentales las que regulan las respuestas otorgadas a las exigencias de los sujetos procesales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
(\u2026) [L]as peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. de acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica. (STC8023-2020, reiterada en STC6517-2021 y STC106- 2023). <\/p>\n
1.2.- En el caso concreto, como quiera que los requerimientos de los impulsores guardan relaci\u00f3n con asuntos de car\u00e1cter jurisdiccional, no se analizar\u00e1 la transgresi\u00f3n al \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, sino a la posible violaci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb <\/p>\n
1.3.- La evidencia allegada al plenario permite constatar que: <\/p>\n
i.- Frente a la misiva de 17 de agosto de 2023 tendiente a que se \u00abdiera celeridad\u00bb a la Litis de rendici\u00f3n de cuentas seguida a continuaci\u00f3n de la \u00abinterdicci\u00f3n\u00bb (rad. 2010-00660), en virtud de la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico en nombre de los gestores, por auto de 17 de octubre pasado el Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga surti\u00f3 la actuaci\u00f3n que estaba pendiente; esto es, corri\u00f3 traslado del informe rendido por la experta contable y le fij\u00f3 los honorarios correspondientes. <\/p>\n
ii. En lo que concierne al petitum de 13 de septiembre de 2023, a trav\u00e9s del cual Ana Yaned Mart\u00ednez Leguizamo solicit\u00f3 el rechazo de la demanda divisoria (rad. 2019-00329), por oficio n.\u00b0 1437 notificado por correo electr\u00f3nico el 9 de octubre, la Secretar\u00eda del Juzgado Civil Municipal de Floridablanca le respondi\u00f3 que debe comparecer al pleito a trav\u00e9s de abogado \u00abque la pueda guiar con el continuar del tr\u00e1mite y remita las solicitudes con las formalidades propias y caracter\u00edsticas del proceso divisorio\u00bb, porque el proceso se admiti\u00f3 el 27 de junio de 2019 y, \u00abluego de recibida la notificaci\u00f3n (\u2026) cont\u00f3 con diez (10) d\u00edas de traslado, para contestar la demanda y\/o proponer excepciones\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se avizora el quebranto denunciado por los impulsores. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, para la prosperidad de la ayuda, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (STC3764-2021, citada hace poco en STC1035-2023). <\/p>\n
De igual manera, se necesita: <\/p>\n
(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda (STC8053-2019, reiterada recientemente en STC2038-2023). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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