STC12445-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01864-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (08) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 20 de septiembre de 20231, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Mar\u00eda Estela Rengifo Valle contra la Sala de Descongesti\u00f3n n \u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esa ciudad y, citados los dem\u00e1s intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00b0 2018-00051. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la seguridad social, m\u00ednimo vital, pensi\u00f3n, salud, vida digna y debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez, del que conoci\u00f3 el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, despacho que, en sentencia de 4 de abril de 2019 accedi\u00f3 a las pretensiones y conden\u00f3 a la demandada al pago de la prestaci\u00f3n, decisi\u00f3n que, en sede de apelaci\u00f3n revoc\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad el 30 de noviembre de 2020. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que inconforme con ese pronunciamiento interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL589-2023 de 15 de marzo de 2023, dispuso no casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
Adujo que las autoridades accionadas no oficiaron a Colpensiones para que allegara la historia laboral completa y las semanas cotizadas, puesto que, ten\u00eda la prueba de la afiliaci\u00f3n y desafiliaci\u00f3n original, en tanto que trabaj\u00f3 ininterrumpidamente para Luis Enrique Rengifo desde el 1\u00ba de junio de 1983 hasta el 31 de enero de 1999, empresa que desapareci\u00f3 y el empleador falleci\u00f3, y, seg\u00fan afirm\u00f3, en su historia laboral, adem\u00e1s no se incluy\u00f3 las semanas cotizadas entre el 1\u00ba de enero de 1995 al 30 de mayo de 1996. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 ordenar a las autoridades accionadas dejar sin efecto las sentencias proferidas en el proceso ordinario laboral y, en su lugar, condenar a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez reclamada, as\u00ed como a las dem\u00e1s pretensiones formuladas en la demanda. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b03 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, a trav\u00e9s del Magistrado Ponente de la decisi\u00f3n cuestionada, manifest\u00f3 remitirse a las consideraciones expuestas en la misma y, solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo con sustento en que no incurri\u00f3 en la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, pues la decisi\u00f3n fue el resultado de la aplicaci\u00f3n normativa y jurisprudencial vigente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, luego de efectuar un relato de las actuaciones adelantadas en el proceso, afirm\u00f3 que en las diferentes instancias se ha cumplido el debido proceso. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n (PARISS), inform\u00f3 que una vez revisados los aplicativos de consulta de la entidad, la p\u00e1gina web de la rama judicial, as\u00ed como el escrito de tutela, se pudo establecer que en el asunto estudiado no hizo parte ni se vincul\u00f3 al extinto ISS, como tampoco a ese Patrimonio. <\/p>\n
Igualmente, afirm\u00f3 que carece de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida, siendo Colpensiones la entidad actualmente encargada de administrar dicho r\u00e9gimen. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 el amparo constitucional, al determinar que la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Casaci\u00f3n accionada se encuentra ajustada a la legalidad y est\u00e1 debidamente fundamentada, de manera que se descartaba que haya incurrido en alguna de las causales espec\u00edficas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la solicitud dirigida a que se ordenara a Colpensiones el pago de la prestaci\u00f3n reclamada, se\u00f1al\u00f3 que, tal asunto fue dirimido en el proceso ordinario, lo que relevaba a esa Sala de hacer consideraciones frente a las decisiones adoptadas, m\u00e1xime cuando, por regla general, todo conflicto relacionado con el reconocimiento y pago de prestaciones econ\u00f3micas, debe ser dirimido, para este caso, por la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral, como ya aconteci\u00f3 y cuya decisi\u00f3n final se encuentra dentro del margen de razonabilidad. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante, quien adem\u00e1s de insistir en los argumentos iniciales, manifest\u00f3 que el juez constitucional, nada mencion\u00f3 sobre la prueba que la autoridad accionada debi\u00f3 solicitar a Colpensiones, pues \u00abel hecho de haber solicitado la prueba a personas inexistente estuvo bien fundamentado y dirigido, no creo que sea lo correcto, por eso difiero de las aseveraciones hechas en el fallo impugnado. Es que se trata de un derecho sustancial, es una pensi\u00f3n, no es algo accesorio a la pensi\u00f3n. Es una pensi\u00f3n de vejez\u00bb (sic). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda esta Corporaci\u00f3n que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de corregir o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Mar\u00eda Estela Rengifo Valle cuestiona la sentencia SL589-2023 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, a trav\u00e9s de la cual dispuso no casar el fallo proferido por el Tribunal Superior de Barranquilla, que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado en la que hab\u00eda accedido a las pretensiones formuladas en el proceso ordinario que inici\u00f3 contra Colpensiones, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
3. Analizados los fundamentos de la inconformidad de la actora, se advierte la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, teniendo en cuenta que, una vez examinadas las consideraciones expuestas por la Sala de Casaci\u00f3n accionada, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
3.1 V\u00e9ase que al estudiar el cargo \u00fanico formulado por Mar\u00eda Estela Rengifo Valle, indic\u00f3 que el Tribunal Superior de Barranquilla para revocar la decisi\u00f3n de primera instancia, determin\u00f3 que el reporte de semanas cotizadas no demostraba la relaci\u00f3n de trabajo de la demandante por todo el tiempo reclamado, de manera que no era posible tener en cuenta las semanas comprendidas desde el 1\u00ba de enero de 1995 al 31 de mayo de 1996, toda vez que no se acredit\u00f3 en ese per\u00edodo la existencia de la relaci\u00f3n laboral con el empleador Luis Rengifo Hidalgo, sumado a que en el reporte tampoco aparec\u00eda registrada alguna mora. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el fallador de segundo grado, encontr\u00f3 acreditadas 736,57 semanas y en los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad 489,01, las que resultaban insuficientes para acceder a la pensi\u00f3n vejez en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, adem\u00e1s, de oficio requiri\u00f3 al empleador y a la demandante, informaci\u00f3n de la existencia de la relaci\u00f3n laboral, la cual result\u00f3 sin \u00e9xito. Enseguida, expuso, <\/p>\n
(\u2026) La censura desde\u00f1a lo arg\u00fcido por el colegiado y, para ello, asegura que de haber analizado la tarjeta de comprobaci\u00f3n y el reporte de semanas habr\u00eda observado que la desafiliaci\u00f3n ocurri\u00f3 el 31 de enero de 1999 por el empleador referido, pues es en esta data que se registra la novedad de retiro del sistema. Endilga, adem\u00e1s, haberse soslayado la continuidad en la relaci\u00f3n laboral, pues de la secuencia de los aportes en el trasegar del v\u00ednculo, emerge \u00abun patr\u00f3n\u00bb desde que \u00abse afili\u00f3 hasta que se desafili\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Desde la perspectiva f\u00e1ctica, que es por donde se endereza el cargo, la Sala debe verificar si la conclusi\u00f3n del juzgador de alzada fue ostensiblemente equivocada y, por tanto, definir si por el hecho de que en la historia laboral no se registrara ninguna informaci\u00f3n entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de mayo de 1996, la demandante deb\u00eda acreditar la existencia de una relaci\u00f3n de trabajo con Luis Rengifo Hidalgo y C\u00eda. S en C, quien fue su empleador. <\/p>\n
Aunque la demostraci\u00f3n del \u00fanico cargo no es la m\u00e1s afortunada, se hace necesario en este caso espec\u00edfico, llevar a cabo un ejercicio de ponderaci\u00f3n, porque est\u00e1 de por medio un derecho de rango constitucional, en particular, la pensi\u00f3n de vejez, que podr\u00eda verse afectada y que la Corte, como Tribunal de casaci\u00f3n, no puede eludir. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha indicado que, para que un periodo no cotizado se sume bajo la figura de mora patronal debe estar soportado en una verdadera relaci\u00f3n laboral, pues el hecho generador de las cotizaciones al sistema pensional es la existencia real del contrato de trabajo. Sobre el particular, en sentencia CSJ SL2000-2021 se indic\u00f3 que: <\/p>\n
[\u2026] al existir dudas sobre la duraci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral, el Tribunal no err\u00f3 al se\u00f1alar que para convalidar los ciclos de abril de 1995 a septiembre de 1999 a cargo del empleador Jaigon Ltda. era necesario acreditar o al menos aportar una inferencia plausible respecto a que el v\u00ednculo laboral subsisti\u00f3 en el citado interregno [\u2026] (CSJ SL1355-2019 y CSJ SL3160-2019). <\/p>\n
Ahora, del an\u00e1lisis objetivo de las pruebas denunciadas la Corte no advierte que alguna de ellas d\u00e9 cuenta de que el actor labor\u00f3 efectivamente para la empresa en referencia despu\u00e9s de marzo de 1995 y hasta septiembre de 1999\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que esa Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado, entre otras, en la sentencia SL3490-2019 que, cuando surjan serias dudas respecto de la validez de ciertos per\u00edodos porque existen novedades de retiro o porque no est\u00e1 clara la continuidad o permanencia del afiliado, es necesario exigir la prueba de la existencia de la relaci\u00f3n laboral, que d\u00e9 cuenta de dichas cotizaciones, para evitar fraudes al sistema de seguridad social. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, en el caso bajo estudio, el Tribunal Superior hizo uso de las facultades oficiosas consagradas en el C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, para desatar la duda de la vigencia del contrato de trabajo en los per\u00edodos acusados y, al no obtener una respuesta que contribuyera con la inquietud surgida, decidi\u00f3 concluir que no exist\u00eda prueba alguna del v\u00ednculo, en atenci\u00f3n a que el solo dicho de la demandante no era suficiente para establecer la relaci\u00f3n laboral. Al respecto, sostuvo, <\/p>\n
(\u2026) En ese punto conviene se\u00f1alar que los cuestionamientos que dirige la censura en torno a las personas que resolvi\u00f3 oficiar el colegiado, es una tem\u00e1tica que debi\u00f3 atacarse en el momento procesal debido. La casaci\u00f3n no es el escenario para ello. <\/p>\n
No obstante, en lo que concierne al tema en concreto, para tomar en favor del demandante como efectivamente cotizados los periodos comprendidos entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de mayo de 1996, con Luis Enrique Rengifo, resultaba necesaria la comprobaci\u00f3n de la existencia de la relaci\u00f3n laboral que los habr\u00eda generado, pues en el expediente no existe prueba de la vigencia a pesar de haberse iniciado en junio de 1983, y por lo tanto de la continuidad de la afiliaci\u00f3n de la demandante como cotizante por parte de ese empleador. <\/p>\n
Comoquiera que el operador judicial no puede dar validez a per\u00edodos en los que no se demostr\u00f3 la vigencia de la relaci\u00f3n laboral, y al no obrar medio de convicci\u00f3n de que efectivamente la recurrente continu\u00f3 con la prestaci\u00f3n de sus servicios durante el periodo rese\u00f1ado, no es posible contabilizarlos, ya que la simple afirmaci\u00f3n de que el v\u00ednculo se prorrog\u00f3 por el lapso que se echa de menos, conllevar\u00eda las siguientes consecuencias inadmisibles: i) imponerle al sistema pensional una carga no justificada, al no existir las cotizaciones por parte del asegurado, lo que afecta la sostenibilidad financiera y, ii) a reconocer la existencia de un contrato de trabajo con todas las consecuencias\u00bb. (\u00c9nfasis de esta Sala). <\/p>\n
En ese orden, consider\u00f3 que no era posible aceptar que por el hecho de que la novedad de retiro del sistema se hizo efectivo el 31 de enero de 1999, la relaci\u00f3n laboral fue continua e ininterrumpida, conclusi\u00f3n que imposibilitaba admitir la pauta que, a juicio de la recurrente caracteriz\u00f3 su v\u00ednculo laboral, seg\u00fan el reporte de semanas. <\/p>\n
3.2 Bajo esa l\u00ednea determin\u00f3 la improsperidad del cargo y resolvi\u00f3 no casar la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 30 de noviembre de 2020. <\/p>\n
4. Conforme a lo anterior, la sentencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, teniendo en cuenta que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por Mar\u00eda Estela Rengifo Valle y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Se advierte que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas aplicables al caso concreto, la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente y las pruebas aportadas, las cuales la llevaron a establecer que el Tribunal Superior de Barranquilla no incurri\u00f3 en los errores endilgados, pues en aras de resolver la duda respecto de las semanas cotizadas, hizo uso de las facultades oficiosas consagradas en la norma, para exigir prueba de la existencia de la relaci\u00f3n laboral entre la demandante y Luis Enrique Rengifo durante los per\u00edodos comprendidos entre el 1\u00ba de enero de 1995 y 31 de mayo de 1996, no obstante, \u00e9sta result\u00f3 infructuosa, por lo que, concluy\u00f3 que no hab\u00eda prueba del v\u00ednculo laboral, pues la sola afirmaci\u00f3n de la demandante no era suficiente para establecerla, m\u00e1xime cuando en el reporte obrante tampoco aparec\u00eda registrada mora alguna, de manera que las semanas acreditadas resultaron insuficientes para determinar el derecho a la pensi\u00f3n de vejez reclamada. <\/p>\n
5. Bajo ese escenario, con independencia que esta Sala comparta o no los razonamientos efectuados por la autoridad accionada, no se evidencia defecto alguno del talante de una v\u00eda de hecho como lo alega la accionante, quien lo que busca realmente es imponer su propia visi\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica sobre c\u00f3mo debi\u00f3 resolverse la contienda, la interpretaci\u00f3n que debi\u00f3 extraerse de la demanda y de los elementos probatorios practicados, para que se accediera a los medios exceptivos que propuso al contestarla. <\/p>\n
Prop\u00f3sito que no se ajusta a la naturaleza del mecanismo excepcional que por esta v\u00eda se trata, el que en manera alguna se estableci\u00f3 como tercera instancia de las providencias que las autoridades judiciales han proferido en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido, (CSJ. STC-9232-2018, reiterada entre otras en STC-5974-2021, STC1212-2022, STC9932-2022 y STC4373-2023). <\/p>\n
6. Ahora, ante la expectativa de la actora para que en esta sede de efect\u00fae una valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas en el proceso laboral cuestionado o se determine si las mismas fueron apreciadas correctamente, debe indicarse que, el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de fallador de instancia para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos probatorios, porque como lo ha reiterado esta Sala, \u00abla valoraci\u00f3n probatoria es donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica\u00bb. (CSJ. STC7065-2019, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC2622-2022 y, STC5841-2023, entre muchas otras). <\/p>\n
7. Tampoco resulta procedente a trav\u00e9s de este mecanismo, ordenar a la autoridad accionada decretar o practicar pruebas para definir el asunto, o requerir a Colpensiones para que allegue la historia laboral, pues esa labor corresponde al juez ordinario en el \u00e1mbito de su competencia durante el desarrollo del proceso, tal y como de manera clara lo explic\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n accionada, cuando se\u00f1al\u00f3 que los cuestionamientos dirigidos por la censura en relaci\u00f3n con las personas que resolvi\u00f3 oficiar el Tribunal Superior de Barranquilla, era una tem\u00e1tica que debi\u00f3 atacarse en el momento procesal debido, teniendo en cuenta que la casaci\u00f3n no era el escenario para tal cometido. <\/p>\n
8. Resta indicar que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
9. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n remitida a esta Sala mediante oficio n\u00b0 11209 de 20 de octubre de 2023 y asignada con Acta de reparto de 23 de octubre del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
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