STC12449-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12449-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2023-00100-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide de cara a la impugnaci\u00f3n interpuesta por el convocante frente a la sentencia del pasado 21 de septiembre, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por Efr\u00e9n Rojas S\u00e1nchez, el que adujo fungir como apoderado de Aydee Bojorge Rivera, contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira y Fino Company S.A.S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El abogado gestor deprec\u00f3 el pronto patrocinio de las prerrogativas esenciales al debido proceso, \u00ab[d]efensa[, i]gualdad[, p]ropiedad [p]rivada(\u2026) y\u2026 [a]cceso a [l]a [a]dministraci\u00f3n de [j]usticia\u00bb de la persona a la que expuso prohijar, presuntamente conculcadas por la c\u00e9lula jurisdiccional y empresa repelidas. Y en concreto, se entiende, restar efecto a lo dirimido -en segundo nivel-, en el expediente reivindicatorio n.\u00b0 \u00ab2022-00023\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico relevante se tiene que el despacho accionado dispuso, a trav\u00e9s de auto de 27 de abril de la anualidad en curso, en sede de apelaci\u00f3n del extremo demandante contra el fallo anticipado -adverso a las pretensiones- del cognoscente Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Palmira (de 12 oct. 2022), \u00abDECLARAR, de oficio, la nulidad\u00bb de lo desplegado \u00aba partir inclusive de la etapa (\u2026) de excepciones previas\u00bb, conforme a las causales 5\u00b0 y 6\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso. Eso, en el marco del juicio verbal arriba descrito, que instaurara Fino Company S.A.S. respecto a Aydee Bojorge Rivera. <\/p>\n
El promotor de la s\u00faplica de amparo de marras critic\u00f3 lo as\u00ed resuelto, pues, en s\u00edntesis, con tal determinaci\u00f3n se quiso pasar por alto (por cuenta del fallador ad quem en cuesti\u00f3n) la viabilidad de zanjar a fondo al alzada, en lugar de anular la contienda en la forma en que lo hizo, en desmedro de las normas aplicables y sin emprender una apreciaci\u00f3n probatoria en torno a sus alegaciones \u2013como abogado en la litis de la se\u00f1ora Bojorge Rivera\u2013 sobre la abierta improsperidad de la reivindicaci\u00f3n, principalmente por \u00abfalta de legitimaci\u00f3n\u00bb de la sociedad all\u00ed reclamante y, con todo, por \u00abprescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Tribunal de origen dio admisi\u00f3n a la denuncia supralegal. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
El estamento juzgador del circuito se opuso al \u00e9xito de la aspiraci\u00f3n, por pertinencia de su pronunciamiento. El de rango municipal memor\u00f3 lo acontecido en el pleito en disenso, del que comparti\u00f3 ingreso digital. Quien dijo concurrir en nombre de Fino Company S.A.S. tambi\u00e9n se mostr\u00f3 en disfavor de la querella constitucional, por acierto de la providencia materia de ataques. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La intent\u00f3 el jurista convocante, con persistencia en sus reproches. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un instrumento jur\u00eddico en abrigo de las premisas b\u00e1sicas, susceptible de incoar siempre que sean afectadas o permanezcan en peligro inminente por las autoridades p\u00fablicas y los particulares.<\/p>\n
2. Para la Corte refulge que el abogado Efr\u00e9n Rojas S\u00e1nchez carece de legitimaci\u00f3n para buscar cuestionar en esta senda las aparentes laceraciones ocurridas dentro del expediente reivindicatorio n.\u00b0 \u00ab2022-00023\u00bb, toda vez que no es parte en esa reyerta, ni aport\u00f3 poder especial id\u00f3neo en procura de acudir aqu\u00ed en nombre de la all\u00e1 demandada Aydee Bojorge Rivera, aunado a que dej\u00f3 de pregonar y acreditar los supuestos que certificaran un comparecimiento a\u00fan como \u00abagente oficioso\u00bb de tal persona. <\/p>\n
Sobre la habilitaci\u00f3n para activar este escenario iusfundamental, los art\u00edculos 10 y 31 del decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta conculcaci\u00f3n por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos como intervinientes. <\/p>\n
Al respecto, acerca del alcance del mencionado canon 10, la Corte constitucional decant\u00f3 que, <\/p>\n
la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u2026 (CC T-878\/07). <\/p>\n
Consecuentemente, ese m\u00e1ximo tribunal ha recordado los elementos necesarios para que opere la figura de la agencia oficiosa \u2013ninguno de los cuales fue aqu\u00ed aseverado ni satisfecho\u2013, precisando que: <\/p>\n
La jurisprudencia(\u2026) ha fundamentado la agencia oficiosa en tres principios constitucionales \u201c(i) el principio de eficacia de los derechos fundamentales, que como mandato vinculante tanto para las autoridades p\u00fablicas como para los particulares, impone la ampliaci\u00f3n de los mecanismos institucionales para la realizaci\u00f3n efectiva de los contenidos propios de los derechos fundamentales; (ii) el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, principio que se encuentra en estrecha relaci\u00f3n con el anterior y est\u00e1 dirigido a evitar que por razones de formalidad procesal se impida la protecci\u00f3n efectiva de los derechos sustanciales; y (iii) el principio de solidaridad, el cual impone a los miembros de la sociedad velar por la defensa no s\u00f3lo de los derechos fundamentales propios, sino tambi\u00e9n por la defensa de los derechos ajenos cuando sus titulares se encuentran en imposibilidad de promover su defensa\u201d. <\/p>\n
3.5. Como requisitos normativos para la procedencia de la agencia oficiosa, la Corte ha establecido que: (i) el agente oficioso manifieste que act\u00faa como tal; (ii) del escrito de tutela se infiera que el titular del derecho est\u00e1 imposibilitado para ejercer dicha acci\u00f3n, ya sea por circunstancia f\u00edsicas o mentales; (iii) el titular del derecho debe ratificar lo actuado dentro del proceso y (iv) la informalidad de la agencia, es decir, no requiere que exista relaci\u00f3n formal entre el agente y el agenciado. \u201cEsta figura se encuentra limitada por la prueba del estado de vulnerabilidad del agenciado. Esto garantiza la autonom\u00eda de la voluntad de la persona que tiene la capacidad legal para ejercicio sus derechos fundamentales por s\u00ed misma\u201d… <\/p>\n
Revisada la actuaci\u00f3n cumplida en esta acci\u00f3n de tutela, de entrada, advierte la Corte que la se\u00f1ora\u2026 Rodr\u00edguez Tovar no se encuentra legitimada por activa para solicitar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad y de petici\u00f3n, del se\u00f1or\u2026 Torres, por las siguientes razones: <\/p>\n
3.13.1. La se\u00f1ora Rodr\u00edguez Tovar no fue parte dentro de los procesos [fustigados]… En ese orden, la accionante, por no ser parte dentro de los citados expedientes, no tiene legitimidad para emprender una acci\u00f3n que, conforme al art\u00edculo 86 de la Carta, s\u00f3lo puede hacerlo directamente el afectado. <\/p>\n
3.13.2. No obstante lo anterior, de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia que al respecto se ha rese\u00f1ado, la se\u00f1ora\u2026 Rodr\u00edguez Tovar puede actuar como agente oficiosa de otras personas, siempre que cumpla con los requisitos de esta figura, es decir, que (i) manifieste que opera como tal; (ii) que de la demanda se infiera que el titular del derecho se encuentra imposibilitado para interponer la acci\u00f3n de tutela; y (iii) que el presunto afectado ratifique lo actuado dentro del proceso. <\/p>\n
En el caso concreto, no se advierte ninguna de las exigencias mencionadas, ya que en el escrito de tutela no se indic\u00f3 que la accionante actuaba como agente oficiosa de su compa\u00f1ero permanente. Aspecto que si bien puede inferirse de la misma demanda, moderando un poco la exigencia procesal, seg\u00fan lo ha ense\u00f1ado la Corte para algunos casos excepcionales y con el fin de garantizar los principios del acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la prevalencia del derecho sustancial, no ocurre lo mismo con la exigencia probatoria relativa a que el se\u00f1or Torres se encuentra en imposibilidad para interponer, de manera aut\u00f3noma y directa, la tutela\u2026 (CC T-406\/17). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, vislumbrado que Rojas S\u00e1nchez no es parte o interviniente en el dossier verbal n.\u00b0 \u00ab2022-00023\u00bb, as\u00ed como que tampoco alleg\u00f3 mandato apto a la salvaguarda para actuar en representaci\u00f3n de la ah\u00ed demandada Bojorge Rivera, ni adujo o demostr\u00f3 los supuestos que posibilitaran la condici\u00f3n de \u00abagente oficioso\u00bb de esta \u00faltima, es evidente que adolece de legitimaci\u00f3n para promover el presente reclamo tutelar. Cabe resaltar que el poder especial anexo al libelo constitucional fue conferido al profesional del derecho en cita, pero en aras de la defensa en la controversia reivindicatoria, que no para la iniciaci\u00f3n y prosecuci\u00f3n del implemento tutelar de marras. <\/p>\n
Y aunque en el apoderamiento adjunto en comento se otorgara potestad al letrado para \u00abinterponer acciones constitucionales (\u2026) antes o durante el proceso judicial\u2026\u00bb, lo cierto es que ese tipo de mandatos, acorde a lo anotado por la Sala en reciente sentencia (CSJ STC10721-2023, 28 sep., rad. 02120-00), \u00absolo contiene una delegaci\u00f3n gen\u00e9rica que no re\u00fane los elementos de especificidad necesarios para acudir ante el juez constitucional\u2026\u00bb. <\/p>\n
Fallo en el que, en lo tocante, se dilucid\u00f3: <\/p>\n
Los poderes dados para ejercer la representaci\u00f3n en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
\u2026Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin espec\u00edfico. En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de[l] poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisi\u00f3n, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta que origina la tutela. <\/p>\n
\u2026La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente. <\/p>\n
\u2026 En esos t\u00e9rminos y dada la relevancia del asunto, la Sala deja sentada su postura, en aras de garantizar que quienes concurran a las acciones de tutela est\u00e9n legitimados en la causa, cuesti\u00f3n que resulta ser de la mayor importancia, pues no puede perderse de vista que esta busca la protecci\u00f3n inmediata de los derechos que son inherentes a una persona y no a un tercero. As\u00ed, las exigencias de especificidad del poder no son una limitaci\u00f3n al ejercicio de la tutela, por el contrario, su fin es asegurar que el titular de los derechos fundamentales despliegue un control respecto de sus apoderados y actuaciones, de manera que estos solo act\u00faen frente a las autoridades, hechos u omisiones concretas que afecten, lesionen o amenacen sus garant\u00edas superiores en forma id\u00f3nea y particular y sin alejarse o desconocer el poder de disposici\u00f3n del mandante, aspecto especialmente trascendente, si se tienen en cuenta las resultas y efectos de este tr\u00e1mite supralegal, tales como la instituci\u00f3n de la cosa juzgada constitucional, que impide volver a acudir a esta instancia, o una eventual sanci\u00f3n por temeridad\u2026 (\u00c9nfasis. STC10721-2023, 28 sep., rad. 02120-00. En similar sentido, STC11592-2023, 18 oct., rad. 03891-00). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En complemento, recu\u00e9rdese que, tal cual se ha doctrinado de anta\u00f1o, \u00ab[l]a falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante\u2026\u00bb (Se resalt\u00f3. CSJ STC, 4 may. 2012, rad. 00145-01; reiterada en STC8139, 25 jun. 2015, rad. 00365-01 y STC11880, 5 sep. 2019, rad. 01378-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se impone, entonces, reafirmar el veredicto del Tribunal Superior de Buga, pero por lo atr\u00e1s consignado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el canal m\u00e1s \u00e1gil. Rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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