STC12452-2023<\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con una persona menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene los \u00abnombres ficticios\u00bb de las partes. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12452-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2023-00285-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 21 de septiembre de 2023, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carolina contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa misma urbe, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite compulsivo seguido actualmente por Conexa Inmobiliaria Ltda. al que fueron vinculadas las dem\u00e1s partes, autoridades judiciales e intervinientes relacionados. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora suplic\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas de defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, as\u00ed como al de alimentos de su menor hijo Luis, entre otras, presuntamente vulneradas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Se consideran hechos relevantes para el caso en cuesti\u00f3n los siguientes, seg\u00fan la lectura del expediente de tutela y los relacionados: <\/p>\n
2.1. El Juzgado Once de Familia de Cali con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo de alimentos que promovi\u00f3 la aqu\u00ed accionante en representaci\u00f3n de su menor hijo Luis contra Esteban, profiri\u00f3 Auto 500 de 13 de marzo de 2017 en el cual orden\u00f3 \u00abDecretar el embargo de los inmuebles identificados con matr\u00edcula inmobiliaria Nros. 370-351005, 060-230835 y 370-350973\u00bb, providencia comunicada a trav\u00e9s del oficio respectivo (Cuaderno principal, archivo digital 061Jdo11FamiliaPrelacionCredito). <\/p>\n
La referida acreencia de alimentos, de conformidad con la \u00faltima liquidaci\u00f3n aportada en septiembre de 2022 asciende a m\u00e1s de 878 millones de pesos. <\/p>\n
2.2. Previamente, y con ocasi\u00f3n del proceso ejecutivo con garant\u00eda hipotecaria que promovi\u00f3 Banco Colpatria SA contra Esteban, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali avoc\u00f3 conocimiento del tr\u00e1mite ejecutivo hipotecario en cumplimiento de los acuerdos PSAA13-9962, PSAA13-9984 y PSAA13-99991 de 2013, en concordancia con la Circular CSVJ15-145 del 7 de diciembre de 2015, litis que de conformidad con la \u00faltima liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito aprobada asciende a m\u00e1s de mil quinientos veintitr\u00e9s millones de pesos (Auto n.\u00b0 465 de 3 de marzo de 2022, Archivo 044ApruebaLiq-Remate-Oficio.pdf) <\/p>\n
2.3. Consecuencia de lo anterior, con oficios 313 y 314 el estrado judicial accionado inform\u00f3 a los Juzgados Once de Familia de Oralidad y Segundo Civil Municipal, ambos de Cali, que ese estrado judicial \u00abtendr\u00e1 en cuenta el embargo sobre el bien del demandado Esteba\u2026 y adem\u00e1s, solicit\u00f3 al Juzgado 11 de Familia de Oralidad de Cali, que env\u00eden la liquidaci\u00f3n definitiva para realizar la distribuci\u00f3n de dineros correspondiente, de acuerdo con la prelaci\u00f3n establecida en la ley (art\u00edculo 2495 del C\u00f3digo Civil)\u00bb. <\/p>\n
2.4. Del mismo modo, con prove\u00eddo de 26 de enero de 2017 se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito presentada por el ejecutante en el proceso ejecutivo hipotecario y se orden\u00f3 informar al Juzgado Once de Familia de Oralidad de Cali que se tendr\u00eda en cuenta el embargo decretado sobre los bienes del demandado Esteban. <\/p>\n
2.5. En fase de ejecuci\u00f3n del proceso el cesionario del cr\u00e9dito hipotecario se hizo part\u00edcipe de la diligencia de remate del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 060-230835, como oferente, si\u00e9ndole adjudicado el inmueble y en calidad de pago parcial de la acreencia que, en la actualidad, asciende a m\u00e1s de 1.500.000 millones de pesos (expediente remitido 2016-00266, 105ActaRemate.pdf). <\/p>\n
2.6. En dicha diligencia de remate y adjudicaci\u00f3n se dispuso: <\/p>\n
En este orden de ideas, atendiendo a que, en la presente fecha, la parte ejecutante present\u00f3 postura por cuenta de su cr\u00e9dito, se procede a compartir pantalla a los presentes para efectos de verificar el t\u00e9rmino legal y el cumplimiento de las disposiciones de la oferta enviada al correo institucional del despacho (j01ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co) y que se relacionan a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
<\/p>\n
No. <\/p>\n
Hora <\/p>\n
Postor <\/p>\n
Postura <\/p>\n
1. <\/p>\n
18\/07\/2023 <\/p>\n
10:58 am <\/p>\n
Conexa inmobiliaria Ltda (Cesionario) <\/p>\n
$ 1.300.000.000 <\/p>\n
Por cuenta del cr\u00e9dito <\/p>\n
En este orden de ideas, teniendo en cuenta que la postura supera el 70% del aval\u00fao del inmueble cautelado, aunado a que no se hace necesaria la consignaci\u00f3n del 40% de que trata el art\u00edculo 451 de la norma adjetiva, toda vez que la \u00faltima liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aprobada por el despacho de que trata el art\u00edculo 451 de la norma adjetiva, toda vez que la \u00faltima liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aprobada por el despacho supera el 40% del aval\u00fao del citado bien, se tendr\u00e1 por v\u00e1lida y, en consecuencia, el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL EJECUCI\u00d3N DE SENTENCIAS DE SANTIAGO DE CALI, procede a ADJUDICAR el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 060 \u2013 230835 a la sociedad Conexa Inmobiliaria Ltda, identificada con Nit 900.155.044-4, no siendo necesario consignar saldo adicional <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se relaciona el inmueble adjudicado: <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, cuestion\u00f3 la promotora que \u00abse permiti\u00f3 adjudicar en remate un bien inmueble sujeto a medida de prelaci\u00f3n de embargo, esto es no se dio aplicaci\u00f3n al verdadero esp\u00edritu de la Ley la cual es hacer prevalecer los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. M\u00e1xime cuando el mismo Juzgado accionado ya ten\u00eda conocimiento del derecho a favor del menor\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, solicit\u00f3 dejar sin efectos la diligencia de remate, o en su defecto, ordenarle al adjudicatario pagar la totalidad de la acreencia de alimentos en favor de su menor hijo. <\/p>\n
RESPUESTAS Y CONTESTACIONES <\/p>\n
1. El Juzgado Primero (01) Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali defendi\u00f3 que la tutela carec\u00eda del requisito de subsidiariedad, toda vez que la accionante no hab\u00eda presentado alguna solicitud sobre los hechos aqu\u00ed descritos ante ese \u00f3rgano, por otro lado, se\u00f1al\u00f3 que el inmueble identificado con M.I. 060-230835 rematado, no fue objeto de la medida cautelar por parte del Juzgado Once de Familia, seg\u00fan la providencia del 02 de octubre del 2017 a ellos comunicada. <\/p>\n
2. El Juzgado Once De Familia De Cali, luego de hacer un recuento de sus actuaciones, manifest\u00f3 que respecto del inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria No. 060- 230835, ya hab\u00eda sido decretada la medida cautelar solicitada; sin embargo de esta no se ha verificado la inscripci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Oficina De Registro De Instrumentos P\u00fablicos De Cartagena de Indias expres\u00f3 que no le constaban los hechos de la tutela, igualmente, aport\u00f3 el certificado de tradici\u00f3n del bien No. 060- 230835, donde solo consta el embargo decretado en el proceso 001-2016-00266-00, conocido por el Despacho accionado. <\/p>\n
4. Conexa Inmobiliaria, adjudicataria del bien, expuso que la demandante faltaba a la verdad, pues el bien con matr\u00edcula inmobiliaria No. 060- 230835 de Cartagena no hab\u00eda sido embargado dentro del tr\u00e1mite ejecutivo civil en ciernes. <\/p>\n
5. El Instituto Colombiano de Bienestar Familia refiri\u00f3 que se evidencia negligencia por parte de la apoderada de la accionante, como quiera que no presentase materializaci\u00f3n de la medida cautelar es decir inscripci\u00f3n en el registro de instrumentos p\u00fablicos (no aport\u00f3 el certificado de tradici\u00f3n inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria No. 060- 230835) y de esta forma no puede el juzgado 11 de familia aplicar prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos. <\/p>\n
6. Scotiabank Colpatria, parte en el proceso ejecutivo civil, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n al considerar que no estaba legitimado en la causa por pasiva para atender las pretensiones de la tutela. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo, en tanto consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 revisado el material probatorio conformado, no obra prueba de que el embargo del predio aludido, decretado por el Juez de familia vinculado, hubiese sido registrado o rechazada su inscripci\u00f3n, as\u00ed tambi\u00e9n, de las probanzas se otea que el oficio de embargo comunicado al querellado por parte de la instituci\u00f3n judicial de familia, no mencionaba el bien aqu\u00ed aludido, por consiguiente, no hab\u00eda manera de que el Juzgado convocado aplicara la prelaci\u00f3n del cr\u00e9dito de alimentos en la diligencia de remate, pues, it\u00e9rese, la medida no fue inscrita. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…) (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo o f\u00e1ctico en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3.1. Sobre el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. <\/p>\n
3.1.1. El inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes es una garant\u00eda ius fundamental reconocida por el constituyente y el legislador, a la cual, en funci\u00f3n de su protecci\u00f3n est\u00e1n obligadas todas las autoridades tanto judiciales como administrativas. <\/p>\n
Al respecto, ha precisado la Corte Constitucional en sentencia T-033 de 2020 que este principio debe ser el faro orientador de las decisiones que deban tomarse con relaci\u00f3n a los NNA: <\/p>\n
El principio del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes tiene un amplio reconocimiento no solo en el ordenamiento jur\u00eddico interno, sino en instrumentos internacionales, que lo han catalogado de manera general como una protecci\u00f3n especial de la que goza el menor dirigida a su adecuado desarrollo f\u00edsico, sicol\u00f3gico y social. Esta prerrogativa debe ser analizada desde la realidad concreta del caso y de la situaci\u00f3n de cada menor, evaluando las consideraciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que lo rodean. Particularmente, en el marco de los procesos de custodia y cuidado personal, las autoridades administrativas y judiciales est\u00e1n en el deber de aplicar este principio como piedra angular en la toma de las decisiones que afecten a los ni\u00f1os, pues de ello depender\u00e1 su crecimiento, desarrollo y crianza en condiciones adecuadas, arm\u00f3nicas e integrales. <\/p>\n
3.1.2. No en vano, este principio tiene sus or\u00edgenes en el derecho internacional de los Derechos Humanos, en concreto la Declaraci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o de 1959 en su art\u00edculo tercero, inciso primero, prev\u00e9 que en todas las medidas que tomen las autoridades, concernientes a los menores, deber\u00e1 garantizarse \u201cuna consideraci\u00f3n primordial a que se atender\u00e1 ser\u00e1 el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o\u201d. <\/p>\n
3.1.3. Del mismo, modo la Observaci\u00f3n General n.\u00b0 14 del Comit\u00e9 de los Derechos del Ni\u00f1o, desarroll\u00f3 este principio en sus tres dimensiones: <\/p>\n
(\u2026) i) es un derecho sustantivo del ni\u00f1o a que su inter\u00e9s superior sea una consideraci\u00f3n primordial que se eval\u00fae y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisi\u00f3n sobre una cuesti\u00f3n debatida, y la garant\u00eda de que ese derecho se pondr\u00e1 en pr\u00e1ctica siempre que se tenga que adoptar una decisi\u00f3n que lo afecte; ii) es un principio jur\u00eddico interpretativo fundamental, pues si una disposici\u00f3n jur\u00eddica admite m\u00e1s de una interpretaci\u00f3n, se elegir\u00e1 aquella que satisfaga de manera m\u00e1s efectiva el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o; y iii) es una norma de procedimiento, porque siempre que se deba tomar una decisi\u00f3n que afecte al menor, se deber\u00e1 incluir una estimaci\u00f3n de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la misma. <\/p>\n
Precisando entonces, que el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o es un criterio de interpretaci\u00f3n que debe servir en la ponderaci\u00f3n de derechos encontrados y en la valoraci\u00f3n de situaciones jur\u00eddicas que satisfagan la elecci\u00f3n de las decisiones que sean m\u00e1s favorables a los NNA, logrando garantizar de manera pronta y efectiva sus intereses. <\/p>\n
3.1.4. A tono con ello, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, en su art\u00edculo 44, establece que \u00ab[l]os derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb, y frente a ello, la misma disposici\u00f3n superior se\u00f1ala que \u00abla familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb. <\/p>\n
Aunado a los postulados internacionales, el legislador de 1989, a trav\u00e9s del Decreto 2737, previno a las personas y las entidades, tanto p\u00fablicas como privadas para que al desarrollar programas y al asumir responsabilidades en asuntos de menores, tuvieran en cuenta sobre toda otra consideraci\u00f3n, el inter\u00e9s superior de \u00e9stos, lo cual fue armonizado con la Carta de 1991. <\/p>\n
3.1.5. Esa directriz se incorpor\u00f3 en el C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia -Ley 1098 de 2006, al se\u00f1alar en art\u00edculo 8\u00ba que \u00abse entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb, y apunta en el art\u00edculo 9\u00ba, que \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb, concluyendo que \u00ab[e]n caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
3.2. El Derecho de alimentos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. <\/p>\n
3.2.1. El derecho de alimentos de los NNA es un derecho preferente y principal, en tanto como derecho fundamental derivado del principio del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o debe ser garantizado de manera especialmente reforzada, en esa l\u00ednea la Corte Constitucional ha sostenido en sentencia C-017 de 2019: <\/p>\n
El derecho de los menores a recibir alimentos es en s\u00ed mismo un derecho fundamental. La normatividad colombiana consagra el derecho de los alimentos con categor\u00eda superior, como parte integrante del desarrollo integral de los seres humanos, prevalentemente de los menores de edad. En nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica este derecho se halla en un cap\u00edtulo especial que se enmarca dentro de los derechos de la familia, del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente. Particularmente el art\u00edculo 44 que consagra el inter\u00e9s superior del menor y sus derechos fundamentales, as\u00ed como los art\u00edculos 42, 43 y 45 CP que regulan la protecci\u00f3n de la familia, de la mujer embarazada y de los adolescentes. <\/p>\n
<\/p>\n
En lo que concierne al alimento de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en los tratados internacionales se consagra este derecho en la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos de 1948 que determin\u00f3 en el art\u00edculo 25.1 la alimentaci\u00f3n como un componente del derecho a un nivel de vida adecuado, reconocido en favor de toda persona. Posteriormente, en 1974 la Declaraci\u00f3n Universal sobre la Erradicaci\u00f3n del Hambre y la Malnutrici\u00f3n, estableci\u00f3 que \u201c(c)ada hombre, mujer y ni\u00f1a o ni\u00f1o tiene el derecho inalienable a estar libre de hambre y malnutrici\u00f3n para poder desarrollar sus facultades f\u00edsicas y mentales (…)\u201d (negrillas de la Sala). <\/p>\n
<\/p>\n
Seguidamente, en 1976 el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales, mediante el art\u00edculo 11, reiter\u00f3 que la alimentaci\u00f3n hace parte de un nivel de vida adecuado y los Estados deben tomar medidas apropiadas para asegurar su efectividad. En desarrollo de este art\u00edculo, el Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales se\u00f1al\u00f3 que \u201cel derecho a una alimentaci\u00f3n adecuada est\u00e1 inseparablemente vinculado a la dignidad humana y requiere la adopci\u00f3n de pol\u00edticas econ\u00f3micas, ambientales y sociales adecuadas en los planos nacional e internacional\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Posteriormente, la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o de 1989 consagr\u00f3 como deberes de los Estados: (a) combatir la malnutrici\u00f3n; (b) suministrar los alimentos nutritivos adecuados; (c) adoptar las medidas pertinentes para apoyar a los padres y a otras personas responsables del ni\u00f1o en la realizaci\u00f3n efectiva de su derecho a un nivel de vida adecuado y, si es necesario, proporcionar asistencia material y programas de apoyo, especialmente, en relaci\u00f3n con la nutrici\u00f3n; y (d) adoptar las medidas necesarias, con el m\u00e1ximo de los recursos de los que disponga \u201cpara dar efectividad\u201d a los derechos sociales, econ\u00f3micos y culturales de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, entre otros. En concordancia, en la Observaci\u00f3n General No. 15 del Comit\u00e9 de los Derechos del Ni\u00f1o se estableci\u00f3 la importancia de adoptar medidas encaminadas a que los Estados garanticen el acceso a alimentos nutricionalmente adecuados y culturalmente apropiados. <\/p>\n
<\/p>\n
En este sentido, constitucionalmente y a nivel del derecho internacional, los derechos a la vida, la integridad f\u00edsica, la salud, la seguridad social, la educaci\u00f3n, la recreaci\u00f3n y todo el cat\u00e1logo de derechos fundamentales, dependen del derecho fundamental b\u00e1sico a una alimentaci\u00f3n equilibrada, que procura asegurar los medios para que ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, desarrollen su potencial f\u00edsico, psicol\u00f3gico, espiritual, moral, cultural y social. <\/p>\n
3.3. El procedimiento de ejecuci\u00f3n de acreencias con \u00f3rdenes de prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos en favor de menores. <\/p>\n
3.3.1. Los alimentos de menores, al ser un derecho fundamental no tienen id\u00e9ntica ni menor jerarqu\u00eda crediticia a la de las obligaciones no privilegiadas; por el contrario, ostentan una estatura superior, pues gozan de estirpe constitucional, est\u00e1n ligados con la vida misma, con el m\u00ednimo vital y la serie de derechos derivados o conexos con ella; en consecuencia , repelen toda transacci\u00f3n, daci\u00f3n en pago o adjudicaci\u00f3n de los bienes embargados entre ejecutantes y demandados, cuando esos actos jur\u00eddicos se celebran al margen o a las espaldas de los acreedores de cr\u00e9ditos alimentarios, cuando \u00e9stos, tambi\u00e9n han cautelado como garant\u00eda de su obligaci\u00f3n, los mismos bienes del ejecutado deudor de alimentos comprometidos o trabados en la ejecuci\u00f3n quirografaria o con garant\u00eda real correspondiente. <\/p>\n
3.3.2. Ahora, es cierto que el acreedor dentro de un litigio ejecutivo puede solicitar la adjudicaci\u00f3n de los bienes cautelados por cuenta de su cr\u00e9dito, tal como lo contempla el art\u00edculo 451 del C\u00f3digo General del Proceso1, y el respectivo funcionario judicial puede acceder a ello; empero, si se encontrase vigente el embargo ordenado en un proceso por alimentos respecto de los mismos muebles o inmuebles, lo procedente es ofertar ese acervo patrimonial del deudor en p\u00fablica subasta, a fin de obtener la liquidez requerida en pro de satisfacer principalmente las necesidades de los menores de edad. <\/p>\n
Lo anterior tiene sustento jur\u00eddico en el art\u00edculo 134 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia en cuanto reza: \u201clos cr\u00e9ditos por alimentos a favor de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes gozan de prelaci\u00f3n sobre todos los dem\u00e1s\u201d, por tanto, es deber de los funcionarios ejercer las medidas pertinentes para garantizar las prerrogativas de estos sujetos de especial protecci\u00f3n. <\/p>\n
Del mismo modo, en la actualidad, el canon 465 del C\u00f3digo General del Proceso2, demarca el tr\u00e1mite procesal cuando existe una concurrencia de embargos en litigios de diferentes especialidades. <\/p>\n
Acerca de la rese\u00f1ada regla, la cual tambi\u00e9n estaba consagrada en el derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la Corte Constitucional sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En los eventos en los cuales, en el tr\u00e1mite de un proceso de alimentos a favor de menores se decreta una medida cautelar sobre bienes que anteriormente hubieren sido embargados en un proceso civil ejecutivo, conforme a los par\u00e1metros del art\u00edculo 542 del C.P.C., los derechos de los menores se encuentran garantizados por el juez civil, quien tiene la obligaci\u00f3n de dar plena aplicaci\u00f3n a la prelaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos de los menores. (\u2026)\u201d3 <\/p>\n
3.3.3. Todo acto procesal o sustancial que esquilme esa obligaci\u00f3n iusfundamental y de orden p\u00fablico, y de cuya existencia se sabe en autos, o en el proceso donde se autoriza la adjudicaci\u00f3n, constituye afrenta directa al orden constitucional y legal. <\/p>\n
En el art\u00edculo 2488 del C\u00f3digo Civil se concede al acreedor inter\u00e9s jur\u00eddico para que la prestaci\u00f3n objeto de la respectiva obligaci\u00f3n se haga efectiva en el patrimonio embargable del deudor, cuando \u00e9ste infringe sus deberes naturales, legales o constitucionales. <\/p>\n
3.3.4. El canon 2495 ib\u00eddem, como los ordenamientos hom\u00f3logos en el derecho comparado, otorgan a los alimentos ubicaci\u00f3n en la primera clase dentro de la gradaci\u00f3n crediticia del derecho obligacional, como hist\u00f3ricamente lo ha sostenido la Sala, de modo que no solamente esas fuentes formales, el r\u00e9gimen convencional, las disposiciones constitucionales, sino tambi\u00e9n el mismo ordenamiento interno con sabidur\u00eda inquebrantable dan naturaleza especial, prelativa y principal a los alimentos, forjando un marco ontol\u00f3gico y \u00e9tico al ordenamiento jur\u00eddico en pro de los derechos fundamentales de los acreedores alimentarios. <\/p>\n
Si el plexo normativo relacionado con alimentos, los ubican en forma prioritaria y preferencial, de consiguiente, aqu\u00e9l no puede ser desconocido por las autoridades. Cuando el derecho sea quebrantado surge inter\u00e9s jur\u00eddico para reclamar el cumplimiento coactivo y demandar su protecci\u00f3n. <\/p>\n
3.3.5. Para advertir la trascendencia constitucional del derecho de alimentos, basta mirar la gradaci\u00f3n crediticia. Ante la presencia de varios cr\u00e9ditos sin preferencia y sin privilegio, ubicados en concurrencia y en circunstancias an\u00e1logas, o por hallarse en el mismo grado, como por ejemplo, los cr\u00e9ditos de la quinta clase, previstos en el art. 2509 del C\u00f3digo Civil, cuando acuden en forma plural en un determinado juicio, el legislador manda, se cubran a prorrata en consideraci\u00f3n a su fecha, con los bienes embargables del deudor, o con el remanente, luego de pagar los preferentes; por virtud de la igualdad jur\u00eddica, con que se protege a los varios acreedores de esa categor\u00eda, con el prop\u00f3sito claro de que el deudor no burle el cr\u00e9dito. <\/p>\n
3.3.6. En igual sentido, el ordenamiento proh\u00edbe la enajenaci\u00f3n de cosas embargadas, con las excepciones del caso, sancionando con nulidad absoluta los actos dispositivos de los bienes as\u00ed gravados, conforme a las reglas 1521, 1741 y 1866 del C.C. por la elemental raz\u00f3n del atentado que pueda cometerse contra los derechos de los acreedores interesados en la cautela, y por disponer sin su consenso, pues torna en nugatorias sus aspiraciones para hacer efectivas las obligaciones debidas. <\/p>\n
Frente a ese t\u00f3pico esta Sala, en un caso similar donde concurr\u00edan embargos de diferentes jurisdicciones, sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En efecto, el a-quo encartado teniendo conocimiento de la existencia del embargo por parte de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, tan es as\u00ed, que en auto de 6 de octubre de 2016 calific\u00f3 una \u00abprelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos\u00bb entre aquella y la hipoteca, no tuvo reparo alguno en adjudicar los bienes por cuenta del cr\u00e9dito al ejecutante seg\u00fan lo dispuesto en el art. 557 del estatuto procesal, empero, con tal proceder no solo omiti\u00f3 el tr\u00e1mite previsto y atr\u00e1s descrito, sino que desconoci\u00f3 la cautela tenida por \u00e9l en cuenta en su oportunidad, pero adem\u00e1s, pretermiti\u00f3 la subasta, diligencia que en ultimas propende por obtener el producto con el que se pagara a los diferentes cr\u00e9ditos acumulados, pues en definitiva la adjudicaci\u00f3n al ejecutante por cuenta de su cr\u00e9dito torna inane cualquier opci\u00f3n de distribuci\u00f3n entre todos los dem\u00e1s acreedores, en especial si ellos, son de diferente jurisdicci\u00f3n (…)\u201d4. <\/p>\n
Lo anterior, no significa la obstrucci\u00f3n de transacciones, daciones o adjudicaciones al interior de un proceso por cuanto el ordenamiento las autoriza. La afectaci\u00f3n de derechos con trascendencia constitucional emerge cuando se hace caso omiso del principio de igualdad jur\u00eddica o de la prelaci\u00f3n legal o constitucional de los acreedores asistentes al juicio con inter\u00e9s para obrar, y pretiriendo las disposiciones que regulan su concurrencia. <\/p>\n
3.3.7. Si el ordenamiento protege a los acreedores, inclusive, carentes de preferencia; no hay duda y a fortiori de que cuando el juez autoriza la adjudicaci\u00f3n de un bien por cuenta de un cr\u00e9dito, pasando por alto la trascendencia constitucional de la privilegiada obligaci\u00f3n alimentaria, o cuando autoriza una daci\u00f3n en pago o una transacci\u00f3n de bienes embargados al interior de un juicio, y sabe de la existencia de tan relevante obligaci\u00f3n, y a pesar de contar con la prueba o la informaci\u00f3n correspondiente, y la prescinde del todo, se incurre en afrenta directa de la Constituci\u00f3n y del r\u00e9gimen convencional, porque se anega el derecho de acreedores protegidos al interior de un Estado y allende sus fronteras, por los otros Estados. <\/p>\n
Para impartir aprobaci\u00f3n a la adjudicaci\u00f3n demandada, el juez no puede rebelarse derechamente contra los principios, valores y derechos de raigambre constitucional, y mucho menos, contra la filosof\u00eda humanista que proh\u00edja el mismo C\u00f3digo Civil con ocasi\u00f3n de la preferencia y privilegio que se otorga a los cr\u00e9ditos de primera clase, y entre \u00e9stos a los alimentos, por su hondo contenido vital y metajur\u00eddico para la existencia de las personas con protecci\u00f3n reforzada. <\/p>\n
3.3.8. Jur\u00eddicamente, se ha entendido la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos como un derecho que tienen los acreedores, para hacerse al pago de su obligaci\u00f3n, el cual se puede ejercer al momento en que su obligaci\u00f3n sea exigible y sea incumplida, por tal raz\u00f3n, una vez librado el mandamiento de pago en un proceso ejecutivo, se consolida el derecho sustancial a la prelaci\u00f3n del cr\u00e9dito dependiendo de su clase. <\/p>\n
Al respecto, existe en la legislaci\u00f3n nacional un orden de prelaci\u00f3n crediticia establecido en el t\u00edtulo XL del C\u00f3digo Civil Colombiano, que debe ser le\u00eddo e interpretado de manera arm\u00f3nica con la Ley de Infancia y Adolescencia. <\/p>\n
3.3.9. En espec\u00edfico la prevalencia de cr\u00e9ditos alimentarios, debe ser entendida desde la arista del art\u00edculo 44 Constitucional, el cual prev\u00e9 que los derechos de los ni\u00f1os, enti\u00e9ndase para estos efectos, el de alimentos prevalecer\u00e1 sobre los derechos de los dem\u00e1s, y esto se traduce en que la acreencia alimentaria cobrara especial primac\u00eda frente a los derechos de otros acreedores aun por encima de los cr\u00e9ditos de primer orden enunciados en el art. 2944 del C.C. <\/p>\n
A su vez, el art\u00edculo 134 de la Ley 1098 del 2006 se\u00f1ala que \u00abLos cr\u00e9ditos por alimentos a favor de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes gozan de prelaci\u00f3n sobre todos los dem\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
3.4. Del caso concreto. <\/p>\n
Ahora, no desconoce la Sala que ocurri\u00f3 un error en el oficio que comunic\u00f3 el auto 500 de 2018, en tanto que la medida de embargo y la orden de prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos se decret\u00f3 sobre tres inmuebles (dos de ellos ubicados en Cali y un tercero en Cartagena), mientras que en \u00e9ste s\u00f3lo se relacionaron los dos primeros. <\/p>\n
Empero, ello no desdice del car\u00e1cter vinculante de la providencia judicial que fue mal comunicada, por tanto, ese funcionario, deb\u00eda revisar el auto (cuya copia se anex\u00f3 a la referida comunicaci\u00f3n) y efectuar las labores pertinentes para salvaguardar las garant\u00edas del menor Luis, ofertando en subasta p\u00fablica el fundo objeto de garant\u00eda, pero sin adjudicar ese inmueble al acreedor hipotecario por cuenta de su cr\u00e9dito. <\/p>\n
Y es que, en efecto, err\u00f3 el a quo constitucional en la revisi\u00f3n del expediente cuestionado (2016-00226), en contraste con el ejecutivo de alimentos (2017-00077), pues sostuvo que el predio ubicado en la ciudad de Cartagena no se incluy\u00f3 en la solicitud de prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, lo cual, seg\u00fan se dilucid\u00f3, no es cierto, pues como se puede verificar m\u00e1s recientemente en el auto n. 1143 de 2022 se se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
<\/p>\n
Adem\u00e1s, debe tenerse en cuenta que, aunque la medida no hubiese sido inscrita, al momento de la adjudicaci\u00f3n el juzgado accionado ten\u00eda pleno conocimiento de ella, la cual no pod\u00eda obviar en desmedro del principio de inter\u00e9s superior del menor. <\/p>\n
No es plausible relegar la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos en favor de un menor, como consecuencia de un error procesal, o por cuenta de que existen otros inmuebles con los cuales eventualmente se podr\u00eda garantizar el cumplimiento de esa obligaci\u00f3n; en cuanto desconocer\u00eda la prerrogativa establecida en favor del menor Luis, pues lo obliga a esperar injustificadamente la satisfacci\u00f3n de su acreencia alimentaria de manera futura e incierta, habilitando que se pague primero al acreedor hipotecario, desconociendo de manera caprichosa y evidente los tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por Colombia en favor de los NNA y la Constituci\u00f3n Nacional. <\/p>\n
En suma, se revocar\u00e1 el fallo impugnado y, en su lugar, se ordenar\u00e1 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali que en el lapso de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir del d\u00eda siguiente de la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, deje sin efecto la adjudicaci\u00f3n efectuada en el juicio ejecutivo hipotecario adelantado por Conexa Inmobiliaria SA (cesionario) y proceda, previo el tr\u00e1mite legal, a efectuar el remate del bien all\u00ed embargado, asegurando la subasta del mismo y atendiendo lo aqu\u00ed considerado en relaci\u00f3n con la supremac\u00eda de cr\u00e9dito en favor del menor Luis. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Revoca la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cali, Sala Civil, en su lugar, concede el amparo reclamado por Carolina en representaci\u00f3n de su menor hijo Luis. <\/p>\n
En consecuencia, se ordenar\u00e1 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali que en el lapso de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del d\u00eda siguiente de la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, deje sin efecto la adjudicaci\u00f3n efectuada en el juicio ejecutivo hipotecario 2016-00266 adelantado por Conexa Inmobiliaria SA (Cesionario) y proceda previo el tr\u00e1mite legal, a efectuar el remate del bien all\u00ed embargado asegurando la subasta del mismo y atendiendo lo aqu\u00ed considerado en relaci\u00f3n con la supremac\u00eda de cr\u00e9dito en favor del menor Luis. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 451. \u201c(\u2026) quien sea \u00fanico ejecutante o acreedor ejecutante de mejor derecho podr\u00e1 rematar por cuenta de su cr\u00e9dito los bienes materia de la subasta (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 465. \u201cCuando en un proceso ejecutivo laboral, de jurisdicci\u00f3n coactiva o de alimentos se decrete el embargo de bienes embargados en uno civil, la medida se comunicar\u00e1 inmediatamente al juez civil, sin necesidad de auto que lo ordene, por oficio en el que se indicar\u00e1n el nombre de las partes y los bienes de que se trate (\u2026). El proceso civil se adelantar\u00e1 hasta el remate de dichos bienes, pero antes de la entrega de su producto al ejecutante, se solicitar\u00e1 al juez laboral, de familia o fiscal la liquidaci\u00f3n definitiva y en firme, debidamente especificada, del cr\u00e9dito que ante \u00e9l se cobra y de las costas, y con base en ella, por medio de auto, se har\u00e1 la distribuci\u00f3n entre todos los acreedores, de acuerdo con la prelaci\u00f3n establecida en la ley sustancial (\u2026)\u201d (negrillas de la Sala). <\/p>\n
3\u0002 Corte Constitucional, sentencia T-915 de 2008. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC de 27 de septiembre de 2007, exp.: 2017-02555-00. <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12452-2023 ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con una persona menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77446","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77446","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77446"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77446\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77446"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77446"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77446"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}