STC12453-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12453-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01059-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Alfonso Murillo Casta\u00f1eda frente al fallo proferido el 4 de julio de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, libertad, propiedad y vida digna, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada, por lo que solicit\u00f3 \u00abse declare la nulidad de la sentencia de fecha 4 de abril de 2019, proferida \u2026 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.2. Mediante providencia del 12 de octubre de 2017, se absolvi\u00f3 al procesado, decisi\u00f3n que fue revocada, en sede de apelaci\u00f3n, por la sede judicial acusada, con sentencia del 4 de abril de 2022 y, en su lugar, fue condenado. <\/p>\n
2.3. Inconforme con la anterior determinaci\u00f3n, el accionante interpuso recurso de impugnaci\u00f3n especial, sin embargo, present\u00f3 desistimiento, que fue aceptado por el prenotado Tribunal, mediante providencia del 11 de julio de 2022. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, el gestor del resguardo cuestion\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n condenatoria proferida en su contra por el estrado accionado, toda vez que, a su juicio, se incurri\u00f3 en un defecto procedimental absoluto, pues \u00abel camino expedito\u2026para atacar la decisi\u00f3n emitida por el Juez Civil del Circuito de Purificaci\u00f3n,\u2026 era el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, \u2026 sin que tuviera cabida la acci\u00f3n penal\u00bb, de modo que, en su sentir, \u00abadem\u00e1s de ser exagerada la condena, tambi\u00e9n es demasiado injusta\u00bb. <\/p>\n
2.5. En el mismo sentido, aleg\u00f3 que existi\u00f3 un desconocimiento del precedente constitucional, toda vez que, para cuestionar una \u00abmaniobra fraudulenta\u00bb, en otro proceso similar, se hizo uso del recurso de revisi\u00f3n, \u00ablo que significa que\u2026, la Sala Penal \u2026 ha debido denegar la acci\u00f3n penal, para que aquel previamente acudiera en demanda a trav\u00e9s del mencionado recurso\u00bb. <\/p>\n
2.6. Finalmente, agreg\u00f3 que, se incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, porque el Tribunal atacado \u00ab[se] [apart\u00f3] del material probatorio arrimado por el suscrito que es lo suficientemente v\u00e1lido para desvirtuar las alegaciones del denunciante\u2026\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Overman Castellanos S\u00e1nchez, sin allegar poder que lo facultara para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, rindi\u00f3 informe y solicit\u00f3 denegar el amparo. <\/p>\n
2. La Sala Penal Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, relat\u00f3 el tr\u00e1mite de la actuaci\u00f3n y solicit\u00f3 declarar improcedente el resguardo. Adicionalmente, alleg\u00f3 el link del expediente del proceso penal en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n declar\u00f3 improcedente el amparo al considerar, en primer lugar, que no se satisface el requisito de inmediatez, pues \u00abhan transcurrido m\u00e1s de 13 meses desde que la parte actora tuvo conocimiento de la emisi\u00f3n de la providencia\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, expuso que, si bien contra la decisi\u00f3n cuestionada se interpuso impugnaci\u00f3n especial, ese medio de defensa fue objeto de desistimiento, lo que evidencia que tampoco se cumple la exigencia de subsidiariedad. <\/p>\n
Por otra parte, en cuanto a los defectos alegados por el accionante, refiri\u00f3 que la sentencia reprochada es razonable, pues la autoridad judicial accionada \u00abencontr\u00f3 demostrado que Alfonso Murillo Casta\u00f1eda indujo en error a los funcionarios que adelantaron el proceso de pertenencia y falt\u00f3 a la verdad en sus diversas declaraciones, con lo que advirti\u00f3 estructurados los delitos de fraude procesal y falso testimonio y la responsabilidad del accionante\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en relaci\u00f3n con el desconocimiento del precedente alegado, refiri\u00f3 que el proceso al que hace referencia el accionante, de ninguna forma \u00abse constituye en precedente vinculante respecto del proceso penal adelantado en contra de Murillo Casta\u00f1eda\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor del resguardo insisti\u00f3 en sus alegaciones iniciales y, adem\u00e1s, agreg\u00f3 que existi\u00f3 una \u00abindebida notificaci\u00f3n\u00bb de la sentencia de primera instancia de la presente acci\u00f3n de tutela, pues \u00abla demanda se radic\u00f3 desde el 25 de mayo de 2023 y el fallo se profiri\u00f3 el 4 de julio\u2026y, tan solo se notific\u00f3 al suscrito el 28 de agosto, cuando hab\u00eda pasado m\u00e1s de un mes de haberse proferido la sentencia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda tutela, advierte la Sala que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que la determinaci\u00f3n censurada data del 4 de abril de 2022, la cual fue recurrida en sede de impugnaci\u00f3n especial, recurso que se frustr\u00f3 por el desistimiento aceptado con providencia del 11 de julio de 2022, decisi\u00f3n que clausur\u00f3 el debate suscitado en torno a la condena impuesta al accionante en el juicio fustigado. <\/p>\n
Entonces, desde esa \u00faltima fecha (11 de julio de 2022) y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 25 de mayo de los corrientes, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional, as\u00ed como tampoco se evidencia alguno de los escenarios en los cuales la Sala ha decidido dejar de lado dicho requisito de procedibilidad. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
3. Finalmente, respecto a las quejas que formul\u00f3 el impugnante frente a la actuaci\u00f3n del a quo constitucional, es necesario precisar que, si aquel considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular en el actuar de la mencionada oficina judicial, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026 es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016). <\/p>\n
4. Lo anterior es suficiente para confirmar el fallo de tutela de primera instancia, sin que se imponga analizar de fondo la situaci\u00f3n planteada, porque el incumplimiento del presupuesto de inmediatez impide tal estudio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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