STC12455-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12455-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-02327-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de octubre de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alba Mercedes Gonz\u00e1lez de Medina contra la Superintendencia de Sociedades y la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de esta ciudad -Zona Norte, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de la prerrogativa fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por las autoridades accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se ordene \u00abinscribir el levantamiento de las medidas cautelares dictadas en [su] contra en [sus] inmuebles\u00bb; y que \u00abel juez falle ultra y extra petita en protecci\u00f3n de todos los derechos que considere pertinentes\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro del proceso de intervenci\u00f3n judicial de la Cooperativa Multiactiva de Proyecci\u00f3n Nacional -Pronalcoop, la Superintendencia de Sociedades intervin\u00f3 a Alba Mercedes Gonz\u00e1lez de Medina, decret\u00f3 en auto de 22 de octubre de 2020 medidas cautelares sobre sus bienes, haberes y negocios; y posteriormente, en prove\u00eddo de 16 de diciembre de 2022 orden\u00f3 el levantamiento de dichas cautelas. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 la accionante que era un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional por su fr\u00e1gil estado de salud y avanzada edad; que reiteradamente le hab\u00eda indicado al juez de la intervenci\u00f3n que considerara que se encontraba enfrentando serias enfermedades; y en 2022 tuvo una cirug\u00eda que implic\u00f3 distintos riesgos, por lo que deprec\u00f3 que se tramitara su solicitud de exclusi\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que se decret\u00f3 la referida exclusi\u00f3n, la que qued\u00f3 ejecutoriada, empero, no se registr\u00f3 el levantamiento de la medida de embargo en su inmueble; que hab\u00edan transcurrido meses y era injusto que la obligaran a seguir esperando; y que acudi\u00f3 a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos pidiendo el mencionado desembargo, pero no tuvo \u00e9xito. <\/p>\n
2.4. Sostuvo que se deb\u00eda corregir la mora judicial; que permanec\u00eda vinculada al proceso de forma indeterminada y sin avance procesal alguno; que el despacho acusado omit\u00eda su funci\u00f3n de verificar el levantamiento del embargo de sus bienes; y que puntualmente se aprobaban los gastos que presentaba el agente interventor, pero no se actuaba con prontitud en lo atinente a la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 Zona Norte indic\u00f3 que la accionante no identificaba los inmuebles en los que pretend\u00eda el levantamiento de las medidas cautelares, ni aportaba como prueba la radicaci\u00f3n formal, conforme con la Ley 1579 de 2012, de los documentos que hubieran sido sometidos a la inscripci\u00f3n en el registro p\u00fablico inmobiliario y que ordenaran la cancelaci\u00f3n de las anotaciones respectivas; y que deprecaba su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Sociedades se\u00f1al\u00f3 que antes de la notificaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite hab\u00eda remitido los oficios comunicando la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares; que conforme a lo informado por la accionante el bien de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50N-20852545 era el \u00fanico respecto del cual no se hab\u00edan cumplido las \u00f3rdenes, pero en la anotaci\u00f3n No. 23 de el folio constaba la cancelaci\u00f3n de las medidas, por lo que exist\u00eda carencia actual de objeto por hecho superado; que si bien la actora inform\u00f3 que padec\u00eda de enfermedades y dificultades m\u00e9dicas, no pod\u00edan achacarse esas condiciones al despacho; que las actuaciones adelantadas en el proceso hab\u00edan respetado las garant\u00edas constitucionales; y que una eventual mora en la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares no pod\u00eda reprocharse a esa entidad, pues ya hab\u00eda remitido y reiterado las comunicaciones respectivas. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional concedi\u00f3 el amparo al considerar que si bien la Superintendencia accionada se\u00f1al\u00f3 que emiti\u00f3 los oficios en los que reiteraba a la Oficina de Registro la orden de levantar las medidas cautelares, no se evidenciaba que dicha comunicaci\u00f3n se hubiere entregado, \u00abcon el agravante de que las peticiones de desembargo se ruegan desde el mes de julio del presente a\u00f1o\u2026\u00bb; y que a pesar que de que se indicara que dicha orden se profiri\u00f3 en agosto de 2023 no se alleg\u00f3 prueba de su efectiva radicaci\u00f3n, adem\u00e1s que conforme con la captura de imagen que aport\u00f3 la convocante, el 12 de septiembre siguiente persist\u00eda el registro de la cautela. <\/p>\n
Orden\u00f3 a la Superintendencia querellada que \u00absi no lo ha hecho, tramite en debida y correcta forma el oficio\u2026 de 29 de septiembre de 2023; de manera adicional deber\u00e1 efectuar un seguimiento de dicha orden hasta que su destinatario lo cumpla e informarle de ello a la promotora del amparo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La Superintendencia de Sociedades impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su respuesta y aduciendo que desde antes de conocer la admisi\u00f3n de la tutela emiti\u00f3 la totalidad de los oficios que comunicaron el levantamiento de las medidas; que s\u00ed estaba demostrado que se radic\u00f3 f\u00edsicamente la respectiva comunicaci\u00f3n el 2 de agosto de los corrientes, la que reiter\u00f3 el 28 de septiembre y tambi\u00e9n fue recibida; que el 6 de octubre, esto es, antes de la admisi\u00f3n de la tutela ya se hab\u00eda registrado la cancelaci\u00f3n de la cautela; y que de existir mora en el cumplimiento no le era imputable a esa entidad sino a la oficina de registro. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las diligencias, advierte la Corte que el reclamo constitucional elevado est\u00e1 llamado al fracaso, comoquiera que la Superintendencia acusada tras disponer el levantamiento de las medidas cautelares que reca\u00edan sobre el bien de la accionante, remiti\u00f3 los oficios comunicando dicha decisi\u00f3n el 2 de agosto de 2023 -radicado el 15 de agosto- y el 29 de septiembre -radicado 3 de octubre-; y el 6 de octubre siguiente se registr\u00f3 en el folio de matr\u00edcula del inmueble la cancelaci\u00f3n de las anotaciones de las aludidas cautelas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, actualmente no existe la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que la situaci\u00f3n denunciada fue superada, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional de la peticionaria, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que se disponga el levantamiento de las medidas cautelares solicitado. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u2026[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n y, en su lugar, niega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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