STC12458-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12458-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04175-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional requerida. <\/p>\n
Reclam\u00f3 que se ordene a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u00abresolver el recurso de alzada formulado por el apoderado del depositario del inmueble de [su] propiedad\u00bb <\/p>\n
2. Para la definici\u00f3n del presente asunto el gestor sostuvo que interviene como ejecutado dentro del referido juicio, dentro del cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 orden\u00f3 el levantamiento del secuestro sobre un inmueble de su propiedad, pero en la diligencia para ello adelantada el 4 de agosto del presente a\u00f1o por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Flandes, Tolima, el depositario Jos\u00e9 Herminso Arias Castro present\u00f3 oposici\u00f3n, la cual fue negada por el comisionado, decisi\u00f3n que \u00e9ste apel\u00f3, sin que a la fecha la Sala Civil de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 haya emitido pronunciamiento alguno, a pesar de que el expediente le fue remitido desde el 9 de agosto pasado, lo que, asevera el actor, le genera graves perjuicios patrimoniales. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo y orden\u00f3 enterar a la autoridad accionada. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Flandes, Tolima narr\u00f3 que, en la aludida diligencia de entrega, se rechaz\u00f3 de plano la oposici\u00f3n presentada por Jos\u00e9 Herminso Arias Castro, decisi\u00f3n que \u00e9ste apel\u00f3 y las diligencias fueron remitidas a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, de ah\u00ed que, sostuvo, no vulner\u00f3 las prerrogativas superiores cuya protecci\u00f3n se pide. <\/p>\n
2. Martha Yaneth Hern\u00e1ndez Guevara, quien dijo actuar en nombre y representaci\u00f3n del Condominio Parques de Pakist\u00e1n IV Etapa, solicit\u00f3 se emita la decisi\u00f3n que en derecho corresponda, bajo el entendido de que la propiedad horizontal no tiene relaci\u00f3n con los hechos denunciados. <\/p>\n
3. El Tribunal convocado guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
2. La queja del actor se circunscribe a que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 no ha emitido pronunciamiento frente a al recurso de apelaci\u00f3n que Jos\u00e9 Herminso Arias Castro present\u00f3 contra la decisi\u00f3n del pasado 4 de agosto del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Flandes, de rechazar de plano su oposici\u00f3n a la entrega de la cuota parte de un inmueble, cautelado dentro del referido proceso ejecutivo. <\/p>\n
3. La revisi\u00f3n del sistema de gesti\u00f3n judicial arroja que el expediente de la ejecuci\u00f3n ingres\u00f3 al Despacho de la Magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desde el pasado 9 de agosto, sin que conste alguna anotaci\u00f3n de decisi\u00f3n o tr\u00e1mite posterior; a esto se suma el silencio de dicha Colegiatura durante este tr\u00e1mite, que como consecuencia, reviste con la presunci\u00f3n de veracidad de que trata el precepto 20 del Decreto 2591 de 1991, al hecho expuesto en la demanda de tutela, atinente a la ausencia de tr\u00e1mite al aludido mecanismo vertical, lo que en suma, le permite a la Corte concluir que raz\u00f3n le asiste al actor, por lo que el resguardo debe concederse. <\/p>\n
3.1. Ciertamente se muestra inaceptable que despu\u00e9s casi tres (3) meses de recibido por el Tribunal convocado el expediente del proceso criticado, no se haya emitido ning\u00fan pronunciamiento frente al recurso de apelaci\u00f3n presentado contra el prove\u00eddo del 4 de agosto anterior del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Flandes, Tolima, siendo que, seg\u00fan lo que arrojaron las citadas pruebas, el asunto fue ingresado al despacho de la Colegiatura desde el pasado 9 de agosto. <\/p>\n
3.2. Sobre el particular, pertinente es recordar que, con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a la protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos(\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
3.3. Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse respecto a la tardanza del Tribunal accionado en emitir alg\u00fan pronunciamiento frente a la alzada en comento, sin que se advierta la presencia de circunstancias excepcionales que hayan obstaculizado la materializaci\u00f3n de tal cometido. <\/p>\n
Sobre el tema en comento (mora judicial), en pret\u00e9ritas ocasiones, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
No da cuenta la accionada de circunstancias especiales que ameriten una valoraci\u00f3n particular frente a la dilaci\u00f3n presentada, pues como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, \u2018la justificaci\u00f3n del retraso judicial s\u00f3lo resulta posible frente a situaciones de hecho sobrevivientes e insuperables, que tiene[n] lugar a\u00fan a pesar de la gesti\u00f3n diligente del juez\u2019. Situaciones como la congesti\u00f3n de los despachos judiciales en raz\u00f3n del creciente n\u00famero de litigios sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n -algunos de ellos con apreciable grado de complejidad-; el incremento de los negocios civiles que se asignan a los tribunales superiores a efectos de resolver recursos atribuidos a su competencia, o las enfermedades que padecieron la funcionaria judicial y su familia, no constituyen razones suficientes que puedan explicar una demora como la que ella misma admite en la decisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, que a la fecha es de tres a\u00f1os y nueve meses (STC, 28 sep. 2012, rad. 2012-02083-00; reiterada en STC12696-2014, 18 sep. 2014, rad. 2014-2009-00) (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
\u2026la queja de[l] promotor est\u00e1 llamada a prosperar, destacando que si bien no puede desconocer la Corporaci\u00f3n los altos grados de congesti\u00f3n que presentan algunos despachos judiciales, igualmente es indiscutible que en el presente caso se est\u00e1 frente a un asunto en el que est\u00e1 pendiente la resoluci\u00f3n de un recurso de reposici\u00f3n desde el 22 de julio de 2014, es decir, hace poco m\u00e1s de siete meses, lapso que sin duda impide considerar que la tardanza criticada tenga justificaci\u00f3n, destacando que si bien la decisi\u00f3n es de naturaleza interlocutoria, el tiempo para emitirla no puede equipararse al que demanda la sentencia de fondo dentro de un asunto y que \u00e9stas actualmente deben dictarse en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o en primera instancia y en seis meses en la segunda, de donde, en verdad, resulta un desprop\u00f3sito que la censura referida por la inconforme no haya sido resuelta aun (STC1860-2015, 25 feb. 2015, rad. 2014-00882-01). <\/p>\n
4. En ese orden, no cabe duda de que el Tribunal accionado ha trasgredido las garant\u00edas del actor, porque ha dilatado injustificadamente el tr\u00e1mite del recurso en comento, lo que impone conceder la salvaguarda para que dicha autoridad adopte las medidas adecuadas para emitir el pronunciamiento que considere pertinente. <\/p>\n
5. Basta lo dicho para acceder a la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el amparo solicitado. <\/p>\n
En consecuencia, se ordena a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que, dentro de los 10 d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, si a\u00fan no lo ha hecho, dentro del expediente del proceso ejecutivo identificado con el radicado \u00ab11001310304420150094901\u00bb, emita pronunciamiento frente al recurso de apelaci\u00f3n ingresado al despacho desde el pasado 9 de agosto, de conformidad con lo consignado en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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