STC12459-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12459-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04258-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Javier Ni\u00f1o Aguilar, Omaira S\u00e1nchez Toscano, Nathaly, Wendy y Stefan\u00eda Nari\u00f1o S\u00e1nchez, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Noveno Civil del Circuito de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclaman la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y a \u00abla defensa\u00bb, que dicen vulneradas por las autoridades accionadas, dentro del proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual que promovieron contra Manuel Domingo Rojas Salgado. <\/p>\n
Solicitan en consecuencia, que se ordene \u00abrevocar las sentencias de 1\u00aa y 2\u00aa instancia proferidas dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual con radicado 13001310300920220015100 (\u2026) y como consecuencia (\u2026) dictar sentencia que reemplace a las aqu\u00ed reprochadas donde se respeten los derechos fundamentales aqu\u00ed invocados\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Narran los gestores que dentro del referido juicio el 28 de junio de 2023 el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena dict\u00f3 sentencia anticipada con que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, sin tener en cuenta que el respectivo t\u00e9rmino, hab\u00eda sido interrumpido por el adelantamiento de otras acciones que tambi\u00e9n buscaban la reparaci\u00f3n de los perjuicios causados por el actuar de Manuel Domingo Rojas Salgado, Notario Primero Encargado del C\u00edrculo de Cartagena, sentencia que apelaron y fue confirmada el 11 de octubre de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. <\/p>\n
2.2. Sostienen que en su caso no aplicaba el t\u00e9rmino prescriptivo de la Ley 791 de 2002, porque entr\u00f3 a regir a partir del 14 de enero de 2012, \u00abdiez a\u00f1os despu\u00e9s de su creaci\u00f3n o nacimiento\u00bb, sino los veinte a\u00f1os que establec\u00eda la normativa anterior, ya que los hechos fundamento de la demanda ocurrieron en el a\u00f1o 2007, y en todo caso, dicho lapso fue interrumpido por el proceso administrativo de reparaci\u00f3n directa que tramitaron desde el 2008 contra la Naci\u00f3n \u2013 Superintendencia de Notariado y Registro, que culmin\u00f3 con sentencia de 4 de mayo de 2011 del Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena, cuyo mandamiento de pago fue negado el 3 de diciembre de 2018, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el superior el 10 de julio de 2020. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir el informe a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. Manuel Domingo Rojas Salgado resalt\u00f3 que dentro del proceso cuestionado los juzgadores accionados brindaron a los gestores las oportunidades de defensa y decidieron ajustados al derecho aplicable. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena explic\u00f3 que en el proceso cuestionado los hechos constitutivos del da\u00f1o ocurrieron el 14 de septiembre de 2007, y se contaba con 10 a\u00f1os para presentar la demanda, ya que para esa fecha estaba vigente la reducci\u00f3n de t\u00e9rminos prescriptivos introducida por la Ley 791 de 2022, no obstante, el reclamo judicial fue elevado hasta el 31 de mayo de 2022; argumentos todos \u00e9stos expuestos en el fallo criticado, ante similares quejas a las aqu\u00ed tra\u00eddas. <\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso sub examine esta Sala concluye que la solicitud de resguardo se torna improcedente, comoquiera que, en lo decidido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en prove\u00eddo de 11 de octubre de 2023, que confirm\u00f3 la sentencia anticipada de 28 de junio anterior del Juzgado Noveno Civil del Circuito de la misma ciudad, no se incurri\u00f3 en proceder que habilite la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela. <\/p>\n
Para emitir la anotada providencia, \u00fanica sobre la que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis porque dentro del proceso cuestionado cerr\u00f3 la tem\u00e1tica aqu\u00ed tra\u00edda, la Corporaci\u00f3n accionada cit\u00f3 los presupuestos legales y jurisprudenciales que encontr\u00f3 aplicables al caso y en seguida consider\u00f3 que, <\/p>\n
\u2026los hechos constitutivos del da\u00f1o endilgado al demandado, ocurrieron el 14 de septiembre de 2007, cuando se tuvo conocimiento de la nota devolutiva de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena, mediante la cual se indic\u00f3 que la Escritura P\u00fablica No. 1932 del 24 de julio de 2007 de la Notar\u00eda Primera de Cartagena, se devolv\u00eda sin registrar debido a orden judicial de acuerdo con el oficio 3301 del 7 de septiembre de 2007, proveniente de la Polic\u00eda Metropolitana de Cartagena, para evitar la comisi\u00f3n de un hecho punible. <\/p>\n
En esa medida, la parte actora contaba con 10 a\u00f1os para presentar la respectiva demanda, comoquiera que para la fecha -14 septiembre de 2007, se encontraba plenamente vigente la reducci\u00f3n de la prescripci\u00f3n introducida por la Ley 791 de 2002, lo que indica que dicho t\u00e9rmino fenec\u00eda el 14 de septiembre de 2017, siendo que la presente demanda solo fue radicada el 31 de mayo de 2022, despu\u00e9s de aproximadamente 15 a\u00f1os. <\/p>\n
3. Y aunque la apoderada de la parte actora refiere que para la fecha de los hechos se encontraba vigente la prescripci\u00f3n veintenaria, lo cierto es que, para el 14 de septiembre de 2007, ya se encontraba vigente la reducci\u00f3n de t\u00e9rminos prevista en la Ley 791 de 2002, pues, se insiste, la misma entr\u00f3 en vigencia a partir del d\u00eda siguiente al de su promulgaci\u00f3n, el 27 de diciembre de 2002, y no en 2012 como afirma la abogada. <\/p>\n
Por manera que, le asisti\u00f3 raz\u00f3n a la juez de instancia al concluir que, cuando se instaur\u00f3 la demanda, esto es 31 de mayo de 2022, la acci\u00f3n ordinaria ya estaba prescrita desde el 14 de septiembre de 2017. <\/p>\n
4. Ahora, refiere tambi\u00e9n la apoderada recurrente que no se tuvo en cuenta la interrupci\u00f3n por la existencia del proceso administrativo seguido ante el Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena. <\/p>\n
Y, ciertamente, obra en el expediente sentencia proferida por el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, el 4 de mayo de 2011 dentro del proceso de reparaci\u00f3n directa que JAVIER NARI\u00d1O AGUILAR, OMAIRA S\u00c1NCHEZ TOSCANO, WENDY, NATALY YESTEFANIA NARI\u00d1O S\u00c1NCHEZ formularon contra la NACI\u00d3N y SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, que declar\u00f3 responsable a la NACI\u00d3N, por las irregularidades presentadas en la Notar\u00eda Primera del Circuito Notarial de Cartagena al enviar a una persona sin vinculaci\u00f3n laboral, a realizar una funci\u00f3n por Ley atribuida directamente al Notario. <\/p>\n
Sin embargo, dicho proceso no detenta la virtualidad de interrumpir el t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n ordinaria, comoquiera que corresponden a reclamaciones de diferente naturaleza, pues, a diferencia del proceso administrativo aludido, el da\u00f1o que ahora se reclama a MANUEL DOMINGO ROJAS SALGADO, a t\u00edtulo personal, corresponde a los da\u00f1os irrogados por un actuar, presuntamente, irregular cuando fung\u00eda como Notario en la Notar\u00eda Primera del Circuito Notarial de Cartagena, as\u00ed que nada imped\u00eda que dicha acci\u00f3n fuera formulada oportunamente o que necesariamente deb\u00eda esperar la decisi\u00f3n proferida ante la jurisdicci\u00f3n administrativa. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los gestores no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la Corporaci\u00f3n accionada determin\u00f3 a partir de la normatividad que estim\u00f3 aplicable al caso concreto, que para el momento en que se present\u00f3 la demanda, hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de los 10 a\u00f1os correspondientes al t\u00e9rmino prescriptivo extraordinario de la acci\u00f3n establecido desde la entrada en vigencia de la Ley 791 de 2002, ya que los hechos identificados como generadores del da\u00f1o ocurrieron en el a\u00f1o 2007 y se acudi\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria hasta el a\u00f1o 2022, sin que dicho lapso fuera interrumpido por el proceso que decidi\u00f3 en el a\u00f1o 2011 la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, porque persigui\u00f3 un prop\u00f3sito distinto. <\/p>\n
4. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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