STC12464-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12464-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 47001-22-13-000-2023-00299-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 10 de octubre de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Fernanda Ortega N\u00fa\u00f1ez contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas la Extractora Frupalma SA, la Asociaci\u00f3n Campesina Integral del Cesar \u2013 ASOCIC, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO, la Direcci\u00f3n Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y el Banco Agrario de Colombia, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2017-00547-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Extractora Frupalma SA present\u00f3 proceso ejecutivo en su contra, para el cobro de $953\u2019369.402 por capital contenido en el pagar\u00e9 047, tr\u00e1mite en el que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta libr\u00f3 mandamiento de pago el 6 de marzo de 2018. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que contest\u00f3 la demanda, propuso excepciones y promovi\u00f3 nulidad de lo actuado en el proceso a partir del mandamiento de pago, no obstante, el Juzgado de conocimiento el 6 de marzo de 2019 profiri\u00f3 sentencia en la que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n y, luego, en providencia de 12 de abril de 2023 aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito presentada por la ejecutante. <\/p>\n
Sostuvo que la ejecutante pretende enriquecerse il\u00edcitamente, porque jam\u00e1s contrajo a t\u00edtulo personal una obligaci\u00f3n en favor de esa sociedad a trav\u00e9s de un t\u00edtulo valor, \u00ablo que hubo en realidad entre Extractora Frupalma S.A, La Asociaci\u00f3n Campesina Integral del Cesar \u201cASOCIC\u201d y Mar\u00eda Fernanda Ortega N\u00fa\u00f1ez, fue un acuerdo de colaboraci\u00f3n empresarial, donde Extractora Frupalma frente a un cr\u00e9dito l\u00ednea Finagro, que iba a hacer el Banco Agrario servir\u00eda como avalista de ese cr\u00e9dito en un 20% de la totalidad del cr\u00e9dito, pero no para avalar a Mar\u00eda Fernanda Ortega, sino a La Asociaci\u00f3n Campesina Integral del Cesar \u201cASOCIC\u201d\u00bb y, en el proceso Extractora Frupalma SA nunca aporto prueba que demostrara que ella hubiera adquirido alguna obligaci\u00f3n con la ejecutante. <\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00abno exist\u00eda material probatorio en el proceso para librar el correspondiente mandamiento ejecutivo, toda vez que el titulo valor, no ten\u00eda soporte probatorio (\u2026) prueba de ello es que esta, jam\u00e1s llev\u00f3 un registro en los libros de contabilidad de tal acreencia\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que lo apropiado era que la demandante iniciara una acci\u00f3n declarativa para determinar la existencia o no de perjuicios y que el Juzgado de conocimiento debi\u00f3 valorar de oficio el m\u00e9rito ejecutivo del pagar\u00e9 base de la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 revocar los autos por medio de los cuales se libr\u00f3 al orden de pago pedida (6 mar. 2018), se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n (6 mar. 2019) y se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito (12 abr. 2023), proferidos por el Juzgado accionado \u00abpor ser inexistente la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta, adem\u00e1s de compartir el link del expediente objeto de esta acci\u00f3n, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones m\u00e1s relevantes y afirm\u00f3 que la reclamante no interpuso recursos contra el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago, ni contra la sentencia de 6 de marzo de dos mil 2019 que dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, aunque mediante auto de 13 de mayo de 2019 accedi\u00f3 a la nulidad solicitada por la ejecutada, la misma fue revocada mediante providencia de 2 de marzo de 2020, al resolver la reposici\u00f3n que propuso la sociedad ejecutante. Por \u00faltimo, mencion\u00f3 que el 12 de abril de 2023 aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada. <\/p>\n
2. El Banco Agrario de Colombia, aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en la medida que los hechos objeto de censura recaen en un proceso en el que no es parte. <\/p>\n
3. El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario \u2013 Finagro, asegur\u00f3 que la accionante no figura como beneficiaria de ninguna operaci\u00f3n de redescuento o de los programas PRAN y FONSA que administra. <\/p>\n
4. La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013 DIAN aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que las actuaciones reprochadas no emanan de esa entidad. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Santa Marta, neg\u00f3 el amparo, tras considerar que lo que pretende la accionante es utilizar este mecanismo como una nueva oportunidad, adicional a la que se dej\u00f3 fenecer, lo que resulta inadmisible, adem\u00e1s tampoco procede \u00abcomo mecanismo transitorio ante la actualidad o inminencia de un perjuicio irremediable, como quiera que no se avizora en el plenario probanza alguna que indique que as\u00ed est\u00e9 ocurriendo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante insisti\u00f3 en los mismos argumentos del escrito de tutela y afirm\u00f3 que subsisten \u00abrazones de fondo y suficientes para que mi petici\u00f3n fuera despachada favorablemente, por existir en la acci\u00f3n de tutela razonamiento demostrativos que se ejerci\u00f3 el derecho de contradicci\u00f3n de impugnaci\u00f3n en el proceso que tramit\u00f3 la Juez Tercera Civil del Circuito de Santa Marta\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como mecanismo preferente y sumario, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas, cuandoquiera que sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad, o de un particular -en casos excepcionales-, siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y que concurran los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. <\/p>\n
2. Al cotejar los hechos y pretensiones de la acci\u00f3n de tutela con el expediente remitido a este tr\u00e1mite por la autoridad judicial accionada, se evidencia que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por lo que el fallo impugnado ha de ser confirmado, teniendo en cuenta las razones que a continuaci\u00f3n se sintetizan, <\/p>\n
Algunas de las inconformidades de la actora constitucional se dirigen contra las providencias de 6 marzo de 2018 y 6 de marzo de 2019, por medio de las cuales el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta libr\u00f3 mandamiento de pago y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n en su contra, respectivamente en el proceso no. 2017-00547, por considerar que, i) la ejecutante pretende enriquecerse il\u00edcitamente, toda vez que jam\u00e1s contrajo a t\u00edtulo personal una obligaci\u00f3n a favor de esa empresa, ii) \u00abno exist\u00eda material probatorio en el proceso para librar el correspondiente mandamiento ejecutivo, toda vez que el titulo valor, no ten\u00eda soporte probatorio\u00bb, iii) la demandante debi\u00f3 iniciar un proceso declarativo para determinar la existencia o no de perjuicios y, iv) el Juzgado de conocimiento debi\u00f3 valorar de oficio el m\u00e9rito ejecutivo del pagar\u00e9. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, es necesario recordar el presupuesto de la inmediatez, sobre el cual esta Corte ha sostenido que el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la decisi\u00f3n y el reclamo constitucional, no puede superar los seis meses, con el objeto de que la acci\u00f3n extraordinaria no pierda su raz\u00f3n de ser (CSJ. STC. 14 septiembre 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC4535-2020, STC3457-2021, STC6747-2022, STC9625-2022, STC11145-2022 y, STC4915-2023 entre muchas otras). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, en consideraci\u00f3n a que, las decisiones cuestionadas datan de 6 marzo de 2018 y 6 de marzo de 2019, es evidente que se super\u00f3 el t\u00e9rmino razonable del que se viene hablando, porque la demanda constitucional se radic\u00f3 el 27 de septiembre de 2023, es decir, m\u00e1s de cuatro a\u00f1os despu\u00e9s de que se profirieron. <\/p>\n
Entonces, como la accionante debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, se insiste, el largo plazo transcurrido entre los hechos amenazantes y la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, impiden que se aborde el estudio de fondo de la inconformidad encaminada por esa senda y contra aquellas providencias. <\/p>\n
3. Ahora, en lo que concierne al auto de 12 de abril de 2023, mediante el cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta aprob\u00f3 \u00abla liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por la ejecutante, por no haber sido objetada y por encontrarse ajustada a la ley\u00bb, se advierte que la accionante no formul\u00f3 reparo alguno, lo que evidencia la improcedencia del amparo, pues cont\u00f3 con la oportunidad de exponer a la autoridad judicial accionada las razones de su inconformidad y no lo hizo, puesto que omiti\u00f3 presentar los medios legales que tuvo a su alcance, como lo es descorrer el traslado de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito o promover los recursos de reposici\u00f3n y, en subsidio apelaci\u00f3n, de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 318 y 446, numerales 2\u00ba y 3\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En esa medida, las omisiones advertidas imposibilitan y descartan la procedencia de este medio extraordinario, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario, que no puede utilizarse como una instancia adicional para subsanar la falta de interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa judicial dispuestos en la codificaci\u00f3n adjetiva, dado su car\u00e1cter residual, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda desconociendo los principios edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha sido enf\u00e1tica en que este instrumento constitucional, no se instituy\u00f3 en busca de oportunidades adicionales o con el fin de que se revivan t\u00e9rminos para la formulaci\u00f3n de mecanismos ordinarios, puesto que la falta de proposici\u00f3n de los medios de defensa legalmente establecidos, evidencia una desidia procesal que no puede sanearse por esta v\u00eda, por cuanto, al dejar las partes de utilizar los recursos previstos por el orden jur\u00eddico para controvertir las decisiones judiciales, quedan sujetas a las consecuencias que de estas se desprendan con ocasi\u00f3n a su propia incuria, sin olvidar que al Juez de tutela le est\u00e1 vedado interferir en las determinaciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y discrecional (CSJ. STC11177-2018, STC10847-2020, STC1560-2022 y STC6025-2022, entre otras). <\/p>\n
4. En consecuencia, se impone la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12464-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC12464-2023 Radicaci\u00f3n No. 47001-22-13-000-2023-00299-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77458","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77458","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77458"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77458\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77458"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77458"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77458"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}