STC12465-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12465-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01086-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 20 de junio de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Soni Ester Beltr\u00e1n de la Hoz contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante reclama por intermedio de apoderado judicial la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la confianza leg\u00edtima, a \u00abla pensi\u00f3n digna\u00bb, a la seguridad social, a la vida digna, al m\u00ednimo vital, a la igualdad, al \u00abprincipio de favorabilidad\u00bb y a \u00abla condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad convocada, en el marco del proceso ordinario laboral que promovi\u00f3 contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social UGPP. <\/p>\n
En concreto solicita que se ordene \u00abdejar sin efecto la sentencia proferida el 24 de octubre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro [del precitado juicio]\u00bb y en consecuencia que la demandada \u00abreconozca y [le] pague la pensi\u00f3n de sobreviviente desde el mes de noviembre de 1980 incluyendo los reajustes legales, hasta la fecha efectiva de inclusi\u00f3n en n\u00f3mina\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Afirma la gestora que Pedro Miguel Tafur Maestre, quien fuera su compa\u00f1ero permanente por m\u00e1s de 12 a\u00f1os, trabaj\u00f3 para la empresa Puertos de Colombia Terminal Mar\u00edtimo Santa Marta desde el 21 de enero de 1974 hasta el 20 de noviembre de 1980 cuando falleci\u00f3 por un accidente de trabajo. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1ala que las obligaciones pensionales de la precitada empresa fueron asumidas por la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscales UGPP, a quien le solicit\u00f3 el pago de la pensi\u00f3n como sobreviviente de su compa\u00f1ero, y al serle negada, elev\u00f3 la solicitud ante la jurisdicci\u00f3n, con fundamento en el art\u00edculo 20 del Decreto 3041 de 1966 del Ministerio de Protecci\u00f3n Social, pedimento al cual no accedi\u00f3 el 8 de marzo de 2018 el Juzgado Segundo Laboral de Santa Marta, decisi\u00f3n apelada por aquella y confirmada el 30 de enero de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta. <\/p>\n
2.3. Asevera que atac\u00f3 el precitado fallo mediante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y el 24 de octubre de 2022 (CSJ SL3968-2022) la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidi\u00f3 no casar lo decidido, con fundamento en que, para el momento del fallecimiento del afiliado, la vinculaci\u00f3n de los trabajadores oficiales al ISS era facultativa, por lo cual al caso no aplicaba el Decreto 3041 de 1966, sino el art\u00edculo 52 del Decreto 1848 de 1969 <\/p>\n
2.4. Sostiene que la precitada normativa no reglamenta lo concerniente a la pensi\u00f3n de sobreviviente, sino un seguro por muerte, por lo cual, a falta de regulaci\u00f3n, debi\u00f3 aplicarse el Decreto 3041 de 1966, y en caso de que el empleado no estuviera afiliado al ISS, la contingencia quedaba a cargo del empleador, en este caso de la UGPP, aplicaci\u00f3n normativa que, afirma, procede en aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pues el afiliado habr\u00eda dejado causada la pensi\u00f3n en acorde con los requisitos exigidos en el citado decreto. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia pidi\u00f3 que no se acceda a la protecci\u00f3n por incumplir el requisito de la inmediatez y defendi\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n que emiti\u00f3 dentro del asunto. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Laboral de Santa Marta hizo un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas dentro del proceso criticado e inform\u00f3 que el 13 de abril de los corrientes archiv\u00f3 definitivamente el expediente. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP indic\u00f3 que la tutela no fue presentada con prontitud y se\u00f1al\u00f3 que la gestora pretende usar al mecanismo como tercera instancia. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 el resguardo por incumplir el requisito de procedibilidad de la inmediatez, porque la decisi\u00f3n cuestionada data de hace m\u00e1s de siete (07) meses, sin que obre justificaci\u00f3n para la tardanza. <\/p>\n
Adem\u00e1s resalt\u00f3 que la gestora no aleg\u00f3 dentro del proceso la aplicaci\u00f3n de la \u00abcondici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb sino \u00fanicamente del \u00abprincipio de favorabilidad\u00bb, lo que constituye entonces una alegaci\u00f3n novedosa en tutela, sin que, en todo caso, lo argumentado por la Corporaci\u00f3n convocada pueda catalogarse como arbitrario, porque explic\u00f3 que no aplicaba al caso el Decreto 3041 de 1966 porque reg\u00eda solo para los afiliados al ISS, condici\u00f3n que no ten\u00eda el causante, sin que fuera obligatoria la afiliaci\u00f3n, de manera que para el a\u00f1o 1980 lo que pod\u00eda cubrir la situaci\u00f3n era un seguro por muerte y no la pensi\u00f3n de sobreviviente, pero aquel no fue reclamado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la promotora alegando que la tutela fue presentada con celeridad, porque le fallo de casaci\u00f3n fue notificado por edicto de 24 de octubre de 2022, fijado el d\u00eda 25 siguiente, con lo cual se habr\u00eda accionado antes de los 6 meses. Adem\u00e1s, reiter\u00f3 los argumentos que expuso en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, y por ende corresponde confirmar la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, porque auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, la decisi\u00f3n que se alegan vulneradora de las prerrogativas superiores invocadas, consistente en la sentencia de 24 de octubre de 2022 de la de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, fue emitida y notificada m\u00e1s de seis (6) meses antes de la interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el 30 de mayo del presente a\u00f1o, super\u00e1ndose el lapso de seis (6) meses que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
Lo anterior bajo el entendido que la foliatura no reporta la existencia de alg\u00fan motivo v\u00e1lido que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional, si en cuenta se tiene que la misma fue notificada por edicto, desfijado al finalizar el d\u00eda 25 de noviembre de 2022, momento desde el cual se tiene por conocida por las partes y dem\u00e1s intervinientes en el proceso, mas no en la data que la gestora afirma haberla conocido. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
3. Lo consignado basta para respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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