STC12471-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12471-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01076-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Liliana Mar\u00eda Carvajal P\u00e9rez frente al fallo proferido el pasado 20 de junio por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados todos los intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulneradas por la sede judicial acusada, al declarar infundada la recusaci\u00f3n que plante\u00f3 en la actuaci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, ordenar al Tribunal accionado revisar \u00abnuevamente la recusaci\u00f3n planteada contra el Juzgado y que la decida de conformidad con los argumentos presentados en esta acci\u00f3n de tutela y de acuerdo con la jurisprudencia aplicable\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver el presente asunto es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio penal seguido contra la accionante por los delitos de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes, en concurso heterog\u00e9neo y sucesivo con concierto para delinquir, el 29 de marzo de 2023 la Juez Segunda Penal del Circuito Especializada con Funciones de Conocimiento de C\u00facuta no acept\u00f3 la recusaci\u00f3n que aqu\u00e9lla le formul\u00f3 con fundamento en la causal 6\u00aa del canon 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, misma que, el 11 de mayo siguiente, el Tribunal acusado encontr\u00f3 infundada. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, de manera gen\u00e9rica, la gestora adujo que, con esa decisi\u00f3n, el ad-quem atacado incurri\u00f3 en defectos sustantivo, procedimental absoluto, de carencia de motivaci\u00f3n y de desconocimiento del precedente, en tanto que la mentada recusaci\u00f3n debi\u00f3 salir avante, al estar plenamente demostrada la causal invocada, pero, injustificadamente, fue desechada, omiti\u00e9ndose exponer, \u00aben forma adecuada y detallada, las razones jur\u00eddicas y de hecho que sustentan [su] rechazo\u2026, limit\u00e1ndose a declarar la inadmisi\u00f3n de la misma sin mayor fundamentaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda Ciento Veintisiete de la Unidad Nacional contra el Crimen Organizado limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a historiar las actuaciones surtidas al interior de la causa recriminada. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta indic\u00f3 remitir copia de la providencia fustigada, \u00abcon la finalidad de que [se] conozca[n] las razones jur\u00eddicas que se tuvieron para tomar dicha determinaci\u00f3n, y a su vez, \u2026permitan decidir [esta] acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de C\u00facuta solicit\u00f3 despachar adversamente el ruego constitucional porque \u00abno\u2026 le ha vulnerado a la accionante ninguno de los derechos fundamentales de los cuales es acreedora\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 el amparo al concluir que \u00abla Sala Penal del Tribunal [convocado]\u2026 consider\u00f3 que la causal de recusaci\u00f3n invocada\u2026, debe estar acreditada con elementos que demuestren que tal participaci\u00f3n anterior dentro del proceso es tan relevante, que pueda prever una eventual lesi\u00f3n a la imparcialidad del operador jur\u00eddico, lo cual no se vislumbra en el presente asunto, pues, el hecho de que la Juez\u2026 haya conocido de un previo preacuerdo, no constituye causal de impedimento que afecte el curso del proceso, puesto que, no hay una valoraci\u00f3n sustancial ni probatoria al tratarse de una terminaci\u00f3n anticipada del proceso penal, es decir, no existi\u00f3 un pronunciamiento de fondo respecto de los elementos probatorios, por ende, no se afect\u00f3 su criterio ni su imparcialidad, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que esa causal no es autom\u00e1tica por el mero hecho de conocer la preclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la actora insistiendo en sus aspiraciones iniciales. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en su sentir, existe \u00abplena violaci\u00f3n al derecho fundamental del debido proceso, \u2026a la defensa y al acceso de la administraci\u00f3n de justicia, al no [ser] declarada impedida la se\u00f1ora Juez\u2026, ya que debi\u00f3 [haber] continuado con su impedimento[,] ya que conoci\u00f3 de fondo y proceso (sic) y m\u00e1xime que comprometi\u00f3 su criterio\u2026 al prejuzgar y adelantar su postura frente a la detenci\u00f3n o prisi\u00f3n domiciliaria[,] la cual es un derecho[,] ya que\u2026 viene cumpliendo su prisi\u00f3n domiciliaria en debida forma y es en el traslado del 447 donde se solicita se mantenga con los E.M.P. y E.F. recolectados en debida forma, la cual podr\u00eda seguir disfrutando en aras del derecho al menor hijo, cuando en plena audiencia la se\u00f1ora Juez, afirma que la domiciliaria para las conductas de narcotr\u00e1fico esta prohibid\u00edsima, pero comillas dice no fui yo quien la concedi\u00f3 e so en sana l\u00f3gica, ser\u00eda m\u00e1s que suficiente para declararse impedida, porque ya comprometi\u00f3 su criterio y no ha debido hacerlo\u00bb; sumado a que esa funcionaria manifest\u00f3 que \u00absu \u00e1nimo permanece invariable con el abogado, a pesar que [su] defensor [la] denunci[\u00f3] por el delito de prevaricato por acci\u00f3n\u2026, por otro proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocarse cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. Acorde con esas premisas, descendiendo al caso concreto, de entrada advierte la Sala la confirmaci\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, comoquiera que el amparo deprecado estaba llamado al fracaso, en la medida en que no lucen arbitrarios ni caprichosos los razonamientos expuestos por el Tribunal acusado, en el prove\u00eddo del pasado 11 de mayo, para hallar infundada la recusaci\u00f3n propuesta por la censora frente a la Juez Segunda Penal del Circuito Especializada con Funciones de Conocimiento de C\u00facuta. <\/p>\n
En efecto, al auscultar tal determinaci\u00f3n, se observa que dicha Colegiatura, de entrada, se\u00f1al\u00f3 algunas generalidades en torno a la figura de la recusaci\u00f3n, resalt\u00f3 la taxatividad que la gobierna y, por ese sendero, sostuvo que \u00aba los jueces les est\u00e1 vedado separarse por su propia voluntad de sus funciones jurisdiccionales y a los sujetos procesales no les est\u00e1 permitido escoger al juzgador, por tal motivo las causas que dan lugar a separar del conocimiento a un funcionario judicial, solo tienen como finalidad garantizar la independencia judicial y el principio de imparcialidad\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, consign\u00f3 que \u00abse indic\u00f3 por parte de la procesada la causal que la funcionaria judicial \u201chubiere participado dentro del proceso\u201d, configur\u00e1ndose la se\u00f1alada en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal\u00bb2; y luego de transcribir dicho aparte normativo, desech\u00f3 los argumentos presentados por aqu\u00e9lla al concluir que \u00abaunque para la procesada la juez recusada vulnera el principio de imparcialidad, por haber conocido una solicitud de preclusi\u00f3n, haber improbado un primer preacuerdo y haber manifestado que exist\u00eda una prohibici\u00f3n legal para los delitos relacionados con el tr\u00e1fico de estupefacientes, de donde concluye que est\u00e1 prejuzg\u00e1ndola, esa manifestaci\u00f3n… en manera alguna comporta tal situaci\u00f3n, al igual que se recuerda que puede hacer uso de los mecanismos legales para ejercer la confrontaci\u00f3n de las decisiones de la A quo\u00bb. <\/p>\n
Para arribar a esa determinaci\u00f3n, in extenso, observ\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026debe la Sala manifestar que, para el caso concreto, tal y como lo conoce la procesada quien postul\u00f3 la causal de impedimento y los sujetos procesales, en anterior oportunidad, la Juez\u2026 2 Penal del Circuito Especializada Funci\u00f3n de Conocimiento de C\u00facuta, conoci\u00f3 una solicitud de preclusi\u00f3n por el delito de concierto para delinquir, la cual resolvi\u00f3 de manera desfavorable a los intereses de la imputada, y por consiguiente, la funcionaria manifest\u00f3 su impedimento, el cual no fue aceptado por su hom\u00f3logo, siendo declarado infundado por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Posteriormente, el defensor doctor\u2026 Perdomo Gonz\u00e1lez formul\u00f3 recusaci\u00f3n en contra de la prenombrada juez, porque act\u00faa como apoderado de quien la denunci\u00f3 por el delito de prevaricato por acci\u00f3n, solicitud que no fue aceptada y esta Corporaci\u00f3n declar\u00f3 infundada la recusaci\u00f3n, al considerar [que] no es directamente afectado y como tal no podr\u00eda catalogarse como una \u201ccontraparte\u201d. <\/p>\n
En ese sentido, resulta palmario que esos aspectos que expone la solicitante -preclusi\u00f3n y denuncia penal- ya fueron resueltos, y no hay lugar a abrir nuevamente el debate por una causal de impedimento, a pesar de su inconformidad, salvo que existan hechos nuevos. <\/p>\n
Ahora, el hecho de que se hubiera improbado un preacuerdo, adem\u00e1s de que no es una causal de impedimento, tambi\u00e9n cabe recordar que incluso en los eventos en que se aprueba el preacuerdo y se profiere sentencia condenatoria, tampoco se afecta la imparcialidad porque al tratarse de una terminaci\u00f3n anticipada no se aborda una labor de valoraci\u00f3n probatoria, es decir, no hay un an\u00e1lisis sustancial que permita prever una eventual lesi\u00f3n a la imparcialidad. <\/p>\n
De modo que ese examen que se hizo previamente de un preacuerdo, que fue improbado, y el que se present\u00f3 nuevamente que a\u00fan no ha sido verbalizado, que por l\u00f3gica se infiere es diferente al anterior, en nada indican que la imparcialidad de la funcionaria o la confianza de la procesada hacia su ejercicio profesional menoscaben si cumple con la obligaci\u00f3n que la ley le ha concedido al momento de abordar nuevamente el estudio del preacuerdo radicado. <\/p>\n
Por otro lado, en relaci\u00f3n con la afirmaci\u00f3n que hizo la juez en una sesi\u00f3n de audiencia, en donde afirm\u00f3 que la prisi\u00f3n domiciliaria por la conducta relacionada con el tr\u00e1fico de estupefacientes est\u00e1 prohibida, y que cuestiona la procesada, de manera alguna se puede considerar como una preconcepto o prejuzgamiento, esto por cuanto, esa aseveraci\u00f3n para todos los profesionales del derecho es de conocimiento que existen unas conductas que tienen prohibici\u00f3n legal para otorgar subrogados y mecanismos sustitutivos, en tanto, esa lista de delitos est\u00e1 contenida en la parte general de la ley penal, por lo que esa intervenci\u00f3n no es suficiente de afectaci\u00f3n de las garant\u00edas que se protegen a trav\u00e9s de la instituci\u00f3n de los impedimentos y con mayor raz\u00f3n porque, no se ha llegado al escenario en que el defensor plantee la solicitud y exponga las circunstancias bajo la cual la solicitar\u00e1, pues existen diversos eventos. <\/p>\n
Con fundamento en todo ello, de forma categ\u00f3rica, hall\u00f3 que \u00abno hay prueba alguna de que la funcionaria de conocimiento recusada tenga inter\u00e9s en la actuaci\u00f3n procesal y tampoco ninguna de las circunstancias descritas en el numeral 6 del art\u00edculo 56 de la norma procedimental penal\u00bb; por lo que \u00abno se encuentra incursa en la causal de recusaci\u00f3n se\u00f1alada; por manera que, la Juez 2 Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de C\u00facuta no ser\u00e1 sustra\u00edda del conocimiento del asunto objeto de estudio, por lo que se dispondr\u00e1 el env\u00edo de la carpeta a dicho funcionaria, a efectos de que contin\u00fae conociendo del mismo\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala observa que esa decisi\u00f3n no se muestra antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la opugnante no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la censora, muy a pesar de sus alegaciones (novedosamente tra\u00eddas en la impugnaci\u00f3n, en tanto que no fueron exteriorizadas en el libelo introductor), no es m\u00e1s que una diferencia de criterio en cuanto a la forma en la cual el Tribunal convocado, precisamente con apoyo en el contenido del numeral 6\u00ba del precepto 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, hall\u00f3, se itera, que el \u00abhaber conocido una solicitud de preclusi\u00f3n, \u2026improbado un primer preacuerdo y\u2026 manifestado que exist\u00eda una prohibici\u00f3n legal para los delitos relacionados con el tr\u00e1fico de estupefacientes\u00bb, no configuraba ninguna de las causales establecidas en dicho aparte normativo, destacando que, sobre el primer supuesto exteriorizado por la reclamante, ya hab\u00eda sido resuelta, desfavorablemente, una recusaci\u00f3n previa; en cuanto al segundo, no implic\u00f3 \u00abun an\u00e1lisis sustancial que permita prever una eventual lesi\u00f3n a la imparcialidad\u00bb; y, en lo tocante con el tercero, \u00abde manera alguna se puede considerar como [un] preconcepto o prejuzgamiento, \u2026por cuanto\u2026 es de conocimiento que existen unas conductas que tienen prohibici\u00f3n legal para otorgar subrogados y mecanismos sustitutivos, en tanto, esa lista de delitos est\u00e1 contenida en la parte general de la ley penal, por lo que esa intervenci\u00f3n no es suficiente de afectaci\u00f3n de las garant\u00edas que se protegen a trav\u00e9s de la instituci\u00f3n de los impedimentos y con mayor raz\u00f3n porque, no se ha llegado al escenario en que el defensor plantee la solicitud y exponga las circunstancias bajo la cual la solicitar\u00e1, pues existen diversos eventos\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, tales inferencias no pueden desaprobarse de plano o calificarse de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juez constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al [fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio…, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que para el tr\u00e1mite de la presente impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el 27 de octubre \u00faltimo, el diligenciamiento arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el d\u00eda 31 siguiente, donde se radic\u00f3 y reparti\u00f3 esa mismo data, y el 1\u00ba de noviembre posterior ingres\u00f3 al despacho. <\/p>\n
2\u0002 \u00ab\u201cArt\u00edculo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento: <\/p>\n
<\/p>\n
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisi\u00f3n se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente o pariente dentro del cuarto grado de consa[n]guinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dict\u00f3 la providencia a revisar\u201d. (Negrita y subrayado fuera de texto)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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