STC12472-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12472-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01583-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Jorge Iv\u00e1n Galindo Casanova frente al fallo proferido el pasado 17 de agosto por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados todos los intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos esenciales al \u00abal debido proceso con el principio de enfoque diferencial (a. 3A L.65\/93)\u00bb, \u00abexclusivo a censar la familia ind\u00edgena \u2013 autocenso sin injerencia externa (a. 7 num. 1 y a. 35 L. 89\/1.890)\u00bb, \u00aba la reinserci\u00f3n social y protecci\u00f3n del condenado en la comunidad ind\u00edgena Aw\u00e1 (a. 4\u00ba C.P.)\u00bb, \u00aba cumplir la pena en su territorio tradicional \u201cya que la mayor\u00eda de costumbres ind\u00edgenas no conciben la pena de encarcelamiento como una forma de sanci\u00f3n a un comportamiento reprochable\u201d (T-642\/14)\u00bb, \u00aba la protecci\u00f3n de la identidad cultural (T-642\/14)\u00bb, \u00aba la conciencia de identidad ind\u00edgena (a. 1 num. 2 Conv. 169\/89 OIT\u2013 L. 21\/91)\u00bb, \u00aba la dignidad humana con enfoque diferencial (a. 1\u00ba CPP y L. 65 \/ 93, a. 3A)\u00bb, \u00aba no ser encarcelado y tener sus propias instituciones (art. 9\u00ba y 10-2 Conv. 169\/89 OIT \u2013 L. 21\/91 y a. 3\u00ba CPP)\u00bb, \u00aba la libre determinaci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas (a. 5, 8, 9 y 10 Decl. Univ. sobre DD.HH. Pueblos Ind\u00edgenas ONU\/07)\u00bb, \u00abal pluralismo jur\u00eddico y jurisdiccional (a. 246 Const. Pol\u00edt. y T-642\/14)\u00bb; \u00aby con ello el Convenio 169\/89 de la OIT que admite la\u2026 existencia de instituciones especiales de las comunidades ind\u00edgenas, as\u00ed como\u2026 a la autonom\u00eda e independencia de la jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena ejercida por las autoridades de los pueblos ind\u00edgenas (T-642\/14)\u00bb; presuntamente vulnerados por la sede judicial acusada, al no acceder a su traslado del Centro Carcelario y Penitenciario de Mediana Seguridad de Neiva al Centro de Armonizaci\u00f3n y Resocializaci\u00f3n del Cabildo Ind\u00edgena de Guadualito, en Santander de Quilichao, para all\u00ed continuar purgando su condena. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, \u00abse revoque la decisi\u00f3n tomada en el Acta N.\u00ba 0150 del 09 de febrero de 2023 del Tribunal [convocado]\u00bb, \u00ab[s]e proteja y tutele, en consecuencia, los principios y derechos fundamentales de reconocimiento y protecci\u00f3n \u00e9tnica y cultural del comunero ind\u00edgena Accionante del pueblo Aw\u00e1 Resguardo Ind\u00edgena de Inda Sabaleta bajo la certificaci\u00f3n y solicitud de la autoridad ind\u00edgena tradicional de su comunidad, concedi\u00e9ndole de inmediato el cambio de sitio de reclusi\u00f3n a territorio ind\u00edgena del Cabildo Ind\u00edgena del Resguardo de Guadualito en Santander de Quilichao \u2013 Cauca[,] como lo solicit\u00f3 la autoridad ind\u00edgena a la que pertenece\u00bb. <\/p>\n
2.1. En el juicio penal seguido contra el accionante por los delitos de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes, drogas t\u00f3xicas o sustancias sicotr\u00f3picas, en concurso material heterog\u00e9neo con el de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes, el 22 de enero de 2021 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva dict\u00f3 sentencia condenatoria, al hallarlo responsable de los mismos, imponi\u00e9ndole pena privativa de la libertad de 202 meses m\u00e1s 20 d\u00edas. Veredicto que cobr\u00f3 ejecutoria sin recursos. <\/p>\n
2.2. El 26 de mayo de 2022, el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva \u00abneg\u00f3 el traslado al Centro de Armonizaci\u00f3n del Cabildo Ind\u00edgena de Guadualito Cauca\u00bb, que, aduciendo su calidad de \u00abcomunero del Resguardo Ind\u00edgena Awa de Inda Sabaleta de Tumaco Nari\u00f1o\u00bb, se deprec\u00f3 a favor del quejoso, para seguir descontando su pena en ese lugar. Determinaci\u00f3n que el 12 de julio siguiente mantuvo ese estrado judicial y que el 9 de febrero \u00faltimo confirm\u00f3 el Tribunal encausado. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela, en concreto, el actor adujo que con esa decisi\u00f3n se incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico y de desconocimiento del precedente (CC T-921\/13, T-397\/14, T-642\/14, T-685\/15, T-515\/16, T-107\/19 y T-331\/21), comoquiera que dejaron de practicarse las pruebas necesarias para dilucidar lo relativo a su pertenencia a la comunidad ancestral y se pas\u00f3 por alto, sin justificaci\u00f3n legal ni jurisprudencial, que la certificaci\u00f3n expedida por la autoridad ind\u00edgena, dando cuenta de aquella situaci\u00f3n, \u00absin tacha de falsedad\u00bb, \u00abcuya veracidad y autenticidad se presume\u00bb, era suficiente para acreditar tal supuesto, en tanto que fue \u00abidentificado, reconocido, requerido y censado por familia por la autoridad tradicional del cabildo\/resguardo Inga Sabaleta del Pueblo Aw\u00e1 de Tumaco para que se [le] trasladara al sitio del centro de armonizaci\u00f3n del Cabildo de Guadualito en Santander de Quilichao\u00bb, aunado a que las otras pruebas recaudadas fueron deficientemente valoradas, en tanto que ellas, claramente, corroboraban la satisfacci\u00f3n de los requisitos establecidos para la procedencia de la solicitud desechada. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva solicit\u00f3 \u00abdeclarar improcedente la\u2026 acci\u00f3n de tutela, o en forma subsidiar\u00eda (sic), se niegue el amparo\u2026[,] al no existir vulneraci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales reclamados a favor del se\u00f1or Galindo Casanova, por cuanto insiste en argumentos que fueron ya analizados al momento de resolver el recurso de apelaci\u00f3n, intentado revivir un debate ya concluido\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que su decisi\u00f3n \u00abcorrespondi\u00f3 a un an\u00e1lisis serio de las pruebas aportadas, bajo los criterios de la sana cr\u00edtica, del que se concluy\u00f3 que dentro del tr\u00e1mite ordinario no se demostr\u00f3 el arraigo del procesado a una comunidad o pueblo ind\u00edgena para acceder al beneficio solicitado, habi\u00e9ndose garantizado a Jorge Iv\u00e1n sus derechos fundamentales y garant\u00edas procesales, y acreditado con suficiencia los argumentos de confirmaci\u00f3n del auto recurrido, resuelto de forma contraria a los intereses de la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
2. El Gobernador del Resguardo Ind\u00edgena Awa Inda Sabaleta inform\u00f3 que \u00ab[e]l ind\u00edgena Jorge Iv\u00e1n Galindo Casanova, frecuentaba [su] territorio ind\u00edgena desde el a\u00f1o 2015\u00bb, al que lleg\u00f3 \u00abexpresando que\u2026 hab\u00eda tenido familia en la regi\u00f3n y como el apellido CASANOVA es muy frecuente en las comunidades ind\u00edgenas del pueblo Awa del pac\u00edfico, se le abri\u00f3 las puertas del territorio ind\u00edgena, esto puede ser verificado consultando las bases censales de las comunidades ind\u00edgenas del pueblo Awa ubicado en el departamento de Nari\u00f1o\u00bb; que desde \u00aba\u00f1o empez\u00f3 a estar de manera seguida en el territorio ind\u00edgena, adquiri\u00f3 una vivienda para su habitaci\u00f3n que se encontraba ubicada en la vereda Sabaleta\u00bb; que \u00aben el tiempo que estaba en el territorio ind\u00edgena participaba de las labores comunitarias, como trabajos veredales y de caminos, reuniones, asambleas etc.\u00bb; que \u00ab[p]roducto de su participaci\u00f3n activa en las labores comunitarias e inter\u00e9s en la cultura ind\u00edgena de[l]\u2026 pueblo Awa, la autoridad ind\u00edgena lo acept[\u00f3] y lo reconoci\u00f3 como ind\u00edgena den (sic) [esa] comunidad\u00bb; que \u00abGalindo Casanova se auto reconoce como ind\u00edgena del pueblo Awa y por eso la autoridad de su momento y la presente tambi\u00e9n le reconocen\u00bb; que, \u00ab[a]nte la observaci\u00f3n de porque (sic) el ind\u00edgena en menci\u00f3n no aparece en los censos del Ministerio con m\u00e1s anterioridad[,] se puede observar con el censo del presente gobernador[,] que durante los a\u00f1os 2020 y 2021, [esa] comunidad ind\u00edgena no actualiz[\u00f3] censo en el Mininterior\u00bb; que \u00ab[d]urante el a\u00f1o 2020 y 2021 que se realiz\u00f3 el cambio social de la presencialidad a la virtualidad[,] en el que se modificaron los requisitos para los censos ante el ministerio del interior[,] fueron los motivos que impidieron la actualizaci\u00f3n de censo en esas vigencias, a pesar de haberse radicado\u00bb; que \u00ab[a]l ind\u00edgena condenado no se le apoyo antes porque no se recibi\u00f3 solicitud de apoyo previamente ni del condenado ni de la familia\u00bb; que en ese \u00abResguardo se han tenido situaciones en donde hasta los mismos gobernadores en ocasiones no aparecen en el censo poblacional de [su] comunidad ante el ministerio\u00bb; que esa \u00abcomunidad ind\u00edgena est\u00e1 avanzando en el proceso de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, por lo que se est\u00e1 realizando la formalizaci\u00f3n y registro de informaci\u00f3n ante los entes del estado de manera peri\u00f3dica[,] como los a\u00f1os 2022 y 2023 que se realiz\u00f3 la actualizaci\u00f3n en la base de datos del Mininterior y se pretende seguirlo realizando durante los a\u00f1os venideros\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, indic\u00f3 ratificar \u00abel reconocimiento como ind\u00edgena de Jorge Iv\u00e1n Galindo Casanova\u00bb y \u00abla existencia de un acuerdo de colaboraci\u00f3n con el Resguardo Ind\u00edgena de Guadualito[,] quien [les] presta el Centro de armonizaci\u00f3n para la reclusi\u00f3n de los ind\u00edgenas de [su] comunidad que se encuentran privados de la libertad por la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb. <\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC deprec\u00f3 \u00abdeclarar falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u2026 [por]que no\u2026 vulner[\u00f3] ning\u00fan derecho fundamental\u00bb y no es la competente para \u00abdar soluci\u00f3n a lo planteado por el accionante\u00bb, en tanto que ello es de cargo del \u00abestablecimiento donde se encuentra recluido\u00bb. <\/p>\n
4. El Ministerio del Interior tambi\u00e9n solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional, por \u00abfalta de legitimaci\u00f3n material en la causa por pasiva, por inexistencia de nexo causal entre la violaci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y [esa cartera ministerial]\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el amparo al concluir que \u00abel Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva y la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva no incurrieron en defectos f\u00e1ctico y por desconocimiento del precedente\u00bb, en tanto que \u00ablas decisiones judiciales controvertidas -que negaron el traslado del establecimiento de reclusi\u00f3n a un centro de armonizaci\u00f3n y reinserci\u00f3n- no son irrazonables, por cuanto de los medios de conocimiento aportados no se demostr\u00f3 el arraigo del accionante a la comunidad ind\u00edgena con anterioridad a la comisi\u00f3n de la conducta punible\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor insistiendo en sus aspiraciones iniciales, enfatiz\u00f3 que est\u00e1n satisfechos todos los requisitos para el despacho favorable de la solicitud de traslado y que el veredicto opugnado \u00abse bas[\u00f3] en la exigencia de pruebas adicionales que acrediten [su] arraigo o pertenencia\u2026 a su comunidad ind\u00edgena \u201cantes de la comisi\u00f3n de la conducta punible\u201d\u00bb, contrariando, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, la jurisprudencia sobre la materia, de la que, en su sentir, se desprende la inviabilidad de requerir \u00abelementos materiales probatorios, evidencia f\u00edsica o medios de conocimiento[,] m\u00e1s all\u00e1 de la certificaci\u00f3n de la autoridad ind\u00edgena\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocarse cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. Acorde con esas premisas, descendiendo al caso concreto y circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n propuesta, anticipa la confirmaci\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, comoquiera que el amparo deprecado estaba llamado al fracaso, en la medida en que no lucen arbitrarios ni caprichosos los razonamientos expuestos por el Tribunal acusado, en el prove\u00eddo del pasado 9 de febrero, para confirmar la negativa frente a la solicitud de traslado del accionante del establecimiento carcelario en que est\u00e1 purgando la pena que le fue impuesta, al referido centro de armonizaci\u00f3n y resocializaci\u00f3n ind\u00edgena. <\/p>\n
En efecto, al auscultar tal determinaci\u00f3n, se observa que dicha Colegiatura, de entrada, tras destacar que al condenado a\u00fan no se le hab\u00eda reconocido el fuero constitucional ind\u00edgena invocado, anot\u00f3 que \u00aben casos especiales cuando un hecho punible ha sido cometido por personas ind\u00edgenas\u00bb, en principio, acorde con el canon 29 de la Ley 65 de 1993, corresponde al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC \u00abdeterminar o disponer la reclusi\u00f3n tambi\u00e9n en lugares especiales, tanto para la detenci\u00f3n preventiva como para la condena, en atenci\u00f3n a la gravedad de la imputaci\u00f3n, condiciones de seguridad, personalidad del individuo, sus antecedentes y conducta\u00bb; eventualidad ante la cual \u00ablas autoridades ind\u00edgenas pueden acudir al INPEC y a los jueces de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad con el fin de solicitar, en raz\u00f3n de su particular visi\u00f3n frente a la pena y su finalidad, \u201cla fijaci\u00f3n de mecanismos de coordinaci\u00f3n e interlocuci\u00f3n entre las comunidades y las autoridades nacionales\u201d, para que en el cumplimiento de la sanci\u00f3n, se respete el principio de diversidad \u00e9tnica y cultural como as\u00ed lo ha estimado la Corte Constitucional en la Sentencia T-097 de 2012, debiendo acotar que si bien Colombia respeta la diversidad cultural y la autonom\u00eda ind\u00edgena, cuando en algunos casos miembros de estas comunidades cometen delitos sancionados por la jurisdicci\u00f3n ordinaria, es necesario tomar medidas para sancionar y prevenir hechos futuros similares, pero que a la vez propendan por el reconocimiento de las condiciones particulares de los ind\u00edgenas que han infringido la ley\u00bb. <\/p>\n
Luego, referenci\u00f3 algunos pronunciamientos sobre la materia (CSJ AP1576-2014, 2 abr., rad. 43342; y CC T-515\/16) y consign\u00f3 que de all\u00ed se desprend\u00eda, \u00aben primer lugar, que se est\u00e1 en presencia de un tr\u00e1mite meramente administrativo de comunicaci\u00f3n e interlocuci\u00f3n entre la comunidad ind\u00edgena con las autoridades carcelarias y el juez de ejecuci\u00f3n de penas, con miras a determinar y verificar la forma, condiciones y el lugar en que el sentenciado purgar\u00e1 la sanci\u00f3n punitiva al mismo impuesta, acorde con las normas legales y jurisprudencia penal y constitucional\u00bb, debi\u00e9ndose analizar, en el caso particular, \u00absi se encuentran reunidos los requisitos para que la pena impuesta al sentenciado Jorge Iv\u00e1n Galindo Casanova, pueda continuar siendo cumplida en el Centro de Armonizaci\u00f3n del Resguardo Ind\u00edgena de Guadualito en el municipio de Santander de Quilichao – Cauca, habida consideraci\u00f3n de encontrarse en el expediente la siguiente informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n\u00bb: <\/p>\n
1. Que el Resguardo Ind\u00edgena Inda Zabaleta (sic), al igual que su representante legal\u2026, se encuentran registrados en la base de datos del Ministerio de Interior[,] seg\u00fan acta de elecci\u00f3n del 05-11-2020 y acta de posesi\u00f3n del 12-01-2021[,] suscrita por la alcald\u00eda municipal de San Andr\u00e9s de Tumaco – Nari\u00f1o, para el periodo de 01-01-2021 al 31-12-2021, conforme la certificaci\u00f3n emitida el 21 de septiembre de 2021[,] en el que se indica por el Ministerio del Interior que en efecto el citado organismo aparece registrado en su base de datos y que el antes mencionado es la autoridad en ese resguardo. <\/p>\n
2. Que\u2026 Carlos Hip\u00f3lito Garc\u00eda\u2026 es el representante legal del Resguardo Ind\u00edgena Awa Inda Sabaleta, seg\u00fan certificaci\u00f3n del 12 de enero de 2021[,] expedida por la alcald\u00eda de San Andr\u00e9s de Tumaco. <\/p>\n
3. Que conforme a certificaci\u00f3n expedida el 21 de septiembre del 2021 por el\u2026 Gobernador del mencionado cabildo, Jorge Iv\u00e1n Galindo Casanova, titular de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda XXXXX de Villavicencio, hace parte de la comunidad ind\u00edgena del pueblo Awa de Inda Sabaleta. <\/p>\n
4. Que la Direcci\u00f3n del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Santander de Quilichao – Cauca, mediante oficio\u2026 del 20 de octubre de 2021, inform\u00f3 que el 19 de octubre de ese mismo a\u00f1o, realiz\u00f3 visita al Resguardo Ind\u00edgena o Centro de Armonizaci\u00f3n Guadualito[,] ubicado en el municipio de Santander de Quilichao -Cauca, encontrando que el mismo \u201cs\u00ed cuenta con las instalaciones id\u00f3neas y necesarias para albergar personal que siendo armonizado dentro de este centro especial, \u00fanico y exclusivo para personal que ostenta su calidad de comunero ind\u00edgena, en condiciones dignas. Se observa que conservan sus costumbres ancestrales, tendientes a mantener sus tradiciones, como es la del trabajo de campo, la agricultura y la ganader\u00eda que son la base de su econom\u00eda. La disciplina y el orden son fundamental entre los miembros de esta comunidad.\u201d <\/p>\n
Despu\u00e9s, afirm\u00f3 que a pesar de no acreditarse que el establecimiento carcelario en el que est\u00e1 recluido el quejoso \u00abno cuente con un pabell\u00f3n especial que le garantice la protecci\u00f3n de su derecho fundamental a la identidad cultural\u2026[,] podr\u00eda cumplir la condena en el centro de armonizaci\u00f3n del resguardo ind\u00edgena\u2026, en tanto que la comunidad cuenta con un centro de armonizaci\u00f3n con instalaciones id\u00f3neas para garantizar la privaci\u00f3n de su libertad en condiciones dignas y con vigilancia de su seguridad\u00bb. <\/p>\n
No obstante, seguidamente y de forma categ\u00f3rica, concluy\u00f3 en la ratificaci\u00f3n de la inviabilidad de acceder al traslado rogado porque, al margen de lo expuesto a espacio, hall\u00f3 insatisfechos \u00ablos requisitos constitucionales exigidos\u00bb para su procedencia, ante la contrariada condici\u00f3n de ind\u00edgena aducida por el reclamante. Afirmaci\u00f3n que, apoy\u00e1ndose en las normas y pronunciamientos que encontr\u00f3 aplicables al caso, in extenso, soport\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u2026pese a que al momento de presentarse la solicitud de traslado al resguardo ind\u00edgena, el\u2026 Gobernador del Cabildo Ind\u00edgena Awa de Inda Sabaleta durante el a\u00f1o 2021, ha certificado que el sentenciado\u2026 es ind\u00edgena perteneciente a esa comunidad, no alleg\u00f3 constancia o certificado alguno que indicara que se encuentra registrado en el listado censal de ese resguardo. <\/p>\n
Curiosamente, cuando se presenta el recurso de reposici\u00f3n en junio de 2022 se anexa nuevo certificado por el gobernador electo que refiere al se\u00f1or Galindo Casanova como comunero perteneciente de la comunidad de Inda Sabaleta AWA por un tiempo de cinco a\u00f1os, y anexa el registro censal del a\u00f1o 2022[,] donde en efecto aparece el se\u00f1or Jorge Iv\u00e1n; sin embargo, da constancia de vigencia \u00fanicamente de ese a\u00f1o, es decir, posterior a la presentaci\u00f3n de la solicitud de traslado realizada por el recurrente, y que confrontado con el restante recaudo probatorio, ofrece serios cuestionamientos de veracidad. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto la pre mencionada certificaci\u00f3n de pertenencia a la comunidad, se reitera, no se acompa\u00f1\u00f3 por el peticionario en su solicitud, ni se alleg\u00f3 en su momento al ejecutor el correspondiente registro del listado censal del resguardo ind\u00edgena en menci\u00f3n, que de acuerdo con la Ley 89 de 1890 y el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 691 de 2001 se debe llevar por cada comunidad. <\/p>\n
Tampoco lo fue de algunos estudios sociol\u00f3gicos y antropol\u00f3gicos atinentes a la identidad cultural de la comunidad y del sujeto, como lo resalt\u00f3 el Juzgado de Penas al resolver la reposici\u00f3n, en tanto la autoridad ind\u00edgena se limita a certificar la pertenencia del sentenciado Galindo Casanova a su poblaci\u00f3n, sin exponer el arraigo que presenta con sus usos, costumbres, ancestros y tradiciones que requiere se le protejan y mantengan y a lo cual apunta la aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo diferencial a su favor, pues recu\u00e9rdese que esta forma de resocializaci\u00f3n pretende finalmente garantizar la integridad cultural de quienes se encuentran privados de la libertad por fuera de su contexto cultural, y por tanto, expuestos a un mayor grado de vulnerabilidad2, no advirti\u00e9ndose entonces cu\u00e1les ser\u00edan las afectaciones negativas sobre la diversidad y autonom\u00eda cultural e ind\u00edgena de la privaci\u00f3n de la libertad del sentenciado en el centro carcelario ordinario, que dieran lugar a aplicar el test de proporcionalidad que se exige en estos casos. <\/p>\n
Menos a\u00fan, Jorge Iv\u00e1n se reporta en el censo de la Direcci\u00f3n de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, que puede servir como mecanismo v\u00e1lido de verificaci\u00f3n de la condici\u00f3n ind\u00edgena de sujetos particulares, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2546 de 19993, documentos que como lo se\u00f1ala el precedente constitucional referido con antelaci\u00f3n4, si bien no son la prueba determinante para la acreditaci\u00f3n de la condici\u00f3n de ind\u00edgena perteneciente a cierta comunidad, s\u00ed sirven para dar mayor peso a los que la propia comunidad ind\u00edgena ha adoptado en ejercicio de su autonom\u00eda, para la acreditaci\u00f3n de la condici\u00f3n de ind\u00edgena, no siendo de recibo la exculpaci\u00f3n del recurrente de mantenerse desactualizados, si en cuenta se tiene que \u00e9ste mismo aduce que el condenado ha hecho parte de su comunidad nativa por los \u00faltimos cinco a\u00f1os, tiempo suficiente para haber procurado la actualizaci\u00f3n de su poblaci\u00f3n ante las instancias estatales. <\/p>\n
Lo anterior debe resultar verificable en este particular evento, puesto que al analizar por la Sala toda la actuaci\u00f3n procesal, dicha acreditaci\u00f3n de ser el penado ind\u00edgena perteneciente al Resguardo de Awa Inda Sabaleta se aprecia extra\u00f1a, dado que esa circunstancia nunca fue alegada y menos acreditada en sedes de indagaci\u00f3n e investigaci\u00f3n de los hechos por los cuales de manera pre acordada el se\u00f1or Galindo Casanova acept\u00f3 responsabilidad penal y en consecuencia, se le impuso la correspondiente sanci\u00f3n punitiva, tampoco lo advirti\u00f3 el fallador de primera instancia al conocer del arraigo social, cultural y familiar del procesado, resultando ahora, en esta tercera fase de su proceso que corresponde ya al cumplimiento de la penalidad irrogada, que se alega su condici\u00f3n de nativo. <\/p>\n
En efecto, observada la sentencia condenatoria expedida el 22 de enero de 2021 en contra de\u2026 Galindo Casanova por el delito de concierto para delinquir agravado y tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes, a trav\u00e9s de los elementos materiales probatorios al efecto allegados en su momento, la Fiscal\u00eda\u2026 logr\u00f3 establecer no solo la plena identificaci\u00f3n sino tambi\u00e9n la individualizaci\u00f3n del judicializado, en raz\u00f3n de lo cual se concluy\u00f3 por el fallador que: \u201cJorge Iv\u00e1n Galindo Casanova alias Ni\u00f1o, identificado con\u2026 c\u00e9dula de ciudadan\u00eda\u2026 expedida en la ciudad de Villavicencio Meta, nacido en el municipio de Florencia Caquet\u00e1 el 12\/06\/1994, hijo de Jorge\u2026 y de Mar\u00eda\u2026, de estado civil soltero; nivel de educaci\u00f3n (…), curs\u00f3 hasta (…) grado; de oficio(…); resid\u00eda anteriormente en un inmueble ubicado en la calle XXXXXXX del barrio Guaduales de la ciudad de Cali Valle\u201d. (resaltado fuera de texto) <\/p>\n
En esas condiciones surge como cuestionamiento no explicable, s\u00ed es nacido en el municipio de Florencia – Caquet\u00e1 y contaba para la fecha de los hechos con asiento actual en otro lugar, esto es, en el barrio Guaduales de la ciudad de Cali, donde igualmente poseen arraigo su grupo familiar, c\u00f3mo es que ahora y despu\u00e9s de proferirse la sentencia condenatoria en su contra y en fase de ejecuci\u00f3n punitiva, aparezca como integrante y miembro de una comunidad ancestral, como la del Resguardo Ind\u00edgena Awa Inda, que no tiene domicilio en el lugar donde naci\u00f3, menos en donde en sus \u00faltimos a\u00f1os o mayor parte de su vida se ha desenvuelto, social, econ\u00f3mica y culturalmente, aspectos que examinados desde el \u00e1ngulo geopol\u00edtico son bien diversos a los certificados por el reciente gobernador ind\u00edgena que afirma que el condenado ha residido en su resguardo desde hace cinco a\u00f1os. <\/p>\n
Es decir, no se aprecia por lado alguno que\u2026 Galindo Casanova hubiere nacido, vivido, pertenecido o trasegado activamente en dicha comunidad ind\u00edgena, en raz\u00f3n de sus lazos consangu\u00edneos, familiares o alg\u00fan otro tipo de v\u00ednculo legal, situaci\u00f3n que se advierte mucho m\u00e1s alejada de la realidad si en cuenta se tiene que los hechos originarios de esta causa sucedieron entre abril de 2016 y 2018 en los departamentos de Caquet\u00e1, Huila, Putumayo, Valle, Cauca, entre otros, es decir, ni siquiera sucedieron en lugares o poblaciones cercanas o aleda\u00f1as al municipio de Tumaco -Nari\u00f1o en donde se encuentra afincado el tantas veces mencionado resguardo ind\u00edgena, al que pretende aparecer como perteneciente al mismo (se destac\u00f3). <\/p>\n
Finalmente, ante esas inconsistencias, determin\u00f3 que deb\u00eda compulsar las \u00abcopias pertinentes de\u2026 [esa] actuaci\u00f3n procesal, ante la Fiscal\u00eda General de La Naci\u00f3n, para que se investiguen las posibles conductas irregulares, y a quienes en ellas hayan intervenido, y estudie si resulta procedente la acci\u00f3n penal en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n ventilada, esto es, en torno de la acreditaci\u00f3n de Jorge Iv\u00e1n Galindo Casanova, en calidad de comunero activo, perteneciente al Resguardo Ind\u00edgena Awa Inda Sabaleta, que se advierte cuestionable por raz\u00f3n de lo expuesto y analizado en precedencia\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala observa que esa decisi\u00f3n no se muestra antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del opugnante no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el censor, muy a pesar de sus alegaciones, no es m\u00e1s que una diferencia de criterio en cuanto a la forma en la cual el Tribunal convocado, precisamente con apoyo en las normas (entre ellas la Ley 89 de 1890, el Decreto 2546 de 1999 y la Ley 691 de 2001) y la jurisprudencia (en especial las sentencias CSJ SP1370-2022, rad. 53444; CSJ STP10095-2022, rad. 124936; y CC T-703\/08) que encontr\u00f3 aplicables al caso, junto con el an\u00e1lisis conjunto de la totalidad de las pruebas recaudadas, bajo el tamiz de la sana cr\u00edtica, se itera, hall\u00f3 que \u00abno se encuentran reunidos cabalmente los requisitos constitucionales exigidos\u00bb para \u00abordenar el traslado que se reclama a favor del sentenciado\u00bb, debido al cuestionable contenido del certificado aportado en este asunto espec\u00edfico para acreditar su pertenencia a la colectividad ancestral, en tanto que \u00abno se aprecia por lado alguno que\u2026 hubiere nacido, vivido, pertenecido o trasegado activamente en dicha comunidad ind\u00edgena, en raz\u00f3n de sus lazos consangu\u00edneos, familiares o alg\u00fan otro tipo de v\u00ednculo legal, situaci\u00f3n que se advierte mucho m\u00e1s alejada de la realidad si en cuenta se tiene que los hechos originarios de esta causa sucedieron entre abril de 2016 y 2018 en los departamentos de Caquet\u00e1, Huila, Putumayo, Valle, Cauca, entre otros, es decir, ni siquiera sucedieron en lugares o poblaciones cercanas o aleda\u00f1as al municipio de Tumaco -Nari\u00f1o en donde se encuentra afincado el tantas veces mencionado resguardo ind\u00edgena, al que pretende aparecer como perteneciente al mismo\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, las inferencias de la Colegiatura recriminada no pueden desaprobarse de plano o calificarse de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juez constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al [fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha sostenido de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (se destac\u00f3 – CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que para el tr\u00e1mite de la presente impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el 10 de octubre \u00faltimo, el diligenciamiento arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 11 de los mismos mes y a\u00f1o, donde se radic\u00f3 y reparti\u00f3 el d\u00eda 12 posterior, y el 13 siguiente ingres\u00f3 al despacho. <\/p>\n
2\u0002 CSJ SP1370-2022, rad. 53444; y STP10095-2022, rad. 124936. <\/p>\n
3\u0002 El art\u00edculo 19 del Decreto 2546 de 1999 establece que la Direcci\u00f3n General de Asuntos Ind\u00edgenas del Ministerio del Interior y de Justicia debe cumplir, entre otras funciones: la de \u201c[v]elar por la integridad \u00e9tnica y cultural de los pueblos ind\u00edgenas y garantizar sus derechos fundamentales de identidad, territorio, autonom\u00eda, participaci\u00f3n y formas de desarrollo propias, as\u00ed como garantizar las formas de gobierno de los territorios ind\u00edgenas, de sus consejos y dem\u00e1s autoridades tradicionales, de sus propios sistemas de reproducci\u00f3n social, econ\u00f3mica y cultural; y definir la reglamentaci\u00f3n acorde con estos sistemas y los usos y costumbres de dichos pueblos\u201d. <\/p>\n
4\u0002 CC T-703\/08. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12472-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC12472-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01583-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Jorge Iv\u00e1n Galindo Casanova frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77466","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77466","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77466"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77466\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77466"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77466"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77466"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}