STC12478-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12478-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01602-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dicen vulneradas por las autoridades judiciales convocadas, por lo que pidieron se le ordene al Tribunal convocado que \u00abemita un auto de reemplazo en el cual se disponga la exclusi\u00f3n de las historias cl\u00ednicas de Teresa Franco Zamora y de Marco El\u00edas Franco Zamora, y la exclusi\u00f3n de los testimonios de Viviana Ivonne \u00c1lvarez Diez y Ricardo Tamayo Fonseca, por ilegalidad\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Iv\u00e1n Dar\u00edo Villalobos Castellanos y Teresa Melo Franco se adelanta proceso penal por los delitos de \u00ababuso de condiciones de inferioridad agravado, hurto agravado y fraude procesal\u00bb. <\/p>\n
2.2. Practicada formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, se adelant\u00f3 la audiencia preparatoria, en la que el juez de conocimiento decret\u00f3 las pruebas del proceso, desestimando la solicitud de exclusi\u00f3n que elev\u00f3 la defensa respecto a las historias cl\u00ednicas de Teresa Franco Zamora y de Marco El\u00edas Franco Zamora, as\u00ed como tambi\u00e9n de los testimonios de Viviana Ivonne \u00c1lvarez Diez y Ricardo Tamayo Fonseca, decisi\u00f3n que los procesados recurrieron en apelaci\u00f3n, siendo confirmada por el Tribunal convocado con providencia del 19 de mayo de 2021. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que \u00abcomo la Fiscal\u00eda\u2026 pretende la aducci\u00f3n como pruebas al proceso, historias cl\u00ednicas que fueron obtenidas sin observancia de los lineamientos legales establecidos para ello\u2026 devienen en pruebas ilegales\u00bb; y que \u00ablas dem\u00e1s pruebas que se soporten en estas pruebas [son] ilegales, tal como ocurre con el testimonio de Viviana Ivonne \u00c1lvarez Diez y Ricardo Tamayo Fonseca\u00bb. <\/p>\n
2.4. Adicionaron, que \u00abtanto el juzgado de primera instancia como el tribunal incurrieron en una clara v\u00eda de hecho\u2026, pues ante una prueba ilegal no es procedente sopesar su incorporaci\u00f3n ante supuestas tensiones de derechos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El abogado Gustavo Enrique Gonz\u00e1lez Romero, quien fue convocado en \u00abcalidad de defensor suplente de los accionantes\u00bb, pidi\u00f3 conceder el resguardo. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 382 Judicial Penal solicit\u00f3 desestimar el resguardo, por cuanto \u00ablas pruebas son leg\u00edtimas, no tienen ninguna irregularidad\u2026, pues fueron objeto de control por parte del superior\u2026\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, tras rendir informe sobre las actuaciones que adelant\u00f3 en el juicio criticado, resalt\u00f3 que, \u00aben manera alguna\u2026, ha trasgredido los superiores referidos, tanto as\u00ed que\u2026 concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n frente a la negativa de exclusi\u00f3n probatoria, garantiz\u00e1ndose as\u00ed\u2026 ese acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso y doble instancia\u00bb. <\/p>\n
5. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa localidad defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
6. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 el resguardo, toda vez que \u00abel presupuesto de la subsidiariedad no se verifica en el caso y acarrea la improcedencia del amparo, toda vez que [los] accionante[s] aun cuenta[n] con otros mecanismos de defensa al interior del proceso penal para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los promotores destacaron que \u00abel simple hecho de que el proceso penal se encuentre en curso y que aun quede el escenario de juicio oral, no existe un medio id\u00f3neo para lograr enmendar el grave da\u00f1o al debido proceso que se ha presentado mediante la admisi\u00f3n y decreto de pruebas ilegales\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, reiteraron sus alegaciones iniciales, enfiladas a predicar que se debi\u00f3 acceder a las exclusiones probatorias que reclamaron en el juicio criticado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, de entrada, se advierte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal objeto de reproche se halla en curso, pues obs\u00e9rvese que ni siquiera se ha dictado sentencia de primera instancia. <\/p>\n
Entonces, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por los promotores de la tutela, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Y es que, de configurarse la anomal\u00eda denunciada por el tutelante, bien puede esgrimirse en sede de apelaci\u00f3n o, incluso, alegarse como sustento de un eventual recurso extraordinario de casaci\u00f3n (art\u00edculo 181, numeral 2, ib\u00eddem). <\/p>\n
Entonces, configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
En otra oportunidad la Corte puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada\u2026 y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ago., rad. 2016-01093-01). <\/p>\n
3. A lo anterior debe agregarse que, advertida la improcedencia del amparo, por la presencia de otro mecanismo judicial mediante el cual discutir la situaci\u00f3n expuesta ante el juez constitucional, \u00e9ste queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a la actuaci\u00f3n que el accionante tilda como irregular. <\/p>\n
4. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El presente asunto fue enviado a esta Corporaci\u00f3n, con miras a resolver la impugnaci\u00f3n, a trav\u00e9s de oficio 11175 fechado 24 de octubre de 2023, remitido electr\u00f3nicamente el 26 de octubre siguiente. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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