STC12485-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12485-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 11001-22-03-000-2023-02188-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (08) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 4 de octubre de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Pablo Enrique Rivera promovi\u00f3 contra los Juzgados Treinta y Uno Civil del Circuito y Quince Civil Municipal, ambos de esta ciudad, tr\u00e1mite al fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo 11001-31-03-031-2021-00113-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la dignidad humana, el m\u00ednimo vital, el debido proceso y a la tercera edad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Olga Lucia Hern\u00e1ndez Grajales promovi\u00f3 proceso ejecutivo en su contra, en el que pretend\u00eda el pago de unas letras de cambio \u00abaceptadas mediante coacci\u00f3n\u00bb, tr\u00e1mite que en el que el Juzgado Quince Civil Municipal de Bogot\u00e1 bajo el No. 2018-00846, orden\u00f3 el embargo del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50C-221887. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que como en el juicio se acumularon otras \u00abletras de cambio\u00bb, que modificaron la cuant\u00eda, el expediente fue remitido a los Juzgados de Circuito para su reparto y se asign\u00f3 al Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de esta ciudad. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que formul\u00f3 denuncia penal por el delito de extorsi\u00f3n, investigaci\u00f3n que se tramita ante la Fiscal\u00eda 359 Gaula, y aunque orden\u00f3 el archivo de dichas diligencias, esta decisi\u00f3n, fue impugnada por su apoderado y se encuentra en tr\u00e1mite para su decisi\u00f3n. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, \u00ablevantar la medida cautelar que afecta el inmueble del aqu\u00ed accionante con M.I. 50C-221887 y menos a\u00fan llevar a remate el inmueble de la esta ciudad, que figura como titular Pablo Enrique Rivera\u00bb y as\u00ed mismo, que \u00abno afecte en forma alguna las cuentas bancarias en donde el aqu\u00ed accionante mueve los dineros de su sustento y de su familia y cualquier otro bien patrimonial que a su nombre se encuentre en la actualidad\u00bb (sic). <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, adem\u00e1s de remitir el link de acceso al expediente, inform\u00f3 que el proceso ejecutivo No. 2021-00113, fue promovido por Olga Lucia Fern\u00e1ndez Grajales y en principio, fue conocido por el Juzgado Quince Civil Municipal de esta ciudad y, luego de que se acumulara otra demanda al referido proceso fue remitido en virtud del art\u00edculo 27 del C\u00f3digo General del Proceso y avoc\u00f3 conocimiento el 23 de julio de 2021. <\/p>\n
Frente a las cautelas decretadas, mencion\u00f3 que el embargo del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 50C-221887, fue decretado por el Juzgado Quince Civil Municipal el 8 de agosto de 2018, y el 23 de julio de 2021, orden\u00f3 el secuestro y el despacho comisorio fue remitido a la parte demandante el 19 de agosto de 2021, pero desconoce el tr\u00e1mite dado al mismo. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, mediante providencia de 5 de noviembre de 2021, se fij\u00f3 cauci\u00f3n al demandado para levantar las medidas decretadas, pero \u00e9l, no la aport\u00f3. Posteriormente, en auto de 8 de febrero de 2022, se neg\u00f3 la solicitud del demandado encaminada a que la cauci\u00f3n se cambiara por una de tipo hipotecario. <\/p>\n
Indic\u00f3, que, desde febrero de 2022, ninguno de los extremos procesales ha promovido solicitud alguna respecto de las medidas cautelares, por lo que resulta sorpresivo que acudan a esta especial para que se resuelva al respecto. <\/p>\n
2. Quien manifest\u00f3 actuar en representaci\u00f3n de Olga Lucia Hern\u00e1ndez Grajales, refiri\u00f3, que no es cierto, como lo afirma el accionante que su subsistencia se vea afectada por el embargo decretado, porque cuenta con otros inmuebles en las ciudades de Bogot\u00e1 y Medell\u00edn. <\/p>\n
Mencion\u00f3, que la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente, por cuanto lo que se persigue es controvertir aspectos de car\u00e1cter econ\u00f3mico, y en raz\u00f3n a que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, pues, el accionante no ha ejecutado los mecanismos dispuestos por el C\u00f3digo General del Proceso, para el levantamiento de las medidas cautelares, adem\u00e1s de que no ha manifestado oposici\u00f3n en el proceso ejecutivo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la solicitud de tutela, al considerar que se inobservaron los requisitos de la inmediatez y la subsidiariedad, \u00abEl primero, por cuanto, desde la emisi\u00f3n del prove\u00eddo de 23 de julio de 2021, por el cual el estrado del circuito accionado acredit\u00f3 el embargo del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0.50C-221887, previamente decretado por el Juzgado 15 Civil Municipal (8 de agosto de 2018), y dispuso el secuestro del mismo, a la fecha de interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela -25 de septiembre de 2023- transcurrieron m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el presupuesto de la subsidiariedad indic\u00f3 que, \u00abno obra prueba en el expediente de que el actor haya interpuesto los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n para controvertir el decreto de la aludida cautela, medios defensivos que ten\u00eda a su disposici\u00f3n a la luz de lo dispuesto en los art\u00edculos 318 y 321, numeral 8 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb <\/p>\n
Agreg\u00f3 igualmente, que en cuanto a la solicitud del accionante de ordenar al Juzgado accionado de \u00abno afectar en forma alguna [su]s cuentas bancarias\u201d; se pone de presente que deber\u00e1 elevar dicha s\u00faplica directamente ante el juzgado de conocimiento para lo de su competencia, pues le est\u00e1 vedado al juez constitucional definir cuestiones que son propias del juzgador natural\u00bb, a lo que adicion\u00f3 que, las circunstancias de vulneraci\u00f3n que aleg\u00f3 Pablo Enrique Rivera las descartaban las pruebas allegadas en las que, \u00abse pudo constatar que, en efecto, el aqu\u00ed tutelante es titular de dominio de otros bienes inmuebles\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, tras se\u00f1alar, que no se tuvo en cuenta el desarrollo procesal, pues seg\u00fan afirm\u00f3, nunca se le comunic\u00f3 la medida cautelar decretada, y tan solo vino a conocer de la misma, cuando intento vender el inmueble. <\/p>\n
Manifest\u00f3, que adem\u00e1s, no es la medida cautelar, la que genera la vulneraci\u00f3n de sus derechos, porque \u00abes s\u00f3lo es el g\u00e9nesis de la afectaci\u00f3n, ya que de acuerdo al desarrollo de la Litis, puede concretarse un secuestro del inmueble y un posterior decreto de remate; situaci\u00f3n que se ha planteado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela para evitar futuros da\u00f1os y afectaciones irreparables, bajo el aprovechamiento de terceros de la VULNERABILIDAD del demandado, en este caso concreto; ya que siendo una persona de la tercera edad, se encuentra afectado en su salud, desde hace varios a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que se encuentra superado el requisito de la inmediatez, pues los perjuicios pueden generarse a futuro y agravar el estado de una persona que por su edad merece una especial protecci\u00f3n del estado, y solicit\u00f3 revocar el fallo de tutela, para \u00abevitar perjuicios inminentes y de mayor calibre, que mediando el desarrollo procesal, se consolide en un eventual secuestro del bien y un posterior remate del mismo, que conllevar\u00eda no s\u00f3lo un desequilibrio econ\u00f3mico, sino una afectaci\u00f3n emocional, a una persona de la tercera edad, que se encuentra afectada en su salud\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias, con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Pablo Enrique Rivera cuestiona, el actuar del Juzgado Trina y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en el proceso ejecutivo 2021-00113, pues considera que, con la medida cautelar decretada en relaci\u00f3n con el inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 50C-221887, se vulneran los derechos fundamentales que reclama. <\/p>\n
3. Revisada la queja y el expediente del proceso ejecutivo remitido a este tr\u00e1mite, en relaci\u00f3n con lo que es materia de queja, se advierte lo siguiente, <\/p>\n
3.1 El aqu\u00ed accionante, es demandado en el proceso ejecutivo 2021-00113 que en su g\u00e9nesis se identific\u00f3 bajo el radicado 2018-00846 y estuvo a cargo del Juzgado Quince Civil Municipal de Bogot\u00e1, para posteriormente ser remitido por competencia en raz\u00f3n de la cuant\u00eda, al Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de esta ciudad. <\/p>\n
3.2 El Juzgado Quince Civil Municipal de Bogot\u00e1, en providencia de 8 de agosto de 2018, decret\u00f3 el embargo y posterior secuestro del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 50C-221887. <\/p>\n
Decisi\u00f3n que fue comunicada a la oficina de Registro de Instrumentos p\u00fablicos correspondiente, el 16 de agosto de 2018 y que se registr\u00f3 en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria el 29 de agosto de ese a\u00f1o. <\/p>\n
3.3 Una vez el conocimiento del proceso fue avocado por el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el 23 de julio de 2021 orden\u00f3 el secuestro del predio, diligencia para la cual comision\u00f3. <\/p>\n
3.4 Mediante providencia del 5 de noviembre de 2021, fij\u00f3 cauci\u00f3n al demandado para levantar las medidas decretadas \u00abpor la suma de trescientos sesenta millones de pesos ($360\u2019000.000)\u00bb y le concedi\u00f3 el \u00ab t\u00e9rmino m\u00e1ximo de quince (15) d\u00edas contados a partir de la ejecutoria de este auto, para presentar la respectiva p\u00f3liza expedida por una aseguradora legalmente constituida\u00bb, y en auto de 8 de febrero de 2022 le neg\u00f3 al aqu\u00ed accionante, la solicitud encaminada a que la cauci\u00f3n decretada a trav\u00e9s de p\u00f3liza de seguro, se cambiara por una hipotecaria. <\/p>\n
La referida cauci\u00f3n no se prest\u00f3, ni en la oportunidad en que se decret\u00f3 inicialmente, ni con posterioridad a que el Juzgado accionado le negara al ejecutado la petici\u00f3n que formul\u00f3 con el fin de que se cambiara el tipo de garant\u00eda. <\/p>\n
4. Frente a las decisiones se\u00f1aladas, el aqu\u00ed accionante no interpuso recurso alguno, de all\u00ed que no pueda tenerse por satisfecho el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
Debe tenerse presente, que la acci\u00f3n de tutela impone el agotamiento previo de todos los medios de defensa a disposici\u00f3n del interesado, porque, cualquier inconformidad debe ser alegada en el proceso a trav\u00e9s de los recursos ordinarios establecidos por el legislador, por lo tanto, cuando existe negligencia de las partes para interponerlos, como aqu\u00ed acontece \u00abquedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb. (CSJ. STC11177-2018 de 29 de agosto de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01, reiterada en STC2264-2022, STC11804-2022 y STC1793-2023 entre muchas). <\/p>\n
5. Ahora bien, en cuanto al t\u00e9rmino en que se interpuso la acci\u00f3n de tutela, frente a las providencias cuestionadas, es decir, las que decretaron el embargo y posteriormente el secuestro del inmueble, se advierte que fueron proferidas el 8 de agosto de 2018 y el 23 de julio de 2021 respectivamente, y la acci\u00f3n de tutela fue propuesta el 25 de septiembre de 2023, es decir, pasados aproximadamente 61 y 26 meses respectivamente, desde los presuntos hechos vulneradores, lapsos que superan ampliamente los seis (6) meses, que esta Sala, ha establecido como t\u00e9rmino razonable para concurrir oportunamente a esta jurisdicci\u00f3n (CSJ. STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 Oct. 2011, exp. 2011-02245-00, STC3845-2022, STC6067-2022 y, STC6150-2022, entre otras muchas). <\/p>\n
6. En relaci\u00f3n con el ejercicio del amparo, con el fin de precaver un perjuicio irremediable, se advierte que, si bien el accionante acredit\u00f3 que es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, pues, se encuentra en la octava d\u00e9cada de su vida, adem\u00e1s, que tambi\u00e9n demostr\u00f3 las condiciones de salud, no prob\u00f3 de manera suficiente la afectaci\u00f3n de su m\u00ednimo vital, v\u00e9ase que si bien manifest\u00f3 que del bien embargado y secuestrado depend\u00eda su subsistencia, no acredit\u00f3 cu\u00e1l es la incidencia directa, a la par de las pruebas aportadas en este tr\u00e1mite demuestran que cuenta con otros inmuebles en las ciudades de Bogot\u00e1 y Medell\u00edn, que tambi\u00e9n pueden servir para garantizar su subsistencia. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, que pertenecer a la tercera edad no necesariamente implica la concesi\u00f3n de toda acci\u00f3n de tutela invocada, pues, es necesario probar la vulneraci\u00f3n o amenaza por parte del accionado, situaci\u00f3n que como de evidenci\u00f3 no ocurre en este caso. Sobre el tema, la Sala ha se\u00f1alado \u00absi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto (CSJ. SC, 11 de marzo de 2013, exp. 00444-00, reiterado el 31 de octubre del mismo a\u00f1o, exp. 00426-01, en STC1200-2014 y STC458-2022, entre otras). <\/p>\n
7. Adem\u00e1s, las decisiones que posteriormente se tomen frente al bien inmueble, pueden ser controvertidas por el aqu\u00ed accionante en el tr\u00e1mite procesal a trav\u00e9s de los recursos correspondientes, siendo el Juez del asunto, quien debe tomar las decisiones pertinentes. <\/p>\n
8. De conformidad con lo anotado, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC12485-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC12485-2023 Radicaci\u00f3n No. 11001-22-03-000-2023-02188-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (08) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77479","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77479","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77479"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77479\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77479"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77479"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77479"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}