STC12490-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12490-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2023-00273-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 5 de octubre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Diego Pareja Giraldo contra el Juzgado Quince de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Superintendencia de Notariado y Registro, as\u00ed como los intervinientes en el liquidatorio n\u00b0 2021-00091. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, educaci\u00f3n y vida digna, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00absoy un joven de 21 a\u00f1os de edad, v\u00edctima del conflicto armado y actualmente estudiante de pregrado en Ingenier\u00eda Civil del Polit\u00e9cnico Jaime Isaza Cadavid, ocupaci\u00f3n que no me permite trabajar y por ende, dependo econ\u00f3micamente de mi padre Diego Arturo Pareja Quintero, quien reconoci\u00f3 su paternidad en el a\u00f1o 2011\u00bb; que \u00abs\u00f3lo hasta el a\u00f1o 2018 (\u2026) mi madre [Gladis Eugenia Giraldo] requiri\u00f3 [fijaci\u00f3n de alimentos, ante lo cual] realizaron un acuerdo informal y de manera verbal [consistente en que] mi padre constituir\u00eda fideicomiso civil sobre una de sus propiedades [y] con el arriendo de la misma me conceder\u00eda la cuota alimentaria y as\u00ed, tambi\u00e9n me otorgar\u00eda parte de su patrimonio en caso de que llegar\u00e9 a faltar\u00bb. <\/p>\n
Que dicho contrato se celebr\u00f3 mediante \u00abescritura p\u00fablica No. 1542 del 26 de junio del a\u00f1o 2018 de la Notar\u00eda 23 de Medell\u00edn\u00bb, en relaci\u00f3n con el inmueble identificado con matr\u00edcula n\u00b0 001-583496, el cual \u00abconsta de cinco pisos, el primer y segundo piso son un espacio desinado como sal\u00f3n de banquetes, el tercer piso est\u00e1 compuesto por ocho oficinas, el cuarto piso lo conforman seis oficinas y el quinto piso solo un espacio destinado como local comercial\u00bb, y tras ello, \u00abmi padre comenz\u00f3 a reconocerme cumplidamente la [mesada]\u00bb. <\/p>\n
Que, para el pago de la cuota alimentaria, en \u00abmarzo del a\u00f1o 2022, (\u2026) el local comercial ubicado en el piso cinco de la propiedad fue arrendado en mi nombre y beneficio, es decir suscrib\u00ed contrato de mandato y administraci\u00f3n de inmueble con destinaci\u00f3n comercial con la agencia inmobiliaria Orientamos S.A.S., contrato con canon de arrendamiento por valor de $3.500.000), dinero que me fue pagado directamente a mi cuenta bancaria hasta el mes de agosto del a\u00f1o 2023\u00bb, data en la que, como consecuencia de proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal impetrado contra su padre por \u00abLibia Mar\u00eda Andrade Rivera\u00bb, el Juzgado Quince de Familia de Medell\u00edn, \u00abdecret\u00f3 embargo y secuestro de dicha propiedad quedando as\u00ed el arriendo en administraci\u00f3n del secuestre\u00bb. <\/p>\n
Que su se\u00f1ora madre no est\u00e1 en condiciones econ\u00f3micas de proporcionarle ayuda, \u00abya que vive y trabaja en el municipio de Marinilla Antioquia y lo poco que gana solo le permite solventar su propio sustento\u00bb, y que, \u00abconcomitante con la presente acci\u00f3n de tutela interpuse demanda de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria para que mediante sentencia judicial se me reconozca cuota de alimentos (\u2026), no obstante el mentado proceso de judicial tardar\u00e1 un tiempo y a trav\u00e9s del mismo no podr\u00e9 proteger mis derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Acot\u00f3 que junto con el propietario fiduciario [Claudio Alfonso Pareja], presentaron solicitud de \u00abrevocatoria directa contra la inscripci\u00f3n de la medida de embargo que recae sobre el bien, toda vez que es inmueble con fideicomiso civil\u00bb, y por ello, \u00abya se agotaron las acciones legales que pod\u00eda ejercer en aras de que no secuestraran el inmueble que provee el dinero de mi cuota alimentaria\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abque se le ordene al Juzgado 15 de Familia del Circuito de Medell\u00edn, abstenerse de secuestrar de manera total el inmueble (\u2026), dejando a mi disposici\u00f3n el local comercial del piso cinco de dicho predio, [e] informar al secuestre para que se reserve el derecho de recibir los dineros correspondientes al contrato de arrendamiento del [citado] local comercial\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Quince de Familia de Medell\u00edn, inform\u00f3 que dentro del pleito referido en la acci\u00f3n, \u00abel 11 de septiembre de 2023 se llev\u00f3 a cabo la audiencia que resolvi\u00f3 la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro promovida por el joven Juan Diego Pareja Giraldo, en la que se declar\u00f3 tener por no probada la objeci\u00f3n presentada, decisi\u00f3n [que] no fue recusada por la parte incidentante\u00bb, y que lo resuelto por esa dependencia \u00abse encuentran en firme y, por tanto, no pueden los interesados acudir a la acci\u00f3n de tutela en aras de sustituir los recursos ordinarios con los que se cuenten y que, en el presente asunto, no fueron utilizados\u00bb. <\/p>\n
2. La empresa Asoljuris S.A.S., que funge como secuestre, precis\u00f3 que en diligencia de secuestro realizada el 2 de junio de 2023, \u00abel inmueble se dej\u00f3 en nuestra administraci\u00f3n a excepci\u00f3n de la oficina 308 la cual se dej\u00f3 en dep\u00f3sito del demandado; [que] a la fecha de la diligencia se encontraban arrendados el 1\u00b0 y 2\u00b0 nivel al sal\u00f3n de eventos \u201cmi casa campestre\u201d, quienes no informaron el valor del canon de arrendamiento; el piso 3 est\u00e1 dividido en oficinas 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 las cuales estaban desocupadas [y] actualmente se encuentran desocupadas. La oficina 308 est\u00e1 siendo ocupada por el demandado como lugar de habitaci\u00f3n; el piso 4 est\u00e1 dividido en oficinas 401, 402, 403, 404, 405 las cuales estaban desocupadas [y] actualmente se encuentran desocupadas; el piso 5, es una plancha con techo el cual se encuentra alquilado, el mismo estaba arrendado a trav\u00e9s de la inmobiliaria Orientamos, quienes realizaron la cesi\u00f3n del contrato el 28 de agosto de 2023. El inmueble esta arrendado en la suma de $3.780.000 menos los servicios p\u00fablicos\u00bb. <\/p>\n
3. Orientamos S.A.S., indic\u00f3 que \u00abel 28 de mayo de 2022 suscribi\u00f3 contrato de administraci\u00f3n con Juan Diego Pareja sobre el local ubicado en el piso quinto [de inmueble propiedad del progenitor de este]\u00bb, pero en raz\u00f3n a comunicaci\u00f3n enviada por la sociedad secuestre designada por autoridad judicial competente, \u00abse cede el contrato de administraci\u00f3n a la sociedad Asoljuris S.A.S.\u00bb, haci\u00e9ndose efectiva \u00abdesde el 01 de septiembre de 2023\u00bb. <\/p>\n
4. La Superintendencia de Notariado y Registro, manifest\u00f3 que esa entidad \u00abresulta ajena\u00bb a los hechos de la demanda tutelar, por cuanto \u00abel legitimado procesalmente para pronunciarse (\u2026) no es la Superintendencia sino el despacho judicial accionado\u00bb, raz\u00f3n por la que se opuso a lo pretendido aduciendo a su favor \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
5. La Registradora Principal de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn -zona sur-, inform\u00f3 que \u00abno tiene conocimiento alguno de solicitud de \u201cRevocatoria Directa\u201d contra la inscripci\u00f3n del embargo en el inmueble con folio 001-583496, ni del radicado SNR2023ER081514, que indican en el escrito, y que nos es imposible para nosotros acceder a ese radicado de tr\u00e1mite que se indica, ya que \u00e9sta es una numeraci\u00f3n de radicaci\u00f3n de uso exclusivo de la Superintendencia de Notariado y Registro \u2013 Nivel Central, ubicado en la ciudad de Bogot\u00e1, para el cual nuestro sistema no tiene acceso\u00bb. <\/p>\n
Sobre el proceso de registro del \u00abOficio No. 0681 del 12 de diciembre de 2022\u00bb, emanado del juzgado accionado, dio que \u00abse llev\u00f3 a cabo tal y como lo indica la Ley 1579 de 2012 (Estatuto de Registro)\u00bb, en concordancia con \u00abla instrucci\u00f3n administrativa Nro. 19 de 15 de agosto de 2018\u00bb y los art\u00edculos 794, 1677-8 y 2488 del C\u00f3digo Civil, destacando respecto de este \u00faltimo, lo atinente a \u00abla embargabilidad y\/o inembargabilidad de los bienes inmuebles sobre los cuales se hay constituido un fideicomiso civil\u00bb. <\/p>\n
6. Claudio Alfonso Pareja Quintero, \u00abcomo propietario fiduciario [dijo que] tengo la obligaci\u00f3n de ejecutar de forma diligente todos los actos necesarios para conseguir el objetivo para el cual se constituy\u00f3 el fideicomiso, esto es defender y proteger los bienes fideicomitidos contra cualquier acto que provenga de un tercero y que ponga el riesgo el objeto del contrato, por lo que realic\u00e9 las siguientes acciones: oposici\u00f3n a diligencia de secuestro y apelaci\u00f3n, peticiones que fueron negadas por la autoridad judicial; revocatoria directa ante Registro e Instrumentos P\u00fablicos, solicitud que presente de manera conjunta con mi sobrino Juan Diego Pareja Giraldo y de la cual a\u00fan no recibimos respuesta\u00bb, y acot\u00f3 que seg\u00fan precedente de esta Sala [STC13069-2019], \u00abel patrimonio que integra el fideicomiso solo ser\u00e1 susceptible de embargo cuando no se haya designado un fiduciario o, dicho de otra manera, cuando el fideicomitente y el fiduciario sean la misma persona, cosa que no puede predicarse en el presente caso\u00bb. <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el resguardo al advertir que contra el auto del \u00ab11 de septiembre de 2023, [mediante el cual el accionado] resolvi\u00f3 la oposici\u00f3n que frente a la diligencia de secuestro realizada por el comisionado (\u2026), el joven Juan Diego Pareja Giraldo [quien] all\u00ed estuvo representado por apoderada judicial, (\u2026) manifestaron no interponer recurso alguno (\u2026), pese a que dicho prove\u00eddo era susceptible, tanto de reposici\u00f3n como de apelaci\u00f3n\u00bb, adem\u00e1s, porque manifest\u00f3 que \u00abpresent\u00f3 demanda de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria (en contra de su padre), en [la] que desde [su] admisi\u00f3n (\u2026), puede el juez ordenar que \u201cse den alimentos provisionales (\u2026)\u201d, es claro que ya acudi\u00f3 a la v\u00eda expedita para garantizar sus derechos\u00bb. <\/p>\n
No obstante, tutel\u00f3 el derecho de petici\u00f3n en relaci\u00f3n con la Superintendencia de Notariado y Registro, \u00abporque demostrado qued\u00f3 que le formul\u00f3 una solicitud v\u00eda correo electr\u00f3nico el 30 de junio de 2023, en la que pidi\u00f3 \u201cla revocatoria directa en contra de la Resoluci\u00f3n 0288 del 27 de marzo de a\u00f1o 2023 por medio de la cual se decide el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n interpuesto contra la nota devolutiva del turno de radicaci\u00f3n No. 2022-91782 de 13-12-2022 (\u2026), emitida por el Registrador Principal de la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn Zona Sur\u201d, frente a la cual no ha obtenido ning\u00fan pronunciamiento, no obstante haber transcurrido el t\u00e9rmino de que trata el art\u00edculo 95 de la Ley 1437 de 2011\u00bb. Por ello, orden\u00f3 a dicha entidad \u00abque dentro del t\u00e9rmino de 48 horas (\u2026), emita respuesta clara, concreta, de fondo y congruente con lo solicitado\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el demandante para precisar que no interpuso recursos contra la providencia que resolvi\u00f3 desfavorablemente la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro, \u00abya que mi figura no correspond\u00eda a un tercero poseedor sino a un acreedor de alimentos\u00bb, y que \u00absi bien es cierto que [en virtud a la demanda que impetr\u00f3 contra su progenitor] se me fijan alimentos provisionales, ello no indica que realmente se me garantice mi cuota alimentaria ya que (\u2026) mi padre no tiene recursos econ\u00f3micos para solventar dicha obligaci\u00f3n [porque] absolutamente todos sus bienes han sido objeto de embargo y secuestro en el proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal en el cual ha sido demandado\u00bb; por consiguiente, \u00abse hace necesario que se pueda pagar dicha obligaci\u00f3n y en este caso para que ello suceda es indispensable que el inmueble (\u2026) con matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 001-583496 (\u2026) no sea secuestrado y se puedan percibir los frutos como garant\u00eda de mis derechos fundamentales\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto cumple el requisito de subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Quince de Familia de Medell\u00edn, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante, al disponer que se embargara y secuestrara un inmueble del cual, seg\u00fan su dicho, derivaba el pago de su cuota alimentaria. <\/p>\n
2. De los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha establecido los presupuestos generales que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). Subrayado y resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de las se\u00f1aladas exigencias, destac\u00e1ndose respecto al principio de subsidiariedad, que esta Corte, en invariable l\u00ednea de pensamiento, ha dicho que cuanto se omite hacer uso de los mecanismos legalmente previstos, no es posible acudir al instrumento excepcional, en tanto no ha sido incorporado en el ordenamiento jur\u00eddico para tenerse en lugar del sendero ordinario que el legislador previ\u00f3 para definir un asunto determinado y menos como una instancia adicional. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no es viable acudir a dicho remedio, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, examinados los argumentos de la querella y su cotejo con la informaci\u00f3n que proporcionan los intervinientes y las piezas procesales allegadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del presente resguardo, en tanto que no se satisface el esencial presupuesto de la subsidiariedad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente se precisa que el actor enfila su censura contra la autoridad judicial que dispuso medidas cautelares contra un inmueble de su progenitor, aduciendo que del valor de sus frutos civiles se satisfac\u00eda la cuota alimentaria establecida a su favor, seg\u00fan \u00abacuerdo informal y de manera verbal\u00bb-, y que su pretensi\u00f3n se circunscribe a que se le permita continuar ejerciendo la administraci\u00f3n del local ubicado en el 5\u00b0 piso de la edificaci\u00f3n. <\/p>\n
Del mismo modo, que, tras el auto del 11 de septiembre de 2023, mediante el cual el juzgado desestim\u00f3 la oposici\u00f3n que plante\u00f3 contra la diligencia de secuestro -decretada en proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal seguido contra su padre-, su inter\u00e9s no es el de persistir en ella, pues en sede de impugnaci\u00f3n dej\u00f3 claro que tal decisi\u00f3n es razonable en tanto que \u00e9l no es \u00abtercero poseedor, sino acreedor de alimentos\u00bb, por tanto, la Corte no comparte el criterio de incuria por desatenci\u00f3n al uso de recursos al interior de dicho juicio. <\/p>\n
3.2. Dilucidado lo anterior, la subsidiariedad en este caso, emerge por la existencia de otros medios judiciales de defensa, en particular, el que brinda el pleito alimentario que el hoy quejoso dijo haber promovido de manera \u00abconcomitante\u00bb con esta salvaguarda, ya que es ese el mecanismo id\u00f3neo para hacer efectiva dicha prestaci\u00f3n econ\u00f3mica a cargo de su se\u00f1or padre, y donde, desde la admisi\u00f3n de la demanda, cuenta con la posibilidad de obtener la fijaci\u00f3n de una cuota provisional conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00b0 del canon 397 del estatuto adjetivo general. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el hecho de que el patrimonio del deudor se encuentre involucrado en un pleito liquidatorio, no implica que en virtud de este se desconozca la aplicaci\u00f3n de figuras jur\u00eddicas como la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y la de embargos, la primera de car\u00e1cter sustancial donde el legislador consagra las clases y \u00f3rdenes en que estos deben ser atendidos por el acreedor o por el juez encargado de velar por su pago, y la segunda, de orden procedimental, que para el sub j\u00fadice corresponder\u00eda a la concurrencia de embargos prevista (art\u00edculo 465 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
3.3. En las condiciones que acaban de describirse, la presente acci\u00f3n deviene improcedente, por cuanto su uso racional, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Constituci\u00f3n y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de amparo de sus prerrogativas, ya que esta: <\/p>\n
\u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese tambi\u00e9n que antes de invocar la tutela, el demandante ha debido acudir al funcionario competente para poner de presente sus reproches, pues cuando omite recurrir a la herramienta jur\u00eddica pertinente y que se encuentra a su alcance, o la emplea de manera defectuosa o incompleta, queda sujeto a las consecuencias adversas de la decisi\u00f3n, en raz\u00f3n de su propia incuria. <\/p>\n
En cuanto al medio de defensa adecuado para debatir asuntos propios de los litigios, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). [Esto, por cuanto] la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre otras en STC6448-2023, 5 jul., rad. 00196-01). Se subraya. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en este asunto tampoco procede la acci\u00f3n como mecanismo transitorio, porque aunado a que no est\u00e1 en entredicho la aptitud e idoneidad del medio ordinario de defensa que el actor a\u00fan no ha empleado y sin que se avizore una v\u00e1lida excusa que permita la flexibilizaci\u00f3n del impedimento gen\u00e9rico analizado, no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, en particular, que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada en STC7882-2023, 10 ago., rad. 0010-01, entre otras). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Se realiza para avalar la concesi\u00f3n parcial y oficiosa del auxilio en relaci\u00f3n con la Superintendencia de Notariado y Registro, porque de cara a la resoluci\u00f3n que mantuvo la inscripci\u00f3n del embargo del inmueble con matr\u00edcula n\u00b0 001-583496, el ac\u00e1 tutelante coadyuv\u00f3 una solicitud de \u00abrevocatoria directa\u00bb, y pese a que esta fue radicada en esa entidad el \u00ab30 de junio de 2023\u00bb, a\u00fan no se ha acreditado el curso de la misma, ya que, conforme lo record\u00f3 el tribunal a-quo, si la competencia para resolverla corresponde a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos -zona sur- de Medell\u00edn, a ella debe remit\u00edrsele como lo consagra el art\u00edculo 21 de la Ley 1437 de 2011. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se avalar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del auxilio, toda vez que existe otro medio judicial de defensa que el accionante a\u00fan no ha agotado, aunado a que no se habilita el resguardo transitorio porque no se acredit\u00f3 la conexidad de riesgo cierto e inminente de los derechos invocados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, con las precisiones explicadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12490-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12490-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2023-00273-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77484","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77484","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77484"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77484\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77484"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77484"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77484"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}