STC12493-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12493-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-01200-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 10 de octubre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jamileth Restrepo Quiceno contra el Juzgado Veintinueve de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil y la Universidad Libre de Colombia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, dignidad humana y \u00abacceso al empleo p\u00fablico tras concurso de m\u00e9ritos\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que impetr\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Universidad Libre de Colombia y la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil -CNSC-, en relaci\u00f3n con \u00abla Convocatoria Proceso de selecci\u00f3n N\u00b0 2150 a 2237 de 2021; 2316, 2406 de 2022, dirigida a Directivos Docentes y Docentes\u00bb, la cual desestim\u00f3 el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1, por lo que la actual est\u00e1 \u00aborientada a impugnar la sentencia [y] representa el recurso final e imprescindible para obtener una revisi\u00f3n y consideraci\u00f3n adecuada de la situaci\u00f3n que he planteado\u00bb. <\/p>\n
Que lo perseguido con esa acci\u00f3n era \u00abcontinuar participando en el concurso [pero] en ninguna parte de las dos (sic) sentencias se observa una valoraci\u00f3n adecuada de las pruebas que present\u00e9\u00bb, en tanto, las entidades convocadas \u00abnunca tomaron en cuenta mis argumentos relacionados con las pruebas que present\u00e9, lo que result\u00f3 en la no consideraci\u00f3n de mis documentos v\u00e1lidos\u00bb, y se \u00abomiti\u00f3 la consideraci\u00f3n del precedente jurisprudencial establecido por la Corte Constitucional, cuya orientaci\u00f3n se refleja en las sentencias T-340 de 2020 y T-081 de 2021, [donde] dejan claro que las acciones de naturaleza constitucional pueden resolver favorablemente asuntos relacionados con concursos de m\u00e9ritos para cargos p\u00fablicos\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abtanto el juzgado como el tribunal (sic), desconocieron los preceptos contenidos en el art\u00edculo 125 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. La relevancia y el peso del m\u00e9rito en las decisiones judiciales no prevalecieron de manera congruente con los fundamentos legales y jurisprudenciales pertinentes. Estas sentencias no respetaron el principio que establece el valor del m\u00e9rito y la capacidad en la conformaci\u00f3n de las decisiones relacionadas con procesos de selecci\u00f3n, en este caso, un concurso de m\u00e9ritos\u00bb, e incurrieron en \u00abdefecto procedimental absoluto, f\u00e1ctico, desconocimiento del precedente jurisprudencial, error inducido y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abque se declare la nulidad de la sentencia emitida por el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1 D.C., [dentro de la acci\u00f3n de tutela n\u00b0 2023-00394], y, en consecuencia, se tomen las medidas necesarias para permitir la continuaci\u00f3n en el concurso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La titular del estrado convocado, inform\u00f3 que \u00abmediante auto del 31 de mayo de 2023, el proceso fue admitido y una vez vinculados todos los demandados, el 07 de junio de 2023, se profiri\u00f3 sentencia resolviendo negar el amparo constitucional solicitado, teniendo en cuenta las pruebas allegadas las cuales fueron valoradas en debida forma; por lo tanto, se encuentra ajustado a derecho el fallo proferido. Igualmente, se informa que, una vez notificada la aqu\u00ed accionante de la mencionada sentencia, la misma guard\u00f3 silencio y no acudi\u00f3 al recurso de impugnaci\u00f3n al que ten\u00eda derecho en su momento procesal oportuno; por lo tanto, la presente acci\u00f3n constitucional se torna improcedente [y] no existe vulneraci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales citados por la tutelante\u00bb. Finalmente, indic\u00f3 que el expediente \u00abya fue remitido a la H. Corte Constitucional para efectos de su revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. La Universidad Libre de Colombia, tras evocar \u00abla regla de la no procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela\u00bb, as\u00ed como la importancia que tiene \u00abla convocatoria como norma reguladora del proceso de selecci\u00f3n\u00bb, concluy\u00f3 que el auxilio debe declararse improcedente por \u00abinexistencia de vulneraci\u00f3n\u00bb de los derechos fundamentales invocados y desconocimiento del principio de subsidiariedad. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, al advertir que contra el fallo de primera instancia, la actora \u00abno present\u00f3 recurso alguno [y por ello] el 27 de junio de 2023, fueron enviadas las actuaciones a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n\u00bb, sin perjuicio de que, \u00absi a bien lo tiene, en el marco de [dicho tr\u00e1mite], solicite la selecci\u00f3n de su caso, o en su defecto (\u2026) de haber sido excluida, y se encuentre dentro del t\u00e9rmino para ello, acuda ante cualquier autoridad facultada para ello, para ejercer el mecanismo de insistencia, no siendo la tutela un mecanismo para revivir t\u00e9rminos que se han dejado fenecer por inactividad de una de las partes, como tampoco para promover acciones alternas a las establecidas por el legislador para encontrar una decisi\u00f3n diferente y favorable a sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la quejosa para insistir en los argumentos de su querella. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto cumple el requisito de subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la querellante, al desestimar la acci\u00f3n de tutela radicada bajo el n\u00b0 2023-00394. <\/p>\n
2. De los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha establecido los presupuestos generales que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la reclamaci\u00f3n, con sujeci\u00f3n en las premisas que preceden, la Corte ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, precisando que su improcedencia tiene lugar porque incumple dos causales generales de procedibilidad de la tutela: (i) se dirige contra una sentencia proferida en otra acci\u00f3n de similar naturaleza, y, (ii) desatiende el presupuesto de la subsidiariedad, tanto en la modalidad de incuria como en la de existencia de otro mecanismo de defensa judicial. <\/p>\n
3.1. De la improcedencia de la tutela contra providencias de la misma naturaleza. <\/p>\n
Comoquiera que la queja se enfila a reprochar el fallo proferido por el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1 el 7 de junio de 2023, mediante el cual deneg\u00f3 la tutela que la hoy accionante instaur\u00f3 contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil y la Universidad Libre de Colombia (rad. 2023-00394), habida cuenta la decisi\u00f3n desfavorable en los \u00abProcesos de Selecci\u00f3n No. 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022 Docentes y Directivos Docentes (Poblaci\u00f3n Mayoritaria) Zonas Rural y No Rural\u00bb, el impedimento gen\u00e9rico anunciado emerge claro porque la actual aspiraci\u00f3n de la demandante, ya fue objeto de estudio y resoluci\u00f3n en un proceso de similar naturaleza al que ahora nuevamente est\u00e1 proponiendo. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, al tenor del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, el veredicto en estos asuntos es susceptible del recurso de impugnaci\u00f3n, y \u00aben todo caso\u00bb de \u00absu eventual revisi\u00f3n\u00bb, mecanismo respecto del cual la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acci\u00f3n de tutela \u2013 bajo la modalidad de presuntas v\u00edas de hecho – porque la Constituci\u00f3n defini\u00f3 directamente las etapas b\u00e1sicas del procedimiento de tutela y previ\u00f3 que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un \u00f3rgano creado por \u00e9l \u2013 la Corte Constitucional \u2013 y por un medio establecido tambi\u00e9n por \u00e9l \u2013 la revisi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resoluci\u00f3n del conflicto se prolongar\u00eda indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jur\u00eddica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protecci\u00f3n cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De all\u00ed la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el tr\u00e1mite procesal de la revisi\u00f3n eventual, con miras a garantizar la unificaci\u00f3n de criterios y la supremac\u00eda constitucional. Todo ello por decisi\u00f3n del Constituyente, que opt\u00f3 por regular de manera directa la acci\u00f3n de tutela y no sigui\u00f3 la t\u00e9cnica tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental. <\/p>\n
(\u2026) La \u00fanica alternativa para manifestar inconformidad con la sentencia de tutela de segunda instancia propiamente dicha que se encuentra en firme, es la intervenci\u00f3n de la parte interesada en el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, ya que de otra forma se propiciar\u00eda una cadena interminable de demandas contra sentencias de tutela, lo que pugna contra la efectividad de este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional (art. 86 C.P.), contra el principio fundamental dirigido a asegurar el goce efectivo de los derechos y deberes constitucionales (art. 2 C.P.) y contra el principio de la seguridad jur\u00eddica\u00bb (SU-1219\/01). <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00abresulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00 (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01, citada entre otras en STC8188-2022, 19 jul., rad. 00119-01). <\/p>\n
Teniendo clara la improcedencia como regla general, en materia de excepciones esta Corte precis\u00f3 que \u00abde manera sumamente excepcional, se ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respectivo tr\u00e1mite\u00bb (CSJ STC, 25 jun. 2012, rad. 00069-01); \u00abo cuando la decisi\u00f3n afecta de manera grave una garant\u00eda fundamental en sujetos considerados de especial protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STP, 3 jul. 2012, rad. 60963). <\/p>\n
La Corte Constitucional unific\u00f3 dichos criterios al se\u00f1alar que: \u00ab[s]i la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb (CC SU-627\/15). <\/p>\n
Entonces, como en el sub j\u00fadice no se avizora la concurrencia de alguna de las excepciones a que refieren los anteriores precedentes jurisprudenciales, no es dable proceder al reestudio de la misma situaci\u00f3n que origin\u00f3 la inconformidad que hoy mantiene la demandante. <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, en el caso examinado tampoco se satisface el esencial principio de procedibilidad en comento, el cual, conforme se anunci\u00f3, se predica en las modalidades que pasan a explicarse. <\/p>\n
3.2.1. De la incuria. <\/p>\n
El primero de ellos se configura en la medida en que contra la sentencia que en primer grado profiri\u00f3 el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogot\u00e1 el 7 de junio de 2023, pese a haberse notificado adecuadamente a las partes e intervinientes, la ac\u00e1 inconforme no hizo uso del recurso de que tal decisi\u00f3n era susceptible al tenor de lo preceptuado en el primer inciso del art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 2021, seg\u00fan el cual: \u00abDentro de los tres d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n el fallo podr\u00e1 ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad p\u00fablica o el representante del \u00f3rgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato\u00bb. Se resalta. <\/p>\n
En ese orden, con observancia en el inciso final de esa misma disposici\u00f3n, el accionado inform\u00f3 que al no haber sido impugnada su determinaci\u00f3n, el expediente contentivo de la referida acci\u00f3n fue enviada a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Del anterior comportamiento incurioso de la actora se infiere prontamente la incursi\u00f3n en la causal de inviabilidad observada, pues conforme a la normativa aplicable, as\u00ed como a la unificada, constante y vigente jurisprudencia, no es posible reabrir un debate jur\u00eddico que debi\u00f3 y pudo darse en las respectivas instancias, pues no se acredit\u00f3 motivo que justifique su flexibilizaci\u00f3n. <\/p>\n
En las condiciones descritas, la tutela deviene inviable, por cuanto su uso racional, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Constituci\u00f3n y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores. As\u00ed, cuando se invoca sin haber acudido a la autoridad competente para poner de presente su reproche, o cuando no se avizora excusa v\u00e1lida para que hubiese dejado de utilizar, o se hace de manera defectuosa o incompleta, en raz\u00f3n a tal desidia, la parte accionante queda sujeta a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le result\u00f3 adversa a sus aspiraciones procesales. <\/p>\n
Al respecto, de vieja data la jurisprudencia constitucional precis\u00f3 que esta acci\u00f3n: \u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
A tono con ello, seguidamente se\u00f1al\u00f3: \u00ab[q]uien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los prove\u00eddos sobre los cuales el interesado no ejerci\u00f3 recurso constituya transgresi\u00f3n u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasi\u00f3n propicia. Es in\u00fatil, por tanto, apelar a la tutela, cual, si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el prop\u00f3sito de resarcir los da\u00f1os causados por su propio descuido procesal\u00bb (CC T-520\/92). <\/p>\n
En cuanto al escenario adecuado para debatir asuntos propios del litigio ordinario, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). [Esto, por cuanto] la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC7666-2023, 3 ago., rad. 00184-01, entre otras). <\/p>\n
3.2.2. De la existencia de otro medio de defensa. <\/p>\n
La subsidiariedad bajo esta modalidad, emerge en raz\u00f3n a que el fallo dictado en la inicial acci\u00f3n de tutela -el 7 de junio de 2023-, a\u00fan puede ser objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional a trav\u00e9s de la eventual revisi\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, el Decreto 2591 de 1991 y la reglamentaci\u00f3n expedida por dicha Corporaci\u00f3n, entre otras disposiciones. <\/p>\n
Ello, porque siendo el requisito de la subsidiariedad inherente al ruego tuitivo, adem\u00e1s de todo lo antedicho esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente para alegar la configuraci\u00f3n de arbitrariedades cometidas en una sentencia proferida en un proceso de igual naturaleza, habida cuenta de que tal decisi\u00f3n es susceptible de la eventual revisi\u00f3n que corresponde realizar a aqu\u00e9lla, tr\u00e1mite dentro del cual se pone fin al debate constitucional1. <\/p>\n
Si el presunto defecto es de fondo y se materializa en el fallo de la acci\u00f3n de tutela, contra esa providencia no es viable interponer posteriormente otra acci\u00f3n de igual naturaleza, toda vez que los mecanismos jur\u00eddicos id\u00f3neos establecidos para analizar la constitucionalidad de una sentencia de amparo se concretan \u00fanicamente en la impugnaci\u00f3n del fallo de primera instancia y en la revisi\u00f3n a cargo de la Corte Constitucional\u00bb (CSJ STC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, citada en STC4259-2022, 6 abr., rad. 00913-00, entre otras muchas). <\/p>\n
Entonces, al no haberse surtido el procedimiento para la eventual revisi\u00f3n de la precitada resoluci\u00f3n, sigue abierto ese escenario jur\u00eddico en el cual puede intervenir cualquier interesado, y en caso de no seleccionarse podr\u00e1 hacer uso del derecho o facultad de insistencia, previo cumplimiento de las exigencias previstas en la ley y los reglamentos pertinentes. <\/p>\n
En ese sentido, n\u00f3tese que realizado el respectivo seguimiento al asunto, se establece que el 27 de junio de 2023 fue enviado el expediente a la Corte Constitucional, quien todav\u00eda no ha publicado actividad encaminada a la posible selecci\u00f3n del caso, situaci\u00f3n que lleva a afirmar que tal decisi\u00f3n no ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional, por lo que acudir a la tutela para rebatir lo que all\u00ed resolvi\u00f3 el cognoscente, \u00abequivaldr\u00eda a suplantar la funci\u00f3n que la propia Constituci\u00f3n ha encomendado [al \u00f3rgano de cierre de esta especial jurisdicci\u00f3n] (CC T-307\/15). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Conforme a lo anteriormente precisado, se avalar\u00e1 la declaratoria de improcedencia de esta acci\u00f3n, por cuanto se dirige contra la definici\u00f3n dada en una de similar naturaleza jur\u00eddica, y porque, conforme se explic\u00f3 en precedencia, no se satisface el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, con las precisiones realizadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC, 17 feb. 2004, exp. 2003-00076-01 y STC, 27 ago. 2004, exp. 00306-01, entre otras. <\/p>\n
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STC12493-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12493-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-01200-01 (Aprobado en Sala de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77487","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77487","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77487"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77487\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77487"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77487"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77487"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}