STC12494-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12494-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2023-00396-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 11 de octubre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Leonardo Trejos Hern\u00e1ndez contra el Juzgado \u00danico de Familia de Dosquebradas, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el pleito radicado bajo el n\u00ba 2022-00426. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que Gloria In\u00e9s Holgu\u00edn Rinc\u00f3n instaur\u00f3 en su contra demanda de uni\u00f3n marital de hecho, la cual fue admitida por el Juzgado de Familia de Dosquebradas, ante quien \u00abla parte demandante allega notificaci\u00f3n realizada el 17 de abril de 2023 al correo leotrejos7@hotmail.com\u00bb, pero al constatar ese evento, \u00abse puedo observar que no hab\u00eda evidencia de [su] llegada [al] correo electr\u00f3nico\u00bb. <\/p>\n
Que, para ejercer su derecho de defensa, \u00abel 28 de abril de 2023\u00bb concurri\u00f3 al juzgado a trav\u00e9s de abogado, solicitando \u00abtener el acceso al expediente\u00bb, lo cual reiter\u00f3, v\u00eda correo electr\u00f3nico, el 3 y el 17 de mayo de la misma anualidad, pero \u00abno hubo respuesta\u00bb, por lo que en esa \u00faltima fecha, el mandatario \u00abse acerca a las instalaciones del juzgado para que le dieran una confirmaci\u00f3n del recibo del correo, pero no obtuvo respuesta\u00bb. <\/p>\n
Que como \u00abel juzgado s\u00f3lo hasta el 30 de mayo de 2023\u00bb le remiti\u00f3 el enlace para acceder al expediente, en la misma data procedi\u00f3 a dar contestaci\u00f3n a la demanda, empero, la misma no se tuvo en cuenta porque el despacho -con prove\u00eddo del 28 de junio de 2023- indic\u00f3 que la notificaci\u00f3n del demandado se hab\u00eda efectuado \u00abel 17 de abril de 2023\u00bb. <\/p>\n
Que, contra la determinaci\u00f3n anterior, present\u00f3 infructuosamente recursos de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n, pues resolvi\u00f3 el primero de manera desfavorable y \u00abniega\u00bb el subsidiario, con lo que se transgreden sus prerrogativas ya que \u00absi el despacho hubiera actuado con la debida diligencia ante las reiteradas solicitudes del escrito, la demanda podr\u00eda haberse contestado en el t\u00e9rmino que estos alegan\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que por esta senda se proceda a \u00abdecretar la nulidad desde el auto que da por no contestada la demanda, es decir, el auto 0947 proferido el 28 de junio de 2023, [y] se tenga por contestada dentro del t\u00e9rmino establecido para [ello]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA <\/p>\n
1. El Juzgado \u00danico de Familia de Dosquebradas, inform\u00f3 que \u00abde conformidad con lo establecido por el art\u00edculo 372 del C. G. del Proceso, mediante providencia del 28 de junio del a\u00f1o que transcurre, se procedi\u00f3 a abrir la causa a pruebas y a fijar fecha para llevar acabo la audiencia, la cual se encuentra programada para el d\u00eda 07 de noviembre de 2023 a la 1:30 pm. [Que tal] decisi\u00f3n fue recurrida y mediante auto del 06 de septiembre pasado se dispuso no reponer el auto atacado, no conceder el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto de manera subsidiaria y rechazar por extempor\u00e1nea la contestaci\u00f3n de la demanda allegada\u00bb, y que se remite a los argumentos all\u00ed esbozados. <\/p>\n
2. Gloria In\u00e9s Holgu\u00edn Rinc\u00f3n se opuso a las pretensiones, aduciendo que es infundada la indebida notificaci\u00f3n del demandado, porque la misma se hizo desde el correo electr\u00f3nico de su apoderado judicial \u00aby con apoyo de la herramienta Mailtrack, para efectos de dejar constancia sobre el acceso al mensaje por parte del destinatario, de conformidad con el inciso 3 del art\u00edculo 8 de la Ley 2213 de 2022\u00bb, lo cual se verific\u00f3 \u00aba las 3:47 pm del d\u00eda 17 de abril de 2023\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, asever\u00f3 que \u00abel expediente digital consta un memorial en el que se alleg\u00f3 un poder autenticado el 28 de abril de 2023 y se solicit\u00f3 acceso al expediente, es decir, cuando transcurr\u00edan apenas 7 d\u00edas del traslado de la demanda, sin embargo, recordemos que desde la notificaci\u00f3n personal del 17 de abril de 2023, la parte demandada ya contaba con las piezas procesales necesarias para proceder con la contestaci\u00f3n\u00bb, por lo que pudo plantear incidente de nulidad por las supuestas falencias en su notificaci\u00f3n. Por \u00faltimo, dijo que el reclamante omiti\u00f3 atacar mediante recursos el auto que rechaz\u00f3 la contestaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el amparo \u00abpor insatisfacci\u00f3n del requisito se subsidiariedad\u00bb, toda vez que \u00absi lo que pretend\u00eda [el hoy accionante] era denunciar irregularidad en la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, ha debido promover nulidad en los t\u00e9rminos de Num. 8 del Art.133 y s.s. del C. G. del P. y no lo hizo, en su lugar prefiri\u00f3 contestar la demanda cuando ya el despacho hab\u00eda advertido el vencimiento del t\u00e9rmino y recurrir dicha determinaci\u00f3n\u00bb. Ahora, por cuanto el rechazo de la contestaci\u00f3n se produjo con providencia del 6 de septiembre de 2023, esta \u00abpudo haber sido cuestionada a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n y\/o apelaci\u00f3n de conformidad con el num. 20 del art. 22, art. 318 y s.s. y num. 1 del art. 321 ejusd, pero pretiri\u00f3 dichas oportunidad\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante se\u00f1alando que \u00absi bien existe el recurso de queja y reposici\u00f3n de la misma para proteger el derecho del accionante, tambi\u00e9n lo es que [como] la fecha la audiencia en dicho proceso est\u00e1 fijada para el 07 de noviembre de la presente anualidad, los tiempos de respuesta de las entidades judiciales en procesos ordinarios no se acogen a los t\u00e9rminos del c\u00f3digo en raz\u00f3n a las cargas laborales, lo cual es un hecho notario\u00bb, por tanto, \u00abser\u00eda llevada a cabo la audiencia sin tener en cuenta el derecho de defensa del accionado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la salvaguarda satisface el requisito de subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado \u00danico de Familia de Dosquebradas, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el actor, al tener por no contestada la demanda dentro del proceso declarativo n\u00b0 2022-00426. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Sala ha dicho y reiterado que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, el auxilio no procede contra decisiones judiciales, ya que al juez del amparo no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar lo resuelto o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia ha indicado los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. La Corte Constitucional enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente queja constitucional y cotejados con las pertinentes piezas procesales, la Sala ratificar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del presente resguardo, por desatender el requisito de subsidiariedad en la modalidad de incuria, sin que se avizore justificaci\u00f3n que amerite flexibilizar dicho criterio, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, el expediente digital da cuenta que tras acreditarse las gestiones para notificar personalmente al all\u00ed demandado y ac\u00e1 accionante, actuaci\u00f3n que el \u00ab17 de abril de 2023\u00bb se surti\u00f3 en la modalidad virtual, el d\u00eda 28 del mismo mes y a\u00f1o se alleg\u00f3 al juzgado poder especial conferido a dos abogados para que lo representaran en el juicio; igualmente se advierte que con fechas 3 y 30 de mayo de 2023, el apoderado principal pidi\u00f3 al despacho se le remitiera el link para acceder a la correspondiente foliatura, habiendo constancia de que a ello se accedi\u00f3 en esta \u00faltima data. <\/p>\n
Seguidamente se observa que, con prove\u00eddo del 28 de junio de 2023, el juzgado reconoci\u00f3 personer\u00eda adjetiva a los apoderados del demandado, uno como principal y otro como suplente, y en esa misma oportunidad, tras advertir que no hubo contestaci\u00f3n de la demanda, pas\u00f3 a decretar la apertura a pruebas y convocatoria a la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
De lo anterior, prontamente se colige el comportamiento desidioso de la parte demandada en dicho pleito, porque pese a encontrarse enterado de la existencia del proceso y como consecuencia de ello haber otorgado mandato especial, el cual fue aportado al juzgado el 28 de abril de 2023, omiti\u00f3 plantear incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n de la demanda, aduciendo, como lo hizo m\u00e1s adelante, que no hab\u00eda recibido toda la documentaci\u00f3n requerida para ejercer su derecho de defensa. <\/p>\n
Ello, porque con fundamento en el inciso final del precepto 8\u00b0 de la Ley 2213 de 2022, concordante con los art\u00edculos 132 a 138 del estatuto adjetivo, el apoderado del demandado estaba facultado para proponer dicho tr\u00e1mite incidental, pero no lo hizo, conllevando tal comportamiento omisivo la convalidaci\u00f3n de la nulidad (art\u00edculos 135 y 136 ibidem). <\/p>\n
Sobre el particular, al abordar asuntos de similares contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, esta Sala ha recordado que el abogado que representa a la parte afectada debe actuar con prontitud y eficiencia, en tanto que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para empezar a ejercer su gesti\u00f3n profesional dentro del pleito, el apoderado no requiere de reconocimiento expreso de su personer\u00eda, seg\u00fan la normativa que rige el derecho de postulaci\u00f3n (art\u00edculos 73 a 77 del C\u00f3digo General del Proceso), por el contrario, la jurisprudencia ha definido que la falta de esa declaraci\u00f3n judicial, lejos est\u00e1 de constituir una excusa v\u00e1lida para que el abogado omita actuar en los t\u00e9rminos y para los efectos del poder especial a \u00e9l conferido. <\/p>\n
Ciertamente, se ha sostenido que al menos para las etapas inaugurales del litigio (instauraci\u00f3n de la demanda y su contestaci\u00f3n), y con ello las actividades conexas como las solicitudes de medidas cautelares o la interposici\u00f3n de recursos, nulidades o cualquier otra gesti\u00f3n que deba impetrarse mediante la primera intervenci\u00f3n, no se requiere reconocimiento previo del mandatario judicial, m\u00e1xime cuando por la perentoriedad en la realizaci\u00f3n de dichos actos iniciales, su inobservancia puede acarrear perjuicio a los intereses de quien le encomend\u00f3 dicho encargo. <\/p>\n
En otras palabras, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y por tanto el derecho a demandar y\/o a ejercer la defensa en los casos en los que se exija acreditar derecho de postulaci\u00f3n, no se condiciona a una autorizaci\u00f3n judicial previa al apoderado del interesado, sino que aquel puede fungir como tal en la oportunidad que corresponde y su reconocimiento t\u00e1cito o expreso, se produce al responder su pedimento. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) dado que el recurrente estima insaneable la \u201cnulidad\u201d esgrimida, debido a que no obstante haber presentado el escrito de apoderamiento, el juzgado no le reconoci\u00f3 personer\u00eda al \u201cmandatario judicial\u201d, lo cual seg\u00fan \u00e9l, impidi\u00f3 el ejercicio de su derecho de defensa, la Sala no advierte posible el derrumbamiento de lo actuado con base en la circunstancia planteada, si se tiene en cuenta la ausencia de imperativo legal que condicione la actuaci\u00f3n del apoderado hasta despu\u00e9s de emitir la providencia que le reconozca personer\u00eda. Si ello fuera as\u00ed, se llegar\u00eda a la conclusi\u00f3n, inadmisible desde luego, que antes de tal decisi\u00f3n, el \u201crepresentante judicial\u201d no podr\u00eda adelantar actuaciones iniciales, verbi gratia, la presentaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n por la opositora, etc., las que en principio se cumplen sin haberse emitido dicho pronunciamiento. <\/p>\n
Adem\u00e1s cabe acotar, que la se\u00f1alada decisi\u00f3n tiene un car\u00e1cter declarativo, mas no de habilitaci\u00f3n para que el \u201capoderado judicial\u201d pueda promover las actuaciones que estime pertinentes, puesto que para su adopci\u00f3n \u00fanicamente compete al juzgador realizar un control de legalidad dirigido a verificar que el \u201cpoder\u201d se haya otorgado cumpliendo las \u201cformalidades legales\u201d y que el \u201cmandatario\u201d tenga la condici\u00f3n de \u201cabogado inscrito\u201d, o que para el caso se halle investido del \u201cderecho de postulaci\u00f3n\u201d, criterio \u00e9ste que ha sido avalado por la doctrina jurisprudencial\u00bb (CSJ SC, 17 jul. 2012, rad. 2003-00574-01, reiterada en STC6174-2015, 21 may., rad. 00702-01)\u00bb (CSJ STC080-2023, 18 ene. 2023, rad. 2022-00379-01, citada en STC5182-2023, 31 may., rad. 02001-00 y STC11598-2023, 18 oct., rad. 00265-01, entre otras). Se subraya. <\/p>\n
3.2. En segundo lugar, la desidia del ahora querellante volvi\u00f3 a hacerse evidente por no haber refutado la providencia adiada el pasado 6 de septiembre, mediante la cual, en su numeral 3\u00b0 el juzgado resolvi\u00f3 \u00abRECHAZAR por extempor\u00e1nea la contestaci\u00f3n de la demanda allegada el veintinueve (29) de junio de 2023\u00bb. <\/p>\n
Esto, por cuanto la anterior determinaci\u00f3n no s\u00f3lo era susceptible del recurso reposici\u00f3n sino tambi\u00e9n del de apelaci\u00f3n conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 321 del estatuto adjetivo; entonces, al contar el interesado con representaci\u00f3n judicial, el desaprovechamiento de los instrumentos ordinarios de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance, cuya aptitud e idoneidad no est\u00e1 en entredicho, no puede alcanzar la protecci\u00f3n deprecada a trav\u00e9s de esta excepcional senda jur\u00eddica. <\/p>\n
3.3. Por lo que acaba de verse, la salvaguarda deber\u00e1 declararse improcedente, pues la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado que cuando una persona invoca la tutela sin haberse dirigido a la autoridad competente para poner de presente su reclamo o lo hace de manera defectuosa o incompleta, la inviabilidad del auxilio -por el desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato-, es criterio jur\u00eddico insuperable que corresponde confirmar, en la medida en que no se advierte motivo alguno que justifique su incuria, quedando, por tanto, sujeta a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le result\u00f3 adversa. <\/p>\n
Al respecto, de vieja data la Corte Constitucional precis\u00f3 que la tutela: \u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
A tono con ello, seguidamente se\u00f1al\u00f3: \u00ab[q]uien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los prove\u00eddos sobre los cuales el interesado no ejerci\u00f3 recurso constituya transgresi\u00f3n u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasi\u00f3n propicia. Es in\u00fatil, por tanto, apelar a la tutela, cual, si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el prop\u00f3sito de resarcir los da\u00f1os causados por su propio descuido procesal\u00bb (CC T-520\/92). <\/p>\n
En cuanto al escenario adecuado para controvertir asuntos propios del litigio criticado, esta Corte ha dicho que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). [Esto, por cuanto] la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC7666-2023, 3 ago., rad. 00184-01, entre otras). <\/p>\n
De otro lado, en el caso sub j\u00fadice tampoco procede la protecci\u00f3n transitoria, porque aunado a la ausencia de reparo sobre la idoneidad de los medios ordinarios de defensa que el quejoso dilapid\u00f3, no prob\u00f3 la existencia de un da\u00f1o con las caracter\u00edsticas que exige la jurisprudencia constitucional para su prosperidad bajo tal modalidad: <\/p>\n
\u00abun perjuicio tendr\u00e1 car\u00e1cter irremediable cuando (\u2026) en el contexto de la situaci\u00f3n concreta, pueda demostrarse que: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que \u201csu existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluaci\u00f3n razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas\u201d de suerte que, de no frenarse la causa, el da\u00f1o se generar\u00e1 prontamente. (ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta significaci\u00f3n para el afectado. (iii) Se requiere de la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la inminencia del da\u00f1o ya que, de no tomarse, la generaci\u00f3n del da\u00f1o es inevitable\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Se realiza para reiterar que, en situaciones como la revisada, no emerge razonable justificar el comportamiento pasivo del accionante, pues al no acreditarse irregularidad alguna en la notificaci\u00f3n de las actuaciones censuradas, y al contar el interesado con mandatario judicial, las supuestas falencias en que este pudo incurrir en el ejercicio de sus deberes y funciones legal y convencionalmente establecidos, no pueden enrostrarse al estrado acusado. <\/p>\n
El anterior aserto ha venido siendo sostenido de vieja data por el precedente jurisprudencial, al se\u00f1alar que: \u00abno es excusa aceptable la ignorancia de la ley de los ciudadanos o la falta de idoneidad de sus apoderados judiciales, \u201cporque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal\u201d, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad o preclusi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 14 feb. 1997, exp. 3836, citada en STC6197-2023, 28 jun., rad. 00266-01, entre otras muchas). Se subraya. <\/p>\n
En ese sentido tambi\u00e9n dijo que al otorgarse poder a un abogado para que atienda un juicio, \u00abno se puede \u201cdejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u201d [STC, 29 ene. 2007, exp. 00282-01], ni tampoco puede perderse de vista que \u201cexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u201d\u00bb (CSJ STC, 10 may. 2011, rad. 00365-01), y que \u00abla eventual negligencia del profesional no sirve como descargo, ni habilita el escrutinio desde una perspectiva meramente subsidiaria como la que ata\u00f1e a este mecanismo, lo que no obsta para que, si a bien lo tiene, el gestor acuda ante las autoridades competentes, aunque desde luego asumiendo la responsabilidad de sus inculpaciones\u00bb (CSJ STC214-2016, 21 ene., rad. 2015-02887-01, citada en STC12206-2022, 14 sep., rad. 00409-01, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00ab[h]a sido criterio reiterado de esta Corporaci\u00f3n, la improcedencia de la acci\u00f3n excepcional en el evento en que el gestor de la salvaguarda se duela de no haber estado debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas, que tal situaci\u00f3n, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, pues dicha justificaci\u00f3n no tiene la fuerza jur\u00eddica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es un tema que resulta ajeno a la \u00f3rbita del juez constitucional\u00bb (CSJ STC12840-2017, 23 ago., rad. 00282-01, citada entre otras en STC912-2023, 8 feb., rad. 2022-00161-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo por no superar el requisito de la subsidiariedad, pues para intentar remediar la afectaci\u00f3n por la que ahora se duele el accionante, pudo haber hecho uso oportuno y adecuado de los medios de defensa legalmente previstos y no lo hizo. Adicionalmente, tampoco concurrencia las exigencias para otorgar la tutela como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, con las precisiones realizadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12494-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12494-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2023-00396-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77488","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77488","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77488"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77488\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77488"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77488"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77488"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}