STC12495-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12495-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01018-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 19 de septiembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Walter Boh\u00f3rquez S\u00e1nchez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2002-00144. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, obrando en su propio nombre, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que, el accionante descuenta una pena de 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n, impuesta por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ibagu\u00e9 (20 de noviembre de 2006) por el delito de \u00abhomicidio agravado\u00bb, cuya vigilancia est\u00e1 actualmente a cargo del Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
El actor expuso que, pidi\u00f3 al juzgado de ejecuci\u00f3n la concesi\u00f3n de permiso administrativo de 72 horas por fuera del penal y, adem\u00e1s, la libertad condicional; empero, indic\u00f3 que, con auto del 5 de septiembre de 2022, le neg\u00f3 el mencionado beneficio y, sobre la libertad condicional le indic\u00f3 que, \u00abmediante decisi\u00f3n del 26 de julio de 2021, hab\u00eda dejado claro que no se hac\u00eda acreedor a este subrogado [pues] no hab\u00eda sobrevenido ninguna circunstancia que hiciera variar lo all\u00ed considerado\u00bb, decisi\u00f3n que mantuvo al resolver el recurso de reposici\u00f3n (4 de octubre de 2022). <\/p>\n
Cont\u00f3 que, el 11 de noviembre de ese a\u00f1o, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la providencia del a quo en cuanto a la negativa del beneficio administrativo de las 72 horas y \u00abse inhibi\u00f3 de resolver sobre la libertad condicional, para lo cual, conmin\u00f3 al Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas \u201cpara que resolviera de fondo sobre el particular\u201d, porque de lo contrario, podr\u00eda incurrir en la vulneraci\u00f3n del derecho a la administraci\u00f3n de justicia, como lo ha sostenido la jurisprudencia, pero no lo hizo, lo cierto es que, hasta la fecha, ninguna autoridad judicial me ha resuelto la solicitud invocada\u00bb. <\/p>\n
La presente salvaguarda la dirigi\u00f3 el actor contra las rese\u00f1adas determinaciones. Aleg\u00f3 que, el permiso administrativo le fue denegado \u00fanicamente porque, \u00abno acredit\u00e9 unas horas de estudio y trabajo, sin embargo, en el recurso argument\u00e9 lo sucedido y de las otras horas que faltaban, La Picota contest\u00f3 que en marzo y abril de 2020 no registr\u00e9 asignaci\u00f3n de actividad, pero que obedeci\u00f3 a la afectaci\u00f3n de la pandemia [\u2026] y los protocolos sanitarios para combatir esta situaci\u00f3n, por eso se logr\u00f3 asignarme actividad a partir del 15\/05\/2020, eso demuestra que s\u00ed he tenido la voluntad de realizar actividades para la readaptaci\u00f3n social\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, ha elevado varias solicitudes requiriendo una entrevista personal o virtual con el juez de ejecuci\u00f3n de penas, \u00abpara ponerle de presente la evoluci\u00f3n en mi proceso de resocializaci\u00f3n desde el d\u00eda que estoy privado de la libertad [\u2026] tanto as\u00ed que, me encuentro en fase de confianza, realizando labores en el \u00e1rea productiva\u00bb, pero tampoco ha sido posible. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se colige que, pretende, se dejen sin efecto las providencias cuestionadas y, \u00abse resuelva la solicitud de libertad condicional, de acuerdo a los \u00faltimos planteamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia, en el que se debe tener en cuenta el proceso de resocializaci\u00f3n del condenado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n recriminada, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 destac\u00f3 que, efectivamente, con auto de 11 de noviembre de 2022 confirm\u00f3 la providencia del 5 de septiembre de ese a\u00f1o, del Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas, que neg\u00f3 el permiso administrativo y \u00abse inhibi\u00f3 de resolver los puntos de inconformidad referentes a la libertad condicional por lo que se orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del expediente al juzgado de origen para que se pronunciara al respecto, con sujeci\u00f3n a la jurisprudencia vigente sobre la materia\u00bb. <\/p>\n
2. La Fiscal 1\u00aa Especializada de Ibagu\u00e9, inform\u00f3 que, la Fiscal\u00eda 22 Seccional de esa ciudad adelant\u00f3 la instrucci\u00f3n sobre un homicidio ocurrido el 30 de noviembre de 2001 por el que se acus\u00f3 a Boh\u00f3rquez S\u00e1nchez. En cuanto a la queja constitucional actual que presenta el actor, manifest\u00f3 que la desconoce. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al considerar los pronunciamientos reprochados razonables. Por otro lado, en cuanto a la supuesta falta de pronunciamiento sobre la solicitud de libertad condicional que se cuestiona del juzgado de ejecuci\u00f3n de penas accionado, no advirti\u00f3 vulneraci\u00f3n, comoquiera que, al no presentarse elementos nuevos para resolver sobre el particular, el sentenciado deb\u00eda estarse a lo resuelto en el auto de 26 de julio de 2021, por lo que, \u00ab(\u2026) a la autoridad demandada no le quedaba opci\u00f3n diferente que abstenerse de abordar nuevamente la tem\u00e1tica planteada, en aplicaci\u00f3n de los principios de econom\u00eda procesal y eficiencia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante, quien manifest\u00f3 su inconformidad con el fallo de primer grado porque no hubo pronunciamiento \u00ab(\u2026) frente al ordenamiento del tribunal hac\u00eda el Juzgado Sexto para que resolviera de fondo la nueva solicitud de libertad condicional, con nuevos logros, el juez inhibi\u00f3 de resolver. No hay pronunciamiento de las peticiones reiteradas sobre la entrevista personal o virtual\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde establecer si las autoridades accionadas vulneraron las prerrogativas invocadas por el promotor del amparo (quien cumple una pena de prisi\u00f3n de 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de \u00abhomicidio agravado\u00bb), al negarle el permiso administrativo de 72 horas por fuera del centro de reclusi\u00f3n y no resolver sobre la solicitud de libertad condicional. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los autos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 11 de noviembre de 2022 por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala penal, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Sobre la determinaci\u00f3n que habr\u00e1 de abordar la Sala se ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la determinaci\u00f3n de la magistratura censurada, no se advierte procedente el amparo, puesto que la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
4.1. En efecto, para refrendar el auto de primer grado que neg\u00f3 el beneficio pretendido, el ad quem explic\u00f3 que, tal como lo dilucid\u00f3 el juez ejecutor, el sentenciado no cumpl\u00eda con lo previsto en el numeral 4\u00ba, art\u00edculo 1\u00ba del decreto 232 de 1998, al no acreditar actividad de trabajo o estudio en los periodos comprendidos entre \u00ababril de 2009, entre abril de 2018 y julio de 2019, marzo y abril de 2020 y del 4 de abril de 2021 y la fecha de emisi\u00f3n del auto, es decir, al 5 de septiembre del a\u00f1o en curso\u00bb. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3 que, como Boh\u00f3rquez S\u00e1nchez fue condenado a una pena superior a los 10 a\u00f1os, no solo era menester revisar que se encontraran satisfechos los requisitos contemplados en el canon 147 de la ley 65 de 1993, sino tambi\u00e9n los enlistados en el precitado decreto 232. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con esta \u00faltima disposici\u00f3n normativa, aclar\u00f3 que la misma es precisa en el sentido de establecer que las actividades sociales desarrolladas por el penado, deb\u00edan presentarse \u00abde forma permanente e ininterrumpida durante el t\u00e9rmino completo de privaci\u00f3n de la libertad, sin que en la norma se diferencie si la internaci\u00f3n lo fue en centro penitenciario o en el domicilio\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, luego de valorar los elementos probatorios aportados por el solicitante orientados a demostrar tal exigencia, el tribunal se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se acredit\u00f3 la realizaci\u00f3n de actividades de trabajo, estudio o ense\u00f1anza por parte del condenado en el periodo comprendido entre julio de 2018 a abril de 2020, cuando disfrut\u00f3 del beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
No puede olvidarse, como se indic\u00f3 en precedencia, que el requisito contenido en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 232 de 1998, establece que para acceder al beneficio, entre otros presupuestos, el sentenciado debi\u00f3 desarrollar actividades laborales, acad\u00e9micas o de ense\u00f1anza durante todo el tiempo de reclusi\u00f3n, lo que implica que estaba obligado a obrar en ese sentido tambi\u00e9n en el periodo que estuvo en domiciliaria, medida que claramente comporta una privaci\u00f3n de la libertad y por ende, un sometimiento a la sujeci\u00f3n del Estado; sin embargo, este postulado, como lo concluy\u00f3 el funcionario judicial de ejecuci\u00f3n de penas, no se cumpli\u00f3 en el presente asunto\u00bb. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, la colegiatura accionada fue enf\u00e1tica en destacar que, la negativa tambi\u00e9n ven\u00eda precedida de la valoraci\u00f3n ineludible del comportamiento del procesado durante el tiempo de reclusi\u00f3n; y, como a Boh\u00f3rquez S\u00e1nchez le fue revocada la prisi\u00f3n domiciliaria por incumplir con la obligaci\u00f3n de permanecer en su residencia, ello implicaba <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que el sentenciado no ha[b\u00eda] observado buena conducta durante la ejecuci\u00f3n de la pena, en tanto actu\u00f3 en rebeld\u00eda con los compromisos que adquiri\u00f3 al momento de ser beneficiado con el aludido beneficio. <\/p>\n
En ese orden, valga precisar que la buena conducta no es un imperativo intermitente o circunstancial, sino permanente, lo que implica que una falta puede bastar para pregonar el incumplimiento de ese deber, dependiendo de su relevancia. <\/p>\n
De ese modo, como observar buena conducta en la ejecuci\u00f3n de la pena es otra de las exigencias legales para la procedencia del permiso de hasta 72 horas en concordancia con el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, desacatar las obligaciones impuestas para disfrutar de la prisi\u00f3n domiciliaria desdice simult\u00e1neamente de la satisfacci\u00f3n de aquel requisito\u00bb. <\/p>\n
De modo que, explicit\u00f3 la magistratura, el incumplimiento de uno solo de los requisitos normativos supon\u00eda inevitablemente la negativa del permiso. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a la libertad condicional, conmin\u00f3 al juzgado de penas a que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resuelva de fondo sobre el particular, porque de lo contrario podr\u00eda incurrir en la vulneraci\u00f3n del derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia. En consecuencia, al no haber pronunciamiento de fondo en la providencia recurrida, el ad quem se inhibir\u00e1 de resolver sobre la petici\u00f3n que hace el condenado concerniente a que se le d\u00e9 respuesta al respecto, en procura del derecho a la doble instancia. Sin embargo, se recuerda al funcionario judicial, que es su deber resolver de fondo todas las peticiones de las partes\u00bb. <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, para la Sala lo adoptado por el tribunal acusado estuvo acorde con el contexto procesal analizado y la normativa espec\u00edfica que rige la materia, esto es, el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993 y con lo dispuesto en el decreto 232 de 19981 que exige la acreditaci\u00f3n del desarrollo de actividades de socializaci\u00f3n, acad\u00e9micas o laborales durante el tiempo de privaci\u00f3n de la libertad, aspecto que el penado, de acuerdo con lo valorado por los accionados, no demostr\u00f3 suficientemente; luego, la aplicaci\u00f3n de dicha regulaci\u00f3n se aprecia razonable, y en todo caso, lejos de constituir el desafuero jur\u00eddico que se denuncia. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no se halla incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, porque la negativa reprochada estuvo sustentada en una valoraci\u00f3n probatoria respetable y una hermen\u00e9utica coherente, labor en la que no es viable interferir y, adem\u00e1s, porque la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento no es suficiente para habilitar el amparo, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que m\u00e1s all\u00e1, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
5. Llamado de atenci\u00f3n frente a la mora para resolver sobre la libertad condicional. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sin perjuicio de lo anterior, la Sala hace un llamado al Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas de Bogot\u00e1 para que, en acatamiento de lo resuelto por el tribunal accionado en el auto de 11 de noviembre de 2022, emita el pronunciamiento al que fue conminado en aquella determinaci\u00f3n respecto de la libertad condicional deprecada, sin incurrir en mayores dilaciones, atendiendo lo dispuesto en el art\u00edculo 153, numeral 20, de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia) y dem\u00e1s normas procesales concordantes (v. gr., el canon 142 de la Ley 600 de 2000, numerales 1 y 2 (codificaci\u00f3n procedimental que rige la actuaci\u00f3n en cuesti\u00f3n). <\/p>\n
Es decir, teniendo en cuenta que, como lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, es imperativo \u00abasegurar el cabal cumplimiento de los plazos razonables de duraci\u00f3n de las actuaciones jurisdiccionales, como garant\u00eda esencial de los justiciables en el marco de un Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho. De manera que est\u00e1 proscrita cualquier dilaci\u00f3n o pasividad infundada en los litigios porque incide directa o indirectamente en las prerrogativas primordiales de las partes y terceros que acuden a la administraci\u00f3n de justicia en procura de obtener una resoluci\u00f3n eficaz y c\u00e9lere\u00bb (CSJ STC1754-2021, 25 feb.). <\/p>\n
6. De la petici\u00f3n de entrevista virtual o personal con el juez de ejecuci\u00f3n de penas accionado. <\/p>\n
En la impugnaci\u00f3n, reiter\u00f3 el tutelante su inconformidad por la supuesta falta de respuesta a las \u00abm\u00faltiples (sic)\u00bb peticiones que ha elevado al despacho accionado para que le concedan una audiencia\/entrevista virtual o personal a fin de poner de presente su situaci\u00f3n al interior del penal. <\/p>\n
No obstante, examinado el expediente 2002-00144 y el historial web del proceso, pudo la Sala advertir que dichas solicitudes fueron oportunamente absueltas por el juzgado ejecutor; por ejemplo, en prove\u00eddo del 7 de diciembre de 2021, se le explic\u00f3 que no se contaban con medios tecnol\u00f3gicos adecuados para la comunicaci\u00f3n virtual, y que, para ese momento, las visitas carcelarias hab\u00edan sido suspendidas por raz\u00f3n de la emergencia sanitaria del covid-19, indic\u00e1ndole que, en todo caso, cualquier tipo de \u00abpeticiones y aclaraciones que desee comunicar [\u2026] podr\u00e1 hacerlas de manera escrita ya sea radicadas en el Centro de Servicios Administrativos de esta especialidad o enviadas al correo electr\u00f3nico (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, frente a la reiteraci\u00f3n del pedimento, el despacho, mediante auto del 24 de marzo de esta anualidad, le contest\u00f3 informando que su requerimiento ser\u00eda tenido \u00aben cuenta en la pr\u00f3xima visita carcelaria\u00bb; al respecto, cabe se\u00f1alar que, por disposici\u00f3n normativa (numeral 6\u00ba, art\u00edculo 38 de la ley 906 de 2004, en armon\u00eda con el 51 numeral 1\u00ba y par\u00e1grafo 1, de la ley 65 de 1993 \u2013 c\u00f3digo penitenciario y carcelario) a los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas les corresponde realizar visitas peri\u00f3dicas programadas a los establecimientos penitenciarios de su jurisdicci\u00f3n, con el fin de verificar las condiciones de reclusi\u00f3n y atender las directamente las solicitudes de los internos. <\/p>\n
Es decir, n\u00f3tese, contrario a lo reclamado por el gestor, la Sala constat\u00f3 que el juzgado accionado s\u00ed se ocup\u00f3 de las peticiones aludidas, por lo que, ninguna vulneraci\u00f3n en ese sentido es posible atribuirle. <\/p>\n
7. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
7.1. La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, por cuanto la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve una manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas, por el contrario, se ajust\u00f3 de manera concreta a la normativa espec\u00edfica aplicable. <\/p>\n
7.1. No se present\u00f3 la transgresi\u00f3n de la prerrogativa contenida en el art\u00edculo 23 Superior, puesto que, se pudo constatar del expediente y de los registros del historial web del proceso, que el juzgado tutelado contest\u00f3 oportunamente las peticiones del actor en las que solicit\u00f3 entrevista personal o virtual con el titular a fin de poner de presente su situaci\u00f3n en la penitenciar\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 DECRETO 232 DE 1998. Por el cual se dictan disposiciones en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993. ART\u00cdCULO 1. Con el fin de garantizar el cumplimiento del art\u00edculo 147 de Ley 65 de 1993, los directores de los establecimientos carcelarios y penitenciarios podr\u00e1n conceder permisos hasta de setenta y dos (72) horas a los condenados en \u00fanica, primera y segunda instancia, o cuyo recurso de casaci\u00f3n se encuentre pendiente. (\u2026) <\/p>\n
Cuando se trate de condenas superiores a diez (10) a\u00f1os, deber\u00e1n tener en cuenta, adem\u00e1s de los requisitos a que se refiere el inciso anterior, los siguientes par\u00e1metros: <\/p>\n
1. Que el solicitante no se encuentre vinculado formalmente en calidad de sindicado en otro proceso penal o contravencional. <\/p>\n
2. Que no existan informes de inteligencia de los organismos de seguridad del Estado que vinculen al solicitante del permiso, con organizaciones delincuenciales. <\/p>\n
3. Que el solicitante no haya incurrido en una de las faltas disciplinarias se\u00f1aladas en el art\u00edculo 121 de la Ley 65 de 1993 <\/p>\n
4. Que haya trabajado, estudiado o ense\u00f1ado durante todo el tiempo de reclusi\u00f3n. <\/p>\n
5. Haber verificado la ubicaci\u00f3n exacta donde el solicitante permanecer\u00e1 durante el tiempo del permiso. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12495-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC12495-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01018-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 19 de septiembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77489","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77489","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77489"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77489\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77489"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77489"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77489"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}