STC12498-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12498-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01918-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 28 de septiembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por V\u00edctor Vicente Valle Fierro, contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esa ciudad y las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2010-00593. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El convocante, actuando a trav\u00e9s de apoderada, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
V\u00edctor Vicente Valle Fierro promovi\u00f3 ordinario laboral contra la Electrificadora del Caribe S.A. ESP -Electricaribe S.A. E.S.P. en liquidaci\u00f3n-, en procura de que se le reajustara la mesada pensional en un \u00ab15% (\u2026) [para] los a\u00f1os 2005 a 2010\u00bb, toda vez que, \u00absu pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n fue [incrementada] \u00fanicamente con el \u00edndice de precios al consumidor (IPC), sin tener en cuenta lo [prescrito en] la Ley 4\u00aa de 1976\u00bb1; cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, quien declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abcosa juzgada\u00bb y, en ese sentido, absolvi\u00f3 a la all\u00ed querellada. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la alzada propuesta, la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad confirm\u00f3 lo resuelto en primer grado, pues coligi\u00f3 que \u00abel Acuerdo Conciliatorio del 18 de julio de 2006, en el cual las partes acordaron una nueva f\u00f3rmula para realizar el reajuste de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n (\u2026) no afectaba derechos m\u00ednimos del trabajador porque se consagr\u00f3 un reajuste por encima de lo estipulado en la ley y porque la modificaci\u00f3n de lo acordado convencionalmente sobre la forma de realizarlo, no ri\u00f1e con la noci\u00f3n de derechos ciertos e indiscutibles\u00bb. <\/p>\n
El gestor recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4 infirm\u00f3 el fallo del ad quem (SL5061-2019, 19 nov.), en tanto advirti\u00f3 que la \u00abconciliaci\u00f3n (\u2026) desconoci\u00f3 derechos ciertos e indiscutibles, no susceptibles de renuncia a la luz de lo dispuesto en los art\u00edculos 14 y 15 del CST, pues el reajuste anual qued\u00f3 por debajo del se\u00f1alado en el canon 14 de la Ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
Luego, teniendo en cuenta los soportes allegados por la demandada2, profiri\u00f3 sentencia de instancia (SL4133-2022, 23 ago.) y dispuso: (i) declarar \u00abprobada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n (\u2026) respecto de las diferencias pensionales causadas antes del 12 de octubre de 2007\u00bb; y, (ii) condenar a Electricaribe S.A. E.S.P., al pago de \u00abla suma de $11.968.760 por concepto de retroactivo de diferencias pensionales\u00bb. Igualmente, estableci\u00f3 que \u00abla mesada pensional (\u2026) para el a\u00f1o 2022 asciende a la suma de $3.762.289\u00bb. <\/p>\n
Inconforme con la liquidaci\u00f3n realizada, el censor solicit\u00f3 la \u00abcorrecci\u00f3n aritm\u00e9tica\u00bb, sin embargo, tal pedimento fue despachado desfavorablemente por la Corporaci\u00f3n fustigada (AL1036-2023, 21 mar.). <\/p>\n
En esa l\u00ednea, agreg\u00f3 que \u00ablo liquidado es la incorporaci\u00f3n de los (\u2026) (2) puntos del I.P.C. dejados de aplicar entre los a\u00f1os 2006 al 2010 sobre la pensi\u00f3n del demandante, y no el c\u00e1lculo del reajuste pensional de la Ley 4\u00aa de 1976 pactado en la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo de 1983 y Compilaci\u00f3n de Convenciones Vigentes del a\u00f1o 1998-1999 en su art\u00edculo 106 par\u00e1grafo 3, que corresponde a un reajuste pensional de 15% anual siempre y cuando la pensi\u00f3n no est\u00e9 por encima de (\u2026) (5) S.M.L.M.V. c\u00f3mo se solicit\u00f3 en la demanda\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se dejen sin efectos las decisiones SL4133-2022, 23 ago., y AL1036-2023, 21 mar. En consecuencia, que se dicte \u00abuna nueva sentencia que guarde congruencia con las pretensiones de la demanda inicial (\u2026) resolviendo el reconocimiento y aplicaci\u00f3n del reajuste pensional de la Ley 4\u00aa de 1976 pactado en la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo de 1983 y Compilaci\u00f3n de Convenciones Vigentes del a\u00f1o 1998-1999\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la determinaci\u00f3n confutada se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la misma y manifest\u00f3 que \u00abfue con base en [aquellas], en consonancia con lo pretendido por el actor en el alcance de la impugnaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, que se pronunci\u00f3 la Sala, no existiendo la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales que se alega\u00bb. <\/p>\n
2. EL Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del present\u00e9 tr\u00e1mite, teniendo en cuenta que \u00abcontra [ese estrado], no se invoca ning\u00fan petitum y por ende, ninguna vulneraci\u00f3n de derecho fundamental de la parte accionante, bien por acci\u00f3n o por omisi\u00f3n\u00bb. En igual sentido, se pronunciaron Electricaribe S.A. E.S.P. en liquidaci\u00f3n, el Foneca y la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abse resolvi\u00f3 el asunto de manera razonada, esto es, conforme al estudio pormenorizado del caso\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n anot\u00f3 que \u00absi a juicio del actor la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n N. 4 de la Corte Suprema de Justicia, no emiti\u00f3 pronunciamiento sobre la aplicabilidad de la Ley 4\u00b0 de 1976, como lo hab\u00eda formulado en la demanda ordinaria laboral, debi\u00f3 solicitar la adici\u00f3n del fallo\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la apoderada del recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00abla misma Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n N\u00b0 4 de la Corte Suprema de Justicia en el primer pronunciamiento que realiz\u00f3 en la providencia del 19 de noviembre de 2019 determin\u00f3 que si proced\u00eda el reajuste pensional convencional, pero al momento de dictar la sentencia de instancia aplic\u00f3 al demandante otro reajuste pensional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido por el gestor (AL1036-2023, 21 mar.), por cuanto no accedi\u00f3 a la correcci\u00f3n aritm\u00e9tica del fallo SL4133-2022, 23 ago., supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante las cuales la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada no accedi\u00f3 a la solicitud de correcci\u00f3n aritm\u00e9tica en tanto advirti\u00f3 que \u00abno existen errores en la liquidaci\u00f3n\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, el estrado encartado resolvi\u00f3 casar el fallo del ad quem (SL5061-2019, 19 nov.), pues coligi\u00f3 que \u00abel Tribunal se equivoc\u00f3 al avalar la decisi\u00f3n primigenia de declarar la excepci\u00f3n de cosa juzgada frente a los reajustes pensionales acordados mediante acta de conciliaci\u00f3n (\u2026) en cuanto aquella desconoci\u00f3 derechos ciertos e indiscutibles\u00bb. Luego, en sede de instancia (SL4133-2022, 23 ago.), razon\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abV\u00edctor Vicente Valle Fierro tiene derecho a que la pensi\u00f3n reconocida por la accionada se reajuste para los a\u00f1os 2006 a 2010 de acuerdo con la norma en comento [art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993], esto es, en dos puntos adicionales a los que se increment\u00f3 (\u2026) As\u00ed las cosas, el retroactivo correspondiente al mayor valor que debe reconocer Electricaribe S.A. ESP a V\u00edctor Vicente Valle Fierro, entre el 12 de octubre de 2007 y el 31 de octubre de 2022, asciende a $11.968.760\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, la Colegiatura fustigada procedi\u00f3 a estudiar la petici\u00f3n de correcci\u00f3n aritm\u00e9tica formulada por el censor (AL1036-2023, 21 mar.), argumentando que: <\/p>\n
\u00abLa liquidaci\u00f3n elaborada (\u2026) tiene valores errados, ya que (\u2026) se relacionan los valores de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n pagada al demandante (\u2026) desde el a\u00f1o 2006 al a\u00f1o 2022, los cuales no concuerdan con los valores de la pensi\u00f3n detallados en el certificado de n\u00f3mina aportado por la demandada Electricaribe S.A. E.S.P. (\u2026) (\u2026) esto altera el valor final calculado. <\/p>\n
(\u2026) La liquidaci\u00f3n (\u2026) carece de motivaci\u00f3n al no se\u00f1alar cual es el porcentaje aplicado en cada uno de los a\u00f1os al demandante, (\u2026) pues solo se\u00f1ala las diferencias calculadas, siendo de suma importancia poder conocer si en todos los a\u00f1os reconocidos se est\u00e1 [sic] aplicando el porcentaje de reajuste del 15% como lo ordena la Ley 4\u00aa de 1976 o si haya a\u00f1os en los que se le aplico el reajuste pensional legal del I.P.C. <\/p>\n
(\u2026) El efecto causado por la aplicaci\u00f3n del reajuste pensional convencional a partir del 12 de octubre de 2007, es que para el a\u00f1o 2008, la liquidaci\u00f3n de la mesada que se debi\u00f3 pagar, sebe [sic] hacerse en base a la mesada del a\u00f1o 2007 ya debidamente reajustada como lo ordena la sentencia, y no tomar el valor que fue pagado, ya que el efecto de la sentencia en reajustar las mesadas pensionales del actor desde el 12 de octubre de 2007, calculando la diferencia entre lo que se le pag\u00f3 y lo que se le debi\u00f3 pagar si se hubiese reajustado la mesada en debida forma\u00bb. <\/p>\n
En primer lugar, la autoridad denunciada destac\u00f3 que, los errores puramente aritm\u00e9ticos \u00abtienen un alcance restrictivo y limitado, es decir, debe ser de \u00edndole aritm\u00e9tica o imprecisiones causadas por omisi\u00f3n, cambio de palabras o alteraci\u00f3n de las mismas, de tal modo que no es dable invocar la correcci\u00f3n, para alterar el sentido y alcance de la decisi\u00f3n mediante una nueva evaluaci\u00f3n probatoria, ora con la aplicaci\u00f3n de nuevos fundamentos jur\u00eddicos o con la inobservancia de aquellos que sirvieron de sustento a la providencia\u00bb. Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, precis\u00f3 que \u00abning\u00fan juez est\u00e1 autorizado para revocar o reformar la sentencia pronunciada (art\u00edculo 285 CGP), eso s\u00ed, puede adicionarla, aclararla o corregirla, naturalmente, si hay m\u00e9rito para ello\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, analiz\u00f3 \u00ablos errores se\u00f1alados por el accionante\u00bb y arguy\u00f3 que \u00abpor m\u00e1s inmodificable, se debe tomar como mesada inicial a indexar en dos puntos adicionales a partir del 2006, la inmediatamente anterior, es decir la de 2005, equivalente a $2.040.906, manteniendo ese incremento anual hasta diciembre del a\u00f1o 2010; a partir de enero de 2011, impera el aumento legal, determin\u00e1ndose las diferencias hasta el 28 de febrero de 2014 en el valor de la mesada pagada en su totalidad\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, anot\u00f3 que \u00abdel 1\u00b0 de marzo del a\u00f1o 2014 en adelante, las diferencias se toman sobre el mayor valor a cargo del demandado, pues desde tal data se comparti\u00f3 la mesada, determin\u00e1ndose hasta 31 de octubre del a\u00f1o 2022, como se dijo en la pare resolutiva del fallo, luego, estas operan desde el 12 de octubre de 2007 en adelante dado la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, efectu\u00f3 los c\u00e1lculos respectivos, de conformidad con la siguiente informaci\u00f3n: <\/p>\n
As\u00ed, estableci\u00f3 que \u00ablas diferencias a pagar por el demandado a partir del 12 de octubre de 2007 y hasta el 31 de octubre de 2022, fecha \u00faltima en que se materializ\u00f3 la condena en la parte resolutiva del fallo, ascienden a $11.968.760\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 que \u00abno existen errores en la liquidaci\u00f3n, dado que, una vez revisadas las operaciones aritm\u00e9ticas respectivas, estas coinciden con las consignadas en el prove\u00eddo del cual se solicita su correcci\u00f3n, por lo tanto, no hay lugar a ella\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad querellada, en tanto lo fallado fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n confutada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De conformidad con la providencia de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Con ocasi\u00f3n del requerimiento realizado por la Colegiatura denunciada. <\/p>\n
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