STC12501-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12501-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-03492-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Sebasti\u00e1n Restrepo Villa contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Primero de Familia de Envigado, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia y debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2.1. Astrid Andrea Arias Villa inici\u00f3 el declarativo de la uni\u00f3n marital de hecho contra Sebasti\u00e1n Restrepo Villa, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero de Familia de Envigado (rad. n.\u00ba 2020-00131), quien, mediante sentencia de 17 de junio de 2021, accedi\u00f3 al petitum, estableciendo como extremos temporales del v\u00ednculo el 3 de junio de 2012 y el 11 de noviembre de 2019, interregno durante el cual tambi\u00e9n surgi\u00f3 la sociedad patrimonial. <\/p>\n
2.2. Seguidamente, la se\u00f1ora Arias Villa present\u00f3 la demanda de liquidaci\u00f3n (rad. n.\u00ba 2021-00309), decurso en el que se adelant\u00f3 la audiencia de inventarios y aval\u00faos \u2013la cual finaliz\u00f3 el 19 de octubre de 2022\u2013, diligencia en la que se decretaron varias pruebas a solicitud de parte y de oficio, a efectos de resolver las objeciones que ambos contendientes formularon. As\u00ed, el 13 de febrero de 2023, se dispuso: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) desestimar la objeci\u00f3n, referente a la partida cuarta de los activos y a la trece de los pasivos, cuya inclusi\u00f3n dispuso, en los inventarios y aval\u00faos; declarar la prosperidad de las objeciones correspondientes, a las partidas: doce de los activos, y las que recayeron, sobre la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, octava, novena, d\u00e9cima, once, doce, catorce, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuna, de los pasivos, las cuales excluy\u00f3, y la diecis\u00e9is que prosper\u00f3 parcialmente, en el sentido [de] que solo se incluye el pago del impuesto predial del apartamento de Torreluna, por valor de $910.894, recibo #0096020200803\u00bb1. <\/p>\n
2.3. Inconformes, los excompa\u00f1eros apelaron el citado prove\u00eddo \u2013con fundamentos distintos2\u2013, a la vez que, el aqu\u00ed accionante, el se\u00f1or Restrepo Villa, propuso nulidad (fincada en el art\u00edculo 133-5 del C\u00f3digo General del Proceso3), porque el estrado a quo prescindi\u00f3 de la pr\u00e1ctica de algunos medios de convicci\u00f3n que hab\u00edan sido decretados, en especial, porque no escuch\u00f3 a varios acreedores frente a la objeci\u00f3n contra la partida novena de los pasivos, entre otros aspectos. <\/p>\n
2.4. En ese orden, con determinaci\u00f3n de 25 de agosto de 2023, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn dispuso: (i) denegar la invalidaci\u00f3n, porque \u00abfacultado se encontraba [el a quo] para limitar la prueba testimonial, de acuerdo con el canon 212, inciso 2\u00ba \u00eddem (\u2026), decisi\u00f3n a la cual arrib\u00f3, luego de hallar que, sobre las recompensas reclamadas, contenidas en las partidas novena y diecisiete de los pasivos, ten\u00eda suficientes elementos, para decidir, situaci\u00f3n que lo llev\u00f3 a prescindir del testimonio de los acreedores\u00bb; y (ii) desestimar la mayor\u00eda de las objeciones, en tanto que, cuando de la sociedad patrimonial se trata, no hay lugar al haber aparente, de modo que \u00abno puede predicarse la existencia de las denominadas recompensas o compensaciones, es decir, de las deudas internas\u00bb, para lo cual cit\u00f3 el fallo C-278\/14 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
2.5. As\u00ed, el ad quem a\u00f1adi\u00f3 que se impon\u00eda excluir todas las recompensas o compensaciones de los inventarios y aval\u00faos4, a\u00fan de oficio, tras colegir que \u00abno existe el denominado haber relativo, que es propio de la conyugal, dado que todo lo que adquieran sus integrantes, durante su vigencia, como fruto de su esfuerzo y trabajo, debe dividirse, entre ellos, por partes iguales, a lo cual se a\u00f1ade que las recompensas o compensaciones anidan en el indicado haber relativo, que no surge, en cuanto a las patrimoniales\u00bb. <\/p>\n
2.6. Adem\u00e1s, en lo atinente a algunos pasivos, v. gr., el enlistado en la partida doceava, relacionado con un cr\u00e9dito del se\u00f1or Restrepo Villa con el Banco Ita\u00fa, por valor de $161.989.229,81 \u2013el cual se excluy\u00f3, en principio, porque su desembolso ocurri\u00f3 casi dos a\u00f1os despu\u00e9s de la fecha de disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial (11 nov. 2019)\u2013, estim\u00f3 el colegiado que, \u00abaunque en el historial de pagos se observa un primer desembolso, por $100.000.000, el \u201c28\/05\/2019\u201d (fs 32), situaci\u00f3n que no muta su naturaleza, de deuda personal del accionado, en social\u00bb, de modo que, en atenci\u00f3n al canon 3 de la Ley 54 de 1990, concluy\u00f3 que esta era una obligaci\u00f3n propia. <\/p>\n
2.7. En igual sentido, frente a la motocicleta que figura a nombre del aqu\u00ed reclamante, que se incluy\u00f3 como activo, el ad quem sostuvo que, como no se acredit\u00f3 que su compra fuese \u00abproducto del trabajo, la ayuda y socorro mutuos de los compa\u00f1eros permanentes, siguiendo las voces del [precepto ejusdem]\u00bb, no pod\u00eda tenerse como social, sino personal del se\u00f1or Restrepo Villa, por lo que, en este evento, prosper\u00f3 la objeci\u00f3n que aquel radic\u00f3. <\/p>\n
2.8. En suma, el tribunal arguy\u00f3 que \u00ablas objeciones propuestas est\u00e1n destinadas a prosperar parcialmente, en cuanto a la exclusi\u00f3n de la partida 4, relativa a la motocicleta de placas DDX75C de Envigado, m\u00e1s no en torno a la inclusi\u00f3n de las referidas recompensas o compensaciones y los pasivos, en los inventarios y aval\u00faos, ante lo cual, (\u2026) se dispondr\u00e1 la exclusi\u00f3n del indicado activo de los inventarios de bienes y deudas, as\u00ed como de la partida 16, contentiva de la compensaci\u00f3n reconocida, a cargo de la sociedad patrimonial y a favor del se\u00f1or Sebasti\u00e1n Restrepo Villa, por el pago del impuesto predial del apartamento 1707 de Torreluna, pero se confirmar\u00e1, en cuanto se orden\u00f3 no incluir all\u00ed las memoradas deudas y las otras recompensas\u00bb. <\/p>\n
2.9. En ese contexto, el tutelante cuestion\u00f3 \u2013aunque de forma un tanto et\u00e9rea\u2013 que (i) se le cercen\u00f3 la posibilidad de acreditar que las partidas confutadas \u2013cuarta y doceava de los activos; octava, novena, d\u00e9cima, onceava, doceava, diecisieteava y veintiunava de los pasivos\u2013, eran sociales y no personales, en contravenci\u00f3n a lo dispuesto por la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural en la providencia CSJ STC1768-2023, 1 mar.; (ii) en especial, frente a los cr\u00e9ditos adquiridos con el Banco Ita\u00fa y otros, porque, en su decir, se invirtieron en la sociedad. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, \u00abdejar sin efecto la providencia del 13 de febrero de 2023 proferida por los accionados: Juez Primero de Familia de Oralidad de Envigado, y por el Honorable Tribunal Superior de Medell\u00edn \u2013 Sala Unitaria de Familia \u2013 el d\u00eda 25 de agosto del presente a\u00f1o 2023, para que en su lugar se emita una nueva decisi\u00f3n que tenga en cuenta todas las pruebas aportadas y solicitadas oportunamente dentro del proceso en cuanto a las partidas no incluidas como activos, pasivos y\/o recompensas, como fueron las partidas: octava, novena, d\u00e9cima, once, doce, diecisiete y veintiuna de los pasivos que el juez de primera instancia no orden\u00f3 incluir ni como pasivos sociales, ni como recompensas en favor del demandado en el asunto de la referencia, por cuanto consider\u00f3 eran deudas personales y no sociales; e igual ocurre tambi\u00e9n con las partidas: cuarta y la doce de los activos no incluidas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia cuestionada manifest\u00f3 que esta \u00abse tom\u00f3, por cuanto los rubros que no se incluyeron en los inventarios se relacionaron por los interesados, a t\u00edtulo de recompensa o compensaci\u00f3n, sin que congregasen los requisitos, para ser incorporados en esa diligencia, en esa calidad, siguiendo las normas del C\u00f3digo General del Proceso y del C\u00f3digo Civil que regulan la materia, en conjunci\u00f3n con la jurisprudencia, citadas en el aludido interlocutorio, aspectos que no pod\u00eda desconocer, so pena de incurrir en la infracci\u00f3n del derecho fundamental del proceso debido de las partes, prove\u00eddo que se dict\u00f3 en el mencionado proceso, el cual se encuentra en tr\u00e1mite, dado que, en la hora de ahora, ni siquiera se acometi\u00f3 la partici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El titular del estrado a quo relat\u00f3 las actuaciones del proceso y adujo que: <\/p>\n
\u00ab-Respecto a la partida octava de pasivos, se neg\u00f3 y se prescindi\u00f3 de la pr\u00e1ctica de la prueba testimonial por no ser la prueba id\u00f3nea para acreditar lo pretendido. <\/p>\n
– Con relaci\u00f3n a la partida novena de activos, se neg\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba testimonial de los se\u00f1ores GLORIA LUCIA ROM\u00c1N, CRUZ ELVIA RESTREPO V\u00c9LEZ Y BEATRIZ ELENA VILLA G\u00d3MEZ con fundamento en el art\u00edculo 212 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
– Frente a la partida diecisiete a la veintiuna de pasivos, el Despacho niega y se abstiene de practicar el interrogatorio de parte y los testimonios, con fundamento en el principio de celeridad y econom\u00eda procesal, por tenerse elementos suficientes para decidir al respecto, debido a que se trataba de recompensas (haber relativo) peticionadas en un proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial, la cuales son notoriamente improcedentes en dicho tr\u00e1mite conforme a la sentencia C 278 de 2014\u00bb. <\/p>\n
3. Una abogada, quien refiri\u00f3 ser la apoderada de Astrid Andrea Arias Villa, se opuso a la prosperidad del petitum, por cuanto \u00ab[el actor] quiere hacer entender que los supuestos de hechos de la sentencia referida son los mismos del proceso liquidatorio de nuestros representados, y no es as\u00ed, ac\u00e1 no se prob\u00f3 la trazabilidad de los pagos mencionados, las fechas de las adquisiciones de estas deudas est\u00e1n por fuera de los extremos temporales de la uni\u00f3n marital de hecho, y de acuerdo al principio de la denominada carga din\u00e1mica de la prueba , no se presentaron documentos que den fe de la trazabilidad de las deudas y el se\u00f1or Sebasti\u00e1n en su interrogatorio no dio claridad frente a fechas de desembolsos y el dinero utilizado para estos cr\u00e9ditos, resaltando que una parte de estos, incluso, ingres\u00f3 a su cuenta bancar\u00eda personal despu\u00e9s de disuelta su uni\u00f3n, con ello, mi representada prob\u00f3 que estos dineros adeudados no hac\u00edan parte de la liquidaci\u00f3n de su sociedad patrimonial\u00bb. <\/p>\n
4. Otro jurista, quien dijo ser el mandatario judicial del libelista en el liquidatorio, coadyuv\u00f3 el amparo con similares argumentos a los que aquel expuso en el escrito inicial. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que \u00abla Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn, al momento de fallar el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, ya la Sala de Familia (sic) de la Corte Suprema de Justicia hab\u00eda hecho el pronunciamiento con respecto a los cr\u00e9ditos y\/o pasivos adquiridos en el transcurso de la Sociedad Patrimonial de hecho entre compa\u00f1eros permanentes como es el caso de los aqu\u00ed inmiscuidos aun as\u00ed fue desconocido totalmente el precedente jurisprudencial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial de la referencia (rad. n.\u00ba 2021-00309), por confirmar parcialmente el prove\u00eddo del a quo que resolvi\u00f3 las objeciones que las partes presentaron en la diligencia de inventarios y aval\u00faos, supuestamente, en desmedro de una adecuada valoraci\u00f3n probatoria, as\u00ed como de la normativa y jurisprudencia aplicables. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
2.1. De acuerdo con los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, pues, en aras de mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dado inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2.2. Si bien los falladores ordinarios tienen libertad discrecional y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed mismo, se presenta v\u00eda de hecho cuando se omite por cuenta del fallador en su providencia, ahondar y resolver sobre aspectos esenciales de la controversia suscitada, circunstancia que representa una falta de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Falta o insuficiente motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, uno de los eventos en los cuales se habilita el amparo para conjurar la afectaci\u00f3n que pueden causar los actos judiciales a los derechos fundamentales de acceso a la justicia y debido proceso es la expedici\u00f3n de una providencia que desconozca la obligaci\u00f3n de una \u00abdebida motivaci\u00f3n\u00bb. Sobre el tema, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las sentencias constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, [\u2026] debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla [\u2026] la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. <\/p>\n
La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u00bb (CSJ 22 may. 2003, exp. 00526-01, citada en STC, 3 nov. 2011, exp. 02274-00, ratificada y reiterada en STC7781-2016, 13 jun., y STC6688-2018, 23 may.). <\/p>\n
Igualmente, esta Sala Especializada ha se\u00f1alado que, en situaciones como esta, \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC 2 mar. 2008, rad. 00384-00, reiterada, entre otras, en STC 16 feb. 2011, rad. 2010-445-01, y STC9162-2015, 15 jul.). <\/p>\n
4.1. La providencia del tribunal en el liquidatorio <\/p>\n
Revisada la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn confirm\u00f3, de forma parcial, el prove\u00eddo en el que el Juzgado Primero de Familia de Envigado resolvi\u00f3 las objeciones que las partes formularon en la diligencia de inventarios y aval\u00faos que se adelant\u00f3 en el liquidatorio de la sociedad patrimonial de Astrid Andrea Arias Villa y Sebasti\u00e1n Restrepo Villa (rad. n.\u00ba 2021-00309), se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, en tanto que la citada resoluci\u00f3n incurri\u00f3 en el defecto de insuficiente e inadecuada motivaci\u00f3n, por las razones que pasan a desarrollarse. <\/p>\n
4.1.1. En efecto, al estudiar los reproches que el libelista present\u00f3, inicialmente, respecto de la arg\u00fcida nulidad por la falta de pr\u00e1ctica de algunas pruebas previamente decretadas por el a quo, las cuales, en su criterio, permit\u00edan dilucidar aspectos sobre las partidas incluidas, en especial, el car\u00e1cter social de algunos de los pasivos, el ad quem expuso que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es oportuno advertir que la impugnaci\u00f3n vertical, propuesta por pasiva, respecto de la negativa del se\u00f1or juez de declarar la nulidad que adujo, arguyendo que se trataron de pruebas oportuna y legalmente solicitadas y decretadas por ese servidor judicial, por lo que omitir su pr\u00e1ctica estructura el motivo de nulidad5 , de que trata el C G P, art\u00edculo 133 \u2013 5, no puede salir airosa, ya que, como acertadamente lo resolvi\u00f3 aquel, facultado se encontraba para limitar la prueba testimonial, de acuerdo con el canon 212, inciso 2\u00ba \u00eddem, el cual sella que, \u201cEl juez podr\u00e1 limitar la recepci\u00f3n de los testimonios cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos materia de esa prueba, mediante auto que no admite recurso\u201d, decisi\u00f3n a la cual arrib\u00f3, luego de hallar que, sobre las recompensas reclamadas, contenidas en las partidas novena y diecisiete de los pasivos, ten\u00eda suficientes elementos, para decidir, situaci\u00f3n que lo llev\u00f3 a prescindir del testimonio de los acreedores, circunstancias que permiten confluir, en que ninguna m\u00e1cula se advierte, por cuanto se respetaron las formas propias del juicio, al conced\u00e9rseles, a las partes, en virtud de su igualdad, las oportunidades procesales para intervenir, permiti\u00e9ndoles presentar las pruebas que hicieron valer, a lo largo del mismo, incluso interrog\u00e1ndolos6 ,hasta llegar a la confecci\u00f3n de los inventarios y aval\u00faos. <\/p>\n
Por consiguiente, se confirmar\u00e1 el mencionado interlocutorio, en cuanto no accedi\u00f3, a la pretendida nulidad, en tanto que no surgi\u00f3 ninguna de las causales, enlistadas en el C G P, art\u00edculo 133, y, menos a\u00fan, la alegada por el censor, fijada en su numeral 5\u00bb. <\/p>\n
Luego de descartar la precitada causal de invalidaci\u00f3n \u2013raciocinio sobre el cual no se constata error susceptible de habilitar el amparo\u2013, el tribunal procedi\u00f3 a verificar los motivos de disenso contenidos en las apelaciones de las partes, frente a los cuales inici\u00f3 por se\u00f1alar que, en atenci\u00f3n al canon 3 de la Ley 54 de 1990, el patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos pertenece, por partes iguales, a ambos compa\u00f1eros permanentes, de modo que, tal como lo establece el par\u00e1grafo ejusdem, \u00abno formar\u00e1n parte del haber de la sociedad, los bienes adquiridos en virtud de donaci\u00f3n, herencia o legado, ni los que se hubieren adquirido antes de iniciar la uni\u00f3n marital de hecho, pero s\u00ed lo ser\u00e1n los r\u00e9ditos, rentas, frutos o mayor valor que produzcan estos bienes durante la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, coligi\u00f3 que \u00abcuando de la sociedad patrimonial se trata, no hay lugar al llamado haber aparente, previsto para la conyugal y, de contera que, en presencia de aquella, no puede predicarse la existencia de las denominadas recompensas o compensaciones, es decir, de las deudas internas\u00bb, criterio que reforz\u00f3 con la sentencia C-278\/14 de la Corte Constitucional, en la que se anot\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abAunque tanto en la sociedad conyugal como en la patrimonial se distinguen los bienes de la sociedad y los propios de cada c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero a diferencia de la sociedad conyugal, la sociedad patrimonial no distingue entre el haber relativo y el haber absoluto. En primer lugar, porque todos los bienes que ingresan al patrimonio fruto del trabajo y ayuda en el marco de la uni\u00f3n marital de hecho se dividen en partes iguales entre los compa\u00f1eros, por consiguiente, no hay lugar a recompensas. Tambi\u00e9n los r\u00e9ditos y el mayor valor de los bienes, que no sea resultado de la mera actualizaci\u00f3n monetaria, sino de la valorizaci\u00f3n de los mismos, se entiende que pertenecen a la sociedad patrimonial y se divide en partes iguales. Sin embargo, los bienes que ten\u00edan los compa\u00f1eros antes de unirse no hacen parte de la sociedad patrimonial por ende no se consideran ni siquiera en el momento de liquidarla (\u2026). <\/p>\n
En definitiva, la sociedad patrimonial no reconoce bienes del haber relativo, porque todos los bienes anteriores a la uni\u00f3n son de cada compa\u00f1ero y todo lo que se produzca o se compre durante la vigencia de la uni\u00f3n se entiende que les pertenece por partes iguales\u00bb. <\/p>\n
Raz\u00f3n por la cual precis\u00f3 que \u00abse impon\u00eda excluir, de los inventarios y aval\u00faos, todas las recompensas o compensaciones reclamadas por los litispendientes\u00bb, puntualmente, los que a continuaci\u00f3n se enuncian: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) incorporadas en la partida 12 de los activos, en favor de la sociedad patrimonial y a cargo de la se\u00f1ora Astrid Andrea Arias Villa, por los c\u00e1nones percibidos, entre octubre de 2020 a mayo de 2022, por un valor de $13.202.476, por el arrendamiento del apartamento, ubicado en la Urbanizaci\u00f3n Torreluna, y de las que se describieron, a cargo de la sociedad patrimonial y en beneficio del se\u00f1or Sebasti\u00e1n Restrepo Villa, en las siguientes partidas del pasivo: <\/p>\n
La 9, consistente en los intereses sufragados por el se\u00f1or Restrepo Villa, a los acreedores Gloria Luc\u00eda Rom\u00e1n, por $12.400.000; a Cruz Elvia Villa G\u00f3mez, $12.400.000, y a Beatriz Elena Villa G\u00f3mez, por $4.650.000; la 10, por el pago que hiciera a la DIAN, a\u00f1o gravable 2020, por $14.033.000; la partida 11, por el pago de la medicina prepagada, a Suramericana, por la suma de $6.280.239; la partida 16, por valor de $910.984, por el pago que hiciera, el 3 de agosto de 2020, consistente en los impuestos causados, por el inmueble de la Urbanizaci\u00f3n Torreluna; la 17, pago efectuado al acreedor V\u00edctor Arias, por el monto de $10.000.000, el 18 de abril de 2020; la partida 21, por los impuestos de rodamiento y semaforizaci\u00f3n, sufragados, por la motocicleta de placas DDX75C, matriculada en Envigado, por valor de $930.440; adem\u00e1s de la recompensa peticionada por la demandante, a cargo de la sociedad patrimonial, enlistada en la partida 6 del pasivo, por cuenta de los gastos de mantenimiento, cancelados por la se\u00f1ora Arias Villa, por la suma de $12.204.477, derivados del rodante, de placas RIC474\u00bb. <\/p>\n
4.1.2. Aunado a ello, insisti\u00f3 en que, \u00aben trat\u00e1ndose de la sociedad patrimonial, no existe el denominado haber relativo, que es propio de la conyugal, dado que todo lo que adquieran sus integrantes, durante su vigencia, como fruto de su esfuerzo y trabajo, debe dividirse, entre ellos, por partes iguales, a lo cual se a\u00f1ade que las recompensas o compensaciones anidan en el indicado haber relativo, que no surge, en cuanto a las patrimoniales\u00bb, por lo cual: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en este asunto, no pod\u00edan acogerse las invocaciones que, sobre las recompensas o compensaciones, hicieron los litispendientes, ante lo cual se impon\u00eda, aun de oficio, su exclusi\u00f3n de los inventarios, inclusive la contenida, en la partida 16, sobre la cual el a quo le reconoci\u00f3 al demandado, a t\u00edtulo de compensaci\u00f3n, la suma de $910.984, por el dinero sufragado, el 3 de agosto de 2020, para cubrir el impuesto predial, generado por el apartamento 1707, de la Urbanizaci\u00f3n Torreluna, el cual hace parte del activo social, seg\u00fan da cuenta la captura de pantalla que se ve al folio 458, aspectos que imped\u00edan aceptar su inclusi\u00f3n, como recompensa, en los inventarios y aval\u00faos, aspecto en el cual se revocar\u00e1 el prove\u00eddo recurrido\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, se pronunci\u00f3 sobre los pasivos cuya inclusi\u00f3n pidi\u00f3 el se\u00f1or Restrepo Villa, para establecer que, de acuerdo con el art\u00edculo 2 de la Ley 28 de 1932, \u00abcada uno de los c\u00f3nyuges ser\u00e1 responsable de las deudas que personalmente contraiga, salvo las concernientes a satisfacer las ordinarias necesidades dom\u00e9sticas o de crianza, educaci\u00f3n y establecimiento de los hijos comunes\u00bb a lo que a\u00f1adi\u00f3 que, seg\u00fan la pauta 1796 del Estatuto Civil, ser\u00e1n sociales \u00ablas deudas y obligaciones contra\u00eddas durante su existencia por el marido o la mujer, y que no fueren personales de aqu\u00e9l o \u00e9sta, como lo ser\u00edan las que se contrayeren por el establecimiento de los hijos de un matrimonio anterior\u00bb; y, con ese sustento normativo, arrib\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que los rubros mencionados por el aqu\u00ed censor constituyen una obligaci\u00f3n propia. <\/p>\n
De otra parte, sobre uno de los activos en cuesti\u00f3n, esto es, la motocicleta que figura a nombre del se\u00f1or Restrepo Villa, el ad quem indic\u00f3 que, como no se aclar\u00f3 si se adquiri\u00f3 en vigencia de la sociedad patrimonial, de tal forma que se constatara que su compra fue \u00abproducto del trabajo, la ayuda y el socorro mutuos\u00bb, no pod\u00eda reputarse social. <\/p>\n
4.2. Sobre la unificaci\u00f3n jurisprudencial. <\/p>\n
Por lo anterior, se realizar\u00e1n algunas precisiones sobre el reciente pronunciamiento de esta Sala Especializada, en el que, en sede de tutela, unific\u00f3 criterios sobre la presunci\u00f3n de sociabilidad de los pasivos originados en vigencia de la sociedad patrimonial (CSJ STC1768-2023, 1 mar.). <\/p>\n
4.2.1. Sobre el particular, en la providencia en cita se memor\u00f3 que, tanto el matrimonio, como la uni\u00f3n marital de hecho, como formas de constituir una familia, implican cargas de sostenimiento de la pareja y de los descendientes \u2013en caso de que los haya\u2013, escenario en el que se originan relaciones de contenido econ\u00f3mico. As\u00ed, se sostuvo que: <\/p>\n
\u00abEn el caso de la sociedad conyugal, el art\u00edculo 180 del C\u00f3digo Civil se\u00f1ala que \u00ab[p]or el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los c\u00f3nyuges, seg\u00fan las reglas del t\u00edtulo 22, libro IV, del C\u00f3digo Civil\u00bb; el canon 1774 ibidem indica \u00aba falta de pacto escrito se entender\u00e1, por el mero hecho del matrimonio contra\u00edda la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este t\u00edtulo\u00bb <\/p>\n
Luego, de no pactarse capitulaciones modificatorias de disposiciones del r\u00e9gimen legal, \u00e9ste se constituye bajo total sujeci\u00f3n a las reglas contenidas en el Libro 4o, T\u00edtulo XXII, Cap\u00edtulos I al VI del C\u00f3digo Civil, y se extingue, por el divorcio, separaci\u00f3n judicial de bienes o de cuerpos, mutuo acuerdo y nulidad matrimonial salvo lo dispuesto en el numeral 12, art\u00edculo 140 del C\u00f3digo Civil (art\u00edculo 1820 ibidem). <\/p>\n
Para el caso de la sociedad patrimonial, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 54 de 1990 se presume i.) por la existencia de uni\u00f3n marital de hecho por un t\u00e9rmino no inferior a dos a\u00f1os sin impedimento legal para contraer nupcias, y ii.) cuando existiendo v\u00ednculo marital no inferior a dos a\u00f1os e impedimento para contraer matrimonio por uno o ambos compa\u00f1eros \u00abla sociedad o sociedades conyugales anteriores. hayan sido disueltas antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb. En este caso, la disoluci\u00f3n de la comunidad tiene lugar por el mutuo consentimiento de los compa\u00f1eros, sentencia judicial o la muerte de uno o ambos miembros de la pareja (art\u00edculo 5 Ley 54 de 1990)\u00bb (ib\u00eddem). <\/p>\n
En punto de la expedici\u00f3n de la Ley 54 de 1990, por medio de la cual se definen las uniones maritales de hecho y el r\u00e9gimen patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, qued\u00f3 establecida la capacidad y libre administraci\u00f3n de los bienes adquiridos antes o durante la sociedad patrimonial, la cual es objeto de liquidaci\u00f3n bajo las reglas del \u00abLibro 4\u00ba, T\u00edtulo XXII, Cap\u00edtulos I al VI del C\u00f3digo Civil\u00bb, seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 7 de la codificaci\u00f3n en cita. <\/p>\n
As\u00ed, del desarrollo normativo actual, en la sentencia de unificaci\u00f3n se esclareci\u00f3 que, en el r\u00e9gimen patrimonial tanto del matrimonio como de las uniones maritales de hecho, la administraci\u00f3n y disposici\u00f3n de los bienes la tiene cada uno libremente, \u00abes decir a su juicio, y en la medida de sus posibilidades pueden comprar, enajenar o gravar bienes inmuebles o muebles6 sin contar con la aquiescencia del otro\u00bb, prerrogativa que, cabe agregar, debe ejercerse con responsabilidad y con plena conciencia del derecho que le asiste a cada miembro de la pareja de ser reconocido como sujeto de derechos, con igual capacidad de agencia y de contar con posibilidades de participaci\u00f3n en las decisiones que los afectan7. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, se dijo: <\/p>\n
\u00ab[la] administraci\u00f3n, que ser\u00e1 conjunta, si no se han solicitado y decretado medidas cautelares, una vez se disuelva la sociedad conyugal por alguna de las causales previstas por el art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil, o la patrimonial por alguno de los motivos se\u00f1alados en el art\u00edculo 5\u00ba de la ley 54 de 1990, durante el tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n, en donde de la masa social se deducir\u00e1 el pasivo social, y los activos l\u00edquidos restantes previas las deducciones y compensaciones a que hubiere lugar, se dividir\u00e1n por partes iguales. <\/p>\n
Ahora, en lo que concierne con el pasivo, vigente la sociedad [tanto la conyugal como la patrimonial] cada uno responder\u00e1 por el que haya adquirido, excepto si se trata de satisfacer las necesidades dom\u00e9sticas ordinarias o crianza, educaci\u00f3n y establecimiento de los hijos comunes. <\/p>\n
Es decir, por ejemplo, en el evento que uno de los c\u00f3nyuges o compa\u00f1ero permanente en la compra de un bien mueble o inmueble, independientemente que su destinaci\u00f3n sea o no familiar, contraiga una deuda, ser\u00e1 de su exclusivo cargo el pago, de la misma manera que tiene la facultad dispositiva y administraci\u00f3n libre de los bienes. En caso de incumplimiento responder\u00e1 ya sea con los bienes inmuebles o muebles adquiridos antes del surgimiento de la sociedad, o despu\u00e9s a t\u00edtulo oneroso (art\u00edculo 2488 del C\u00f3digo Civil), o con el que se haya constituido un gravamen hipotecario o prendario, o con ambos de acuerdo con el art\u00edculo 2449 ibidem. <\/p>\n
Como quiera que al momento de liquidar la sociedad corresponde presentar el inventario de los bienes y deudas que existan al momento de la disoluci\u00f3n conforme los art\u00edculos 1795 y 1796 del C\u00f3digo Civil que en su numeral 2\u00ba (modificado por el art\u00edculo 62 del Decreto 2820 de 1974), dispone que la sociedad es obligada al pago de las deudas y obligaciones contra\u00eddas durante su existencia por el marido o la mujer y que no fueren personales como lo ser\u00eda la que se genere por el establecimiento de un hijo de otro tipo de relaci\u00f3n. <\/p>\n
En otras palabras, el saldo insoluto de las obligaciones adquiridas en vigencia de la sociedad y el que se genere entre el tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n y la aprobaci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n, ser\u00e1 de cargo de la sociedad, esto es de los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes por partes iguales, como ocurre con la distribuci\u00f3n del activo social. <\/p>\n
El numeral 5, art\u00edculo 25 de la Ley 1\u00aa de 1976 que reform\u00f3 el art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil, corrobora lo anterior toda vez que, si la sociedad conyugal se disuelve por el mutuo acuerdo, la pareja mediante escritura p\u00fablica \u00abincorporar\u00e1 el inventario de bienes y deudas sociales y su liquidaci\u00f3n\u00bb, y responder\u00e1n \u00absolidariamente frente a los acreedores con t\u00edtulo anterior a la escritura p\u00fablica de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal\u00bb, previsi\u00f3n aplicable a la liquidaci\u00f3n seguida a continuaci\u00f3n del proceso de divorcio, separaci\u00f3n de cuerpos, de declaratoria de uni\u00f3n marital de hecho entre compa\u00f1eros permanentes (art\u00edculo 7 Ley 54 de 1990). <\/p>\n
Por tanto, la hermen\u00e9utica que se ajusta a lo dispuesto por el legislador no solo del a\u00f1o 1932 sino al de 1974 y 1992 es el de establecer en la liquidaci\u00f3n el car\u00e1cter social de los pasivos constituidos en vigencia de la sociedad conyugal y\/o patrimonial\u00bb (ib\u00eddem). <\/p>\n
En ese sentido, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural reliev\u00f3 que, en el r\u00e9gimen de la sociedad patrimonial \u2013con apoyo en la trascendencia de la expedici\u00f3n de la Ley 28 de 1932\u2013, no pod\u00eda entenderse, en t\u00e9rminos de igualdad, que el art\u00edculo 2 ejusdem consagr\u00f3 una presunci\u00f3n contraria a la sociabilidad \u2013esto es, que las deudas contra\u00eddas durante el v\u00ednculo son personales, a menos de que se acredite que se invirtieron en la comunidad, como improcedentemente sostuvieron las autoridades de instancia en el sub-ex\u00e1mine\u2013, pues una interpretaci\u00f3n semejante implica, de suyo, un desequilibrio patrimonial entre los miembros de la pareja. <\/p>\n
Ello, por cuanto \u00abal momento de la adjudicaci\u00f3n del bien o bienes, estos s\u00ed ser\u00e1n distribuidos por partes iguales, mientras que la obligaci\u00f3n insoluta, contra\u00edda por cualquiera de los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes durante el matrimonio o la convivencia marital por m\u00e1s de dos a\u00f1os, a manera de ejemplo, por la adquisici\u00f3n de uno o varios de los inmuebles o muebles que hacen parte de ese activo social, ser\u00e1 responsabilidad exclusiva, se insiste, de quien la contrajo en vigencia de la sociedad\u00bb, raz\u00f3n por la cual enfatiz\u00f3, sobre el procedimiento liquidatorio, que: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable en la liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial o conyugal por remisi\u00f3n del canon 523 Ib., precisa que \u00ab[l]a objeci\u00f3n al inventario tendr\u00e1 por objeto que se excluyan partidas que se consideren indebidamente incluidas o que se incluyan deudas o compensaciones debidas, ya sea a favor o a cargo de la masa social\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, cuando de pasivos se trata, el juzgador deber\u00e1 atender inicialmente a su car\u00e1cter social cuando fueren adquiridos en vigencia de la sociedad conyugal o patrimonial. La inclusi\u00f3n de dichas obligaciones se realizar\u00e1 siempre que se cumplan las formalidades all\u00ed previstas, esto es, que consten en t\u00edtulo ejecutivo y que en la audiencia no se objeten o se acepten expresamente por la contraparte (inciso 3, numeral 1, art\u00edculo 501 Ib.). <\/p>\n
La objeci\u00f3n corresponder\u00e1 a la parte que persiga su exclusi\u00f3n, la carga de \u00abprobar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que de ellas persigue\u00bb (art\u00edculo 167 ejusdem), esto es que l[a] obligaci\u00f3n cuya sociabilidad se presume (art\u00edculo 1795 del C\u00f3digo Civil) gener\u00f3 un beneficio exclusivo total o parcial al c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente y no a la sociedad, lo anterior, sin perjuicio de que debido a las particularidades del caso el juez de oficio o a petici\u00f3n de parte distribuya esa carga probatoria entre los involucrados (inciso 2, art\u00edculo 167 C\u00f3digo General del Proceso)\u00bb (ib\u00eddem). <\/p>\n
4.2.2. Respecto de las pautas de unificaci\u00f3n rese\u00f1adas, en la decisi\u00f3n del tribunal ad quem de la causa que se revisa, se dijo expresamente que \u00abcuando de la sociedad patrimonial se trata, no hay lugar al llamado haber aparente, previsto para la conyugal y, de contera que, en presencia de aquella, no puede predicarse la existencia de las denominadas recompensas o compensaciones, es decir, de las deudas internas\u00bb, criterio que, aunque se mencion\u00f3 en una sentencia de la Corte Constitucional (C-278\/14), en lo que concierne a los contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de este caso, deriva en una interpretaci\u00f3n que no se acompasa con el entendimiento de las normas civiles sobre las llamadas recompensas o compensaciones. <\/p>\n
N\u00f3tese que, a juicio del colegiado, \u00ablas recompensas o compensaciones anidan en el indicado haber relativo, que no surge, en cuanto a las patrimoniales\u00bb; intelecci\u00f3n restrictiva que condiciona indebidamente la procedencia del r\u00e9gimen de recompensas en la sociedad patrimonial de hecho a la existencia del haber relativo, cuando esa circunstancia8 no impide su reconocimiento dentro del tr\u00e1mite liquidatorio. <\/p>\n
El ad quem perdi\u00f3 de vista que el r\u00e9gimen de recompensas tiene aplicaci\u00f3n en este caso en virtud de la expresa remisi\u00f3n normativa del art\u00edculo 7 de la Ley 54 de 1990, seg\u00fan el cual los preceptos contenidos en los art\u00edculos 1771 a 1841 del C\u00f3digo Civil se aplican a la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial. Entre ellos se encuentran las disposiciones sobre recompensas y compensaciones, cuya consagraci\u00f3n responde al criterio de equilibrio incorporado en ese cuerpo normativo y cobija aquellos eventos en los que se presenta un enriquecimiento injustificado de uno de los compa\u00f1eros permanentes o de la sociedad patrimonial misma, sin que se limite su procedencia a eventos relacionados con los bienes del haber relativo. <\/p>\n
En virtud de la mencionada remisi\u00f3n normativa, en la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial es procedente el reconocimiento de recompensas por pago de deudas respecto de la adquisici\u00f3n de bienes propios (art. 1801 ib.), por las expensas invertidas en ellos (art. 1802 ib.), por erogaciones realizadas en favor de terceros que no sean descendientes comunes (art. 1803 ib.) o por el pago de perjuicios por la responsabilidad personal de uno de los compa\u00f1eros (art. 1804 ib.); as\u00ed mismo las deudas, pues cuando la sociedad paga una que es personal de uno de los compa\u00f1eros, aquella debe ser compensada (art. 1796 ib.), por mencionar algunos eventos. <\/p>\n
Como puede observarse, las disposiciones civiles sobre recompensas y compensaciones est\u00e1n orientadas por el principio del no enriquecimiento sin causa y el criterio de equilibrio patrimonial, y son aplicables en los tr\u00e1mites de liquidaci\u00f3n tanto de las sociedades conyugales como de las patrimoniales de hecho. Su inclusi\u00f3n o exclusi\u00f3n de los inventarios depender\u00e1 de la efectiva configuraci\u00f3n de los hechos que dan origen al reconocimiento de un cr\u00e9dito a favor o en contra de la sociedad misma o de alguno de los compa\u00f1eros, seg\u00fan corresponda en el caso concreto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, plantear, como hizo el ad quem, que aquellas s\u00f3lo proceden ante la existencia del haber relativo constituye una errada intelecci\u00f3n de la figura, que conlleva una inadmisible restricci\u00f3n del an\u00e1lisis de las partidas que fueron descartadas por el inadecuado condicionamiento de su procedencia. <\/p>\n
4.2.3. Por ello, se aviene pr\u00f3spero el resguardo, no sin antes aclarar que dicha concesi\u00f3n se enmarca en las deficiencias en la motivaci\u00f3n advertidas, lo que, en modo alguno, sugiere un sentido de resoluci\u00f3n para la autoridad querellada \u2013o que, indefectiblemente, deba ser favorable al tutelante\u2013, en tanto que, con estricto apego a los par\u00e1metros de unificaci\u00f3n, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn deber\u00e1 verificar si los embates de los contendientes tienen o no vocaci\u00f3n de prosperidad, pues se trata de garantizar la posibilidad de debatir los argumentos en los que cada uno de ellos ciment\u00f3 sus pedimentos, ya que el yerro se materializ\u00f3 en la imposibilidad de definir \u00edntegramente la cuesti\u00f3n, a partir de la improcedente premisa de que en la sociedad patrimonial no hay lugar a solicitar recompensas o compensaciones \u2013contrario a lo que sucede en la conyugal\u2013, sin tomar en cuenta el criterio de esta Sala Especializada. <\/p>\n
4.2.4. Bajo esas circunstancias, es evidente que no se exterioriz\u00f3 un desarrollo puntual sobre la unificaci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, plenamente aplicable al caso auscultado, aspecto que resultaba fundamental para decidir de forma completa los puntos sometidos a escrutinio del ad quem en el liquidatorio; por lo que, contrario a las expectativas leg\u00edtimas de quienes acuden a la administraci\u00f3n de justicia, la autoridad convocada no tuvo en cuenta las diversas aristas del debate, de tal forma que su ejercicio hermen\u00e9utico resultara suficiente e integral. <\/p>\n
De manera que, como preliminarmente se dijo, cuando la determinaci\u00f3n objeto de discusi\u00f3n prescinde de efectuar consideraciones relevantes se configura la trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas de los sujetos procesales. Al respecto, ha enfatizado la Corte: \u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al ser claro que existe una situaci\u00f3n que es necesario corregir, en procura de salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, y a fin de evitar una denegaci\u00f3n de justicia, se justifica la intervenci\u00f3n excepcional\u00edsima del juez de tutela. <\/p>\n
Por lo anterior, se dispondr\u00e1 la definici\u00f3n del segundo grado de las objeciones, con observancia en: (i) la unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la presunci\u00f3n de sociabilidad de los pasivos en el r\u00e9gimen patrimonial de las uniones maritales de hecho y la posibilidad de solicitar recompensas o compensaciones (STC1768-2023, 1 mar.); as\u00ed como en (ii) la necesidad de aplicar ajustes metodol\u00f3gicos diferenciales en atenci\u00f3n a la perspectiva de g\u00e9nero, en el evento de que se evidencien situaciones de asimetr\u00eda respecto de alguno de los miembros de la expareja, de manera que se garantice el debido proceso de ambos extremos procesales para discutir lo concerniente a la distribuci\u00f3n del acervo com\u00fan (STC8525-2023, 29 sep., SC963-2022, 1 jul., et. al.). <\/p>\n
4.3. Precisiones finales. <\/p>\n
4.3.1. Ahora bien, aun cuando se otorg\u00f3 la protecci\u00f3n que se reclam\u00f3 en el sub-lite, la Sala no puede pasar por alto que, en el escrito inicial, se hicieron manifestaciones que, en un contexto como el de este caso, se muestran abiertamente discriminatorias y, por lo mismo, deben ser reprochadas, teniendo en cuenta que all\u00ed se adujo que: <\/p>\n
\u00abAstrid Andrea Arias reconoce que las tareas en dicha uni\u00f3n marital estaban muy claramente determinadas y que ella no se ocupaba de las finanzas, a lo que claramente se refiri\u00f3 cuando absolvi\u00f3 el interrogatorio con ocasi\u00f3n de las partida ocho y nueve del pasivo social. Si ella no invirti\u00f3 dinero en la adquisici\u00f3n de bienes sociales, de d\u00f3nde sali\u00f3 el dinero para adquirir los bienes sociales que hoy se relacionan como activos sociales. No es justo ni equitativo que si ella confirm\u00f3 en el plenario mediante prueba oportunamente solicitada y decretada que nada aport\u00f3, como m\u00ednimo debe considerarse como indicio o presunci\u00f3n [de] que los pasivos adquiridos fueron adquiridos (sic) por el se\u00f1or Sebasti\u00e1n Restrepo, que como [\u00e9]l mismo lo manifest\u00f3 bajo juramento, era el \u00fanico que declaraba renta y por ello todos los pr\u00e9stamos los hac\u00eda a su nombre\u00bb (f. 43, tutela). <\/p>\n
En esas aseveraciones queda develada la equivocada consideraci\u00f3n de que las \u00fanicas contribuciones importantes o las m\u00e1s valiosas son las que presuntamente el se\u00f1or Restrepo Villa hizo en dinero a la sociedad \u2013tema que se debatir\u00e1 producto de la orden constitucional que se dispondr\u00e1 en estas diligencias\u2013, descartando cualquier apreciaci\u00f3n frente a otras aportaciones que tambi\u00e9n son determinantes en la construcci\u00f3n de una comunidad de bienes, como son, v. gr., las labores de cuidado, de mantenimiento de las condiciones del hogar. <\/p>\n
Por ello, dada la evidente necesidad de alertar sobre escenarios de relaciones asim\u00e9tricas en la pareja, en reciente fallo dictado en sede constitucional (CSJ STC8525-2023, 29 sep.), esta Sala de Casaci\u00f3n tuvo ocasi\u00f3n de llamar la atenci\u00f3n sobre la cuesti\u00f3n, as\u00ed como de alertar a las autoridades judiciales sobre sus deberes en situaciones en las que se advierta la anotada circunstancia, toda vez que: <\/p>\n
\u00abA pesar de los esfuerzos institucionales orientados a reformular \u2013o, mejor, erradicar\u2013 dichos roles e implantar un modelo de igualdad y corresponsabilidad, aquellos [los roles y estereotipos de g\u00e9nero] a\u00fan subsisten, con variadas repercusiones en la realidad de la familia, entre ellas las que se derivan de la exaltaci\u00f3n de los aportes en dinero para la manutenci\u00f3n del hogar \u2013labor que, desde una perspectiva estereotipada, es asignada al hombre9, quien, por ejemplo, en este caso se reconoci\u00f3 como \u00abel compa\u00f1ero aportante\u00bb\u2013, y el consecuente dem\u00e9rito de las contribuciones de la mujer, en el errado entendido de que estas carecen de significaci\u00f3n, o tienen menor relevancia econ\u00f3mica. <\/p>\n
Esa visi\u00f3n sesgada puede llevar a pensar, tambi\u00e9n equivocadamente, que el referido proveedor econ\u00f3mico es merecedor de privilegios con relaci\u00f3n al patrimonio familiar, tales como administrarlo con amplias libertades y sin consideraci\u00f3n de la opini\u00f3n o las necesidades ajenas, u obtener, incluso a trav\u00e9s de actos mendaces o torticeros, una porci\u00f3n superior a la que le corresponder\u00eda como gananciales al momento de disolver y liquidar su sociedad conyugal o patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes (v. gr., como en el evento analizado en el precitado fallo SC963-2022, 1 jul.), lo que indubitablemente deriva en escenarios de violencia econ\u00f3mica, tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional: [T-012\/16]\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, reiter\u00f3 que, \u00ab(\u2026) en los conflictos que gravitan alrededor de los efectos econ\u00f3micos del matrimonio o de la uni\u00f3n marital de hecho, como en el sub-ex\u00e1mine, pueden subyacer estereotipos de g\u00e9nero encaminados a frustrar el reparto equitativo de bienes y deudas que establecen las leyes sustanciales, prolongando as\u00ed un inicuo y antijur\u00eddico desprecio por la participaci\u00f3n de uno de los miembros de la pareja en la construcci\u00f3n del acervo com\u00fan (\u2026), raz\u00f3n por la cual, en la sentencia SC963-2022, 1 jul., se reiter\u00f3 que \u00abello supone la necesidad de que, en juicios de contornos f\u00e1cticos similares al que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, los jueces se aproximen al conflicto con perspectiva de g\u00e9nero\u00bb\u00bb, y a\u00f1adi\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn ese contexto, es importante insistir en que, en la labor judicial, se debe adelantar la verificaci\u00f3n de los precisos contornos de cada asunto, para darle contexto a los hechos que a trav\u00e9s de los diversos cauces procesales se ventilen \u2013y que a simple vista puedan ser imperceptibles\u2013; pero, adem\u00e1s, para que se diriman con ponderaci\u00f3n y con estricto apego a los derechos de las partes las problem\u00e1ticas que ata\u00f1en a aspectos esenciales para la vida de las personas como la definici\u00f3n de sus v\u00ednculos y el reconocimiento de sus aportes en el marco de la construcci\u00f3n de un proyecto com\u00fan\u00bb. <\/p>\n
4.3.2. Con base en las anteriores consideraciones, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural resalta que, ante la entidad de las afirmaciones efectuadas en el libelo inicial, es necesario hacer un llamado de atenci\u00f3n tanto al accionante, Sebasti\u00e1n Restrepo Villa, como a su apoderado, para que, en lo sucesivo, en el curso del liquidatorio rese\u00f1ado, se abstengan de emitir expresiones discriminatorias contra cualquier interviniente en ese asunto, en especial, frente a la all\u00ed demandante, con las que se desconozcan sus derechos fundamentales a la dignidad, honra, buen nombre, et. al.; el valor de sus aportes \u2013en dinero o en especie\u2013 a la sociedad; la importancia del rol desempe\u00f1ado durante la vida com\u00fan; y, en general, cualquier manifestaci\u00f3n que pretenda reducir su val\u00eda como mujer y excompa\u00f1era permanente; en atenci\u00f3n al deber de las autoridades de garantizar que, en el desarrollo del proceso, se respeten las prerrogativas que les asisten a quienes all\u00ed est\u00e1n involucrados. <\/p>\n
En procura de materializar la directriz que antecede10, se conmina a los falladores de instancia a adoptar las medidas de ordenaci\u00f3n y correcci\u00f3n que estimen pertinentes, ante su eventual desatenci\u00f3n, en uso de sus de sus facultades (arts. 43 y 44, C\u00f3digo General del Proceso); y, ante la posible infracci\u00f3n de los deberes disciplinarios, remitir copias de la actuaci\u00f3n ante las entidades competentes. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. Conforme con ello, se conceder\u00e1 el amparo y, en tal virtud, se dejar\u00e1 sin valor ni efecto el prove\u00eddo de 25 de agosto de 2023, dictado por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn en el liquidatorio (rad. n.\u00ba 2021-00309), as\u00ed como las dem\u00e1s decisiones que de \u00e9l se desprendan; para que, en su lugar, desate nuevamente la segunda instancia respecto del pronunciamiento que zanj\u00f3 las objeciones a los inventarios y aval\u00faos. <\/p>\n
Ello, se itera, con independencia del sentido de la determinaci\u00f3n que adopte el colegiado ad quem, pues se trata de garantizar la posibilidad de debatir y decidir con apego al criterio unificado de este \u00f3rgano de cierre, la controversia sometida a su escrutinio. <\/p>\n
5.2. Por \u00faltimo, se hace un especial llamado a (i) las autoridades judiciales, para que, en casos similares, ponderen adecuadamente los intereses de las partes y, de ser necesario, efect\u00faen los ajustes metodol\u00f3gicos pertinentes para garantizar su participaci\u00f3n en condiciones de igualdad; y (ii) a los intervinientes en el sub-lite, para que se abstengan de incurrir nuevamente en conductas o emitir expresiones que pueden ser calificadas como discriminatorias. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho al debido proceso invocado por Sebasti\u00e1n Restrepo Villa. <\/p>\n
SEGUNDO: DEJAR sin valor ni efecto la decisi\u00f3n de 25 de agosto de 2023, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, as\u00ed como las dem\u00e1s actuaciones que de all\u00ed se desprendan, dentro del tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial que Andrea Arias Villa inici\u00f3 contra el accionante (rad. n.\u00ba 2021-00309). <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la precitada autoridad judicial que, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda nuevamente a resolver la apelaci\u00f3n y dicte la decisi\u00f3n a que haya lugar en dicha causa, en atenci\u00f3n a las consideraciones plasmadas en parte motiva de esta sentencia. <\/p>\n
CUARTO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura la difusi\u00f3n de esta providencia a trav\u00e9s de sus canales de comunicaci\u00f3n, a fin de que las autoridades judiciales y dem\u00e1s interesados la conozcan. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia. <\/p>\n
QUINTO: COMUNICAR por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta determinaci\u00f3n a los interesados y, en caso de no ser impugnado el fallo, remitir las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De acuerdo con la providencia de 25 de agosto de 2023 de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, mediante la cual se resolvieron los recursos de apelaci\u00f3n propuestos por las partes. All\u00ed se compendio la parte resolutiva del prove\u00eddo de 13 de febrero anterior, expedido por el a quo. <\/p>\n
2\u0002 En ese sentido, (i) el demandado y aqu\u00ed tutelante pidi\u00f3 que se revoque lo definido frente a las siguientes partidas: del activo, la cuarta y doceava; del pasivo, la octava, novena, d\u00e9cima, onceava, doceava, diecisieteava y veintiunava; (ii) su contraparte censur\u00f3 lo decidido en las partidas sexta y dieciseisava de los pasivos; y (iii) los acreedores cuestionaron lo atinente a la partida octava del pasivo. <\/p>\n
3\u0002 A cuyo tenor, se configura el motivo de invalidaci\u00f3n: \u00abCuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 En especial, aludi\u00f3 a las partidas: (i) doceava de los activos, a favor de la sociedad patrimonial y a cargo de la se\u00f1ora Arias Villa, por los c\u00e1nones percibidos entre octubre de 2020 a mayo de 2022, por un valor de $13.202.476, por el arrendamiento del apartamento, ubicado en la Urbanizaci\u00f3n Torreluna; (ii) novena del pasivo, a cargo de la sociedad y en beneficio del se\u00f1or Restrepo Villa, \u00abconsistente en los intereses sufragados por el se\u00f1or Restrepo Villa, a los acreedores Gloria Luc\u00eda Rom\u00e1n, por $12.400.000; a Cruz Elvia Villa G\u00f3mez, $12.400.000, y a Beatriz Elena Villa G\u00f3mez, por $4.650.000; la 10, por el pago que hiciera a la DIAN, a\u00f1o gravable 2020, por $14.033.000; la partida 11, por el pago de la medicina prepagada, a Suramericana, por la suma de $6.280.239; la partida 16, por valor de $910.984, por el pago que hiciera, el 3 de agosto de 2020, consistente en los impuestos causados, por el inmueble de la Urbanizaci\u00f3n Torreluna; la 17, pago efectuado al acreedor V\u00edctor Arias, por el monto de $10.000.000, el 18 de abril de 2020; la partida 21, por los impuestos de rodamiento y semaforizaci\u00f3n, sufragados, por la motocicleta de placas DDX75C, matriculada en Envigado, por valor de $930.440; adem\u00e1s de la recompensa peticionada por la demandante, a cargo de la sociedad patrimonial, enlistada en la partida 6 del pasivo, por cuenta de los gastos de mantenimiento, cancelados por la se\u00f1ora Arias Villa, por la suma de $12.204.477, derivados del rodante, de placas RIC474\u00bb; y (iii) dieciseisava de los pasivos: \u00absobre la cual el a quo le reconoci\u00f3 al demandado, a t\u00edtulo de compensaci\u00f3n, la suma de $910.984, por el dinero sufragado, el 3 de agosto de 2020, para cubrir el impuesto predial, generado por el apartamento 1707, de la Urbanizaci\u00f3n Torreluna, el cual hace parte del activo social\u00bb (pp. 10, 11 y 12, providencia del ad quem). <\/p>\n
5\u0002 Cita propia del texto referenciado: \u00abArchivo, \u201c58.1. 2021-00309_ CONTINUACI\u00d3N AUDIENCIA DE INVENTARIOS Y AVAL\u00daOS-20230213_090115-Grabaci\u00f3n de la reuni\u00f3n, min.02:09:55\u201d\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Cita propia del texto referenciado: \u00abCon excepci\u00f3n del inmueble adquirido en su totalidad por uno o ambos c\u00f3nyuges cuyo destino sea la habitaci\u00f3n de la familia. (Ley 258 de 1996)\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Se anota especialmente, porque esta libertad implica el deber de responsabilidad de los miembros de la pareja, teniendo en cuenta que en algunos casos de relaciones asim\u00e9tricas entre los integrantes de la uni\u00f3n puede evidenciarse el ejercicio arbitrario de dicha capacidad dispositiva, en desmedro de los derechos del otro compa\u00f1ero o c\u00f3nyuge. Al respecto, la expedici\u00f3n de la Ley 28 de 1932 constituy\u00f3 un hito, en tanto trat\u00f3 de zanjar los desequilibrios en esta materia. <\/p>\n
8\u0002 En virtud de la espec\u00edfica redacci\u00f3n del art\u00edculo 3 de la Ley 54 de 1990, conforme al cual \u00abEl patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos pertenece por partes iguales a ambos compa\u00f1eros permanentes. Par\u00e1grafo. No formar\u00e1n parte del haber de la sociedad, los bienes adquiridos en virtud de donaci\u00f3n, herencia o legado, ni los que se hubieren adquirido antes de iniciar la uni\u00f3n marital de hecho, pero s\u00ed lo ser\u00e1n los r\u00e9ditos, rentas, frutos o mayor valor que produzcan estos bienes durante la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb, la Corte Constitucional sostuvo en sentencia C-278 de 2014 que, a diferencia de la sociedad conyugal, en la sociedad patrimonial no se conformaba el haber relativo. <\/p>\n
9\u0002 Cita propia del texto referenciado: \u00abQue bien puede igualmente predicarse de la mujer seg\u00fan la asignaci\u00f3n de roles de cada pareja\u00bb. <\/p>\n
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STC12501-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC12501-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-03492-00 (Aprobado en Sala de veinticinco de octubre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Sebasti\u00e1n Restrepo Villa […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77491","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77491","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77491"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77491\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77491"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77491"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77491"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}