STC12502-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12502-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-01457-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 1\u00ba de agosto de 20231, que neg\u00f3 la tutela de Orlando Rivera Londo\u00f1o frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esa ciudad y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2018-00542. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que, Rivera Londo\u00f1o (junto a otra persona) fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva mediante sentencia del 23 de junio de 2020, a la pena principal de 120 meses de prisi\u00f3n y multa de 16.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por el delito de \u00abtr\u00e1fico de sustancias para el procesamiento de narc\u00f3ticos\u00bb, sin concesi\u00f3n de subrogado alguno. <\/p>\n
Refiri\u00f3 el actor que, el 2 de julio de esa anualidad present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la referida sentencia (tambi\u00e9n la formul\u00f3 la fiscal\u00eda), empero, seg\u00fan afirm\u00f3, para el momento de la interposici\u00f3n de la presente salvaguarda, el tribunal accionado no se ha pronunciado frente al recurso. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, se ordene decidir el recurso de apelaci\u00f3n impetrado contra el fallo de primera instancia en el proceso que lo involucra y \u00abse resuelva mi situaci\u00f3n como persona privada de la libertad en un tiempo perentorio (\u2026) obtener mi libertad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada a cargo de la ponencia del recurso de apelaci\u00f3n que se reclama, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva inform\u00f3 que, recibi\u00f3 la actuaci\u00f3n el 27 de julio de 2020, y destac\u00f3 que, \u00absi bien no ha resuelto la apelaci\u00f3n formulada por el accionante en el proceso ordinario, ello se debe a la alta complejidad del caso, que requiere de un tiempo prudencial para su estudio, y a la enorme carga laboral que afronta su despacho\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, esa colegiatura se rige por sistema de turnos y que el asunto del actor se encuentra actualmente en turno 7 para ser resuelto, y, sostuvo que, aunque comprende la urgencia del apelante, \u00abla cantidad de procesos que conoce el despacho le ha impedido evacuar la actuaci\u00f3n con mayor celeridad\u00bb. <\/p>\n
2. La Secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva precis\u00f3 que, una vez recibida la actuaci\u00f3n la someti\u00f3 a reparto y la envi\u00f3 al despacho de la magistrada ponente el 27 de julio de 2020. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Neiva aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y agreg\u00f3 que env\u00edo copia de la vinculaci\u00f3n a su hom\u00f3logo 2\u00b0 de la misma ciudad. <\/p>\n
4. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva se refiri\u00f3 al tr\u00e1mite impartido al proceso en esa instancia y alleg\u00f3 copia de la sentencia condenatoria emitida el 23 de junio de 2020; por lo dem\u00e1s, pidi\u00f3 declarar improcedente la demanda de tutela. <\/p>\n
5. La Fiscal\u00eda 2\u00aa Especializada de la misma ciudad indic\u00f3 que el accionante, a trav\u00e9s de su apoderado, solicit\u00f3 \u00abla revocatoria de la medida de aseguramiento\u00bb, pretensi\u00f3n que le fue negada en audiencia adelantada el 27 de junio de 2023. Contra esta decisi\u00f3n el defensor formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n y la audiencia de segunda instancia qued\u00f3 programada para el 31 de julio del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al concluir que la mora judicial denunciada por el quejoso en este caso se encuentra justificada; al respecto, destac\u00f3 que, \u00ab(\u2026) aunque podr\u00eda evidenciarse una tardanza para emitir la decisi\u00f3n que compete a la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, en punto de resolver las apelaciones formuladas por la defensa t\u00e9cnica, la misma se explica por las circunstancias especiales de congesti\u00f3n y la complejidad del caso en concreto\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante reiterando los argumentos del escrito inicial en el sentido de demandar una resoluci\u00f3n pronta al recurso de apelaci\u00f3n que impetr\u00f3 contra la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si la presente demanda tutelar satisface el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si la corporaci\u00f3n judicial convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda denunciada por el actor al incurrir, supuestamente, en mora judicial, al no haber resuelto el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia condenatoria de primera instancia (proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva, el 23 de junio de 2020 \u2013 proceso penal radicado n\u00ba 2018-00542). <\/p>\n
2. Del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
De conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la salvaguarda \u00absolo proceder\u00e1 cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u00bb, disposici\u00f3n reafirmada por el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, acorde con el cual \u00ab\u2026no proceder\u00e1: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb; de manera que, si las personas tienen a su alcance mecanismos regulares de protecci\u00f3n o los mismos hayan sido instaurados y est\u00e9n siguiendo su curso normal, a ellos se debe atener previo a acudir ante el juez de amparo. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. En el presente asunto, el actor centr\u00f3 su inconformidad en el hecho de que la autoridad accionada no ha resuelto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de primera instancia de 20 de junio de 2020 del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva, proceso que ingres\u00f3 al tribunal el 27 de julio de esa anualidad. <\/p>\n
Si bien la colegiatura tutelada est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de desatar los recursos verticales propuestos en el \u00e1mbito de su competencia, la realidad de la congesti\u00f3n judicial, la carga laboral y las situaciones administrativas como las puestas de presente por la funcionaria a cargo de la ponencia, superan cualquier posibilidad de cumplir cabalmente los t\u00e9rminos judiciales, y a pesar de tratarse de problem\u00e1ticas estructurales de la Rama Judicial que no tendr\u00edan por qu\u00e9 soportar los procesados, tampoco son prima facie, circunstancias que ineludiblemente tengan que atribuirse a un comportamiento negligente o ap\u00e1tico del demandado, lo cual ser\u00e1 un aspecto que debe examinarse de manera particular. <\/p>\n
3.2. No obstante lo anterior, y al margen de ese an\u00e1lisis, reclamos de esta especie tienen en principio otra v\u00eda a trav\u00e9s de la cual es posible denunciar el proceder irregular y\/u omisivo que se reprocha, en cuyo caso ser\u00eda la recusaci\u00f3n. <\/p>\n
De la posibilidad o alternativa enunciada, es preciso indicar que se trata de un instrumento legal previsto en el art\u00edculo 60 de la ley 906 de 2004 que, en armon\u00eda con el numeral 7\u00ba del canon 56 de la misma normativa, que contempla como causal de impedimento \u00ab(\u2026) el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada\u00bb, se erige como un medio jur\u00eddico apto para reclamar la ausencia de pronunciamiento oportuno en las causas bajo el direccionamiento de los operadores judiciales. <\/p>\n
En tal sentido, frente a reclamos del mismo tenor en materia penal, esta Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en relaci\u00f3n con la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso por la presunta mora (\u2026) concluye la Sala la improcedencia de la protecci\u00f3n solicitada porque \u00e9l [accionante] tiene a su alcance otro mecanismo de defensa\u2026Ciertamente el ordenamiento procesal penal prev\u00e9 dentro de las causales de impedimento, con base en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004 y en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 99 de la Ley 600 de 2000, la situaci\u00f3n en la cual \u2018(\u2026) el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada\u2019, as\u00ed como en los art\u00edculos 60 y 105 respectivamente. Las normas se\u00f1aladas disponen que si el funcionario en quien se d\u00e9 una causal de impedimento no la declara \u2018(\u2026) cualquiera de las partes podr\u00e1 recusarlo (\u2026)\u2019, y en ese sentido, dichos instrumentos de resguardo no pueden ser reemplazados o sustituidos a trav\u00e9s de la tutela, pues de lo contrario ser\u00edan invadidas injustificadamente las privativas funciones y la competencia de otras autoridades\u00bb (CSJ STC, 22 ag. 2014, exp. 00633-00, citado en STC5047-2016, 21 abr. 2016, rad. 2016-00481-01). <\/p>\n
Y en otra ocasi\u00f3n, se resalt\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En una cuesti\u00f3n similar, dijo la Sala de Casaci\u00f3n Penal que \u2018tanto en la Ley 600 de 2000 como 906 de 2004 se ofrece a las partes dentro del proceso penal el instrumento al cual acudir cuando consideren que la no resoluci\u00f3n de los casos por parte de los funcionarios judiciales pone en grave riesgo sus derechos, as\u00ed el art\u00edculo 99 y 56 respectivamente, numeral 7, que establecen las causales de impedimentos y recusaciones: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De manera que puede proponer el actor su insatisfacci\u00f3n a trav\u00e9s del instituto de la recusaci\u00f3n, sin que le sea al juez de tutela suplir funciones ordinarias\u201d\u00bb (CSJ. Civil. Sentencia de 18 de diciembre de 2014, rad. 11001-02-04-000-2014-02258-01, reiterada en STC13795-2015; STC10750-2020; STC3568-2021 y STC7932-2022 entre otras). <\/p>\n
Entonces, si el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 mecanismos judiciales donde el afectado puede ventilar su inconformidad para remediar la tardanza que reprocha en la resoluci\u00f3n de su caso, mal har\u00eda el juez de tutela interviniendo en una cuesti\u00f3n que, en principio, cuenta con un tr\u00e1mite espec\u00edfico para su alegaci\u00f3n, lo cual en definitiva deviene en la improcedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Es decir, mientras ello no suceda, no es est\u00e1 acci\u00f3n excepcional la llamada a proveer la soluci\u00f3n de una situaci\u00f3n que puede plantearse, seg\u00fan se precis\u00f3, a trav\u00e9s del instrumento que contempla la normativa procesal penal, ya que, se reitera, no est\u00e1 concebida como sustitutiva de los medios de defensa establecidos por la ley o para anticiparse a las decisiones que le compete dictar al juez ordinario. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la presunta mora judicial que se denuncia, la presente demanda desatiende el car\u00e1cter subsidiario que la gobierna, ya que, el tutelante, antes de acudir a la salvaguarda, debe agotar todos los instrumentos jur\u00eddicos que tenga a disposici\u00f3n, id\u00f3neos para formular ese tipo inconformidades. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 25 de octubre de 2023. \u2013 Ingres\u00f3 al despacho del ponente el 27 de octubre de 2023. <\/p>\n
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