STC12504-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12504-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01942-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 3 de octubre, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Rubiel Antonio Hern\u00e1ndez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito de Conocimiento de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la partes e intervinientes reconocidos en el proceso penal 2017-01349. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando por conducto de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00aba la igualdad\u00bb, debido proceso y defensa. <\/p>\n
2. De lo recopilado se extracta, en s\u00edntesis, que contra el ac\u00e1 gestor curs\u00f3 la causa penal indicada en p\u00e1rrafos precedentes, por el concurso de actos sexuales abusivos agravados con menor de 14 a\u00f1os, dentro de la cual, el Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1, mediante sentencia de 28 de julio de 2022, le impuso 156 meses de prisi\u00f3n e interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n fue confirmada en su integridad por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el pasado 26 de junio al desatar la apelaci\u00f3n formulada por la parte defensiva, sin que contra esta \u00faltima providencia se interpusiera el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Rubiel Antonio Hern\u00e1ndez acude ahora a esta especial senda para cuestionar la hermen\u00e9utica de los juzgadores de instancia la que, a su juicio, adolece de defectos f\u00e1ctico y sustantivo en tanto que, de un lado, con la prueba acopiada no se alcanz\u00f3 el est\u00e1ndar de convencimiento requerido para condenar y, de otro, la circunstancia de agravaci\u00f3n punitiva atribuida (art. 211-2 C.P.) no qued\u00f3 fehacientemente acreditada. <\/p>\n
4. As\u00ed, luego de exponer la forma como, bajo su particular intelecci\u00f3n, se debieron valorar las pruebas e interpretarse las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, solicit\u00f3 remover los efectos de los fallos censurados para ordenarle al colegiado ad quem que \u00abdicte sentencia con arreglo a la ley y a los hechos demostrados, absolviendo[lo]\u2026 y revocando la sentencia de primera instancia [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El despacho del magistrado ponente de la sentencia de segundo grado, por conducto de uno de sus empleados, se limit\u00f3 a remitir el enlace de acceso al expediente virtual. <\/p>\n
2. La secretaria del Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1, luego de hacer un breve recuento de la actividad adelantada en esa instancia, resalt\u00f3 que \u00abes[e] despacho surti\u00f3 las etapas procesales correspondientes, se garantiz\u00f3 la defensa t\u00e9cnica del procesado quien, desde la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, estaba debidamente enterada [sic] del proceso que cursaba en su contra, por tanto\u2026 no ha efectuado acciones ni omisiones que vulneren los derechos fundamentales del se\u00f1or Rubiel Antonio Hern\u00e1ndez\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n aduciendo que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n \u00abno est\u00e1 al alcance de [sus] posibilidades econ\u00f3micas\u2026 dado que los costos por honorarios de un abogado experto en casaci\u00f3n son bastante elevados\u00bb y el defensor p\u00fablico que lo represent\u00f3 a lo largo de las instancias ordinarias \u00abjam\u00e1s le inform\u00f3 de la posibilidad de ejercer el recurso extraordinario\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si las autoridades judiciales encartadas lesionaron las prerrogativas fundamentales de Rubiel Antonio Hern\u00e1ndez, dentro del proceso penal que se adelant\u00f3 en su contra, al declararlo responsable, en calidad de autor, del concurso de actos sexuales abusivos agravados con menor de 14 a\u00f1os, aparentemente sin alcanzar el est\u00e1ndar de convencimiento requerido para condenar y realizando una aplicaci\u00f3n indebida de la circunstancia de agravaci\u00f3n punitiva consagrada en el numeral 2 del art\u00edculo 211 del C\u00f3digo Penal pues, a su juicio, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n no logr\u00f3 demostrar la supuesta confianza depositada en \u00e9l por la v\u00edctima del injusto. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que \u00e9sta acci\u00f3n no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. De la incuria <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Del caso concreto <\/p>\n
Rubiel Antonio Hern\u00e1ndez acudi\u00f3 al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, que considera quebrantados por las autoridades judiciales accionadas por cuanto lo condenaron (i) sin haber alcanzado el convencimiento m\u00e1s all\u00e1 de toda duda sobre su participaci\u00f3n en las conductas punibles atribuidas y (ii) atribuy\u00e9ndole una circunstancia de agravaci\u00f3n punitiva que no fue debidamente acreditada. <\/p>\n
Como se advirti\u00f3, la acci\u00f3n de tutela se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de la subsidiariedad y su inobservancia ocurre cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios -lo que constituye incuria- o porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la presunta afectaci\u00f3n de derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa, se configura la primera modalidad puesto que el accionante, pese a tener a su alcance el medio de defensa judicial id\u00f3neo para plantear el debate que expone por esta v\u00eda, injustificadamente lo desaprovech\u00f3. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con la informaci\u00f3n recopilada en la primera instancia, Rubiel Antonio Hern\u00e1ndez no acudi\u00f3 al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, escenario propicio para que el Tribunal de cierre, en ejercicio de las facultades que le otorga el ordenamiento jur\u00eddico, examinara la presunta afectaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales que hoy alega por esta v\u00eda subsidiaria y residual, con lo que se mostr\u00f3 de acuerdo con lo decidido por las instancias ordinarias, permitiendo con ello que la condena impuesta alcanzara firmeza. <\/p>\n
De esta manera, la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales es improcedente, salvo que se presente alguna de las \u00abcausales gen\u00e9ricas de procedibilidad\u00bb a las que ha hecho referencia la jurisprudencia constitucional, pues su finalidad es la protecci\u00f3n de derechos fundamentales que resulten vulnerados cuando en el curso del proceso el funcionario judicial act\u00fae y decida de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en los que la decisi\u00f3n es emitida desbordando el \u00e1mbito funcional o en forma manifiestamente contraria al ordenamiento jur\u00eddico, siempre que no se disponga de otro medio de defensa, y no la de revivir oportunidades o momentos procesales precluidos ni restablecer t\u00e9rminos de ejecutoria que permitan la impugnaci\u00f3n de las decisiones que se perdieron por la inactividad de la parte interesada pues, de lo contrario, este instrumento supralegal contrariar\u00eda principios y valores superiores como la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
De modo que, como no se hizo uso de la herramienta defensiva indicada en precedencia, para esta Corporaci\u00f3n se reafirma la inviabilidad de la presente acci\u00f3n de tutela, por virtud del car\u00e1cter residual y subsidiario que le es inherente en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1 del Decreto 2591 de 1991, sin que pueda ser de recibo la afirmaci\u00f3n del querellante de que el defensor que lo represent\u00f3 nunca le inform\u00f3 sobre la procedencia del medio de impugnaci\u00f3n, puesto que aquel concurri\u00f3 virtualmente a la audiencia de lectura del fallo de segundo grado en la cual el magistrado ponente le advirti\u00f3 que contra dicha decisi\u00f3n proced\u00eda el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco se muestra justificado el alegato presentado en sede de impugnaci\u00f3n, referente a que la condici\u00f3n econ\u00f3mica del censor le impidi\u00f3 acudir oportunamente al instrumento tantas veces mencionado, dado que, para esos eventos, el Sistema Nacional de Defensor\u00eda P\u00fablica cuenta con un programa especializado en la materia, al cual los usuarios pueden acudir a efectos de recibir asesor\u00eda y acompa\u00f1amiento en la formulaci\u00f3n del recurso extraordinario. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Como la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, se ratificar\u00e1 el fallo confutado pues, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n en el ejercicio del medio de defensa ordinario queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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