STC12513-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12513-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2023-00205-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 19 de octubre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gildardo Antonio Calder\u00f3n Montoya contra el Juzgado Civil del Circuito de Andes, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Promiscuo Municipal de Hispania y los intervinientes en el litigio n\u00ba 2021-00070. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por intermedio de apoderado judicial, el accionante invoc\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis expuso que, mediante prove\u00eddo del 25 de julio de 2023, el Juzgado Civil del Circuito de Andes confirm\u00f3 en sede de apelaci\u00f3n, el fallo proferido en audiencia el 18 de mayo anterior por el Juzgado Promiscuo Municipal de Hispania, que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda formulada contra Gloria Nelly Ram\u00edrez Giraldo, para que se declarara la resoluci\u00f3n del contrato de venta del inmueble contenido en la escritura p\u00fablica n\u00b0 746 del 21 de agosto de 2016, incurriendo en v\u00eda de hecho, pues \u00abLas Autoridades Cognoscentes (\u2026) para dirimir la pugna judicial, centraron su atenci\u00f3n en la parte final del Par\u00e1grafo Tres de la cl\u00e1usula tres de la escritura p\u00fablica (\u2026) y traen a colaci\u00f3n los efectos de la ley 675 de 2001\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, lo pretendido a trav\u00e9s de la acci\u00f3n, es que se ordene a la autoridad judicial querellada \u00abdejar sin efecto jur\u00eddico – legal la decisi\u00f3n de segundo grado\u00bb, para entonces, \u00abvolver emitir fallo que contenga de forma expresa el an\u00e1lisis judicial de la parte pultima (sic) del Par\u00e1grafo Tres de la cl\u00e1usula tres de la escritura p\u00fablica 746 de agosto 21 de 2016 de La Notaria \u00danica Andes Antioquia, en lo atinente\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL VINCULADO <\/p>\n
El Juez Promiscuo Municipal de Hispania, luego de relacionar cada una de las actuaciones surtidas al interior del proceso criticado, precis\u00f3 que \u00abLa actuaci\u00f3n surtida en el proceso bajo mi instrucci\u00f3n se ha ajustado a los par\u00e1metros legales previamente establecidos para \u00e9ste; coligi\u00e9ndose id\u00e9ntico actuar en lo ejecutado por el Juzgado Civil del Circuito de Andes, Antioquia. Razones por las cuales, estima este Operador de Justicia, que al accionante no se le ha vulnerado derecho alguno dentro del tr\u00e1mite referenciado, ni existen \u201cV\u00edas de Hecho\u201d que justifiquen el amparo tutelar deprecado por \u00e9ste\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo, tras considerar que la decisi\u00f3n censurada por esta v\u00eda contiene un examen acucioso, serio y razonado de los medios probatorios obrantes en el proceso revisado, pues \u00abel juzgador de instancia no ignor\u00f3 los reparos concretos enarbolados por el promotor en su alzada, ni menos el acervo probatorio destacado, sino que, a la luz de las pruebas adosadas al plenario, desech\u00f3 su prosperidad, luego de resaltar que el convenio de venta hab\u00eda sido honrado por la demandada, y que el acuerdo privado suscrito con posterioridad no ten\u00eda la virtualidad de estructurar el incumplimiento obligacional endilgado. En ese contexto, lo que se aprecia es que el promotor busca imponer su propia hermen\u00e9utica sobre lo decidido, pasando por alto que el mecanismo excepcional de tutela contra decisiones judiciales s\u00f3lo se abre paso cuando quiera que se aviste el desconocimiento frontal y protuberante de una m\u00e1xima ius fundamental\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue interpuesta por el querellante, para se\u00f1alar que \u00abla demanda de la referencia se queja de la ausencia de una argumentaci\u00f3n judicial espec\u00edfica dentro del fallo confutado. Impera entonces, que la decisi\u00f3n de primera instancia en el sub litem debe citar la narrativa que se dice es ausente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron la garant\u00eda denunciada al declarar probada la excepci\u00f3n de \u00abINEXISTENCIA DE LA CAUSAL INVOCADA\u00bb, y, rechazar las pretensiones de las demanda, dentro del proceso de resoluci\u00f3n de contrato promovido por Gildardo Antonio Calder\u00f3n Montoya, aqu\u00ed interesado, contra Gloria Nelly Ram\u00edrez Giraldo (n\u00b0 2021-00070). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a la decisi\u00f3n proferida el 25 de julio de 2023 por el Juzgado Civil del Circuito de Andes, por cuanto fue la que defini\u00f3 el asunto al confirmar la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la totalidad de las pretensiones al gestor, tomada el 18 de mayo anterior por el Juzgado Promiscuo Municipal de Hispania. <\/p>\n
Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que, \u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada entre otras, en STC1454-2023, 22 feb. 2023, rad. 00005-01). <\/p>\n
4. Razonabilidad de la providencia cuestionada <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 la negativa del amparo tal como lo concluy\u00f3 el tribunal constitucional de primer grado, en tanto que, del examen del prove\u00eddo censurado no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
En el asunto estudiado, el juez convocado comenz\u00f3 por se\u00f1alar los antecedentes del asunto, precisando que, como soporte de la acci\u00f3n, el demandante, aqu\u00ed querellante, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel 21 de agosto de 2016 y mediante escritura p\u00fablica n\u00famero 746 de agosto 21 de 2016 de la Notar\u00eda \u00danica de Andes, demandante y demandado celebraron contrato de compraventa sobre un inmueble ubicado en el Municipio de Hispania (Antioquia), en su carrera 59 N\u00b0 50-17, mismo que hac\u00eda parte integral del EDIFICIO RAM\u00cdREZ PROPIEDAD HORIZONTAL, distinguido como apartamento V2 (102) e identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 004-41978 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Andes y que posteriormente a tal acto jur\u00eddico, mediante escrito privado debidamente autenticado y fechado julio cuatro (4) de dos mil diecisiete (2017), aquellos acordaron que la se\u00f1ora GLORIA <\/p>\n
NELLY RAM\u00cdREZ GIRALDO pagar\u00eda al se\u00f1or GILDARDO ANTONIO CALDERON MONTOYA \u201clas cuotas de administraci\u00f3n\u201d que la propiedad horizontal RAM\u00cdREZ le llegare a cobrar en raz\u00f3n de dicho inmueble y mientras el mismo fuera de propiedad de este; lo que ella acat\u00f3 hasta el mes de diciembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
Luego, procedi\u00f3 al an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y se\u00f1al\u00f3, que lo reclamado en consecuencia a trav\u00e9s de la acci\u00f3n, es <\/p>\n
\u00abla declaraci\u00f3n de resoluci\u00f3n judicial del contrato de venta del inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 004-41978 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Andes (Antioquia) y que obra en la escritura p\u00fablica 746 de agosto 21 de 2016 de la Notar\u00eda \u00danica de Andes por incumplimiento de las obligaci\u00f3n de la demandada y consistente en pagar las cuotas de administraci\u00f3n de dicho inmueble conforme pacto expreso y escrito que las partes intervinientes en tal negocio jur\u00eddico hicieran el d\u00eda 4 de julio de 2017\u00bb. <\/p>\n
Y continu\u00f3 diciendo: <\/p>\n
\u00abLa demandada respondi\u00f3 a los hechos indicando que, en efecto y dando cumplimiento al negocio del d\u00eda 4 de julio de 2017, pag\u00f3 al se\u00f1or CALDERON MONTOYA y hasta el a\u00f1o dos mil veinte (2020) las cuotas de administraci\u00f3n del citado apartamento y que para tal a\u00f1o, ante un asesoramiento legal, se determin\u00f3 que no estaba obligada a seguir haciendo tales pagos por ser ilegales y patrocinadores de un enriquecimiento sin causa; raz\u00f3n por la que le envi\u00f3 a aquel una comunicaci\u00f3n privada en tal sentido\u00bb. <\/p>\n
Tras citar lo previsto en el art\u00edculo 1849 del C\u00f3digo Civil y 905 del C\u00f3digo de Comercio, refiri\u00f3 el fallador: <\/p>\n
\u00abresultan esenciales en dicho pacto, la existencia o especificaci\u00f3n de la cosa vendida, dependiendo de ello la obligaci\u00f3n a cargo del vendedor de realizar su entrega o tradici\u00f3n (C.C., arts. 1869, 1870 y C. Co., art. 911), junto a su obligaci\u00f3n de salir al saneamiento en los casos de ley; y la determinaci\u00f3n del precio (C.C., art. 1864 y C. Co., art. 920), g\u00e9nesis de la obligaci\u00f3n a cargo del comprador. La insuficiencia de cualquiera de dichos elementos no produce efecto alguno, ni habr\u00e1 venta (C.C., art. 1857). <\/p>\n
Del texto del documento adosado con el libelo, esto es, de la escritura p\u00fablica n\u00famero 746 de agosto 21 de 2016 de la Notar\u00eda \u00danica de Andes, se deduce que se trata de una compraventa en raz\u00f3n a que en \u00e9l, la parte demandada vende a la parte demandante y esta a su vez compra a aquella, un inmueble ubicado en el Municipio de Hispania (Antioquia), en su carrera 59 N\u00b0 50-17, mismo que hace parte integral del EDIFICIO RAM\u00cdREZ PROPIEDAD HORIZONTAL, distinguido como apartamento V2 (102). <\/p>\n
En el caso concreto, el contrato de compraventa re\u00fane a cabalidad todos los presupuestos impuestos por el art\u00edculo 1849 y siguientes del c\u00f3digo civil puesto que las partes entrecruzaron sus voluntades y cumplieron con las formalidades exigidas por la ley para perfeccionar la compraventa y a trav\u00e9s del acuerdo contractual se oblig\u00f3 la una a entregar la cosa, a efectuar su tradici\u00f3n, a sanear en caso de vicios redhibitorios o de evicci\u00f3n, etc., y la otra a pagar el precio del modo convenido y a realizar las dem\u00e1s prestaciones pactadas, lo cual fue evidentemente cumplido porque con fecha agosto 21 de 2016 se otorg\u00f3 la escritura p\u00fablica que perfeccion\u00f3 dicha venta, misma que, conforme consta en la anotaci\u00f3n n\u00famero 08 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria adosado con la demanda y que corresponde al inmueble vendido, fue debidamente registrada el d\u00eda 30 del mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Como se puede apreciar, el vendedor se encuentra compelido no solo a la entrega de la cosa enajenada, sino tambi\u00e9n garantizar el dominio y posesi\u00f3n pacifica de \u00e9sta, y en el evento en que aquellos fueren perturbados, dicho contratante est\u00e1 llamado al saneamiento por evicci\u00f3n; mientras, que de existir vicios ocultos, puede el comprador, optar por la acci\u00f3n redhibitoria para la recisi\u00f3n del contrato, o por la acci\u00f3n de reducci\u00f3n del precio -actio quanti minoris- y en el presente caso el demandante alega como causal de resoluci\u00f3n del precitado contrato de venta un incumplimiento por parte de la demandada de un pacto celebrado con ella once (11) meses despu\u00e9s de otorgada la escritura p\u00fablica n\u00famero 746 de agosto 21 de 2016 de la Notar\u00eda \u00danica de Andes, el cual hac\u00eda relaci\u00f3n al pago de las expensas comunes para el mantenimiento del inmueble vendido, mismo que \u2013a no dudarlo- no puede ser invocado como fuente o venero para pedir la resoluci\u00f3n de la venta all\u00ed contenida por cuanto para tal data tal contrato, de acuerdo con lo normado en el art\u00edculo 1857 del c\u00f3digo civil, se hab\u00eda perfeccionado con el acuerdo respecto de la cosa vendida y su precio, am\u00e9n de la suscripci\u00f3n de dicho documento p\u00fablico y la tradici\u00f3n de la cosa mediante su registro en la Oficina de Registro correspondiente, a m\u00e1s de que dicho pacto nada tiene que ver con la obligaci\u00f3n de saneamiento de que se habl\u00f3 atr\u00e1s. <\/p>\n
Conforme lo antes expresado no es dable entrar a estudiar el supuesto incumplimiento por carencia de inter\u00e9s de quien demanda la resoluci\u00f3n del negocio por haber alcanzado la satisfacci\u00f3n de la tradici\u00f3n y la entrega del predio libre de grav\u00e1menes o cualquiera otra situaci\u00f3n que le embarazara o dificultara el uso y goce del inmueble que adquiri\u00f3. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En resumen, puede deprecar la resoluci\u00f3n de un acuerdo de voluntades el contratante cumplido, entendi\u00e9ndose por tal aquel que ejecut\u00f3 las obligaciones que adquiri\u00f3 y en el caso a estudio ambos contratantes honraron sus primigenias obligaciones porque, conforme lo regulan los art\u00edculos 1928 y 1880 del c\u00f3digo civil, \u00abLa principal obligaci\u00f3n del comprador es la de pagar el precio convenido\u00bb, y las del vendedor a la entrega o tradici\u00f3n y el saneamiento de la cosa vendida, lo que las partes acataron a cabalidad de acuerdo con los suasorios acopiados en la oportunidad probatoria\u00bb. <\/p>\n
Lo que conllev\u00f3 al juzgador a se\u00f1alar: <\/p>\n
\u00abNo obstante lo antes dicho y como el censor centra su disenso en que la accionante incumpli\u00f3 el contrato cuya resoluci\u00f3n pretende, que no es otro que la venta del inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 004-41978 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Andes (Antioquia) y que obra en la escritura p\u00fablica 746 de agosto 21 de 2016 de la Notar\u00eda \u00danica de Andes, por el presunto incumplimiento de aquella y consistente en pagar las cuotas de administraci\u00f3n de dicho bien conforme pacto expreso y escrito que las partes intervinientes en tal negocio jur\u00eddico hicieran el d\u00eda 4 de julio de 2017, entraremos a examinar si tal convenio puede y debe dar al traste con tal negocio jur\u00eddico pues como lo alega el recurrente para la resoluci\u00f3n del presente caso debe hacerse una lectura completa de ambos documentos y no aislada como lo hizo el juez de primera instancia. <\/p>\n
Para ello empezaremos por decir, a la luz de los textos legales, la jurisprudencia y la doctrina, que el procedimiento que se sigue dentro de la teor\u00eda general, para entender o interpretar un contrato de acuerdo con la com\u00fan intenci\u00f3n de los contratantes y asignarle los efectos por ellos queridos y los que el ordenamiento jur\u00eddico indica, comprende tres pasos: interpretaci\u00f3n, calificaci\u00f3n e integraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y continu\u00f3 diciendo: <\/p>\n
A la luz de estos principios hemos de referirnos en este momento al pacto del cuatro (4) de julio de dos mil diecisiete (2017) y empezando por decir decir (sic) que en el r\u00e9gimen de propiedad horizontal convergen normas de orden p\u00fablico y privado, siendo las primeras las de la ley 675 de 2001 y las del reglamento de propiedad horizontal protocolizado y que entrega el constructor con los bienes privados, mientras que las segundas son los acuerdos o consensos que los copropietarios definen con sus alcances y sanciones en tanto que son de autorregulaci\u00f3n y s\u00f3lo producen efectos para quienes las suscriben; entre estas est\u00e1 el manual de convivencia. <\/p>\n
Para la resoluci\u00f3n del caso en comento es menester tener en cuenta lo que prescribe la ley 675 de 2001 respecto a las expensas comunes y empezaremos por decir que el Art\u00edculo 5\u00ba de esta ley, relativo al \u201cContenido de la escritura o reglamento de propiedad horizontal\u201d ordena que \u201cLa escritura p\u00fablica que contiene el reglamento de propiedad horizontal deber\u00e1 incluir como m\u00ednimo: Los coeficientes de copropiedad y los m\u00f3dulos de contribuci\u00f3n, seg\u00fan el caso. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Todo este recuento normativo para significarle al recurrente que si bien es cierto el a quo no se refiri\u00f3 expresamente a su alegaci\u00f3n de que el convenio posterior al perfeccionamiento del contrato de venta y relativo al pago de cuotas de administraci\u00f3n del inmueble vendido deb\u00eda hacer parte integral de la compraventa, con lo dicho atr\u00e1s tal postura se caer\u00eda de su propio peso, no s\u00f3lo porque el mismo no puede ni debe modificar un contrato v\u00e1lidamente celebrado, sino tambi\u00e9n porque, independientemente de su conformidad o no con el derecho, su notable y evidente desequilibrio contractual y falta de causa8, tal convenio tiene una autonom\u00eda propia y desligada del primigenio contrato de venta, motivo por el cual, si es que alg\u00fan reparo tiene el demandante sobre la ejecuci\u00f3n del mismo, es que este debe \u2013en aplicaci\u00f3n de lo preceptuado en el art\u00edculo 1546 del c\u00f3digo civil- acudir a su cumplimiento forzado m\u00e1s indemnizaci\u00f3n de perjuicios y no a la resoluci\u00f3n de la venta tantas veces referida. <\/p>\n
Fuera de lo anterior es criterio de este operador judicial que si alguna irregularidad se present\u00f3 al momento de la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica y relativa al pago de las cuotas de administraci\u00f3n del inmueble vendido, con la constancia dejada por el Notario se solvent\u00f3 tal dificultad y bien que as\u00ed lo fue por cuanto la vendedora pag\u00f3 por mucho tiempo esas cuotas de administraci\u00f3n y, adem\u00e1s, el demandante de autos, conforme lo expres\u00f3 en su interrogatorio, no es la primera vez que compra un inmueble sometido a propiedad horizontal y por ello es sabedor que en tal r\u00e9gimen es carga del propietario el pago de las cuotas de administraci\u00f3n, raz\u00f3n por la que debi\u00f3 haber actuado como un buen padre de familia y no suscribir la escritura hasta que no se disipara la duda, lo que en sentir del suscrito juez se hizo en el momento del otorgamiento de la escritura p\u00fablica de venta, pues de lo contrario no se hubiera suscrito tal instrumento p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
Como puede observarse de lo rese\u00f1ado, el Juzgado del Circuito querellado valor\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n del recurso y los medios de prueba aportados, para darles el alcance demostrativo que seg\u00fan su criterio era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Es que sobre la pretensi\u00f3n de exigir al juzgador una determinada valoraci\u00f3n de los medios probatorios y de la interpretaci\u00f3n normativa, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC098-2023, 18 en. 2023, rad. 00207-01). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando eventualmente el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
Ahora bien, el solo hecho de no compartir los argumentos anteriores, no convierte esa determinaci\u00f3n en una v\u00eda de hecho apta de ser revisada por el juez de tutela, pues, la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo constitucional, porque esta v\u00eda excepcional no fue concebida como instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las deducciones valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC619-2023, 1\u00b0 feb. 2023, rad. 00709-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 lo resuelto por el tribunal, dado que la decisi\u00f3n adoptada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda, al tiempo que el gestor pretende utilizar esta herramienta de protecci\u00f3n a modo de instancia adicional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12513-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC12513-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2023-00205-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77497","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77497","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77497"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77497\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77497"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77497"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77497"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}