STC12522-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12522-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-21-000-2023-00022-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el veintiocho de agosto \u00faltimo por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, en la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 la Unidad Administrativa Especial en Gesti\u00f3n y Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas contra el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Monter\u00eda; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
La Unidad Administrativa Especial en Gesti\u00f3n y Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela, invocando la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada con ocasi\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n de tierras 23001312100220230001300. <\/p>\n
En concreto, aducen la vulneraci\u00f3n con ocasi\u00f3n del auto de 2 de mayo de 2023 que orden\u00f3 a la UAEGRTD notificar a las personas que figuran como propietarios inscritos del predio objeto de reclamaci\u00f3n, y que dicha medida le impone un deber o carga procesal que no le corresponde en tanto esa entidad no es parte y, porque, adem\u00e1s, desconoce el precedente fijado en la sentencia T-034 de 2017 de la Corte Constitucional, en tanto all\u00ed se se\u00f1al\u00f3 que la instrucci\u00f3n del proceso est\u00e1 a cargo de los jueces civiles especializados en restituci\u00f3n de tierras, etapa que incluye la notificaci\u00f3n de las partes. <\/p>\n
En consecuencia, solicitan dejar sin valor ni efecto r la orden contenida en el auto nro. 119 del 2 de mayo de 2023 emitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Monter\u00eda, relativa a que la UAEGRTD se encargue de la notificaci\u00f3n de la misma providencia a los propietarios inscritos del inmueble que se solicita en restituci\u00f3n dentro del proceso bajo radicado nro. 23001312100220230001300. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Monter\u00eda defendi\u00f3 la legalidad de saus actuaciones, para el efecto expuso: <\/p>\n
(i). Las actuaciones surtidas al interior de dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
(ii). La naturaleza constitucional del proceso de restituci\u00f3n de tierras y las facultades que el art\u00edculo 93 de la ley 148 de 2011 le otorga. <\/p>\n
(iii). La mejor posici\u00f3n en la que se encuentra la UAEGRTD para notificar a las personas que tengan derechos inscritos sobre el predio objeto de restituci\u00f3n, toda vez que ellos se encuentra realizando brigadas en esa municipalidad (San Jos\u00e9 de Ur\u00e9) y porque en otro proceso ya una vez lo hicieron. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo por criterio razonable, pues concluy\u00f3 que el \u00aban\u00e1lisis f\u00e1ctico que realiz\u00f3 el juez en la providencia no se dio de manera arbitraria, irracional o caprichosa, ni se omiti\u00f3 su valoraci\u00f3n; por el contrario, se analizaron con suficiencia los hechos del contexto regional, la ausencia de informaci\u00f3n concreta para que el citador del despacho pueda adelantar gestiones para la notificaci\u00f3n, la falta de operaci\u00f3n de empresas postales en la zona requerida, la actuaci\u00f3n de la Unidad en casos an\u00e1logos, y dicha informaci\u00f3n se trajo al proceso y a la providencia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La UAEGRTD reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su demanda inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por su car\u00e1cter eminentemente residual y subsidiario, contrario a lo que sostuvo la impugnante, se requiere para su procedencia que no exista otro medio id\u00f3neo de defensa y se hayan agotado de manera diligente las herramientas ordinarias de control que el ordenamiento superior y la ley consagran para la protecci\u00f3n de tal clase de garant\u00edas. <\/p>\n
2. Advierte la Sala el fracaso del resguardo invocado, pues no se advierte que la resoluci\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n que mantuvo en firme el auto 119, soslayara garant\u00edas iusfundamentales o incurriera en cargar procesales que la UAEGRTD no est\u00e9 en capacidad de soportar: <\/p>\n
La Corte Constitucional ha reiterado que la notificaci\u00f3n es el acto material de comunicaci\u00f3n mediante el cual se da a conocer a las partes o terceros las decisiones proferidas por las autoridades p\u00fablicas, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. De esta manera, las notificaciones permiten que materialmente sea posible que los interesados hagan valer sus derechos, oponi\u00e9ndose a los actos de la contraparte o impugnando las decisiones de la autoridad competente. Ha precisado tambi\u00e9n que la notificaci\u00f3n no es un acto meramente formal o de tr\u00e1mite, ya que a trav\u00e9s de ella se desarrolla el principio de publicidad de las actuaciones p\u00fablicas (art\u00edculo 228 superior) y se garantizan los derechos fundamentales al debido proceso (contradicci\u00f3n y defensa) y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, consagrados en los art\u00edculos 29 y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, respectivamente. Al respecto, en Auto 091 de 2002, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201cDe esta manera, el acto procesal de notificaci\u00f3n responde al principio constitucional de publicidad de las actuaciones p\u00fablicas, mediante el cual se propende por la prevalencia de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia (art\u00edculos 29 y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), dado que se garantiza el ejercicio de los derechos de defensa, de contradicci\u00f3n y de impugnaci\u00f3n previstos en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
De suerte que, la notificaci\u00f3n del inicio y de las distintas actuaciones efectuadas en desarrollo de un proceso, permiten hacer valederos los derechos procesales constitucionales de los asociados, ya que faculta a las partes y a los intervinientes tanto para oponerse a los actos de la contraparte como para impugnar las decisiones adoptados por la autoridad competente dentro de los t\u00e9rminos previstos en la ley.\u201d De igual forma, dicha corporaci\u00f3n ha reiterado la necesidad de notificar a las personas directamente interesadas, precisando que dicha notificaci\u00f3n es uno de los actos procesales m\u00e1s importantes, ya que en ella se concreta el derecho fundamental al debido proceso, desde la \u00f3ptica de la leg\u00edtima contradicci\u00f3n y defensa. <\/p>\n
Ahora bien, la importancia que para cualquier proceso de justicia transicional exitoso reviste la convocatoria de las partes y terceros interesados. El inicio de un proceso de restituci\u00f3n de tierras puede desencadenar la reacci\u00f3n de distintos tipos de opositores, incluyendo sujetos vulnerables que podr\u00edan estar en condiciones similares de marginalidad a los reclamantes. De ah\u00ed la necesidad de notificar correctamente a todas estas personas para que sus reclamos puedan ser escuchados y tramitados. De lo contrario, podr\u00eda propiciarse la germinaci\u00f3n de nuevos conflictos sociales y, jur\u00eddicamente, dar lugar a la apertura de incidentes de nulidad o la necesidad excepcional de retrotraer el proceso a sus inicios, as\u00ed lo expuso la sentencia de la Corte Constitucional T-341\/22. <\/p>\n
Indica esta misma providencia que \u201cLos jueces de Restituci\u00f3n de Tierras son jueces constitucionales1 a quienes se les encomend\u00f3 un proceso de \u201ccar\u00e1cter extraordinario y de naturaleza excepcional, toda vez que se trata de un procedimiento inscrito en el \u00e1mbito de la justicia transicional\u201d- Bajo este contexto, la jurisprudencia tambi\u00e9n ha indicado que el juez constitucional est\u00e1 revestido de amplias facultades oficiosas que debe asumir de manera activa para poner en marcha los medios m\u00e1s eficaces para la adecuada realizaci\u00f3n del derecho al debido proceso, dando las garant\u00edas del caso a las partes comprometidas para que puedan pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes y hacer uso de los recursos que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Ahora bien, en materia del proceso especializado de restituci\u00f3n de tierras tenemos la disposici\u00f3n contenida en la ley 1448 de 2.011 regula las notificaciones, as\u00ed: Art\u00edculo 93. Notificaciones. Las providencias que se dicten se notificar\u00e1n a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere m\u00e1s expedito y eficaz.\u201d (Subrayas y negrillas fuera de texto) <\/p>\n
De la norma precitada se concluye que las providencias que se dicten en el tr\u00e1mite del proceso especializado de restituci\u00f3n de tierras deben notificarse por el medio que el juez considere m\u00e1s expedito y eficaz. (subraya y resalta el Despacho), por lo que no resulta de recibo por parte de este Despacho el argumento del recurrente en el sentido de indicar que \u201cresulta imposible encontrar sustento en la Ley 1448 de 2.011 para imponer esta carga a la parte demandante\u201d. <\/p>\n
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa\u00f1ola da los siguientes significados de la palabra expedito: \u201cdesembarazado, libre de todo estorbo y pronto a obrar\u201d. <\/p>\n
Sobre la eficacia de la notificaci\u00f3n la Corte ha explicado que la misma \u201csolo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia\u201d De esta forma, para que un medio de notificaci\u00f3n pueda ser considerado expedito y eficaz, debe ser r\u00e1pido y garantizar que el interesado va a conocer de forma fidedigna y oportuna el contenido de la providencia. En consonancia con lo expresado, la Corte Constitucional ha sostenido que la obligaci\u00f3n de notificar que tiene el juez de constitucional es de medio y no implica la utilizaci\u00f3n de una determinada forma de notificaci\u00f3n, siempre que la que se elija sea eficaz y se rija por el principio de la buena fe. <\/p>\n
Sobre el particular, en Auto 229 de 2003, expuso: \u201cEl juez tiene a su disposici\u00f3n distintos medios para notificar las providencias por \u00e9l proferidas, y podr\u00e1 escoger entre ellos el que objetivamente considere m\u00e1s id\u00f3neo, expedito y eficaz para poner la decisi\u00f3n en comunicaci\u00f3n de los afectados, en atenci\u00f3n a las circunstancias del caso concreto. <\/p>\n
Tambi\u00e9n quiere decir lo anterior que, si bien el juez de tutela puede seguir las reglas prescritas por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil para efectuar las notificaciones, no necesariamente est\u00e1 obligado a seguir el orden y el procedimiento all\u00ed dispuestos para llevar a cabo las notificaciones a las que haya lugar, puesto que no siempre ser\u00e1 \u00e9se el curso de acci\u00f3n m\u00e1s expedito para lograr esta finalidad; es decir, en materia de tutela, no es siempre necesario seguir las reglas sobre notificaci\u00f3n prescritas por el estatuto procesal civil, puesto que el juez cuenta con la potestad de se\u00f1alar el medio de notificaci\u00f3n que considere m\u00e1s id\u00f3neo en el caso concreto, siempre que el medio escogido sea eficaz, y la notificaci\u00f3n se rija por el principio de la buena fe.\u201d (Subrayas y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
La anterior posici\u00f3n fue reiterada en Auto 060 de 2005, en el cual la Corte record\u00f3 que, aun cuando el juez constitucional tiene la posibilidad de escoger el medio de notificaci\u00f3n que considere m\u00e1s adecuado para comunicar las providencias que se profieran en el tr\u00e1mite de la tutela, este debe ser lo suficientemente id\u00f3neo y eficaz para garantizar el derecho de defensa, precisando que la \u00faltima de estas caracter\u00edsticas hace referencia a la posibilidad real que deben tener la parte demandada y los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo de conocer las respectivas actuaciones procesales. Concretamente dijo al respecto: <\/p>\n
\u201cDada la informalidad propia del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, el deber de notificar las providencias que en su curso se dicten no requiere hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n. No obstante, \u00e9ste debe ser eficaz. Si bien el juez de tutela dispone de amplio margen en cuanto a la escogencia del medio tendiente a notificar se refiere, \u00e9ste debe ser lo suficientemente id\u00f3neo para garantizar el derecho de defensa; as\u00ed, su eficacia, en estricto sentido, s\u00f3lo puede predicarse cuando el sujeto pasivo de la acci\u00f3n y los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo tienen la posibilidad real de conocer el contenido de las providencias.\u201d (Subrayas fuera de texto original). <\/p>\n
Posteriormente, esta corporaci\u00f3n, en Auto 252 de 2007, dijo: \u201cAsimismo, la Corte ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u2018…trat\u00e1ndose de acciones de tutela dirigidas contra una autoridad p\u00fablica, las notificaciones deben realizarse por el medio que el juez considere m\u00e1s expedito y eficaz, este principio opera con mayor raz\u00f3n cuando la acci\u00f3n est\u00e1 dirigida contra un particular. El ideal, l\u00f3gicamente, consiste en la notificaci\u00f3n personal de la providencia que admite la demanda de tutela y ordena tramitarla. Pero si esta notificaci\u00f3n personal no es posible, en raz\u00f3n de la distancia y el angustioso t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas fijados en la Constituci\u00f3n impide el emplazamiento de la persona demandada, tal notificaci\u00f3n deber\u00e1 hacerse por el medio que, siendo expedito y eficaz, asegure o garantice que el demandado tenga un conocimiento real del comienzo del proceso. <\/p>\n
El juez debe ser especialmente cuidadoso para garantizar el derecho de defensa del particular\u201d Lo expuesto permite sostener que un medio de notificaci\u00f3n es: (i) expedito cuando es r\u00e1pido y oportuno, y (ii) eficaz cuando garantiza que el destinatario (parte o tercero con inter\u00e9s) se entere de forma efectiva y fidedigna del contenido de la providencia. As\u00ed las cosas, en virtud del principio de autonom\u00eda judicial y como Juez instructor dentro del presente proceso, se considera que el medio m\u00e1s expedito para enterar a los titulares de derechos inscritos en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 142 \u2013 40617 de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de Montel\u00edbano, es a trav\u00e9s de la notificaci\u00f3n PERSONAL realizada directamente por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 UAEGRTD, Territorial C\u00f3rdoba. Lo anterior es as\u00ed, pues esta Judicatura evidencia que la UAEGRTD-C\u00d3RDOBA se encuentra adelantando sendas jornadas de atenci\u00f3n a reclamantes de restituci\u00f3n de tierras del Municipio de San Jos\u00e9 de Ur\u00e9, de lo que dan cuentan los m\u00faltiples titulares y noticias: <\/p>\n
Adicionalmente, el inmueble objeto de solicitud de restituci\u00f3n de tierras, seg\u00fan lo expresado por la UAEGRTD-C\u00d3RDOBA fue objeto de un desplazamiento colectivo, lo que indica que los cotitulares del derecho de dominio inscrito de dicho predio pudiesen ser sujetos vulnerables que podr\u00edan estar en condiciones similares de marginalidad a los reclamantes, se reitera, de ah\u00ed la necesidad de notificar correctamente a todas estas personas para que sus reclamos puedan ser escuchados y tramitados, evitando propiciar la germinaci\u00f3n de nuevos conflictos sociales, lo que se denomina una acci\u00f3n sin da\u00f1o. Tambi\u00e9n se observa que por cuenta de la solicitud identificada con el consecutivo radicado 23 001 31 21 002 2023 00009 00, la cual versa sobre el mismo folio de matr\u00edcula 142-40617 y que se instruye igualmente en este juzgado, que el d\u00eda 08 de mayo de 2.023 fue aportado por la URT la constancia de notificaci\u00f3n personal realizada a 15 copropietarios y manifest\u00f3 que, a los restantes no les fue posible notificarlo y solicitan su emplazamiento. Puede entonces inferir esta judicatura que la URT cuenta con informaci\u00f3n necesaria para surtir la notificaci\u00f3n de los titulares inscritos como lo demostr\u00f3 la misma Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras en la solicitud con radicado 23 001 31 21 002 2023 00009 00, es por ello que invita este estrado judicial para que desde la misma institucionalidad contin\u00faen con el cumplimiento de las \u00f3rdenes judiciales, m\u00e1s a\u00fan cuando es la misma UAEGRTD \u2013 C\u00d3RDOBA quien se encuentra liderando la presentaci\u00f3n de las solicitudes de restituci\u00f3n de los otros copropietarios (que a su vez se convierten en los titulares inscritos de derechos a quienes se les debe notificar por mandato del art\u00edculo 87 de la Ley 1448\/2011) de manera individual. Por \u00faltimo, se le indica a la UAEGRTD \u2013 C\u00d3RDOBA, a trav\u00e9s de sus apoderados, que existen unos deberes y responsabilidades contenidos en el art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso, y en su numeral 6 indica: \u201cRealizar las gestiones y diligencias necesarias para lograr oportunamente la integraci\u00f3n del contradictorio\u201d. <\/p>\n
Por todo lo expuesto, debe procurarse por notificase personalmente a los titulares y los comuneros, y utilizar los medios m\u00e1s expeditos, as\u00ed pues; si se tienen correos electr\u00f3nicos y se allegan al plenario, se procede por el Juzgado a trav\u00e9s del citador a realizar la notificaci\u00f3n desde el correo institucional, de tener direcci\u00f3n por nomenclatura donde tenga acceso el correo certificado, y sea allegado al proceso, el Juzgado proceder\u00e1 a enviar por correo certificado. Pero en los casos, donde las personas a notificar se encuentran en el territorio microfocalizado, donde no tiene cobertura el correo certificado, tampoco se aporta correo electr\u00f3nico, y se encuentra en la zona interviniendo la URT, es apenas normal que la accionante notifique del inicio del proceso, toda vez que el Despacho no cuenta con veh\u00edculo para el citador, sumado a ello; se debe programar diligencia acompa\u00f1ado de polic\u00eda ej\u00e9rcito, un catastral y un abogado de la Unidad de Restituci\u00f3n. <\/p>\n
4. Tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
5. Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, espec\u00edficamente el exceso ritual manifiesto, de manera que el reclamo del peticionario no haya recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la providencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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