STC12524-2023<\/p>\n
v <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12524-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-04251-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Yiset Cogollo Barrios contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de esta ciudad, la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en el resguardo n\u00b0 2023-00404. <\/p>\n
1. Obrando en su propio nombre, la accionante reclama, en compendio, la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso y petici\u00f3n1. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, dice la promotora2 que, con la sentencia de tutela emitida, en segunda instancia, en el asunto rad. n\u00b0 2023-00404 que previamente promovi\u00f3 en contra de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, a fin de que se salvaguardara su derecho fundamental de petici\u00f3n y que fue desestimado, el tribunal acusado \u00abataca y vulnera el derecho fundamental establecido en el art\u00edculo 15 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, imponiendo el art\u00edculo 26 de la Ley 1755\/2015, a sabiendas que el par\u00e1grafo del art\u00edculo 24 de la misma Ley 1755\/2015 establece que la informaci\u00f3n que solicit[\u00f3] NO es reservada para el titular\u00bb, por lo que \u00ab[tiene] derecho a conocer las informaciones que se ha recogido sobre [ella] en bancos de datos y archivos de la entidad p\u00fablica RNEC Registradur\u00eda nacional del Estado Civil, de acuerdo a lo ordenado por el art\u00edculo 15 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb, as\u00ed como en diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional. <\/p>\n
3. En consecuencia, se infiere3 que con este mecanismo pretende que se invalide la providencia del tribunal ad quem, para que nuevamente defina la instancia a su cargo en el resguardo. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El tribunal convocado remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente digital objeto de queja. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 hizo un recuento de las actuaciones adelantadas a su cargo y, adem\u00e1s de alegar falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, subray\u00f3 que \u00abla tutela no cumple con los requisitos de procedibilidad; que no se demostr\u00f3 alguna cosa juzgada fraudulenta, que es el requisito que habilita para estudiar una tutela en contra de una sentencia de tutela (\u2026) [y que] se encuentra pendiente el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil dijo que \u00abla accionante interpuso acci\u00f3n de tutela contra tutela de segunda\u00bb, por lo que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto satisface los presupuestos generales de procedibilidad; y, de superarse lo anterior, si la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de este Distrito Judicial incurri\u00f3 en una presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite del amparo que promovi\u00f3 igualmente la aqu\u00ed accionante (rad. n.\u00ba 2023-00404), al haber confirmado la desestimaci\u00f3n del resguardo deprecado, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias de la misma naturaleza. Improcedencia y excepciones. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, al tenor del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, el veredicto en estos asuntos es susceptible del recurso de impugnaci\u00f3n y, \u00aben todo caso\u00bb, de \u00absu eventual revisi\u00f3n\u00bb, mecanismo respecto del cual la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acci\u00f3n de tutela \u2013bajo la modalidad de presuntas v\u00edas de hecho\u2013 porque la Constituci\u00f3n defini\u00f3 directamente las etapas b\u00e1sicas del procedimiento de tutela y previ\u00f3 que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un \u00f3rgano creado por \u00e9l \u2013 la Corte Constitucional \u2013 y por un medio establecido tambi\u00e9n por \u00e9l \u2013 la revisi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resoluci\u00f3n del conflicto se prolongar\u00eda indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jur\u00eddica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protecci\u00f3n cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De all\u00ed la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el tr\u00e1mite procesal de la revisi\u00f3n eventual, con miras a garantizar la unificaci\u00f3n de criterios y la supremac\u00eda constitucional. Todo ello por decisi\u00f3n del Constituyente, que opt\u00f3 por regular de manera directa la acci\u00f3n de tutela y no sigui\u00f3 la t\u00e9cnica tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental. <\/p>\n
(\u2026) La \u00fanica alternativa para manifestar inconformidad con la sentencia de tutela de segunda instancia propiamente dicha que se encuentra en firme, es la intervenci\u00f3n de la parte interesada en el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, ya que de otra forma se propiciar\u00eda una cadena interminable de demandas contra sentencias de tutela, lo que pugna contra la efectividad de este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional (art. 86 C.P.), contra el principio fundamental dirigido a asegurar el goce efectivo de los derechos y deberes constitucionales (art. 2 C.P.) y contra el principio de la seguridad jur\u00eddica\u00bb (CC, SU-1219\/01). <\/p>\n
Determinada como regla general su improcedencia, esta Corte ha razonado que, \u00abde manera sumamente excepcional, se ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respectivo tr\u00e1mite\u00bb (CSJ STC, 25 jun. 2012, rad. 00069-01); \u00abo cuando la decisi\u00f3n afecta de manera grave una garant\u00eda fundamental en sujetos considerados de especial protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STP, 3 jul. 2012, rad. 60963). <\/p>\n
La Corte Constitucional unific\u00f3 dichos criterios al se\u00f1alar que: \u00ab[s]i la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la [resoluci\u00f3n] adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb (CC, SU-627\/15). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la queja constitucional y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, la Sala precisa que declarar\u00e1 la inviabilidad del auxilio, en tanto que: (i) no cumple el presupuesto gen\u00e9rico de procedibilidad, consistente en que no puede dirigirse contra un fallo dictado en un tr\u00e1mite de similar naturaleza, sumado a que (ii) tambi\u00e9n desatiende el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. De la tutela contra decisi\u00f3n del mismo linaje: <\/p>\n
Con observancia en las premisas que anteceden, en el sub-lite se configura la situaci\u00f3n descrita, en tanto que la gestora dirige el ataque contra la providencia de segunda instancia, proferida el 28 de septiembre de 2023 por el tribunal, mediante la cual resolvi\u00f3 confirmar la desestimaci\u00f3n del amparo -por ausencia del presupuesto de subsidiariedad-, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela que la aqu\u00ed libelista promovi\u00f3 contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, encaminada a que se d\u00e9 una respuesta de fondo a la solicitud que elev\u00f3 ante dicha entidad \u00abpara que le \u201cinform[ara] cuantas crestas tienen o existen en el interior de los n\u00facleos, de los dedos anular y me\u00f1ique, en los dactilogramas que est\u00e1n impresos en [su] tarjeta decadactilar\u201d\u00bb, sin alegar restricci\u00f3n por reserva legal. <\/p>\n
En tales condiciones, se insiste en que la inconformidad que se suscite frente a una determinaci\u00f3n de tutela no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo instrumento, pues para ese prop\u00f3sito el ordenamiento jur\u00eddico previ\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al juicio de primer grado, la revisi\u00f3n y a\u00fan la insistencia \u2013en caso de negarse esta\u2013, como mecanismos procedentes ante los funcionarios competentes, siendo instituida la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha enfatizado en que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta especial jurisdicci\u00f3n no se resuelven con una nueva demanda constitucional, toda vez que \u00abresulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723, reiterada en STC1213-2023, 15 feb.). <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad: <\/p>\n
Se predica en la modalidad de existencia de otro medio de defensa judicial, en la medida en que, de conformidad con las piezas procesales adosadas, junto con la verificaci\u00f3n de lo registrado tanto en el sistema de Consulta de Procesos Nacional Unificada, as\u00ed como en la p\u00e1gina web oficial de la Corte Constitucional, a\u00fan no reporta la remisi\u00f3n del asunto a esa Corporaci\u00f3n, por lo que al encontrarse pendiente la radicaci\u00f3n de la foliatura, la interesada cuenta con la posibilidad de solicitar, ante el \u00f3rgano de cierre de esta jurisdicci\u00f3n, la eventual selecci\u00f3n con fines de revisi\u00f3n, una vez ingresen las diligencias. <\/p>\n
Sobre la idoneidad de esa v\u00eda, ha precisado la Corte: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se diga que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (CSJ STC 7 nov. 2012, exp. 2012-02041, reiterada en STC1213-2023, 15 feb.). <\/p>\n
En ese orden, comoquiera que no se ha surtido el procedimiento referido, sigue abierto ese escenario jur\u00eddico, en el cual la interesada puede intervenir, y, en caso de que no se seleccione el asunto, tiene la posibilidad de hacer uso del derecho o facultad de insistencia, previo cumplimiento de las exigencias previstas en la ley y los reglamentos pertinentes. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, el resguardo tampoco procede como mecanismo transitorio, porque, aunado a la ausencia de reproche sobre la aptitud del medio de defensa que tiene a su alcance, la censora no aleg\u00f3 y menos prob\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable, evento para el cual se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
Se desestimar\u00e1 la salvaguarda implorada debido a que i) no se estructura ninguna de las causales de procedibilidad de la tutela contra fallos proferidos en virtud de un tr\u00e1mite de similar naturaleza; y porque ii) no se ha definido su eventual revisi\u00f3n por el \u00f3rgano de cierre de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Pues adujo vulnerados \u00ablos art\u00edculos 13 y 14 Ley 1581\/2012, par\u00e1grafo articulo 24 Ley 1755\/2015, Articulo 15, 20, 23, 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Tanto en el escrito inicial, como en aquel allegado con posterioridad. <\/p>\n
3\u0002 Toda vez que no formul\u00f3 pretensiones espec\u00edficas, m\u00e1s all\u00e1 de insistir en la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales; sumado a que, de manera ambigua, se centr\u00f3 en relatar las \u00abanomal\u00edas\u00bb que, en su criterio, ocurrieron en el fallo que cuestiona -del cual aport\u00f3 copia-. <\/p>\n
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