STC12540-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12540-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01846-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 19 de septiembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Universidad Icesi, contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de esa ciudad y las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2015-00370. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad convocante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
James Emiro Idrobo Figueroa promovi\u00f3 ordinario laboral contra la Universidad Icesi, en procura de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo \u00abdesde 1980 hasta la actualidad\u00bb, toda vez que, desde dicha data \u00abla relaci\u00f3n de trabajo ha estado enmarcada por una subordinaci\u00f3n y siempre estuvo convencido que la [empleadora] realizaba las cotizaciones a la seguridad social y fue solo a partir de 1999 en que se pagaron aportes a la seguridad social\u00bb. En consecuencia, pidi\u00f3 el pago de las cotizaciones adeudadas. <\/p>\n
El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali, quien absolvi\u00f3 a la demandada. Luego, en sentencia complementaria resolvi\u00f3 que \u00abexisti\u00f3 un contrato (\u2026) por duraci\u00f3n de la obra o labor desde el 27 de julio de 2015 al 30 de noviembre de 2015, finalizando por la terminaci\u00f3n de la obra\u00bb y en ese sentido, exoner\u00f3 a dicha entidad del reconocimiento de \u00abla indemnizaci\u00f3n por despido sin justa causa\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la alzada propuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad revoc\u00f3 lo dispuesto en primer grado, pues coligi\u00f3 que \u00abexistieron contratos laborales (\u2026) de conformidad con los art\u00edculos 101 y 102 del CST, que estuvieron vigentes por semestres acad\u00e9micos, que rigieron del 15 de mayo de 1980 a 5 de mayo de 2015\u00bb; de conformidad con ello, conden\u00f3 a la all\u00ed querellada al desembolso del c\u00e1lculo actuarial \u00abpor los periodos laborados (\u2026) desde el 15 de septiembre de 1980 al 28 de mayo de 1999 y del 13 de enero de 2003 a mayo de 2015\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, la Universidad Icesi, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral mantuvo inc\u00f3lume el fallo del ad quem, en tanto advirti\u00f3 que: (i) \u00abde las pruebas acusadas era posible establecer los elementos configurativos para declarar la existencia del contrato de trabajo\u00bb; y (ii) \u00abno se evidencia que el demandante estuviera excluido para ser afiliado al r\u00e9gimen de seguridad social\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, se desconocieron \u00ablas claras evidencias contenidas en el material probatorio aportado al expediente, donde se pod\u00eda apreciar claramente que las condiciones pactadas en los distintos contratos de prestaci\u00f3n de servicios celebrados (\u2026) entre 1980 y 1999, cumpl\u00edan claramente con lo establecido en el art\u00edculo 106 de la Ley 30 de 1992\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, resalt\u00f3 que \u00abla Sala de Casaci\u00f3n Laboral, de manera artificiosa, y no racional, quiso acomodar forzadamente elementos f\u00e1cticos (de plano contraevidentes), que denotan simple coordinaci\u00f3n contractual, para sustentar una posici\u00f3n legal abiertamente sesgada, y que supone la aplicaci\u00f3n de una prohibici\u00f3n jurisprudencial (sentencia C-517 de 1999), de manera retroactiva, para el periodo comprendido entre 1980 y 1999, y, por ende, claramente ilegal\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se deje sin efectos la providencia SL888-2023, 22 feb., y \u00abse REVOQUEN los numerales PRIMERO (y sub-numerales 1, 2, y 3) y TERCERO de la sentencia del Tribunal (\u2026) y se absuelva totalmente a la UNIVERSIDAD ICESI\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la determinaci\u00f3n confutada se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la misma y manifest\u00f3 que \u00abel sentido de la decisi\u00f3n judicial por s\u00ed sola no implica una trasgresi\u00f3n a los derechos fundamentales y, en ese orden, aunque se pueda disentir de la misma, si lo prove\u00eddo se ajusta al ordenamiento jur\u00eddico, como efectivamente (\u2026) aconteci\u00f3, la acci\u00f3n de amparo no debe abrirse paso\u00bb. <\/p>\n
2. James Emiro Idrobo Figueroa indic\u00f3 que \u00abpretende (\u2026) la accionante, inducir en error el criterio del juez constitucional de tutela, al (\u2026) hacerle creer que la raz\u00f3n que da lugar a la protecci\u00f3n por ella deprecada, se basa en la aplicaci\u00f3n indebida de una sentencia de constitucionalidad, que \u00e9sta nunca esgrimi\u00f3 en su demanda de casaci\u00f3n, ni tampoco fue invocada como fundamento de la sentencia de la sala laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santiago de Cali\u00bb. <\/p>\n
3. Colpensiones destac\u00f3 que \u00abel tr\u00e1mite alegado en la presente tutela, ya hab\u00eda sido objeto de estudio por otro Juez el cual no accedi\u00f3 a las pretensiones solicitadas por el accionante, por lo que la presente acci\u00f3n de tutela debe ser declarada improcedente ante la existencia de la cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
4. El P.A.R.I.S.S. reliev\u00f3 que \u00aben el proceso de la referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3 al extinto ISS, como tampoco a este Patrimonio\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo, al advertir que \u00abla providencia que se pretende dejar sin efectos en virtud de esta acci\u00f3n no es el resultado de la arbitrariedad ni el capricho de la autoridad accionada\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado de la instituci\u00f3n querellante para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que el a quo constitucional \u00abYerra (\u2026) al concluir y afirmar que la sentencia CSJ SL888-2023 no se sustent\u00f3 en una aplicaci\u00f3n retroactiva del fallo constitucional C-517 de 1999, pues, tal y como lo recoge expresamente la sentencia aqu\u00ed recurrida, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral fundamenta su fallo, en lo que, seg\u00fan dicha corporaci\u00f3n, es una conclusi\u00f3n pac\u00edfica y reiterada de la jurisprudencia de la misma Sala de Casaci\u00f3n Laboral, y que radica en la supuesta prohibici\u00f3n absoluta de vincular docentes hora c\u00e1tedra, por medio de contratos de prestaci\u00f3n de servicios civiles\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00abson las sentencias CSJ SL, 17 may. 2011, rad. 38182 y CSJ SL3126-2021 en las que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral sustenta su fallo (CSJ SL888-2023) (\u2026) Es, precisamente, en la aplicaci\u00f3n de la referida l\u00ednea jurisprudencial (\u2026) donde, de manera contraria a derecho, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral desborda los efectos de la sentencia C-517 de 1999 de la Corte Constitucional, d\u00e1ndole un efecto retroactivo a dicho fallo, al concluir, erradamente, de manera absoluta en el tiempo, sin ning\u00fan tipo de excepci\u00f3n temporal (per\u00edodo previo a 1999)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido contra la Universidad Icesi (SL888-2023, 22 feb.), por mantener en firme la decisi\u00f3n del tribunal ad quem, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral querellada dej\u00f3 inc\u00f3lume lo dispuesto por el tribunal ad quem pues observ\u00f3 que (i) \u00abde las pruebas acusadas era posible establecer los elementos configurativos para declarar la existencia del contrato de trabajo\u00bb; y (ii) \u00abno se evidencia que el demandante estuviera excluido para ser afiliado al r\u00e9gimen de seguridad social\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el tercer cargo formulado por la v\u00eda indirecta \u00abpor error de hecho originado en dar por probado, sin estarlo, que entre el se\u00f1or James Emiro Idrobo y la Universidad existieron \u00fanicamente relaciones laborales sucesivas, por semestre acad\u00e9mico, entre mayo de 1980 y mayo de 2015, sin dar por probado, est\u00e1ndolo, que las relaciones se celebraron por periodos de tiempo parcial, e inferiores a medio tiempo\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00abDebe determinar la Sala si de las documentales denunciadas se desprende que existi\u00f3 ausencia de subordinaci\u00f3n, en la relaci\u00f3n existente entre el demandante y la Universidad ICESI en los siguientes periodos: 15 de septiembre de 1980 a diciembre de 1980; del segundo semestre de 1983 al segundo semestre de 1985 y, del 3 de febrero de 1992 al primer semestre de 1999\u00bb. <\/p>\n
En primer lugar, record\u00f3 que \u00abes pac\u00edfica la posici\u00f3n de la Corte en se\u00f1alar que \u00abes de la esencia de la contrataci\u00f3n de los servicios de ense\u00f1anza de docentes hora c\u00e1tedra que su trabajo sea subordinado\u00bb (\u2026), esto sumado a estrictas pautas legales y jurisprudenciales que imperativamente determinan la vinculaci\u00f3n de aquellos por contrato de trabajo, salvo casos excepcionales en los que ello puede darse a trav\u00e9s de contratos civiles de prestaci\u00f3n de servicios (posici\u00f3n reiterada en CSJ SL3126-2021)\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, destac\u00f3 que \u00ablas instituciones de educaci\u00f3n superior gozan de autonom\u00eda universitaria en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 69 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 y est\u00e1n sometidas al conjunto de disposiciones de la Ley 30 de 1992, (\u2026) que permite v\u00e1lidamente la contrataci\u00f3n de profesores por hora c\u00e1tedra con una jornada inferior al medio tiempo, por los periodos acad\u00e9micos, a fin de cubrir justamente las necesidades de ense\u00f1anza universitaria durante estos periodos\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, revis\u00f3 las pruebas denunciadas, esto es la \u00abcomunicaci\u00f3n de septiembre 11 de 1980\u00bb y \u00ablos contratos de prestaci\u00f3n de servicios [que se relacionaron]\u00bb y sobre aquellas precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEra posible establecer los elementos configurativos para declarar la existencia del contrato de trabajo en la medida en que el hecho de establecer la obligatoriedad de reuni\u00f3n con los estudiantes, la participaci\u00f3n en las sesiones de planeaci\u00f3n, la entrega del material anticipado, constituyen situaciones que permiten determinar que no existe autonom\u00eda en el desarrollo de la actividad personal desempe\u00f1ada, pues se imponen una serie de obligaciones a realizar y se supedita la actividad desplegada a las directrices del empleador, motivo por el cual resulta claro que no hay lugar a concluir que se desvirt\u00faa la subordinaci\u00f3n de la actividad desempe\u00f1ada\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed concluy\u00f3 que \u00abde las pruebas acusadas se establecen los elementos configurativos para declarar la existencia del contrato de trabajo, y no se logra desvirtuar la existencia de la subordinaci\u00f3n como pretende la recurrente. Por las anteriores razones no prospera el [embate]\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
Luego, realiz\u00f3 el estudio conjunto de los dos primeros cargos, presentados por la senda directa por: <\/p>\n
(i) \u00abla aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 2 del Decreto 433 de 1971, por la aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 15 de la Ley 100 de 1993, por la no aplicaci\u00f3n del numeral 2 del art\u00edculo 5 del Decreto 433 de 1971, de los art\u00edculos 31 y 279 de la Ley 100 de 1993, del literal c) del art\u00edculo 2 del Decreto 758 de 1990, del literal b) del art\u00edculo 49 del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, del art\u00edculo 97 de la Ley 80 de 1980 y del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 1 de la Ley 33 de 1985\u00bb. <\/p>\n
(ii) \u00abla aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 17 de la Ley 100 de 1993, as\u00ed como del precedente jurisprudencial contenido en sentencias SL14215 de 2017, y SL068 de 2018, ambas proferidas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por la no aplicaci\u00f3n de los siguientes art\u00edculos: literal d) del art\u00edculo 2 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, par\u00e1grafo del art\u00edculo 14 y art\u00edculo 24 esa misma normativa, aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 31 de la Ley 100 de 1993\u00bb; la Corporaci\u00f3n censurada indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLe corresponde a la Sala dilucidar \u00bfSi el reconocimiento de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n en el sector p\u00fablico con anterioridad a la Ley 100 de 1993, excluye del deber de afiliar al pensionado que labora en el sector privado al Sistema General de Seguridad Social en pensiones?\u00bb. <\/p>\n
Preliminarmente, analiz\u00f3 \u00abla afiliaci\u00f3n al Sistema General de Pensiones, concepto y exclusiones a nivel normativo y jurisprudencial\u00bb y, a partir de ello, explic\u00f3 que \u00abno existe incompatibilidad puesto que se puede gozar simult\u00e1neamente de ambas prestaciones, siempre y cuando estas se originen o tengan fuente en distintos empleadores de distinta naturaleza y para \u00e9pocas que no sean concurrentes (CSJ SL6718-2016)\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno se observa que el Tribunal haya incurrido en una indebida aplicaci\u00f3n o no aplicaci\u00f3n de las normas denunciadas, puesto que la obligaci\u00f3n de cotizar al Instituto surgi\u00f3 desde el a\u00f1o 1980, fecha en que inici\u00f3 la contrataci\u00f3n del demandante, \u00e9poca anterior al reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n (1991), reconocimiento que se hizo por parte de una entidad del sector p\u00fablico, concretamente una universidad p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abno se evidencia que el demandante estuviera excluido para ser afiliado al r\u00e9gimen de seguridad social, pues los decretos que reglamentaron la materia permit\u00edan su afiliaci\u00f3n y, para el momento del reconocimiento de la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica -1991- el Acuerdo 049 de 1990, solo exclu\u00eda a quienes gozaban de la pensi\u00f3n prevista por el art\u00edculo 260 del CST, ello adem\u00e1s conforme con la interpretaci\u00f3n del precedente vigente ya expuesta, teniendo aquella prestaci\u00f3n econ\u00f3mica una fuente laboral distinta y no concurrente con la afiliaci\u00f3n\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
Finalmente, coligi\u00f3 que \u00abel reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n sustitutiva tampoco impide la afiliaci\u00f3n al sistema de seguridad social\u00bb. De esta manera desestim\u00f3 los embates. <\/p>\n
De acuerdo con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la entidad gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad querellada, en tanto lo fallado fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia confutada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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