STC12550-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12550-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-10-000-2023-01079-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. La promotora demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a \u00abtener una vida libre de violencia y a la justicia en t\u00e9rminos de sancionar a los agresores v\u00edctimas de violencia intrafamiliar que hayan reincidido en dichas conductas\u00bb. <\/p>\n
2. La accionante manifest\u00f3 que durante su relaci\u00f3n con Alejandro Robles Hern\u00e1ndez \u00abse presentaron varios conflictos de pareja, lo que devino en que el 23 de agosto de 2011 el Sr. Robles Hern\u00e1ndez se presentara en las instalaciones de la Comisar\u00eda S\u00e9ptima de Familia de Bosa 1, solicitando la expedici\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n en favor de \u00e9l y su hija [\u2026] en contra de la suscrita\u00bb. Frente a ello, mencion\u00f3 que \u00abel 25 de agosto de 2011 la Comisar\u00eda S\u00e9ptima de Familia de Bosa 1 avoc\u00f3 conocimiento de la medida de protecci\u00f3n provisionalmente MP No. 463 de 2011 RUG 4495-11 y cit\u00f3 y notific\u00f3 a las partes para que el d\u00eda 14 de septiembre de 2011 se decidieran las medidas de protecci\u00f3n definitivas\u00bb. Y, se\u00f1al\u00f3 que el 14 de septiembre de 2011 \u00abse expidi\u00f3 la medida de protecci\u00f3n definitiva MP No. 463 de 2011 RUG 4495-11 en favor de los accionantes Sr. Alejandro Robles Hern\u00e1ndez y [su hija], y a su vez, se orden\u00f3 medida de protecci\u00f3n en favor de la aqu\u00ed suscrita, Carol Castro y en contra del Sr. Robles Hern\u00e1ndez\u00bb. <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 que fue v\u00edctima de violencia, por lo que requiri\u00f3 que se iniciara \u00abincidente de incumplimiento\u00bb. En efecto, el 2 de abril de 2012 se llev\u00f3 a cabo la primera audiencia para surtir ello, la cual \u00absancion\u00f3 al agresor por la suma de dos salarios m\u00ednimos [\u2026] y se remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n en grado de jurisdicci\u00f3n de consulta al Juzgado [\u2026] Quince de Familia de Bogot\u00e1\u00bb. Dicho despacho -el 12 de junio 2013- confirm\u00f3 lo decidido. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1al\u00f3 que el 25 de febrero de 2022, Alejandro Robles requiri\u00f3 ante la citada comisar\u00eda incidente de incumplimiento. Al respecto, manifest\u00f3 que \u00abel 26 de abril de 2022 se llevaron a cabo las audiencias de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n Desacatos No. 077-2022 en favor de Estefan\u00eda Robles Castro y Alejandro Robles, en contra de la [\u2026] suscrita [\u2026], y en igual sentido el incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n, desacato 136-2022 a [su] favor y en contra del Sr. Alejandro Robles\u00bb. Agreg\u00f3, que dentro \u00abde la audiencia que resolvi\u00f3 de una parte, el incidente de desacato No. 077-2022 el juzgado aprob\u00f3 el incumplimiento y [la] sancion\u00f3, a pagar tres salarios m\u00ednimos [\u2026] y remiti\u00f3 el expediente al Juzgado Quince de Familia, elevando la actuaci\u00f3n al grado de consulta jurisdiccional respectiva\u00bb. Y, en \u00abla audiencia que resolvi\u00f3 de otra parte, el incidente de desacato No. 136-2022 el Juzgado no aprob\u00f3 el incumplimiento y, por lo tanto, eximi\u00f3 de sanci\u00f3n al Sr. Alejando Robles\u00bb. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, la actora solicit\u00f3 audiencia de incumplimiento. La misma, fue desatada por la Comisar\u00eda S\u00e9ptima de Familia de Bosa Uno el 8 de noviembre de 2022. En ese sentido, resolvi\u00f3 <\/p>\n
PRIMERO: declarar probado el incumplimiento por parte del se\u00f1or Alejandro Robles Hern\u00e1ndez [\u2026], de la Resoluci\u00f3n de fecha 14 de septiembre de 2011, por parte de este Despacho, que decidi\u00f3 solicitud de protecci\u00f3n No. 463-2011, en la que se ordenaron unas medidas que incumpli\u00f3 el hoy incidentado. <\/p>\n
SEGUNDO: Sancionar al infractor [\u2026], equivalente a [\u2026] 5 salarios m\u00ednimos mensuales legales, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 4 de la Ley 575 de 2000, que da lugar a las siguientes sanciones: a) Por la primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) salaries m\u00ednimos legales mensuales, convertibles en arresto, a raz\u00f3n de tres (3) d\u00edas por cada d\u00eda de salario m\u00ednimo, la cual debe consignarse dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la providencia que resuelve el grado Jurisdiccional de Consulta\u00bb1. <\/p>\n
2.4. El Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1 \u2013con prove\u00eddo del 30 de junio de 2023, en grado de consulta- decidi\u00f3 \u00abrevocar en todas sus partes, la sanci\u00f3n impuesta en audiencia adiada el 8 de noviembre de 2022, proferida por La Comisar\u00eda S\u00e9ptima de Familia Bosa I [\u2026]\u00bb. Y, orden\u00f3 a \u00abla comisar\u00eda dar tr\u00e1mite de los hechos denunciados por la se\u00f1ora Carol Mar\u00eda Castro Silva bajo una nueva Medida de Protecci\u00f3n\u00bb2. <\/p>\n
2.6. Censur\u00f3 que el fallo dictado en sede de consulta, desconoci\u00f3 \u00abla prerrogativa por la cual se expidi\u00f3 la Ley 575 de 2000 la cual entre otras cosas es, que se le expidieran medidas de protecci\u00f3n a las v\u00edctimas de violencia y se sancione a los agresores, haciendo \u00e9nfasis en castigar a los agresores que, adem\u00e1s, reincidieran en violencias. Por lo que arrebata la posibilidad a la v\u00edctima, en este caso la [\u2026] suscrita de que se imparta justicia, pues la ley es clara en sancionar la reincidencia en conductas violentas\u00bb. Adem\u00e1s, que se \u00abconmine a la Comisar\u00eda a que profiera otra medida de protecci\u00f3n, aun cuando la violencia se ha perpetrado por el mismo agresor, en m\u00faltiples oportunidades, desconoce la conexidad de hechos violentos ejercidos en [su] contra desde el 2011 hasta la fecha. Es decir, el mismo individuo, contin\u00faa las agresiones hacia [su] persona. Por lo que, a falta de sanci\u00f3n hacia \u00e9l, est[\u00e1] en desprotecci\u00f3n, peligra [su] vida pues est\u00e1 claro que en cualquier momento podr\u00eda reincidir. Este es un obst\u00e1culo claro para que no solo haya castigo para el agresor, sino revictimizaci\u00f3n y no se efectiviza [su] derecho a la justicia y la reparaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 que se declare \u00abque el fallo del 30 de junio de 2023 del Juzgado Quince de Familia de Oralidad de Bogot\u00e1 [\u2026] no se ajust\u00f3 a derecho, ni se hizo una interpretaci\u00f3n id\u00f3nea de la Ley 575 del 2000\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Despacho querellado manifest\u00f3 que la \u00abinconformidad del accionante obedece a que no est\u00e1 de acuerdo con la decisi\u00f3n proferida por este estrado judicial, se\u00f1alando que el legislador no ha indicado que existe una caducidad para celebrar incumplimientos, no obstante, como se indica en p\u00e1rrafos anteriores esto no corresponde la realidad, puesto que \u00fanicamente puede adelantarse un primer incumplimiento (situaci\u00f3n que ya se dio dentro del presente asunto) y para el segundo incumplimiento la ley 575 del 2000 ha establecido que debe darse dentro de los dos a\u00f1os siguientes al prove\u00eddo que decreta las medidas de protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 128 de la Unidad de Violencia Intrafamiliar de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que existe denuncia criminal interpuesta por la actora en contra de Alejandro Robles por la presunta comisi\u00f3n del delito de violencia intrafamiliar, la cual se encuentra pendiente de la etapa de indagaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 152 Judicial II de Familia mencion\u00f3 que el juzgado accionado fund\u00f3 \u00absus decisiones en la actuaci\u00f3n procesal prevista en este tipo de asuntos, decisi\u00f3n que se encuentra debidamente motivada y sustentada conforme a las pruebas obtenidas en el curso del tr\u00e1mite. No se observa actuaci\u00f3n arbitraria, carente de sustento, constitutiva de una v\u00eda de hecho [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
4. La Personer\u00eda de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 declarar probada la excepci\u00f3n \u00abde inexistencia de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales de la accionante por parte de la Personer\u00eda de Bogot\u00e1 y falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. Ello, por cuanto \u00abno le es dable cumplir funciones administrativas distintas a las que le imponen la Constituci\u00f3n, la Ley y los Reglamentos, es decir, no podr\u00eda entrar a satisfacer las pretensiones de la accionante, ya que ello implicar\u00eda una evidente extralimitaci\u00f3n de funciones\u00bb. <\/p>\n
5. Alejandro Robles se pronunci\u00f3 frente a cada uno de los hechos expuestos en la demanda, por lo que requiri\u00f3 \u00abno se tutelen los derechos alegados por la accionante y se [\u2026] conmine a la accionada a pagar la totalidad de los salarios m\u00ednimos a los que fue condenada\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El a quo constitucional concedi\u00f3 el amparo. Para ello, se\u00f1al\u00f3 frente a los fundamentos dictados en el fallo respectivo, que la \u00abinterpretaci\u00f3n que el juzgado accionado le dio al art\u00edculo 7 de la Ley 294 de 1996 no consulta con la teleolog\u00eda de la ley 294 de 1996 y dem\u00e1s normas concordantes, orientada a la protecci\u00f3n de las personas v\u00edctimas de violencia intrafamiliar ni con los compromisos internacionales para combatir la violencia intrafamiliar, y de manera especial la ejercida contra la mujer [\u2026]\u00bb. Y, con fundamento en el canon 18 de la Ley 294 de 1996 indic\u00f3 que \u00ablas Medidas de Protecci\u00f3n mantienen su vigencia protectiva hasta tanto se demuestre que han cesado los hechos que dieron su origen. Esto es, que la v\u00edctima no corra riesgo y que en el \u00e1mbito familiar se superaron las condiciones generadoras de la violencia, de lo contrario las sanciones previstas en la Ley 94 de 1996, frente al incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n adoptadas por las Comisarias pueden ejecutarse en cualquier tiempo, salvo que se de aplicaci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 18 ib\u00eddem\u00bb. Asimismo analiz\u00f3, con fundamento en precedentes de esta Sala- lo correspondiente a la imposici\u00f3n de sanciones a consecuencia del incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. Sobre el particular, esta Sala concluye que la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada en raz\u00f3n a la materializaci\u00f3n de la orden de primera instancia. <\/p>\n
2. Se observa que -en cumplimiento de la decisi\u00f3n de primer grado- el Juzgado accionado profiri\u00f3 decisi\u00f3n el 19 de septiembre de 20233 -en grado jurisdiccional de consulta del incumplimiento- donde resolvi\u00f3 \u00abconfirmar en todas sus partes la providencia del 8 de noviembre de 2022 proferida por la Comisar\u00eda S\u00e9ptima de Familia – Bosa I, declarando probados los hechos de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n del ciudadano Alejandro Robles Hern\u00e1ndez [\u2026]\u00bb. Ello, al encontrar demostrado \u00abel car\u00e1cter definitivo de la decisi\u00f3n adoptada el 14 de septiembre de 2011. La decisi\u00f3n se bas\u00f3 en las pruebas de videos aportadas por ambas partes donde constan los hechos de violencia en los que se incurri\u00f3 el accionado y se vio inmersa la se\u00f1ora Carol Mar\u00eda Castro Silva; grabaciones de los cuales se le corri\u00f3 traslado al demandado, quien asiente en que estos corresponden al d\u00eda de ocurrencia de los hechos y se\u00f1ala que la accionante los est\u00e1 utilizando en su favor y tergiversando la informaci\u00f3n, manifestaci\u00f3n que no encuentra asidero con la prueba aportada [\u2026]. Otra de las pruebas e incumplimiento en que se fundament\u00f3 la decisi\u00f3n consultada, es la no asistencia al tratamiento terap\u00e9utico por parte del accionado, lo que no fue desvirtuado por este, es decir que no acredit\u00f3 la asistencia al mismo, por lo que se concluye que el accionado a pesar de las advertencias y de conocer plenamente las consecuencias de incumplir lo ordenado en el tr\u00e1mite de medida de protecci\u00f3n, contin\u00fao vulnerando los derechos de la accionante\u00bb. De modo tal que, se advierte la materializaci\u00f3n de la orden de primera instancia. <\/p>\n
3. Sumado a ello, se destaca que -en otras oportunidades- esta Sala al resolver casos referentes al mismo t\u00f3pico -sanci\u00f3n por incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n- decret\u00f3 la razonabilidad de lo determinado por el juez4, -en l\u00ednea con lo suscrito por el juzgado de la causa sub examine-. A saber: <\/p>\n
\u00abresulta ajustada la sanci\u00f3n impuesta al se\u00f1or \u201cC\u201d, comoquiera que \u00e9sta se origin\u00f3 por el incumplimiento de las advertencias por las cuales hab\u00eda sido conminado en diligencia efectuada el 23 de noviembre del 2021, adem\u00e1s porque el tr\u00e1mite incidental se surti\u00f3 con el cumplimiento de las normas procesales y sustanciales que rigen en este tipo de asuntos, tanto as\u00ed que la decisi\u00f3n tomada en primera instancia respecto de las medidas definitivas a imponer y que fue objeto de recurso de apelaci\u00f3n, fue confirmada por este despacho el 30 de noviembre de 2021, raz\u00f3n por la cual (\u2026) se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n [consultada]\u00bb. <\/p>\n
[\u2026] De lo antedicho emerge que el fallador ad quem eval\u00fao los elementos de prueba y conforme al ordenamiento jur\u00eddico aplicable, encontr\u00f3 que en contra del all\u00ed querellado deb\u00eda disponerse una sanci\u00f3n por desacatar una medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar, la cual, seg\u00fan art\u00edculo 7\u00ba de la ley 294 de 1996, modificada por el canon 4\u00ba de la ley 575 de 2000, correspond\u00eda \u00abpor la primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales, convertibles en arresto\u00bb, y \u00absi el incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n se repitiere en el plazo de dos (2) a\u00f1os, la sanci\u00f3n ser\u00e1 de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 451 a 458 del archivo PDF \u00ab01. 2012-00797 (Fol. 1 a 459) Consulta\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo PDF \u00ab09. 2012-00797 Fol 478-482 Fallo Revoca 1\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00ab19 J18FamiliaBogotaRemiteCumplimientoFalloTutela\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Igual situaci\u00f3n ocurre en los asuntos: STC8425-2023, STC5227-2023, STC14101-2022, entre otras. <\/p>\n
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STC12550-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC12550-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-10-000-2023-01079-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). I. ANTECEDENTES. 1. La promotora demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77507","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77507","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77507"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77507\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77507"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77507"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77507"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}