STC12566-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12566-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 68001-22-13-000-2023-00428-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide sobre la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 22 de septiembre de 2023, que neg\u00f3 el amparo reclamado por la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Municipal de Gir\u00f3n (Santander) contra el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga. Al tr\u00e1mite fueron vinculadas los intervinientes en la acci\u00f3n de tutela de radicado 2019-00331 -00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. La entidad promotora -a trav\u00e9s de su representante- demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo que viene. <\/p>\n
2.1. Ana Milena Ardila como agente oficiosa de su hijo menor impetr\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra de la EPS Coomeva con el fin de que se resguarden los derechos fundamentales del ni\u00f1o a la salud, educaci\u00f3n, vida y dignidad1. Actuaci\u00f3n a la que fueron vinculadas la Administradora de los Recursos del SGSS \u2013ADRES- y la aqu\u00ed tutelante2. Al respecto, la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Municipal de Gir\u00f3n, dentro del t\u00e9rmino, contest\u00f3 la demanda de amparo manifestando que \u00abno se ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental\u00bb3. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Gir\u00f3n con Funciones de Conocimiento de Gir\u00f3n -con sentencia del 10 de diciembre de 2019- resolvi\u00f3 \u00abtutelar los derechos fundamentales a la salud, vida digna y fuero especial constitucional a favor del [accionante]\u00bb. Por tanto, orden\u00f3 \u00abal representante legal de Coomeva EPS que dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, si a\u00fan no lo ha hecho y a menos que exista orden m\u00e9dica en contrario, autorice y haga efectivo [al tutelante] los siguientes servicios: (i) Resonancia nuclear magn\u00e9tica de cerebro simple bajo sedaci\u00f3n – ordenada el 29 de octubre de 2019 por neurolog\u00eda pedi\u00e1trica. (ii) Anestesiolog\u00eda consulta por primera vez por especialista \u2013 valoraci\u00f3n preanest\u00e9sica para resonancia cerebral ordenada el 29 de octubre de 2019 por neurolog\u00eda pedi\u00e1trica. Y, (iii) Acompa\u00f1amiento de tutor sombra 2 horas al d\u00eda de lunes a viernes en horario escolar de la tarde por dos meses ordenada el 9 de octubre de 2019, por el m\u00e9dico pediatra\u00bb4. Inconforme con lo decidido, Coomeva EPS present\u00f3 impugnaci\u00f3n5. <\/p>\n
2.3. El Despacho D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga -con fallo del 3 de febrero de 2020- dispuso negar la nulidad propuesta por indebida notificaci\u00f3n Coomeva. Adem\u00e1s, confirm\u00f3 \u00ablos numerales primero, tercero, cuarto y quinto de la providencia impugnada\u00bb. Asimismo, modific\u00f3 \u00abel numeral segundo de la providencia impugnada proferida el 10 de diciembre de 2019 [\u2026]\u00bb. Y, adicion\u00f3 el \u00abnumeral sexto de la providencia impugnada [\u2026] el cual quedar\u00e1 as\u00ed: ordenar a la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n del Municipio de Gir\u00f3n que en el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas h\u00e1biles, proporcione un acompa\u00f1ante de naturaleza terap\u00e9utica, tutor sombra, [al accionante] 2 horas al d\u00eda de lunes a viernes, en la jornada escolar de la tarde, durante los meses y\/o por el tiempo que lo llegase a necesitar, de acuerdo con las especificaciones realizadas por el m\u00e9dico pediatra [\u2026] mediante orden del 9 de octubre de 2019 y por el Colegio Luis Carlos Gal\u00e1n Sarmiento del municipio de Gir\u00f3n, Santander, mediante solicitud del 27 de septiembre de 2019\u00bb6. <\/p>\n
2.4. La Corte Constitucional, en sede de revisi\u00f3n, con prove\u00eddo del 18 de septiembre de 2020, discurri\u00f3 que el proceso de marras \u00abfue excluido de revisi\u00f3n [\u2026] de conformidad con los art\u00edculos 86 y 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 33 del Decreto 2591 de 1991, se procede a devolver el respectivo expediente al despacho judicial de origen\u00bb. Sin que se advierta la presentaci\u00f3n de insistencia por alguna de las partes7. <\/p>\n
2.5. La accionante manifest\u00f3 que radic\u00f3 \u00aboficio solicitando sentencia complementaria quienes resolvieron mediante auto del 18 de octubre de 2022 [\u2026] rechazar por improcedente la solicitud de adici\u00f3n elevada por la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Gir\u00f3n\u00bb. Asimismo, indic\u00f3 que present\u00f3 requerimiento de \u00abmodulaci\u00f3n del fallo de tutela [\u2026] quienes resuelven mediante auto del 9 de noviembre de 2022 [\u2026] rechazar por improcedente la solicitud de modulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.6. Censur\u00f3 que en las decisiones de instancia no se dispuso la vinculaci\u00f3n del Colegio Luis Carlos Gal\u00e1n Sarmiento al interior del tr\u00e1mite de tutela 2019-00331-00, llamamiento necesario, en virtud del comit\u00e9 interdisciplinario que deb\u00eda conformarse de cara a lo determinado en la decisi\u00f3n constitucional de segundo grado. Ello, \u00abpese a que menciona la sentencia T-318 de 2014 [\u2026] donde indic\u00f3 lo relacionado al Comit\u00e9 Interdisciplinario toda vez que quien hab\u00eda solicitado el apoyo era la instituci\u00f3n educativa y lo que correspond\u00eda era la conformaci\u00f3n del comit\u00e9 que relaciona la sentencia\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 que se \u00abrevoque el fallo de segunda instancia emitido por Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga, y en su defecto se vincule a la Instituci\u00f3n educativa Colegio Luis Carlos Gal\u00e1n Sarmiento en la acci\u00f3n de tutela [\u2026]\u00bb. Y, agreg\u00f3 que \u00aben el caso de que no se revoque, se modifique dicho fallo y ordene a todas las entidades accionadas dentro del proceso con radicado [\u2026] 2019-00331-00, para que se conforme el comit\u00e9 de evaluaci\u00f3n y se pueda realizar el an\u00e1lisis del caso correspondiente al [accionante], teniendo en cuenta los principios de coordinaci\u00f3n, concurrencia y subsidiariedad, toda vez que para el caso particular el sector salud y el sector educaci\u00f3n deben trabajar de forma arm\u00f3nica, y conforme al precedente jurisprudencia, teniendo en cuenta que a la fecha el [actor], no ha tenido avance en su proceso educativo toda vez que [\u2026], la parte m\u00e9dica que comprende lo comportamental tiene un vac\u00edo en la actualidad al no tener en cuenta a la entidad prestadora de servicios de salud\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Despacho querellado relat\u00f3 lo acontecido al interior de la actuaci\u00f3n constitucional sub examine y se\u00f1al\u00f3 que no \u00abha vulnerado derecho fundamental alguno a la accionante, por cuanto las decisiones emitidas al interior del proceso se han tomado teniendo en cuenta el marco legal y jurisprudencial correspondiente; as\u00ed mismo, se advierte que la acci\u00f3n de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que han transcurrido m\u00e1s de treinta y seis (36) meses desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que ahora pretende se deje sin efectos, raz\u00f3n por la que muy respetuosamente solicito no se acceda a lo pretendido por el accionante\u00bb. <\/p>\n
2. El Despacho Primero Penal Municipal con Funciones Mixtas de Gir\u00f3n, luego de indicar las actuaciones desarrolladas en el juicio recriminado, solicit\u00f3 \u00abnegar la acci\u00f3n de tutela en lo que [le] respecta y\/o se desvincule por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. [Consider\u00f3] que no efectu\u00f3 vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por el accionante y se acude a la acci\u00f3n de tutela luego de casi 3 a\u00f1os [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social -ADRES- indic\u00f3 que \u00abno se acredit\u00f3 el cumplimiento de los requisitos generales, ni especiales, para la interposici\u00f3n de acciones de tutela contra providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
4. Coomeva EPS -en liquidaci\u00f3n- requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del asunto por cuanto estim\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
5. El Colegio Luis Carlos Gal\u00e1n Sarmiento resalt\u00f3 sobre su voluntad de \u00abcontinuar garantizando el derecho a la educaci\u00f3n inclusiva [del estudiante], ratificando la necesidad e importancia, que el estudiante cuente con un acompa\u00f1ante personalizado e id\u00f3neo durante su permanencia en la jornada escolar flexibilizada, entendido como uno de los ajustes razonables que favorecen su proceso educativo\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo. Para ello, advirti\u00f3 que \u00abhan transcurrido m\u00e1s de tres (03) a\u00f1os y medio \u2013 casi cuatro \u2013 desde que fue proferida la fustigada sentencia de tutela (03\/02\/2020) y la fecha de radicaci\u00f3n de la tuitiva (13\/09\/2023). Es m\u00e1s, a\u00fan si se contabilizara el t\u00e9rmino desde que fueron proferidos los autos que negaron la complementaci\u00f3n o modulaci\u00f3n del fallo (10\/2022 y 11\/2022), aquel es a todas luces desproporcional para pretender debatir el mentado fallo\u00bb. Adem\u00e1s, estim\u00f3 que \u00abno se cumple con el requisito de subsidiariedad pues mediante la presente acci\u00f3n constitucional se busca fustigar una providencia de tutela, esto es, una de misma naturaleza que la que aqu\u00ed se ataca\u00bb. Por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que \u00absi bien la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Municipal de Gir\u00f3n alega que a dicho tr\u00e1mite constitucional debi\u00f3 vincularse el Instituto Educativo Colegio Luis Carlos Gal\u00e1n Sarmiento de Gir\u00f3n; lo cierto es que, primero, as\u00ed no lo solicit\u00f3 al interior de la acci\u00f3n constitucional. En la contestaci\u00f3n dada en dicho tr\u00e1mite, aquella se limit\u00f3 a esbozar que garantiz\u00f3 el servicio a la educaci\u00f3n del ni\u00f1o all\u00e1 actor pues aquel estaba vinculado a una educaci\u00f3n educativa; empero, en ning\u00fan momento pidi\u00f3 al Juzgado de primera vara la vinculaci\u00f3n de dicha instituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
La entidad actora funda su inconformidad bajo argumentos similares a los se\u00f1alados en el escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. Sobre el particular, revisada la censura propuesta, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, el fallo impugnado habr\u00e1 de ser confirmado. Por lo que viene. <\/p>\n
2. De entrada, esta Corporaci\u00f3n advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional, pues no se atendi\u00f3 al requisito de inmediatez8. Ello es as\u00ed, a causa del lapso transcurrido desde cuando se profiri\u00f3 la determinaci\u00f3n constitucional de segundo grado el \u00ab3 de febrero de 2020\u00bb, y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, el \u00ab13 de septiembre de 2023\u00bb9. Es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse emitido la decisi\u00f3n rebatida10. Misma suerte que se corre si se contabiliza desde cuando fue proferido el auto que resolvi\u00f3 sobre la complementaci\u00f3n de la sentencia -9 de noviembre de 2022-. Sin que, al respecto, la actora haya probado que estaba inmersa en alguna de las causales de flexibilizaci\u00f3n -tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, la permanencia en el tiempo de la amenaza, entre otras-11 que justificaran su inactividad para impetrar la presente s\u00faplica12. <\/p>\n
3. Aunado a lo anterior, la jurisprudencia ha sostenido reiteradamente -la improcedencia para atacar sentencias o actuaciones surtidas en diligencias de tutela13. En ese orden, la presente no es el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan en estas actuaciones, toda vez que, de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una causa de igual raigambre, har\u00eda interminable el tr\u00e1mite y se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales. Y, a pesar de que no se desconoce que la Corte Constitucional -con fallo SU-627 de 2015- sostuvo que la salvaguarda procede excepcionalmente14, en el presente asunto, se avizora la negativa del amparo invocado, dado que el gestor pretende dejar sin efectos la determinaci\u00f3n tutelar proferida por el Despacho D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga el 3 de febrero de 2020 -con la cual resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n propuesta-, tr\u00e1mite frente al cual, no se acreditaron hechos constitutivos de una situaci\u00f3n fraudulenta. Sumado a lo anterior, se evidencia que la Corte Constitucional no seleccion\u00f3 para revisi\u00f3n el amparo debatido15, por lo que refulge oper\u00f3 el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 4 a 10 del archivo PDF \u00ab01ExpedientePrimeraInstancia2019-00331\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folio 23. Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 28 a 30. Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Folios 77 a 87. Ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Folios 93 a 104. Ib\u00eddem. <\/p>\n
6\u0002 Folios 7 a 13 del archivo PDF \u00ab02ExpedienteSegundaInstancia\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Archivo PDF \u00abExpedienteRevisionCorte\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Definido por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia de la salvaguarda. <\/p>\n
9\u0002 Seg\u00fan se identifica del acta de reparto respectiva. <\/p>\n
10\u0002 Respecto al citado principio ha de precisarse que, pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb. En ese orden, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. <\/p>\n
11\u0002 As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-136\/2007, CC T-647\/2008, CC T-743\/2008, CCT-867\/2009, CC T-037-2013, CC T-033\/2010. <\/p>\n
12\u0002 Agr\u00e9guese que en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada Por cuanto \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014. <\/p>\n
13\u0002 En esa direcci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha aseverado que: [L]as equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto (CSJ STC 20 de abr. de 2020, Rad. 2020-00852-00). <\/p>\n
14\u0002 Cuando se configure una de las siguientes causales: \u00ab(\u2026) cuando (i) exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. La acci\u00f3n de tutela solo procede contra fallos de la misma naturaleza, cuando no han sido proferidas por la Corte Constitucional y exista fraude, y contra actuaciones surtidas en el proceso de tutela siempre y cuando no busque el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en la sentencia. <\/p>\n
15\u0002 Archivo PDF \u00abExpedienteRevisionCorte\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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