STC12570-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12570-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-01745-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (09) de noviembre dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 17 de agosto de 2023, con la cual se concedi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por K.P.H -en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hijo menor-1 contra el Ministerio de Defensa Nacional, Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima -DIMAR- y la Capitan\u00eda de Puerto de Cartagena. En consecuencia, declar\u00f3 la nulidad de lo actuado ante la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 1502016002. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora -a trav\u00e9s de apoderado- reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, seguridad jur\u00eddica y \u00abprelaci\u00f3n de la justicia material sobre las formalidades\u00bb, presuntamente vulnerado por las autoridades censuradas. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. El 8 de enero de 2016, el Capit\u00e1n de Puerto de Cartagena tuvo conocimiento de los hechos relacionados con la muerte de los se\u00f1ores L.A.A.J., y R.E.M.L., en sus condiciones de tripulantes de la motonave Nazca. En raz\u00f3n a ello, el mismo d\u00eda decret\u00f3 la apertura de la investigaci\u00f3n. El 15 de marzo de 2021, profiri\u00f3 fallo de primera instancia con el cual se declar\u00f3 responsable \u00abpor la ocurrencia del siniestro mar\u00edtimo de muerte de los tripulantes L.A.A.J y R.E.M.L, al se\u00f1or JOS\u00c9 VICENTE BAIDAL JAIME en condici\u00f3n de capit\u00e1n de la motonave\u00bb. Sin reconocer la calidad de parte de la accionante. <\/p>\n
2.1. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la actora interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. En cuanto al primero, se mantuvo la postura. Sin embargo, en la alzada, la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima cuestionada -con fallo del 19 de enero de 2023- confirm\u00f3 la declaratoria de responsabilidad \u00fanicamente en cabeza del capit\u00e1n de la nave y reconoci\u00f3 como parte a los aqu\u00ed actores. <\/p>\n
2.2. La promotora adujo que en tal determinaci\u00f3n se incurri\u00f3 en defecto sustantivo, pues a pesar de \u00abtener presentes las normas que rigen el tipo de responsabilidad que recae sobre el armador de la nave \u2018NAZCA\u2019, la Autoridad Mar\u00edtima Nacional hizo caso omiso de dichos mandatos legales al no aplicarlas a la resoluci\u00f3n del asunto\u00bb. Ciertamente, no se le asign\u00f3 responsabilidad solidaria al armador de la nave siniestrada. Agreg\u00f3 que no se tuvo en cuenta el precedente judicial relacionado con la pretensi\u00f3n resarcitoria de los da\u00f1os irrogados a los actores, m\u00e1s exactamente en lo tocante a la determinaci\u00f3n de la cuant\u00eda de los perjuicios implorados, pues con \u00abel material probatorio con el que se contaba dentro del expediente, era suficiente para determinar la cuant\u00eda de los perjuicios causados a los hoy accionantes\u00bb. <\/p>\n
3. Deprec\u00f3 que \u00abse deje sin efectos la providencia del 19 de enero de 2023, dictada por la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima\u00bb. Y, en su lugar, se proceda a dictar una de remplazo \u00abde acuerdo con las particularidades espec\u00edficas del caso concreto y las consideraciones del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA. <\/p>\n
La Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima empez\u00f3 por se\u00f1alar que \u00abel Decreto Ley 2324 de 1984, es la normatividad especial mediante la cual la Autoridad Mar\u00edtima Nacional posee la competencia jurisdiccional para adelantar las investigaciones ocasionadas por accidentes o siniestros mar\u00edtimos. Que en tal sentido le corresponde adelantar y fallar las investigaciones por siniestros mar\u00edtimos, de acuerdo con la facultad expresamente dispuesta en el art\u00edculo 27 del citado decreto, en el que se consagra que, para la investigaci\u00f3n y fallo de \u00e1reas jurisdiccionales de DIMAR, ser\u00e1n competentes el respectivo Capit\u00e1n de Puerto en primera instancia y el Director General Mar\u00edtimo en Segunda.\u00bb. Respecto a las decisiones adoptadas, indic\u00f3 que estas \u00abse resolvieron de manera asertiva y con apego total y absoluto a la normatividad que rige el asunto en particular, toda vez que la declaratoria de responsabilidad por la ocurrencia del siniestro mar\u00edtimo se imput\u00f3 al Capit\u00e1n de la MN NAZCA, por ser el encargado de ejecutar la navegaci\u00f3n como actividad peligrosa y de quien se presume la culpa. Por ello cuando se pretenda una declaratoria de responsabilidad directa por la ocurrencia del siniestro mar\u00edtimo respecto al armador, la parte que lo alegue tendr\u00e1 que demostrar sustancial y probatoriamente las acciones u omisiones que conlleven al juzgador a inferir de manera concreta e irrefutable la procedencia de dicha responsabilidad\u00bb. Agreg\u00f3 que el \u00abno haberse resuelto a favor de los familiares del se\u00f1or R.E.M.L (QEPD) las pretensiones econ\u00f3micas no pueden ser visto como una vulneraci\u00f3n al derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, ya que, en este caso se deben cumplir unas formalidades inherentes a la naturaleza de la investigaci\u00f3n que se adelanta y respetar las cargas procesales y probatorias que no fueron del caso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional a-quo concedi\u00f3 el amparo. En consecuencia, declar\u00f3 nula la actuaci\u00f3n surtida ante la Direcci\u00f3n Mar\u00edtima. Para ello, consider\u00f3 que \u00absi bien con la sentencia de constitucionalidad 212 de 1994 dictada por la mencionada Corporaci\u00f3n, se ejerci\u00f3 control de constitucionalidad respecto del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 11 del Decreto 2324 de 1984 -entre otros- que establece como una de las funciones del Director General Mar\u00edtimo y Portuario \u201cconocer y fallar en segunda instancia de los procesos por accidentes o siniestros mar\u00edtimos\u201d declar\u00e1ndolo exequible\u00bb, lo cierto es que \u00abesa normatividad jur\u00eddica fue recogida por el art\u00edculo 31 numeral 2\u00ba de la Ley 1564 de 2012 (C\u00f3digo General del Proceso), al establecer que \u201cde la segunda instancia de los procesos que conocen en primera instancia las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, cuando el juez desplazado en su competencia sea el juez civil del circuito\u2026 conocer\u00e1 el tribunal superior del distrito judicial de la sede principal de la autoridad administrativa o de la sede regional correspondiente al lugar en donde se adopt\u00f3 la decisi\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que \u00abal haber emitido fallo de segunda instancia la indicada Direcci\u00f3n Mar\u00edtima en el interior de la mencionada investigaci\u00f3n jurisdiccional por el siniestro mar\u00edtimo lo hizo sin competencia, pues la autoridad jurisdiccional competente para dirimir la alzada lo es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la sede principal de la citada autoridad administrativa, esto es el de Cartagena, dado que el juez que desplaz\u00f3 la Capitan\u00eda de Puerto de esa ciudad fue el civil del circuito, atendiendo la cuant\u00eda de las pretensiones de ese asunto\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima \u2013 Capitan\u00eda de Puerto de Cartagena. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio, \u00abse ratifica esta Autoridad en los argumentos expuestos en el informe presentado ante el juez constitucional en primera instancia y reitera que la emisi\u00f3n de la decisi\u00f3n atacada con fecha 19 de enero de 2023 mediante la presente acci\u00f3n de tutela, se realiz\u00f3 en virtud de las competencias que le asisten al se\u00f1or Director General Mar\u00edtimo en el marco de la segunda instancia de los procesos por siniestros mar\u00edtimos, siendo improcedente la declaratoria de nulidad de tal decisi\u00f3n por falta de competencia, pues como se ha visto ampliamente, esta Autoridad cuenta de manera preferente con las facultades para sancionar en segunda instancia estos procesos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Revisada la providencia censurada, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte la prosperidad de la acci\u00f3n impetrada. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. <\/p>\n
2. En el caso, se observa que la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima debatida \u2013en el marco de lo establecido en el Decreto 2324 de 1984- con prove\u00eddo del 19 de enero de 2023, resolvi\u00f3 -en apelaci\u00f3n-: i) confirmar la responsabilidad de Jos\u00e9 Vicente Baidal Jaime por el siniestro mar\u00edtimo de muerte por hechos ocurridos el 7 de enero de 2016 a bordo de la motonave Nazca. ii) revocar los art\u00edculos segundo, tercero y cuarto de la sentencia del 15 de marzo de 2021. iii) adicionar el art\u00edculo s\u00e9ptimo, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: reconocer como parte de la investigaci\u00f3n a los aqu\u00ed accionantes. Y iv) confirmar los art\u00edculos restantes de la determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. Para esta Sala, independientemente de lo all\u00ed decidido, si bien el Decreto 2324 de 1984 atribuye funciones jurisdiccionales a las entidades referenciadas, lo cierto es que -seg\u00fan la sentencia de constitucionalidad 415 de 2002-2, a estas no les corresponde conocer de los recursos de apelaci\u00f3n que se interpongan contra los fallos proferidos por entidades de igual naturaleza en primera instancia. En palabras de la Corte Constitucional, \u00abconveniente condicionar el articulo parcialmente acusado bajo el entendido que el recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n en la cual se declara incompetente, o el fallo definitivo que dicten las superintendencias en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, debe surtirse ante las autoridades judiciales en la forma como ha sido precisado en esta sentencia. Es decir, interponiendo dicho recurso de apelaci\u00f3n ante el superior jer\u00e1rquico de la autoridad judicial que tuvo originalmente la competencia para tramitar el asunto objeto de debate\u00bb3 <\/p>\n
2.2. Sumado a lo anterior, cierto es que con la sentencia C-212 de 1994 se declar\u00f3 exequible el numeral 6 del art\u00edculo 11 del Decreto 2324 de 1984, que establece como funciones del Director General Mar\u00edtimo y Portuario \u00abconocer y fallar en segunda instancia de los procesos por accidentes o siniestros mar\u00edtimos\u00bb. No obstante, tal como lo advirti\u00f3 el tribunal constitucional a-quo, esa normativa debe armonizarse con lo consagrado en el numeral 2 del art\u00edculo 31 del CGP, seg\u00fan el cual, \u00ab\u2026de la segunda instancia de los procesos que conocen en primera instancia las autoridades administrativas en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, cuando el juez desplazado en su competencia sea el juez civil del circuito\u2026 conocer\u00e1 el tribunal superior del distrito judicial de la sede principal de la autoridad administrativa o de la sede regional correspondiente al lugar donde se adopt\u00f3 la decisi\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb. <\/p>\n
Esto es, en el caso concreto, la autoridad desplazada -en su competencia- fue el Juez Civil del Circuito de Cartagena (reparto). De manera que, la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima carec\u00eda de competencia para conocer del recurso de alzada propuesto, pues la competencia correspond\u00eda a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad. As\u00ed las cosas, lo actuado por la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima est\u00e1 viciado de nulidad por falta de competencia, de conformidad con lo estipulado en el art\u00edculo 2 del art\u00edculo 31 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. Por lo dem\u00e1s, para esta Sala, la decisi\u00f3n que se confirma contiene mayor relevancia si se tiene en cuenta la protecci\u00f3n y prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes. Ello pues, la determinaci\u00f3n que se llegase a adoptar deber\u00e1 garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o involucrado (CSJ STC7524-2023). <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(con salvamento de voto) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-01745-01 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que acogieron la decisi\u00f3n de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con dicha soluci\u00f3n: <\/p>\n
La Sala mayoritaria confirm\u00f3 el fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 (17 ag. 2023), que concedi\u00f3 el amparo invocado y, en consecuencia, declar\u00f3 nula la actuaci\u00f3n surtida ante la Direcci\u00f3n Mar\u00edtima, en la acci\u00f3n de tutela que Kridiveth Pitalua Herrera -en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hijo menor- instaur\u00f3 contra el Ministerio de Defensa Nacional – Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima -DIMAR- y la Capitan\u00eda de Puerto de Cartagena, con ocasi\u00f3n del proceso n.\u00b0 1502016002. <\/p>\n
Lo anterior porque, tal y como all\u00ed se advirti\u00f3, \u00ab(\u2026) la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima carec\u00eda de competencia para conocer del recurso de alzada propuesto, pues [\u00e9sta] correspond\u00eda a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad. As\u00ed las cosas, lo actuado por la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima est\u00e1 viciado de nulidad por falta de competencia, de conformidad con lo estipulado en el art\u00edculo 2 del art\u00edculo 31 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Me aparto de tal decisi\u00f3n, principalmente, porque creo que no se estructura la nulidad por falta de competencia que se atribuye respecto de la actuaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima y Portuaria. <\/p>\n
No si atendemos que el legislador en el D.L. 2324 de 1984 establece como una de las funciones a cargo de esa \u201cdependencia del Ministerio de Defensa, agregada al Comando de la Armada Nacional\u201d la de \u201cadelantar y fallar las investigaciones por…siniestros mar\u00edtimos…\u201d para lo cual tambi\u00e9n regul\u00f3 el procedimiento a observar, dentro del que asigna a la Capitan\u00eda de Puerto la primera instancia y aquella el conocimiento de la segunda (T\u00edt. IV, Caps.I, II, III, IV,V y VI, arts. 25 a 75; art.2 n\u00fam. 11 y 8 n\u00fam.8 D. 1561 de 2002). <\/p>\n
Las disposiciones referidas antes, tienen plena vigencia actual dado que no han sido derogadas expresamente por la Ley 1564 de 2012, ni pueden entenderse como contrarias a \u00e9sta en tanto aplicable el C\u00f3digo General del Proceso a las actuaciones de \u201cautoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no est\u00e9n reguladas expresamente en otras leyes\u201d(art.1\u00b0)-resaltado fuera de texto-, como ocurre en el presente asunto, que lo est\u00e1. <\/p>\n
Confrontado ese ordenamiento, en su momento, con la Constituci\u00f3n Nacional la autoridad encargada de determinar su correspondencia concluy\u00f3 que: <\/p>\n
(i) Como Decreto con fuerza legislativa, atendi\u00f3 \u201cla exigencia del art\u00edculo 116 en el sentido de que la atribuci\u00f3n excepcional de funciones judiciales a autoridades administrativas est\u00e9 contenida en ley queda satisfecha cuando la norma pertinente se expide por el Jefe del Estado revestido temporal o extraordinariamente de funciones legislativas. En otros t\u00e9rminos, el precepto constitucional demanda una ley en sentido material y no necesariamente formal y org\u00e1nica\u201d; <\/p>\n
(ii) Determin\u00f3 con claridad las autoridades administrativas \u201cen las que se radica la atribuci\u00f3n excepcional de competencias judiciales: la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima y Portuaria y las Capitan\u00edas de Puerto\u201d; y <\/p>\n
(iii) Defini\u00f3 con precisi\u00f3n \u201clas materias objeto de esa competencia…Se trata de conocer sobre siniestros y accidentes mar\u00edtimos, que est\u00e1n definidos en el art\u00edculo 26 del Decreto 2324 de 1984…\u201d (C 212 de 1994). <\/p>\n
As\u00ed lo he vislumbrado al decidir otros asuntos en los que, si bien el n\u00facleo no era el an\u00e1lisis de la competencia, si era necesaria para establecer la procedencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente a decisiones de la DIMAR en este tipo de causas (AC 2004-2021) y para calificar la razonabilidad de prove\u00eddos calificados como vulneradores de derechos fundamentales (STC 4438-2023). <\/p>\n
Por lo antes expuesto, salvo mi voto. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-01745-01 <\/p>\n
Con el acostumbrado respeto me permito manifestar que, si bien comparto lo decidido por la Sala en cuanto confirm\u00f3 el amparo concedido a Mar\u00eda en su nombre y en el de su hijo menor, contra el Ministerio de Defensa Nacional, la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima -DIMAR- y la Capitan\u00eda de Puerto de Cartagena, disiento de todos los motivos expuestos para adoptar esa determinaci\u00f3n y ratificar la orden impartida en primera instancia, como enseguida se explica. <\/p>\n
1. La peticionaria, dirigi\u00f3 el amparo frente a las sentencias emitidas dentro \u00abde la investigaci\u00f3n jurisdiccional por siniestro mar\u00edtimo de muerte, en relaci\u00f3n con la motonave NAZCA\u00bb ocurrido el 7 de enero de 2016 toda vez que, las determinaciones adoptadas por la Capitan\u00eda de Puerto de Cartagena, en primera instancia, y por la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima \u2013DIMAR- en segundo grado, lesionaron los derechos invocados por cuanto, seg\u00fan expuso, no se convoc\u00f3 al armador de la nave para determinar su responsabilidad solidaria y, aunque se declar\u00f3 responsable al capit\u00e1n del barco respecto del accidente que gener\u00f3 la muerte del tripulante y empleado Pedro, no se determinaron los perjuicios causados a los accionantes en su calidad de familiares del se\u00f1or Pedro. <\/p>\n
2. La Sala mayoritaria del Tribunal a quo, en sentencia de 17 de agosto de 2023, resolvi\u00f3 acceder al amparo por aspectos distintos a los discutidos por la solicitante y, para el efecto, resolvi\u00f3: \u00abDeclarar nula la actuaci\u00f3n que se surti\u00f3 ante la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima. En consecuencia, se le ordena a esa entidad que el expediente 15012016002 correspondiente a la investigaci\u00f3n jurisdiccional por siniestro mar\u00edtimo de muerte en relaci\u00f3n con la motonave NAZCA ocurrido el 7 de enero de 2016, se remita al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena – sala civil para el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida en ese asunto por la Capitan\u00eda de Puerto de esa ciudad\u00bb. <\/p>\n
2.1. En s\u00edntesis, la decisi\u00f3n se fund\u00f3 en la falta de competencia de la DIMAR para definir la apelaci\u00f3n contra la sentencia emitida por la Capitan\u00eda del Puerto de Cartagena, porque, seg\u00fan se expuso, con la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, Ley 1564 de 2012, no resulta aplicable el Decreto Ley 2324 de 1984, en cuanto asign\u00f3 a la acusada entidad administrativa la resoluci\u00f3n de la segunda instancia en los procesos por accidentes o siniestros mar\u00edtimos, sino el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 31 del C\u00f3digo General del Proceso, que establece la competencia de los Tribunales superiores para conocer de la segunda instancia de \u00ablos procesos que conocen en primera instancia las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, cuando el juez desplazado en su competencia sea el juez civil del circuito\u00bb, conclusi\u00f3n apoyada, adem\u00e1s, en la sentencia C-415 de 2002 que, conforme lo comprendi\u00f3 el Tribunal, fij\u00f3 que a \u00ablas autoridades administrativas que ejercen actividad jurisdiccional no les es dable conocer los recursos de apelaci\u00f3n que se interponen contra los fallos que emitan entidades de igual naturaleza en primera instancia\u00bb. <\/p>\n
2.2. En la salvedad de voto se puso de presente la falta de competencia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para impartirle \u00f3rdenes a su hom\u00f3logo en Cartagena, \u00abmucho menos si esa Corporaci\u00f3n no fue convocada a la acci\u00f3n de tutela\u00bb; adem\u00e1s, anot\u00f3 que \u00abEl asunto debi\u00f3 remitirse a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, toda vez que la DIMAR, en \u00faltimas, desplaz\u00f3 a un Tribunal Superior en el conocimiento del litigio\u00bb. <\/p>\n
2.3. Impugnada la anterior determinaci\u00f3n por el Capit\u00e1n de Puerto de Cartagena quien, fundamentalmente, resalt\u00f3 la vigencia y aplicaci\u00f3n del Decreto Ley 2324 de 1984 conforme a los criterios jurisprudenciales de las Altas Cortes que cit\u00f3, esta Sala resolvi\u00f3 adversamente dicho recurso y resolvi\u00f3 confirmar en todas sus partes la sentencia de primer grado. <\/p>\n
Concretamente, la Sala mayoritaria, en la sentencia de la que me aparto, convalid\u00f3 la postura del a quo. As\u00ed, insisti\u00f3 en que de acuerdo con la sentencia C-415 de 2002, en su opini\u00f3n, a la DIMAR no le correspond\u00eda \u00abconocer de los recursos de apelaci\u00f3n que se interpongan contra los fallos proferidos por entidades de igual naturaleza en primera instancia\u00bb y, por tanto, deb\u00eda aplicarse numeral 2\u00ba del art\u00edculo 31 del C\u00f3digo General del Proceso, anotando que la autoridad desplazada en primera instancia hab\u00eda sido el Juez Civil del Circuito de Cartagena y que, por tanto, el Tribunal Superior de esa ciudad, deb\u00eda definir la apelaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Capitan\u00eda de la misma localidad. <\/p>\n
3. La sentencia, en mi opini\u00f3n i) carece de motivaci\u00f3n en torno a las razones por las que se estim\u00f3 que esta Sala era competente para definir en segunda instancia el amparo propuesto; ii) genera un alto impacto al pretender modificar las competencias legalmente establecidas para la DIMAR, sin reparar en el criterio de las Altas Cortes sobre el particular y, espec\u00edficamente en la l\u00ednea pac\u00edfica que esta Sala ha mantenido en sede constitucional e, incluso, en casaci\u00f3n, sobre la plena vigencia del Decreto Ley 2324 de 1984 para un tr\u00e1mite tan particular y especial como son las \u00abinvestigaciones por accidentes o siniestros mar\u00edtimos que involucren naves o artefactos navales, o plataformas o estructuras marinas\u00bb -art. 25 \u00eddem-; y iii) de lado se dej\u00f3 el an\u00e1lisis de fondo del asunto, a pesar de hallarse en discusi\u00f3n los derechos de un menor que pudo ser indemnizado por los perjuicios derivados del accidente en el que muri\u00f3 su progenitor y del que se declar\u00f3 responsable al capit\u00e1n del barco en el caso censurado, motivo, este \u00faltimo, por el que s\u00ed debi\u00f3 accederse a la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
3.1. Sobre la competencia para definir la tutela. <\/p>\n
De manera expl\u00edcita no observo el sustento por el cual la Sala mayoritaria estim\u00f3 que estaba habilitada para definir la impugnaci\u00f3n contra el fallo de tutela de primera instancia, cuesti\u00f3n sobre la que creo, forzosamente se debio proveer, toda vez que, de un lado, ratific\u00f3 la orden que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 le impartiera de manera directa a su hom\u00f3logo en Cartagena, sin siquiera convocarlo a las diligencias y, de otro, ante el desplazamiento de los Tribunales Superiores en el asunto rebatido, la tutela debi\u00f3 definirse en primer grado por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte, aspecto respecto del cual debi\u00f3 existir un pronunciamiento, para acoger esa postura, esto es, lo concerniente al desplazamiento de los Tribunales Superiores en litigios como el criticado, o indicarse si la competencia pod\u00eda mantenerse frente a la impugnaci\u00f3n por lo dispuesto en el numeral 10, art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, que se\u00f1ala: \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u00bb. <\/p>\n
3.2. Vigencia del Decreto Ley 2324 de 1984. <\/p>\n
Necesario en mi parecer resultaba poner en evidencia la aplicaci\u00f3n de la citada norma, en atenci\u00f3n al criterio sostenido por las Altas Cortes en paralelo con la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.2.1. Considero al respecto, que la ley expedida por el entonces Presidente de la Rep\u00fablica en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confer\u00eda el art\u00edculo 76, numeral 12, de la Constituci\u00f3n anterior -hoy art\u00edculo 150, numeral 10-, mantiene su vigencia, toda vez que, las \u00fanicas derogatorias expresas tuvieron lugar con el Decreto 1561 de 2002 y la Ley 1 de 1991 en punto, el primero, a los cap\u00edtulos relativos a la estructura org\u00e1nica y composici\u00f3n de la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima \u2013DIMAR- y, la segunda, en cuanto al numeral 7 del art\u00edculo 3 y los numerales 23 y 25 del art\u00edculo 5; de donde se colige que lo concerniente al proceso y al procedimiento aplicado a las \u00abinvestigaciones por accidentes o siniestros mar\u00edtimos que involucren naves o artefactos navales, o plataformas o estructuras marinas\u00bb -art. 25- y, por tanto, las funciones jurisdiccionales asignadas a las Capitan\u00edas de Puerto y a la DIMAR para conocer de tales tr\u00e1mites y recursos \u2013art. 35 al 66-, permanecen vigentes, m\u00e1s aun si en cuenta se tiene que la Corte Constitucional en sentencia C-212 de 1994 al estudiar la constitucionalidad de varias disposiciones sobre dichas funciones, expresamente se\u00f1al\u00f3 que se acompasaban con el art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, porque estaban determinadas en la ley de manera concreta y definida para esas dos autoridades, debiendo declararse la inconstitucionalidad, \u00fanicamente, la expresi\u00f3n \u00abpor violaci\u00f3n a otras normas que regulen las actividades mar\u00edtimas\u00bb contenido en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 27 \u00eddem, por resultar indeterminado. <\/p>\n
3.2.2. La postura de las Altas Cortes ha sido la de reconocer la vigencia y aplicaci\u00f3n de la norma especial para casos como el aqu\u00ed controvertido, antes, despu\u00e9s de la Constituci\u00f3n de 1991 y en la actualidad. <\/p>\n
En la mencionada sentencia C-212 de 1994, la Corte Constitucional in extenso consider\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn lo atinente a (\u2026) la funci\u00f3n [de adelantar y fallar las investigaciones] (numeral 27 del art\u00edculo 5\u00ba) s\u00ed existe una atribuci\u00f3n de competencias judiciales pero ella, en su mayor parte, encaja en las previsiones del art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n, en cuanto las materias a las que se contrae la funci\u00f3n atribuida est\u00e1n claramente determinadas en la norma -investigaciones por violaci\u00f3n a las normas de Marina Mercante, por siniestros mar\u00edtimos, por violaci\u00f3n a las normas de reserva de carga, por contaminaci\u00f3n del medio marino y fluvial de su jurisdicci\u00f3n, por construcciones indebidas o no autorizadas en los bienes de uso p\u00fablico y terrenos sometidos a la jurisdicci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima y Portuaria, e imposici\u00f3n de las sanciones correspondientes-. <\/p>\n
La \u00fanica parte del numeral 27 que resulta contraria a lo preceptuado en la Constituci\u00f3n es aquella en la cual se atribuye a la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima y Portuaria la funci\u00f3n de adelantar y fallar investigaciones \u00abpor violaci\u00f3n a otras normas que regulen las actividades mar\u00edtimas\u00bb, pues se trata de una funci\u00f3n indefinida que, por ello, choca abiertamente con la precisi\u00f3n exigida por el art\u00edculo 116 de la Carta para poder radicar en cabeza de autoridades administrativas funciones de car\u00e1cter jurisdiccional. Las transcritas expresiones ser\u00e1n declaradas inexequibles. <\/p>\n
El art\u00edculo 11, numeral 6\u00ba, del Decreto 2324 de 1984 conf\u00eda al Director General de la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima y Portuaria la competencia para conocer y fallar en segunda instancia sobre los procesos por accidentes o siniestros mar\u00edtimos. Por su parte, el art\u00edculo 35 Ib\u00eddem se\u00f1ala que todo accidente o siniestro mar\u00edtimo ser\u00e1 investigado y fallado por la Capitan\u00eda de Puerto respectiva, de oficio o mediante protesta presentada por el Capit\u00e1n o capitanes de las naves, artefactos o plataformas involucrados en el siniestro o accidente o por demanda presentada por persona interesada. Los art\u00edculos 36 a 51 del mencionado Decreto, algunos de los cuales han sido aqu\u00ed demandados, estatuyen todo lo referente a la investigaci\u00f3n y el fallo; al auto que declara abierta la investigaci\u00f3n, sus requisitos y formalidades; a las audiencias que deben celebrarse en el curso del proceso; a la presunci\u00f3n de confesi\u00f3n, juramentos, interrogatorios, peritazgos y apreciaci\u00f3n de pruebas; a los hechos que se deben acreditar y verificar en lo que concierne al accidente o siniestro; al alegato de conclusi\u00f3n, el t\u00e9rmino para fallo, contenido y notificaci\u00f3n del mismo; aceptaci\u00f3n de responsabilidad e interrupci\u00f3n de prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Las normas que han sido demandadas aluden espec\u00edficamente a la iniciaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n (art\u00edculo 35); a la competencia para fallar en segunda instancia (art\u00edculos 11 y 27); a la funci\u00f3n investigativa que, a\u00fan de oficio deben cumplir las Capitan\u00edas de Puerto acerca de siniestros y accidentes mar\u00edtimos (art\u00edculo 20); a la competencia para investigaci\u00f3n y fallo de los accidentes o siniestros mar\u00edtimos en cabeza del respectivo Capit\u00e1n de Puerto en primera instancia (art\u00edculo 27); al Tribunal de Capitanes, encargado de asesorar al Capit\u00e1n de Puerto en lo relativo a las mencionadas investigaciones (art\u00edculo 28); a la actuaci\u00f3n de dicho Tribunal (art\u00edculo 32); y finalmente a algunos aspectos del proceso, tales como el auto inicial que declara abierta la investigaci\u00f3n (art\u00edculo 36), la primera audiencia (art\u00edculo 37), la presunci\u00f3n de confesi\u00f3n (art\u00edculo 43), los \u00abhechos a establecer\u00bb (art\u00edculo 43), el contenido de los fallos (art\u00edculo 48), la funci\u00f3n instructora, a cargo de las Capitan\u00edas de segunda categor\u00eda (art\u00edculo 67), las investigaciones por contaminaci\u00f3n a causa de accidentes o siniestros mar\u00edtimos (art\u00edculo 70), y la cauci\u00f3n que deben prestar los buques, naves o artefactos navales cuyos capitanes, oficiales o tripulaciones se encuentren sometidos al proceso de investigaci\u00f3n por accidentes o siniestros mar\u00edtimos para que se les pueda autorizar el zarpe. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Ya se ha visto que mientras sea la ley la que se\u00f1ale dichas competencias excepcionales y la atribuci\u00f3n correspondiente se refiera a materias precisas y las autoridades administrativas correspondientes sean determinadas, no se presenta violaci\u00f3n alguna de la Carta. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
A juicio de la Corte, la exigencia del art\u00edculo 116 en el sentido de que la atribuci\u00f3n excepcional de funciones judiciales a autoridades administrativas est\u00e9 contenida en ley queda satisfecha cuando la norma pertinente se expide por el Jefe del Estado revestido temporal o extraordinariamente de funciones legislativas. En otros t\u00e9rminos, el precepto constitucional demanda una ley en sentido material y no necesariamente formal y org\u00e1nica. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por otro lado, las normas atacadas han determinado con claridad cu\u00e1les son las autoridades administrativas en las que se radica la atribuci\u00f3n excepcional de competencias judiciales: la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima y Portuaria y las Capitan\u00edas de Puerto. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se les atribuye competencia para investigar acerca de las infracciones a las leyes, decretos y reglamentos que regulan las actividades mar\u00edtimas y la Marina Mercante Colombiana, as\u00ed como para imponer las sanciones respectivas (art\u00edculo 20, numeral 8\u00ba del Decreto). <\/p>\n
De lo dicho resulta que la normatividad puesta en tela de juicio no es inconstitucional, menos a\u00fan por el motivo alegado en la demanda. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
No podr\u00eda Colombia cumplir estos convenios internacionales si no fuera por la atribuci\u00f3n de competencias especiales en la materia a un organismo cuyas actividades y experiencia le permiten fallar con mayor conocimiento de causa como es el caso de la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima y Portuaria\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Posteriormente, la misma Corte Constitucional en la sentencia C-156 de 2013, ratific\u00f3 la funci\u00f3n jurisdiccional que desarrolla la DIMAR en casos como el cuestionado, al declarar la inexequibilidad del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo General del Proceso \u2013Ley 1564 de 2012- que subrog\u00f3 el art\u00edculo 199 de la Ley 1450 de 2011, pues en esa ocasi\u00f3n se memoraron las \u00abReglas jurisprudenciales de la atribuci\u00f3n de funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas\u00bb tras realizarse un recuento de la jurisprudencia en la que se encontraron acorde a la Constituci\u00f3n las funciones judiciales ejercidas por autoridades administrativas, entre estas, las de la DIMAR, aspecto sobre el que se indic\u00f3: \u00abLa Corporaci\u00f3n analiz\u00f3 (\u2026) las atribuciones (\u2026) concernientes a la competencia conferida a la Direcci\u00f3n Mar\u00edtima. Comenz\u00f3 por destacar la importancia de interpretar el art\u00edculo 116 de la Carta Pol\u00edtica de manera arm\u00f3nica con los art\u00edculos 113 y 2\u00ba de la Constituci\u00f3n\u00bb y concluy\u00f3 que s\u00f3lo era inconstitucional el apartado relativo a la facultad indeterminada de esa autoridad de adelantar y fallar investigaciones \u00abpor violaci\u00f3n a otras normas que regulen las actividades mar\u00edtimas\u00bb, porque las dem\u00e1s competencias se observaron consonantes con las reglas relativas a \u00ab(i) la prohibici\u00f3n de instruir sumarios; (ii) el car\u00e1cter excepcional de las atribuciones y (iii) la importancia de su definici\u00f3n precisa por v\u00eda legal\u00bb. <\/p>\n
Sobre lo expuesto, conviene memorar que la Sala de Consulta y Servicio Civil, el 4 de noviembre de 2004 \u2013exp. 1605, frente a la consulta elevada por el Ministerio de Defensa Nacional, ya hab\u00eda advertido: <\/p>\n
\u00abNo obstante que la existencia de una nueva Constituci\u00f3n y el pronunciamiento de la Corte Constitucional al revisar la naturaleza jur\u00eddica de los fallos proferidos por la Dimar en los casos de siniestros y accidentes mar\u00edtimos \u2013 Decreto ley 2324 de 1984-, resultar\u00edan suficientes para justificar un cambio de jurisprudencia, esta Sala procede a hacer algunas apreciaciones sobre las razones jur\u00eddicas que permiten llegar a tal conclusi\u00f3n y sobre los efectos de este tipo de fallos: <\/p>\n
El Capit\u00e1n de Puerto, en primera y el Director Mar\u00edtimo, en segunda instancia, tienen la calidad de jueces frente a las controversias cuyo conocimiento avoquen en raz\u00f3n de un siniestro o accidente mar\u00edtimo, en la medida, en que la Carta permite, como ya se vio, el ejercicio excepcional de funciones jurisdiccionales. <\/p>\n
Si bien es cierto, en las investigaciones por siniestros mar\u00edtimos la autoridad mar\u00edtima debe analizar, en cada caso, si se transgredi\u00f3 alguna norma de tr\u00e1fico o de seguridad mar\u00edtima, tambi\u00e9n lo es, que el fin de la investigaci\u00f3n no es s\u00f3lo determinar las normas trasgredidas y sancionar por ese hecho, sino declarar la culpabilidad y responsabilidad civil extracontractual que les cabe a quienes intervinieron en el accidente o tienen su tutela jur\u00eddica (armador, propietario etc.)\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
De igual modo, el Consejo de Estado en torno a las facultades jurisdiccionales de las Capitan\u00edas de Puerto y la DIMAR para la investigaci\u00f3n y fallo de los accidentes o siniestros mar\u00edtimos, reconoci\u00f3 el car\u00e1cter judicial de dichas funciones desde la sentencia de 8 de junio de 1976, expediente No. 1590, Secci\u00f3n Tercera, en la que adujo: <\/p>\n
\u00abA partir de la vigencia del nuevo C\u00f3digo de Comercio (art\u00edculos 1429 y 1431) y del Decreto ley 2349 de 1971, ya examinados, no queda duda que dicha competencia est\u00e1 atribuida a la \u201cautoridad mar\u00edtima\u201d y no a la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Se impone, entonces, (\u2026) que los fallos expedidos por el Capit\u00e1n de Puerto de Buenaventura y por la Direcci\u00f3n de Marina Mercante colombiana, \u00e9ste \u00faltimo, confirmatorio de aquel, tienen fuerza de cosa juzgada, prestan m\u00e9rito ejecutivo ante los jueces competentes y, agota por consumaci\u00f3n, legalmente, la jurisdicci\u00f3n del Estado, haciendo imposible una nueva controversia entre las mismas partes y por la misma causa\u00bb. <\/p>\n
Luego, esa misma Corporaci\u00f3n, en sentencia N\u00ba 227 de 27 de marzo de 1989, anot\u00f3 que \u00abSon funciones estrictamente jurisdiccionales las que cumplen las capitan\u00edas de puerto y la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima y Portuaria en los eventos como el que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, y verdaderas sentencias, no solamente por su forma sino por su contenido, las que ellas expiden en tales casos\u00bb, postura reiterada en sentencia de 14 de febrero de 1990, expediente N\u00ba 228, Secci\u00f3n Primera, en sentencia de 26 de octubre de 2000, expediente N\u00ba 5844, Secci\u00f3n Primera, y m\u00e1s recientemente en Auto de 9 de diciembre de 2013, expediente N\u00ba 201200035 01- (47130), Secci\u00f3n Tercera \u2013Subsecci\u00f3n \u2018A\u2019- y en fallo de tutela de 25 de agosto de 2016, expediente 70001-23-33-000-2016-00156-01(AC), Secci\u00f3n Primera. <\/p>\n
Y, adem\u00e1s, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de manera un\u00e1nime y pac\u00edfica, al resolver en sede de impugnaci\u00f3n otros amparos dirigidos contra procesos como el aqu\u00ed reprochado, en donde conocieron las Capitan\u00edas de Puerto, en primer grado, y la DIMAR, en segundo, acogi\u00f3 la vigencia y plena aplicaci\u00f3n del Decreto 2324 de 1984 y procedi\u00f3 a estudiar las decisiones dictadas por \u00e9stos para resolver, incluso, frente a asuntos en los que desde la etapa de investigaci\u00f3n ya hab\u00eda entrado en vigencia el C\u00f3digo General del Proceso (CSJ, STC9614-2022 y STC4438-2023). <\/p>\n
As\u00ed se destacan, entre otros, los siguientes fallos: STC6063-2018, STC3555-2019, STC12010-2021, STC9614-2022 y STC4438-2023 y los autos emitidos en el radicado 11001-02-03-000-2018-01664-00, en sede de casaci\u00f3n, de 16 de marzo de 2020 y AC2004-2021 de 26 de mayo de 2021, postura que dicho sea de paso, fue sustento de la impugnaci\u00f3n que se present\u00f3 en estas diligencias y sin que respecto de ella, o de las dem\u00e1s sentencias de esta Sala se hubiese efectuado alguna consideraci\u00f3n. <\/p>\n
3.2.3. Ahora, en cuanto a la aplicaci\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso para casos como el cuestionado, disiento pues, de un lado, el Decreto Ley 2324 de 1984 no fue derogado expresamente seg\u00fan el art\u00edculo 626 de dicho C\u00f3digo, tampoco puede comprenderse su derogatoria t\u00e1cita porque no se coligen en el citado Decreto \u00abdisposiciones que le sean contrarias\u00bb y, menos, en relaci\u00f3n con las competencias de la DIMAR para conocer en segunda instancia de procesos como el reprochado. <\/p>\n
Sobre lo advertido, corresponde se\u00f1alar que desde el art\u00edculo 1\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso se precisa que dicho compendio tiene como objeto regular \u00abla actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, adem\u00e1s, a todos los asuntos de cualquier jurisdicci\u00f3n o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no est\u00e9n regulados expresamente en otras leyes\u00bb; por lo que se insiste, hall\u00e1ndose vigente el Decreto Ley 2324 de 1984 que regula de manera expresa las funciones judiciales de las Capitan\u00edas de Puerto y de la DIMAR en los procesos por \u00abinvestigaciones por accidentes o siniestros mar\u00edtimos que involucren naves o artefactos navales, o plataformas o estructuras marinas\u00bb, declaradas exequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-212 de 1994, no resulta procedente la aplicaci\u00f3n del estatuto procesal civil. <\/p>\n
Asimismo, se observa que en el art\u00edculo 24 \u00eddem relativo al \u00abEjercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas\u00bb, entre las cuales no se refiere a la DIMAR, en el par\u00e1grafo 6\u00ba, expresamente se establece: \u00abLas competencias que enuncia este art\u00edculo no excluyen las otorgadas por otras leyes especiales por la naturaleza del asunto\u00bb, de donde se extrae, de igual modo, la plena aplicaci\u00f3n del rese\u00f1ado Decreto Ley 2324 de 1984. <\/p>\n
Sobre el particular, es pertinente advertir que la \u00abcompetencia\u00bb en materia judicial tiene un car\u00e1cter \u00abrestrictivo\u00bb aplicable a las autoridades administrativas que tienen funciones jurisdiccionales conforme a las previsiones del art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y a los funcionarios judiciales en estricto sentido, cuesti\u00f3n que impide la asunci\u00f3n de competencias cuando resultan ajenas o no est\u00e1n expresamente reguladas por el legislador, motivo por el que \u00e9ste tiene un \u00abun mandato de definici\u00f3n precisa de las competencias y las autoridades encargadas de ejercerlas. De este mandato de definici\u00f3n precisa se deriva el deber del legislador de establecer competencias puntuales, fijas y ciertas\u00bb (C.C. C-156 de 2013). <\/p>\n
Ahora, en lo que concierne con el criterio de especialidad, en materia legislativa, tambi\u00e9n contribuye a evidenciar la vigencia de una norma, porque, como lo indic\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia C-439 de 2016, \u00abopera con un prop\u00f3sito de ordenaci\u00f3n legislativa entre normas de igual jerarqu\u00eda, en el sentido que, ante dos disposiciones incompatibles, una general y una especial, permite darle prevalencia a la segunda, en raz\u00f3n a que se entiende que la norma general se aplica a todos los campos con excepci\u00f3n de aqu\u00e9l que es regulado por la norma especial. Ello, sobre la base de que la norma especial sustrae o excluye una parte de la materia gobernada por la ley de mayor amplitud regulatoria, para someterla a una regulaci\u00f3n diferente y espec\u00edfica, sea esta contraria o contradictoria, que prevalece sobre la otra\u00bb. <\/p>\n
Si bien la Sala mayoritaria de esta Corte confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de tutela de primera instancia, que se apoy\u00f3 en la aplicaci\u00f3n, sin discusi\u00f3n, del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 31 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con lo previsto en la sentencia C-415 de 2002, adem\u00e1s de lo antes expuesto, la norma que se aplic\u00f3 se refiere a la competencia de la Salas Civiles de los Tribunales Superiores en segunda instancia \u00abde los procesos que conocen en primera instancia las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, cuando el juez desplazado en su competencia sea el juez civil del circuito\u00bb (subraya fuera de texto), cuesti\u00f3n esta \u00faltima que no fue justificada en la providencia, tampoco se halla sustentada en la tramitaci\u00f3n que se cuestiona. <\/p>\n
3.2.5. En efecto, el procedimiento previsto para la investigaci\u00f3n y fallo de los \u00abaccidentes o siniestros mar\u00edtimos\u00bb prev\u00e9 un impulso oficioso por parte de la Capitan\u00eda del Puerto respectivo, autoridad que est\u00e1 compelida a investigar lo ocurrido y puede fijar con posterioridad una cauci\u00f3n y permitir, luego, la participaci\u00f3n de quienes se consideren interesados y reclamen indemnizaci\u00f3n de perjuicios, actuaci\u00f3n que no revela, en esa primera instancia, el desplazamiento de un juez civil municipal o de circuito, m\u00e1xime si est\u00e1 previsto que el procedimiento siempre tenga doble instancia y, en caso de no impetrarse la apelaci\u00f3n contra el fallo, se concibi\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta. <\/p>\n
Por tanto, para concluir en el caso materia de estudio que el desplazado fue un juez civil del circuito, sin exponer el origen de esa afirmaci\u00f3n, si lo es por la cuant\u00eda del proceso, de la que tampoco advirti\u00f3 c\u00f3mo pod\u00eda determinarse, viendo las particularidades antes anotadas previstas para el especial procedimiento; o si lo fue en atenci\u00f3n a la naturaleza del asunto y, de paso, advertir si la decisi\u00f3n que \u2013como antes se adujo- genera un alto impacto para los procesos que vienen siendo tramitados por las Capitan\u00edas de Puerto, pretend\u00eda modificar el procedimiento, en cuanto a comprender que, en alg\u00fan evento, el tr\u00e1mite ser\u00e1 de \u00fanica instancia, podr\u00e1 iniciarse en primer grado por la DIMAR y dejar\u00e1 de tener grado de consulta, todo esto para establecer en futuros casos cu\u00e1ndo y de qu\u00e9 manera se constata cu\u00e1l es el juez civil desplazado \u2013municipal o de circuito-. <\/p>\n
3.2.6. Adicionalmente, como se anot\u00f3 esta Sala en asuntos similares ha aceptado la competencia de la DIMAR para definir las apelaciones a su cargo, en aplicaci\u00f3n del Decreto Ley 2324 de 1984, pronunciamientos que no fueron observados en la sentencia aprobada por la Sala mayoritaria y respecto de los cu\u00e1les tampoco hubo alusi\u00f3n alguna en cuanto si se abandona la tesis y se modifica la postura de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Al punto, se destaca que en la sentencia STC12010-2021, esta Sala juzg\u00f3 como criterio razonable la competencia asumida por la DIMAR al se\u00f1alarse que en la providencia discutida, la autoridad mencionada \u00abhizo un recuento de las normas que consider\u00f3 le confer\u00edan la facultad jurisdiccional para definir el asunto, de lo cual extrajo que en las decisiones que emite en ejercicio de la misma \u00abse identifican tres aspectos que deben contener los fallos, siendo el primero de ellos, la declaraci\u00f3n de responsabilidad con ocasi\u00f3n al siniestro mar\u00edtimo investigado, en segundo lugar, el aval\u00fao de los da\u00f1os generados y por \u00faltimo, las sanciones administrativas por violaci\u00f3n de las normas de marina mercante en caso de que haya lugar\u00bb, aserto que respald\u00f3 en un pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para en seguida colegir que \u00abes claro que la responsabilidad que le concierne declarar a la Autoridad Mar\u00edtima en los fallos que expida el Capit\u00e1n de Puerto en primera y el Director General Mar\u00edtimo en segunda instancia dentro de una investigaci\u00f3n por siniestros mar\u00edtimos, se restringen a una responsabilidad civil de car\u00e1cter extracontractual, sin inmiscuirse en aspectos de car\u00e1cter privado\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, sobre las posibles contradicciones o aplicaci\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso, la Sala en sentencia STC3555-2019, resolvi\u00f3 el asunto dando prelaci\u00f3n al Decreto Ley 2324 de 1984, al expresar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en lo que ata\u00f1e al proferimiento del fallo de primera instancia, por fuera del t\u00e9rmino que establece el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, con el acaecimiento de las consecuencias que all\u00ed se consagran (nulidad de pleno de derecho), encuentra la Sala que el decreto ley 2324 de 1984, que regula las investigaciones de accidentes o siniestros mar\u00edtimos, establece en su art\u00edculo 50 que \u00ab[e]l Capit\u00e1n de Puerto deber\u00e1 producir su fallo dentro de los seis (6) meses siguientes contados a partir del auto por medio del cual se declara abierta la investigaci\u00f3n. Si el fallo se produjere despu\u00e9s de este t\u00e9rmino, este hecho no se constituir\u00e1 causal de nulidad, pero acarrear\u00e1 las sanciones disciplinarias que fueren del caso\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
Entonces, al existir una norma especial que regula la duraci\u00f3n del mencionado tr\u00e1mite y los efectos que se derivan de incumplir el plazo all\u00ed previsto, improcedente resulta la aplicaci\u00f3n de la norma que invoca el quejoso, esto es, del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Y, en sede de casaci\u00f3n, en auto AC2004-2021 al definir la reposici\u00f3n presentada contra el auto de 10 de marzo de 2020 que declar\u00f3 inadmisible el recurso extraordinario frente a una sentencia emitida por la DIMAR, la Sala puntualmente anot\u00f3: <\/p>\n
\u00abDentro del r\u00e9gimen especial para la investigaci\u00f3n y juzgamiento de da\u00f1os producidos por accidentes o siniestros mar\u00edtimos, cuya competencia fue asignada, exclusivamente, a las Capitan\u00edas de Puerto y a la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima y Portuaria, no se contempl\u00f3 la procedibilidad de recursos extraordinarios, y no es dable, por v\u00eda de interpretaci\u00f3n judicial, reformar dicha preceptiva. <\/p>\n
Es cierto, como lo postulan las recurrentes, el C\u00f3digo General del Proceso es aplicable a las actuaciones de las autoridades administrativas cuando ejercen funciones jurisdiccionales (art. 1\u00ba), pero tal remisi\u00f3n normativa solo es viable en lo no regulado \u201cexpresamente en otras leyes\u201d, hip\u00f3tesis que no corresponde a la del presente asunto, porque el juicio en el cual se profiri\u00f3 el fallo que se pretende rebatir por v\u00eda de casaci\u00f3n, cuenta con lineamientos precisos en los cuales no se encuentra consagrado tal medio de censura; luego, deviene intrascendente la alegaci\u00f3n de Suramericana S.A. respecto de la atribuci\u00f3n de competencia prevista en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 30 adjetivo, pues existe norma expresa en el Decreto Ley 2324 de 1984, que la radica, de forma exclusiva, en los precitados organismos especiales (art. 27). <\/p>\n
Tampoco ofrece discusi\u00f3n la regla establecida en el par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 24 del ordenamiento procedimental, utilizada por S.B.S. Seguros S.A. para soportar su remedio horizontal; empero, precisamente, el deber de tramitar \u201clos procesos a trav\u00e9s de las mismas v\u00edas procesales previstas en la ley para los jueces\u201d, evidencia que los procesos de que, trata dicho canon no son equiparables con el de investigaci\u00f3n de accidentes o siniestros mar\u00edtimos, por cuanto no podr\u00eda exig\u00edrsele a las Capitan\u00edas de Puerto ni a la DIMAR, ce\u00f1irse al estatuto procedimental, cuando el tantas veces citado Decreto Ley 2324, edific\u00f3 particulares ritualidades para adelantar esta \u00faltima clase de litigios. <\/p>\n
Cada ordenamiento establece formas, t\u00e9rminos y lapsos divergentes para la evacuaci\u00f3n del respectivo pleito y, trat\u00e1ndose de los contemplados en el citado art\u00edculo 24, el legislador previ\u00f3, de manera expresa, que \u201clas apelaciones de providencias proferidas por las autoridades administrativas en primera instancia en ejercicio de funciones jurisdiccionales se resolver\u00e1n por la autoridad judicial superior funcional del juez que hubiese sido competente en caso de haberse tramitado la primera instancia ante un juez y la providencia fuere apelable\u201d (inciso segundo, par\u00e1grafo 3\u00ba, art. 24 C.G.P.). <\/p>\n
Lo anterior resulta l\u00f3gico, pues las actuaciones son adelantadas bajo los mismos derroteros; no obstante, como no ocurre lo mismo en materia de accidentes mar\u00edtimos, no es acertado asimilar uno y otro procedimiento, lo cual explica que el Decreto Ley 2324 fijara el conocimiento de la segunda instancia en la DIMAR y no en un juez o tribunal de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por otra parte, equiparar el procedimiento previsto en el Decreto 2324 de 1984 al establecido en el C\u00f3digo General del Proceso, desconocer\u00eda el principio de legalidad, n\u00facleo esencial del debido proceso, en perjuicio de la especialidad y celeridad requerida en esos casos, en especial, para las v\u00edctimas del derrame de hidrocarburo, as\u00ed reconocidas en las instancias previstas para el tr\u00e1mite de dicha controversia, m\u00e1xime, cuando esta se ha dilatado en el tiempo sin darles una soluci\u00f3n definitiva, en contrav\u00eda, se repite, de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en esa materia\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Consideraciones, adoptadas por la Sala en casos asimilables, que en su integridad comparto pues, como lo expliqu\u00e9 en el numeral anterior, no existe justificaci\u00f3n legal para comprender que se desplaz\u00f3 la competencia de la DIMAR para definir en segunda instancia las investigaciones por accidentes o siniestros mar\u00edtimos, por la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso que no permite comprender su derogatoria o modificaci\u00f3n como ya lo expres\u00e9. <\/p>\n
3.2.7. La conclusi\u00f3n anterior no var\u00eda por la alusi\u00f3n que hizo la Sala mayoritaria, reiterando los argumentos del a quo constitucional, sobre la aplicaci\u00f3n al caso de la sentencia C-415 de 2002 de la Corte Constitucional, porque ese pronunciamiento, adem\u00e1s de no referirse de ning\u00fan modo a las facultades de la DIMAR en las investigaciones por accidentes o siniestros mar\u00edtimos, contiene consideraciones espec\u00edficas atinentes a la estructura y competencias de las Superintendencias en cumplimiento de funciones jurisdiccionales. <\/p>\n
En efecto, en la mencionada sentencia se realiz\u00f3 un control de constitucionalidad a la parte subrayada del art\u00edculo 148 de la Ley 446 de 1995, modificado por el art\u00edculo 52 de la Ley 510 de 1999 que contempla: <\/p>\n
\u00abART\u00cdCULO 148. PROCEDIMIENTO. El procedimiento que utilizar\u00e1n las superintendencias en el tr\u00e1mite de los asuntos de que trata esta parte ser\u00e1 el previsto en la Parte Primera, Libro I, T\u00edtulo I del C\u00f3digo Contencioso Administrativo, en especial el correspondiente al ejercicio del derecho de petici\u00f3n en inter\u00e9s particular y las disposiciones contenidas en el cap\u00edtulo VIII. Para lo no previsto en este procedimiento, se aplicar\u00e1n las disposiciones del Proceso Verbal Sumario consagradas en el procedimiento civil. <\/p>\n
Las superintendencias deber\u00e1n proferir la decisi\u00f3n definitiva dentro del t\u00e9rmino de los treinta (30) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la fecha en que se reciba la petici\u00f3n de manera completa. No obstante, en todo el tr\u00e1mite del proceso las notificaciones, la pr\u00e1ctica de pruebas y los recursos interpuestos interrumpir\u00e1n el t\u00e9rmino establecido para decidir en forma definitiva. <\/p>\n
Los actos que dicten las superintendencias en uso de sus facultades jurisdiccionales no tendr\u00e1n acci\u00f3n o recurso alguno ante las autoridades judiciales. Sin embargo, la decisi\u00f3n por la cual las entidades se declaren incompetentes y la del fallo definitivo, ser\u00e1n apelables ante las mismas\u00bb. <\/p>\n
La Corte Constitucional consider\u00f3 que el apartado subrayado resultaba exequible bajo el entendido de que la expresi\u00f3n \u00abante las mismas\u00bb se refiere a las autoridades judiciales en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la parte motiva de su decisi\u00f3n, providencia en la que se anot\u00f3 que la apelaci\u00f3n contenida en dicha norma, no pod\u00eda ser del conocimiento de las mismas Superintendencias, porque dicho recurso \u00abpermite que el superior jer\u00e1rquico de quien ha tenido que conocer una causa, pueda revocar o modificar las decisiones tomadas en un proceso. Por medio de esta figura, el sistema jur\u00eddico posibilita caminos para la correcci\u00f3n de sus decisiones, para la unificaci\u00f3n de criterios jur\u00eddicos de decisi\u00f3n y para el control mismo de la funci\u00f3n judicial\u00bb. Por tanto, tras considerar los distintos m\u00e9todos de interpretaci\u00f3n legislativa, el Alto Tribunal Constitucional concluy\u00f3 que \u00abla interpretaci\u00f3n m\u00e1s acorde con el principio de coherencia e integridad es aquella que entiende que la disposici\u00f3n estipula que el recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n en la cual se declara incompetente o el fallo definitivo deben surtirse ante las autoridades judiciales\u00bb. <\/p>\n
Surge necesario entonces, se\u00f1alar que la expresi\u00f3n contenida en la sentencia aprobada por la Sala mayoritaria, consistente en que en raz\u00f3n del fallo C-415 de 2002 a la DIMAR no le \u00abcorresponde conocer de los recursos de apelaci\u00f3n que se interpongan contra los fallos proferidos por entidades de igual naturaleza en primera instancia\u00bb, resulta ajena y extra\u00f1a a lo resuelto en la sentencia de constitucionalidad citada, pues en ella no se dejaron sin efecto las estructuras jer\u00e1rquicas de las entidades administrativas que cumplen funciones jurisdiccionales, para conocer de las segundas instancias, y tampoco se advirti\u00f3 que, en todos los casos, debe acudirse en segundo grado a los funcionarios judiciales, como al parecer mal se comprendi\u00f3. <\/p>\n
En realidad, la sentencia de constitucionalidad previ\u00f3 que fuesen las autoridades judiciales quienes conocieran de las apelaciones frente a las decisiones de incompetencia o fallos definitivos de las Superintendencias porque se requer\u00eda de un superior jer\u00e1rquico para cumplir la finalidad del recurso, cuesti\u00f3n que en concordancia con el hoy vigente art\u00edculo 24 y dem\u00e1s normas concordantes del C\u00f3digo General del Proceso, halla plena recepci\u00f3n; no obstante, en nada puede extenderse a los procesos por accidentes o siniestros mar\u00edtimos a cargo de la DIMAR, porque el Decreto Ley 2324 de 1984 no es ambiguo en cuanto a la atribuci\u00f3n de las funciones jurisdiccionales a esa entidad y a las Capitan\u00edas de Puerto, quedando claro que la DIMAR funge como superior jer\u00e1rquico de aqu\u00e9llas. <\/p>\n
3.3. Sobre la procedencia del amparo contra la sentencia de la DIMAR en el caso censurado. <\/p>\n
En este caso, aunque disiento de la totalidad de los argumentos que soportaron la providencia apoyada por la Sala mayoritaria, estoy de acuerdo con la procedencia de la protecci\u00f3n constitucional reclamada, pero, insisto, no por la falta de competencia de la DIMAR para emitir el fallo de segundo grado en el asunto reprochado como ampliamente lo explique, sino porque, revisada la decisi\u00f3n de esa autoridad, se establece la vulneraci\u00f3n al debido proceso de la solicitante y de su hijo menor de edad, dada la carencia de motivaci\u00f3n en la que incurri\u00f3 esa autoridad. <\/p>\n
En mi criterio, debi\u00f3 modificarse la orden constitucional de primera instancia para ordenarle a la DIMAR que emitiera nuevamente su fallo, definiendo todas las cuestiones a su cargo, en punto, particularmente a la tasaci\u00f3n de los perjuicios reclamados por los accionantes, teniendo en cuenta, para esto, la jurisprudencia que sobre esa tem\u00e1tica ha dictado esta Sala en los procesos de responsabilidad civil extracontractual. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que si bien el art\u00edculo 48 del Decreto Ley 2124 de 1984 establece: \u00abContenido de los fallos. Los fallos ser\u00e1n motivados, debiendo hacer la declaraci\u00f3n de culpabilidad y responsabilidad con respecto a los accidentes investigados, si es que a ello hubiere lugar y, determinar\u00e1 el aval\u00fao de los da\u00f1os ocurridos con tal motivo. As\u00ed mismo, impondr\u00e1 las sanciones o multas que fueren del caso si se comprobaren violaciones a las normas o reglamentos que regulan las actividades mar\u00edtimas\u00bb, la DIMAR, al resolver la apelaci\u00f3n contra el fallo de la Capitan\u00eda del Puerto de Cartagena, que declar\u00f3 responsable del siniestro mar\u00edtimo objeto de la investigaci\u00f3n al capit\u00e1n de la nave Nazca, frente a los argumentos de la accionante, all\u00ed apelante, dirigidos a lograr, en concreto, su reconocimiento y el de su hijo menor como \u00abparte dentro de la investigaci\u00f3n\u00bb y la fijaci\u00f3n de \u00abuna cuant\u00eda determinada por el siniestro mar\u00edtimo\u00bb que gener\u00f3 la muerte del tripulante y trabajador de la nave, Pedro, padre de del ni\u00f1o y, seg\u00fan afirm\u00f3, \u00absu compa\u00f1ero permanente\u00bb, se limit\u00f3 a adicionar el fallo de primer grado para reconocer como \u00abpartes\u00bb en la investigaci\u00f3n a la accionante y a su hijo menor, entre otros interesados, pero se abstuvo de determinar los da\u00f1os porque, seg\u00fan sostuvo, a pesar del dictamen presentado por la interesada, no se probaron los perjuicios. <\/p>\n
Como lo expres\u00e9, la sentencia de la que aclaro mi voto al centrarse en una cuesti\u00f3n distinta a la reprochada en sede constitucional, esto es, la competencia de la DIMAR, releg\u00f3 la verificaci\u00f3n del proceso a fin de determinar la procedencia de los perjuicios que reclam\u00f3 la solicitante como posible compa\u00f1era permanente del causante, sin verificar la acreditaci\u00f3n del estado civil y del hijo menor de \u00e9ste; no obstante, si se estableci\u00f3 la responsabilidad del capit\u00e1n del barco en el hecho da\u00f1oso, esto es, la muerte del padre del menor accionante y aducido compa\u00f1ero de la actora, correspond\u00eda la estimaci\u00f3n del monto de los da\u00f1os morales y materiales causados, pudiendo fijarse los primeros atendiendo a las alegaciones de los interesados y los soportes allegados y, los segundos, de ser el caso, previo decreto de pruebas de oficio que permitieran su determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Se memora, como lo ha reiterado la Sala, que si est\u00e1 demostrado \u00abque se causaron perjuicios no se puede dictar fallo exonerando de la condena bajo el argumento de que no obra demostraci\u00f3n de la cuant\u00eda del mismo ni tampoco se puede morigerar o amainar su monto predicando de manera simple y rutinaria que no hay forma de acreditar una superior\u00bb (sentencia de 24 de noviembre de 2008, exp.1998-00529-01) (SC, 21 oct. 2013, rad. n.\u00b0 2009-00392-01), porque para efectos de los perjuicios materiales puede acudirse, por ejemplo, a la presunci\u00f3n del salario m\u00ednimo y, en torno a los da\u00f1os morales, la Sala ha sido clara en advertir que su estimaci\u00f3n es de competencia exclusiva del juez aplicando el \u00abarbitrium judicis\u00bb, esto es, <\/p>\n
\u00absu recto criterio frente a lo que estime acreditado y dentro de l\u00edmites de razonabilidad, sin que sea un asunto delegable a peritos o expertos. En CSJ SC 18 sep. 2009, rad. 2005-00406-01, precis\u00f3 la Sala que (\u2026) para la valoraci\u00f3n del quantum del da\u00f1o moral en materia civil, estima apropiada la determinaci\u00f3n de su cuant\u00eda en el marco f\u00e1ctico de circunstancias, condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, situaci\u00f3n o posici\u00f3n de la v\u00edctima y de los perjudicados, intensidad de la lesi\u00f3n a los sentimientos, dolor, aflicci\u00f3n o pesadumbre y dem\u00e1s factores incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador (\u2026) Por consiguiente, la Corte itera que la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado y todo el da\u00f1o causado, cualquiera sea su naturaleza, patrimonial o no patrimonial, es un derecho leg\u00edtimo de la v\u00edctima y en asuntos civiles, la determinaci\u00f3n del monto del da\u00f1o moral como un valor correspondiente a su entidad o magnitud, es cuesti\u00f3n deferida al prudente arbitrio del juzgador seg\u00fan las circunstancias propias del caso concreto y los elementos de convicci\u00f3n\u00bb (CSJ, SC8219-2016). <\/p>\n
Un fallo como el dictado por la DIMAR en estas diligencias, desatiende el principio de reparaci\u00f3n integral, reconocido normativamente en el art\u00edculo 16 de la ley 446 de 1998, que dispone \u00abque al afectado por da\u00f1os en su persona o en sus bienes, se le restituya en su integridad o lo m\u00e1s cerca posible al estado anterior (\u2026), y por eso, acreditada la responsabilidad civil, el juez \u2018tendr\u00e1 que cuantificar el monto de la indemnizaci\u00f3n en concreto, esto es que habr\u00e1 de tomar en consideraci\u00f3n todas las circunstancias espec\u00edficas en que tuvo lugar el da\u00f1o, su intensidad, si se trata de da\u00f1os irrogados a las personas o a las cosas, y la forma adecuada de resarcir el perjuicio\u2019 (CSJ SC, 18 dic. 2012, Rad. 2004-00172-01)\u00bb (SC22036, 19 dic. 2017, rad. n.\u00b0 2009-0014-01) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como en la sentencia dictada por la DIMAR se omiti\u00f3 la cuesti\u00f3n concerniente a los perjuicios causados a los accionantes por el accidente imputable al capit\u00e1n del barco, el cual gener\u00f3 la muerte de tripulante y trabajador de la nave, Pedro, debi\u00f3 accederse a la protecci\u00f3n exigida para que la autoridad mar\u00edtima resolviera, en sede de apelaci\u00f3n, sobre tal indemnizaci\u00f3n y, no como lo determin\u00f3 la Sala mayoritaria, para que se anulara la actuaci\u00f3n por falta de competencia de la DIMAR. <\/p>\n
4. En los anteriores t\u00e9rminos dejo consignada mi aclaraci\u00f3n de voto. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020\u0002, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Demanda de inconstitucionalidad frente al inciso tercero parcial del art\u00edculo 148 de la Ley 446 de 1998 modificado por el art\u00edculo 52 de la ley 510 de 1999. <\/p>\n
3\u0002 Sentencia c-415 de 2002. <\/p>\n
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STC12570-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC12570-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-01745-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., nueve (09) de noviembre dos mil veintitr\u00e9s (2023). Esta Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77513","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77513","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77513"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77513\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77513"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77513"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77513"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}