STC12574-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12574-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-02124-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 19 de septiembre de 2023, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Francia Esther Banda Torregrosa, contra los Juzgados Cuarenta Civil del Circuito y Veinticinco Civil Municipal de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2023-00868. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, buen nombre, reputaci\u00f3n profesional, vida y libertad, presuntamente vulnerados por las autoridades censuradas. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. La actora refiri\u00f3 que en nombre y representaci\u00f3n de Yuber Ortiz Andoque radic\u00f3 acci\u00f3n constitucional de h\u00e1beas corpus. El asunto inicialmente correspondi\u00f3 al Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Bogot\u00e1, quien, con prove\u00eddo del 6 de septiembre de 2023 neg\u00f3 la libertad del se\u00f1or Ortiz. Inconforme, present\u00f3 impugnaci\u00f3n. Sin embargo, el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito censurado \u2013con fallo del 12 de septiembre de 2023- confirm\u00f3 la providencia impugnada. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la Fiscal\u00eda \u00abcomo sus colegas\u00bb, omitieron pronunciarse sobre los 24 folios que present\u00f3 el 25 de agosto pasado, donde expuso la confesi\u00f3n que presuntamente realiz\u00f3 Mayerly Sorany. Lo cual, en su sentir, \u00abvar\u00eda, cambia, reemplaza el tipo penal\u00bb, e incide en la prolongaci\u00f3n indebida e injusta de la libertad de su prohijado. <\/p>\n
3. Deprec\u00f3 que se revoqu\u00e9 la providencia de h\u00e1beas corpus emitida por el Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C. el 12 de septiembre de 2023. Y, en su lugar, se ordene la \u00ablibertad inmediata de mi defendido Yuber Ortiz Andoque\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, luego de relatar sus actuaciones, expres\u00f3 que al interior de la acci\u00f3n constitucional de h\u00e1beas corpus \u00abno ha actuado en contrav\u00eda o en desmedro de los derechos constitucionales enrostrados, es decir, en un actuar que por acci\u00f3n u omisi\u00f3n tuviera la aptitud de vulnerar los derechos o garant\u00edas constitucionales del tutelante; raz\u00f3n por la cual, respetuosamente solicito no acceder al amparo suplicado\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 que el amparo implorado se declare improcedente, por cuanto no se confirma ninguna de las causales espec\u00edficas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. Y no existe amenaza o vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la accionante. <\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n General del INPEC recalc\u00f3 que no ha vulnerado los derechos invocados en la acci\u00f3n tutelar. Por tanto, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional A-quo neg\u00f3 el amparo. Constat\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, pues \u00abno se advierte que Yuber Ortiz Andoque haya conferido mandato a Francia Esther Banda para interponer la presente acci\u00f3n de tutela, lo que hace fracasar el amparo; adem\u00e1s, en la admisi\u00f3n, se le requiri\u00f3 con el fin de que indicara en que calidad actuaba; sin embargo, la interesada guard\u00f3 silencio, aunado a que tampoco se\u00f1al\u00f3 hechos que permitan tenerla como agente oficioso del interesado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante resalt\u00f3 que \u00abla raz\u00f3n elemental por la cual solicito la LIBERTAD INMEDIATA DE YUBER ORTIZ ANDOQUE en relaci\u00f3n con la OMISI\u00d3N que se configur\u00f3 al no haber atendido el memorial de la suscrita acompa\u00f1ado de 24 folios sobre el cual ninguna autoridad hasta ahora ha tenido la gentileza de haber atendido por la cual raz\u00f3n no han considerado, ni contestado el citado escrito, incurriendo precisamente en VIOLACI\u00d3N A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y AL DERECHO DE PETICI\u00d3N. Los cuales Derechos Fundamentales nos han sido violados tanto a la suscrita profesional como tambi\u00e9n a Yuber Ortiz\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada al advertirse la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por parte de la libelista. <\/p>\n
2. Al respecto, se evidencia que la gestora no es la titular de los derechos cuya vulneraci\u00f3n alega. Sumado a que no alleg\u00f3 poder especial que la faculte para impetrar la presente acci\u00f3n constitucional y no acredit\u00f3 las condiciones para actuar como agente oficiosa del se\u00f1or Yuber Ortiz. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
2.2. Respecto de tal facultad y, en particular, frente a los abogados, esta Sala ha establecido que la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. As\u00ed, por ejemplo, cuando se trata de rebatir un tr\u00e1mite judicial, se ha establecido que son los sujetos procesales los facultados para interponer una acci\u00f3n constitucional contra las decisiones emitidas en los juicios correspondientes (CSJ STC7905-2023), de manera que: <\/p>\n
cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma derivada de aquel tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal. (CSJ STC10027-2022, CSJ STC10757-2022). <\/p>\n
2.3. En consonancia con lo anterior, es claro que el profesional del derecho que representa a la parte en el proceso censurado o en otro asunto \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho\u00bb (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611-2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha se\u00f1alado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb. Y que tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). En similares t\u00e9rminos, la Corte Constitucional, en la sentencia CC T-530-98, sostuvo que el poder especial otorgado para representar judiciales a una de las partes en determinado proceso no es suficiente para acudir en sede de tutela, pues, \u00ab[a]unque podr\u00eda pensarse que su calidad de representante de la parte civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe desecharse esta idea (\u2026); es cierto que \u00e9ste la representa conforme al poder espec\u00edfico que se le ha conferido; pero \u00e9ste aun cuando suficiente para la actuaci\u00f3n en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
3. En ese orden, son las partes intervinientes en los procesos los legitimados para cuestionar las decisiones adoptadas en los respectivos juicios. De tal manera que, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitado por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto1. <\/p>\n
Acorde con lo expuesto, se tiene que la actora no es la titular de las garant\u00edas fundamentales que se pretenden proteger, sino que figura como apoderada del implicado en la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus. Sin embargo, no alleg\u00f3 poder especial ni acredit\u00f3 que se dieran las condiciones para actuar como agente oficioso pese a que fue requerida en el tr\u00e1mite de esta solicitud de amparo. Tal situaci\u00f3n imposibilita estudiar de fondo el ruego impetrado ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC10721-2023. Recientemente la Corte puntualiz\u00f3 lo que viene. \u00abDada la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente ante los jueces constitucionales para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que tambi\u00e9n se puede ejercer, entre otros, a trav\u00e9s de un profesional del derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial. <\/p>\n
2.4.3. Los poderes dados para ejercer la representaci\u00f3n en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2.4.4. Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin espec\u00edfico. En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisi\u00f3n, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta que origina la tutela. <\/p>\n
2.4.5. La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente\u00bb. <\/p>\n
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