STC12587-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12587-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04112-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular de radicado 2021-00164. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclama la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada en la acci\u00f3n popular referida. Narra que, \u00abel juez tutelado no pierde competencia amparado art 121 cgp, menos aplica art 37 ley 472 de 1998, pues decide fallar la acci\u00f3n MAS DE UN A\u00d1O DESPUES DE SER APELADA, el TUTLADO ME IMPONE UNA CARGA EXAGERADA DE VIGILANCIA EN LA ACCION POPULAR, PUES NUNCA CUMPLE UN SOLO TERMINO… Y ELLO ES APARENTEMENTE UNA FALLA EN LA PRESTACI\u00d3N DEL SERVICIO, LA CUAL ME PERJUDICA SIEMPRE\u00bb. Sumado a que \u00abLOS ACTORES POPULARES ESTAMOS OBLIGADOS A SOPORTAR TODA LA MORA Y LA RENUENCIA JUDICIAL, SIN PODER HACER NADA EN DERECJO PARA EVITARLO Y MENOS CORREGIRLO\u00bb. <\/p>\n
2. Depreca que se \u00abordene NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA\u2026 AMPARADO ART 121 CGP\u2026 YA QUE NUNCA CUMPLE UN SOLO TERMINO\u2026 QUE LA LEY 472 DE 1998 LES IMPONE EN DERECHO EN LAS A POPULARES\u00bb. Adem\u00e1s, que \u00abSE ORDENE LA NULIDAD DEL FALLO, PUES SE HAN NEGADO APELACIONES PRESENTADAS UN DIA DESPUES POR EL ACTOR POPULAR\u2026SIN EMBARGO ACA SE DESCONOCEN TODOS LOS TERMINOS\u2026Y POR ELLO PIDO PIERDA COMPETENCIA\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
No se han recibido respuestas en este tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional ante la ausencia de vulneraci\u00f3n del derecho implorado. Ello pues, conforme lo constatado en el sistema de consulta de procesos de la rama judicial, se avizora que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la acci\u00f3n popular referida -con auto del 24 de agosto de 2021-. Luego, con prove\u00eddo del 1\u00b0 de octubre de 2021 fij\u00f3 fecha para llevar a cabo la audiencia de cumplimiento -12 de noviembre de 2021- y admiti\u00f3 la coadyuvancia de Cotty Morales Caama\u00f1o y Andr\u00e9s Mauricio Agudelo G\u00f3mez. Posteriormente, se profiri\u00f3 sentencia -el 22 de septiembre de 2022- que accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
El asunto fue remitido -el 1\u00b0 de agosto de 2023- al Tribunal confutado para surtir los recursos de apelaci\u00f3n interpuestos por las partes en contienda. La Corporaci\u00f3n querellada \u2013con auto del 16 de agosto de 2023- admiti\u00f3 la alzada. Y, con decisi\u00f3n de 13 de octubre de 2023 profiri\u00f3 sentencia con la cual revoc\u00f3 la decisi\u00f3n apelada. Y, en su lugar, neg\u00f3 las pretensiones. Tambi\u00e9n dispuso que \u00ab[a]nte la demora evidenciada en la secretar\u00eda del juzgado de primera instancia, para remitir el expediente al tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n, sin constancia alguna en el expediente que lo justifique, se pondr\u00e1 el hecho en conocimiento del juez de primera instancia para que, dentro del marco de sus funciones y competencias, actu\u00e9 como lo estime pertinente. De igual forma, se pondr\u00e1 en conocimiento de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial\u00bb. <\/p>\n
2. En ese orden, es claro que la nulidad alegada es inexistente, ya que las sentencias proferidas en ambas instancias no superaron los extremos temporales fijados en el art\u00edculo 121 del estamento procedimental adjetivo vigente. Lo ocurrido fue la tardanza de la secretar\u00eda del juzgado de conocimiento en la remisi\u00f3n del recurso para surtir su tr\u00e1mite ante el superior, -hecho que por s\u00ed mismo no configura la nulidad que por esta senda alega-. En efecto, mal puede el promotor predicar la violaci\u00f3n de sus atributos esenciales cuando el menoscabo revelado no ha tenido ocurrencia, ante la inexistencia del hecho aducido como trasgresor de sus prerrogativas. Al respecto, esta Corte ha venido sosteniendo que, para la prosperidad del amparo: \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares en los casos previstos en la ley1\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se exige el cumplimiento de algunos requisitos: <\/p>\n
\u2026 siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda (STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, STC8053-2019, 20 jun. 2019, rad. 00231-0. Posturas reiteradas recientemente en CSJ STC13801-2022 y CSJ STC9532-2023). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no habr\u00eda necesidad de salvaguardar la prerrogativa implorada, ante la no demostraci\u00f3n de la vulneraci\u00f3n que la afecta. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 STC, 5 sep. 2012, exp. 00630-014, CSJ STC6835-2019, CSJ STC7647-2020, reiterada recientemente en CSJ STC9532-2023. <\/p>\n
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