STC12589-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12589-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04263-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de 8 de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00c1ngela Mar\u00eda Tamura Kidokoro -quien dice actuar como apoderada de Javier Arzay\u00faz G\u00f3mez y Alexandra Ossa Betancourth- contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2010-00166-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La abogada tutelante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades censuradas. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. El Juzgado Once Civil del Circuito de Cali conoci\u00f3 de la demanda ejecutiva con garant\u00eda real interpuesta por el Banco HSBC Colombia frente a Alexandra Betancourt y Javier Arzay\u00fas G\u00f3mez, proceso en el cual se libr\u00f3 mandamiento de pago \u2013el 12 de julio de 2010-, y se emiti\u00f3 auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n \u2013el 18 de julio 2011-, ante la falta de presentaci\u00f3n de excepciones de los demandados, quienes se notificaron a trav\u00e9s de curador ad-litem. <\/p>\n
2.1. En virtud de la perdida de competencia de la anterior autoridad \u2013art\u00edculo 121 del CGP-, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali \u2013con auto del 12 de diciembre de 2017- avoc\u00f3 conocimiento del asunto. En providencia de la misma fecha, decret\u00f3 la acumulaci\u00f3n del proceso ejecutivo presentado por el Banco BBVA frente a los mismos demandados. En el numeral 4\u00ba dispuso que el mandamiento de pago librado en el proceso de radicado 2016-00296- fuera notificado por estados. Y El 8 de febrero de 2018, adicion\u00f3 lo resuelto para incluir a Alexandra Ossa Betancourt como demandada. <\/p>\n
2.2. Evacuados los tr\u00e1mites pertinentes, el 6 de noviembre de 2019 se profiri\u00f3 sentencia que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n frente a las obligaciones cobradas por el banco GNB Sudameris S.A. y conden\u00f3 en costas a la entidad demandante. Adicional a ello, orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n a favor del Banco BBVA Colombia S.A. Inconforme con lo determinado, el extremo vencido present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. El Tribunal accionado -con providencia del 9 de septiembre de 2020- inadmiti\u00f3 el recurso al encontrar que frente \u00aba la ejecuci\u00f3n formulada por el BBVA Colombia S.A., guardaron silencio, lo que dio paso a esa orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n que no es apelable y que en un proceso -digamos- normal se profiere mediante auto no sujeto al recurso alzada\u00bb. <\/p>\n
2.4. Los all\u00ed demandados presentaron nulidad del proceso acumulado -fundamentada en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del CGP-. Consideraron que no hab\u00edan sido notificados del mandamiento de pago. El Juzgado accionado -con auto del 24 de agosto de 2022- neg\u00f3 la nulidad propuesta. El Colegiado confutado -con prove\u00eddo del 5 de mayo de 2023- resolvi\u00f3 confirmar el auto atacado y condenar en costas a la parte vencida. <\/p>\n
2.5. La promotora censura que Javier Arzay\u00fas G\u00f3mez y Alexandra Ossa Betancourth \u00abfueron demandados, en cuerdas procesales distintas, por los bancos HSBC COLOMBIA S.A. y BBVA COLOMBIA S.A. \u2026[que] concomitante con la acumulaci\u00f3n de los dos procesos, uno de los Juzgados ordena la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago por estados, no obstante que el correspondiente mandamiento fue dictado ordenando la notificaci\u00f3n conforme el 291 a 301\u2026 no le era dable al Juez Segundo Civil del Circuito de Cali ordenar la notificaci\u00f3n por estados del mandamiento de pago por cuanto ello modificaba lo dispuesto previamente, cual es que el mandamiento de pago se notificara conforme el 291 al 301\u00bb. De manera que, en su sentir, \u00abel mandamiento de pago nunca fue notificado conforme el procedimiento previsto por la ley\u00bb, lo cual fue \u00abtolerado por el Tribunal\u00bb; por lo que las autoridades querelladas, incurrieron en \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb. <\/p>\n
3. Depreca que se tutelen los derechos fundamentales. En consecuencia, \u00abse disponga que lo actuado despu\u00e9s del \u2026auto\u2026 del 9 de diciembre de 2016 es nulo y se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali notificar el mandamiento de pago del banco BBVA COLOMBIA S.A\u2026 conforme los art\u00edculos 291 a 301 C.G.P.\u00bb. Subsidiariamente, se tenga a los demandados notificados por conducta concluyente y, \u00aba partir de la ejecutoria de tal auto, dispone[r] del t\u00e9rmino legal para formular EXCEPCIONES frente a la orden compulsiva\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El estrado judicial plural defendi\u00f3 la legalidad de lo actuado. Por su parte, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali resalt\u00f3 que la sentencia del 6 de septiembre de 2019 fue objeto de apelaci\u00f3n en lo que refiere al numeral tercero que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. Y que \u00abposteriormente se instaur\u00f3 incidente de nulidad por la parte demandada, el cual fue resuelto de forma desfavorable en doble instancia\u00bb. Sumado a que \u00ablo que expone el accionante es un simple desacuerdo con la decisi\u00f3n que en su momento tom\u00f3 este juzgador\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Once Civil del Circuito de Cali inform\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso hipotecario adelantado por el Banco HSBC Colombia S.A. contra Javier Arzay\u00fas y Alexandra Ossa \u00abque fue remitido el d\u00eda 14 de julio de 2017 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo No. CSJVAA17-48 del 12 de julio de 2017\u2026como consecuencia de la perdida de competencia de que trata el art\u00edculo 121 del C.G. del P.\u00bb. Por su parte el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali manifest\u00f3 que el proceso confutado fue de su conocimiento y que fue remitido \u00abel 14 de agosto de 2017 al Juzgado 11 Civil del Circuito de esta ciudad\u00bb. <\/p>\n
3. Quien dijo ser la apoderada general del Banco GNB SUDAMERIS, solicit\u00f3 la improcedencia del amparo, en tanto que la entidad financiera \u00abNO HA DADO LUGAR A VIOLACI\u00d3N DE DERECHO FUNDAMENTAL ALGUNO\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo por falta de legitimaci\u00f3n por activa de la abogada accionante. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa, esta Sala \u2013con sentencia CSJ STC10721-2023- unific\u00f3 su criterio respecto a los requisitos que reclama el acto jur\u00eddico del poder en este tr\u00e1mite especial, por lo cual es procedente remitirse a los argumentos expuestos en esa providencia. <\/p>\n
2. El art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece que todas las personas tienen a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Por su parte, el art\u00edculo 10 ibidem dispone que: \u00abpodr\u00e1 ser ejercida\u2026 por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u2026 Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u2026\u00bb. <\/p>\n
Con base en esa normativa, la Sala, en el fallo citado, destac\u00f3 que la legitimaci\u00f3n en la causa por activa es un elemento subjetivo fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor y sin el cual el juez no puede dictar una sentencia de fondo. Este presupuesto tiene por objeto asegurar que la persona que acude a la acci\u00f3n de tutela tiene un inter\u00e9s directo y particular respecto de la protecci\u00f3n constitucional invocada, condici\u00f3n que, en relaci\u00f3n con los apoderados que act\u00faan en nombre de aquella, solo se verifica con un adecuado mandato especial. De manera que, al momento de decidir, el juez debe comprobar esa circunstancia en forma estricta. <\/p>\n
De lo referido en precedencia, se advirti\u00f3 que se puede acudir a la tutela de diferentes formas: i) directamente. ii) por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad o de personas jur\u00eddicas. iii) por medio de apoderado judicial, evento en el cual el apoderado debe ostentar la condici\u00f3n de abogado titulado habilitado y tener poder especial. O iv) mediante agente oficioso. <\/p>\n
2.1. Ahora bien, respecto de tal facultad y, en particular, frente a los abogados, esta Sala ha venido indicando que el profesional del derecho que representa a la parte en el proceso censurado o en otro asunto, \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho1\u00bb. Por tanto, la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb. Tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). En similares t\u00e9rminos, lo sostuvo la Corte Constitucional -en las sentencias CC T-530-98 y CC T-695-98-. <\/p>\n
2.2. En cuanto al mandato requerido cuando se act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado, la Corte Constitucional -en providencia CC T-001-1997- precis\u00f3 que todo poder en materia de tutela debe ser especial. Esto es, \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb2. An\u00e1loga postura expuso esta Sala (CSJ STC3956-2023, CSJ STC3116-2023, CSJ STC3112-2023) y la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, al destacar que un poder especial debe \u00abidentificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina la acci\u00f3n de tutela, los sujetos procesales y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo\u00bb (CSJ STP2343-2023). <\/p>\n
3. Acorde con lo expuesto, esta Sala \u2013con sentencia STC10721-2023- concluy\u00f3 lo que viene. <\/p>\n
\u2026La legitimaci\u00f3n en la causa es un presupuesto fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor en forma id\u00f3nea para que el asunto pueda ser analizado de fondo, por lo que este aspecto no puede ser ignorado por el juez constitucional al momento de decidir, de manera que, de no acreditarse por la parte actora, debe declarar improcedente la tutela. <\/p>\n
\u2026Dada la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente ante los jueces constitucionales para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que tambi\u00e9n se puede ejercer, entre otros, a trav\u00e9s de un profesional del derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial. <\/p>\n
\u2026Los poderes dados para ejercer la representaci\u00f3n en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
\u2026La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, aplicados esos presupuestos al caso concreto, se tiene que la abogada tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Javier Arzay\u00faz G\u00f3mez y Alexandra Ossa Betancourth. Sin embargo, el poder allegado para actuar en su nombre no re\u00fane las caracter\u00edsticas de especialidad exigidas para la acci\u00f3n de tutela. Ello pues, aunque precisa la autoridad accionada, y los derechos invocados, no determina el proceso o la actuaci\u00f3n a censurar, ni hace referencia alguna que permita individualizar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica ni las providencias que originan el mandado otorgado para instaurar una acci\u00f3n constitucional en contra de los despachos convocados, lo cual impide analizar el fondo del debate planteado, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611-2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
2\u0002 Criterio reiterado en las providencias CC T-556-02 y en CC T-194-12. <\/p>\n
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