STC12602-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12602-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2023-02104-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo solicitado por Luz Stella Pe\u00f1a Mateus, a trav\u00e9s de apoderado judicial, en contra del Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora demanda la salvaguarda de su garant\u00eda fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 cursa un proceso ejecutivo iniciado por Eudilia Mateus de Pe\u00f1a, Valeria Camila Monroy Pe\u00f1a y la tutelante en contra de Transportes Autollanos S.A. y otros1, en el cual se pretende el pago de las sumas reconocidas en la sentencia de segunda instancia2 dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 24 de febrero de 2022. <\/p>\n
2.2. El 22 de agosto de 20233, el apoderado del extremo activo solicit\u00f3 al Juzgado accionado el embargo y retenci\u00f3n de las sumas de dinero que Manuel Antonio Castro C\u00e1rdenas, Transportes Autollanos S.A. y Gladys Stella Solano Pi\u00f1eros tuvieran en entidades financieras. <\/p>\n
2.3. El 31 de agosto de 20234, aqu\u00e9l realiz\u00f3 otra solicitud y pidi\u00f3 el embargo del 30% de los ingresos brutos de la empresa Transportes Autollanos S.A., de acuerdo con lo previsto en el numeral 3 del art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.4. El 4 de septiembre de 20235 reiter\u00f3 las solicitudes precedentes y, el 11 de septiembre siguiente, radic\u00f3 la presente tutela. <\/p>\n
3. La promotora aduce que el Juzgado accionado contraviene lo dispuesto en el art\u00edculo 588 del C\u00f3digo General del Proceso, porque, de manera injustificada, no ha resuelto la solicitud de medidas cautelares; en consecuencia, solicita que se ordene hacerlo. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 afirm\u00f3 que dar\u00eda tr\u00e1mite a las solicitudes de la tutelante en el orden dispuesto por la Secretar\u00eda del Juzgado para el ingreso de expedientes al Despacho. Puso de presente su alta carga laboral. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la tutela, toda vez que el incumplimiento del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 588 del C\u00f3digo General del Proceso no es suficiente para que se acceda al amparo invocado, por mora judicial, m\u00e1xime que no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
La accionante manifest\u00f3 que el Juzgado no puede desconocer el t\u00e9rmino contemplado en el art\u00edculo 588 del Estatuto Procesal y que los demandados se encuentran enterados de la solicitud de medidas cautelares, lo cual puede generar su falta de materializaci\u00f3n. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con la mora judicial, esta Sala ha expuesto que: <\/p>\n
(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuanto la mora judicial es injustificada (Ver cita en CSJ STC195-2021). <\/p>\n
2.1. En ese orden, se ha se\u00f1alado que los escenarios de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis. Esto es, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Se subraya) (Ver cita en STC5633-2021). <\/p>\n
2.2. Bajo esos lineamientos y de cara al caso en concreto, se evidencia que la autoridad acusada, mediante escrito, inform\u00f3 que: <\/p>\n
no puede pretender el togado, que una vez radique una solicitud le sea resuelta de manera inmediata, pues de conocimiento p\u00fablico es la carga laboral que afrontan los Despachos Judiciales, puntualmente, est\u00e1 sede judicial, prueba de ello, es el oficio CSJBTO23-1576 del 27 de marzo de 2023 en el que adem\u00e1s de solicitarnos un plan de mejoramiento, plasma un registro de datos en el que se evidencian los Juzgados con cargas Sierju m\u00e1s altas, siendo este Juzgado, el segundo de los 51 Despachos con m\u00e1s carga laboral con 1089 procesos activos6. <\/p>\n
En este caso, la Sala encuentra que el Juzgado demandado no ha incurrido en un comportamiento negligente, ni mucho menos ha actuado con desidia, teniendo en cuenta la alta carga laboral referenciada. <\/p>\n
2.3. Sobre el particular, en un asunto similar, en el que se neg\u00f3 el amparo solicitado, porque no se resolvi\u00f3 la solicitud de medidas cautelares conforme al t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 588 del C\u00f3digo General del Proceso, esta Sala precis\u00f3: <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, es necesario que se verifique que con la mora se genere un perjuicio irremediable que haga necesaria la protecci\u00f3n, aspecto que ni siquiera fue alegado por la empresa quejosa, aunque de hallarse probada fehacientemente la actitud omisiva por el tutelado, se impondr\u00eda analizar la adopci\u00f3n de medidas para el caso espec\u00edfico, pero como no se ha constatado, no es urgente la intervenci\u00f3n constitucional; al respecto, se recuerda que la simple afirmaci\u00f3n del hipot\u00e9tico acaecimiento de un perjuicio irremediable es insuficiente para justificar la procedencia del amparo. (Ver CSJ STC180-2021). <\/p>\n
Vista, entonces, la carga laboral que informa el despacho, se descarta una actitud negligente o ap\u00e1tica, sumado a que no se acredit\u00f3 la ocurrencia de un perjuicio irremediable con ocasi\u00f3n de la falta de decisi\u00f3n sobre las medidas cautelares, pues la parte accionante solo indic\u00f3 que hab\u00eda un riesgo de que no pudieran materializarse, partiendo de un hecho incierto, que no es inminente, urgente o irremediable, raz\u00f3n por la cual se descarta la necesidad de la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 01Auto17052023.pdf. <\/p>\n
2\u0002 22SentenciaModificatoria.pdf. <\/p>\n
3\u0002 83SolicitudMedidasCautelares.pdf. <\/p>\n
4\u0002 01SolicitudMedidasCautelares.pdf. <\/p>\n
5\u0002 02Solic.MedidasCautelatres.pdf <\/p>\n
6\u0002 05RespuestaJuzgado51CivilCto.pdf. <\/p>\n
<\/p>\n
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