STC12735-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12735-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. \u00ba 11001-02-03-000-2023-04148-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se desata la tutela que Luis Gabriel Gonz\u00e1lez P\u00e9rez instaur\u00f3 contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, extensiva al Juzgado Primero de Familia de Envigado-Antioquia y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2021-00465-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso e igualdad\u00bb, para que se ordenara a la Colegiatura querellada dejar sin efectos el prove\u00eddo de 8 de septiembre de 2023 emitido en el asunto de la referencia y, que incluya el \u00abcr\u00e9dito hipotecario No. 90000064711 (\u2026) dentro del pasivo social y se ordene al a quo su respectiva liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que el Juzgado Primero de Familia de Envigado en el juicio de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que promovi\u00f3 contra Andrea Carmona Isaza (rad. 2021-00465), en audiencia de inventarios y aval\u00faos acept\u00f3 \u00abcomo parte de los pasivos las partidas segunda y tercera de inventario propuesto\u00bb, conformadas por: (i) El \u00abCr\u00e9dito No. 2380085897 con la entidad BANCOLOMBIA S.A., cuyo saldo al d\u00eda 12 de septiembre 2021 se reporta por valor de (\u2026) ($ 64.909.352,oo)\u00bb y, (ii) El \u00abCr\u00e9dito No. 2380086423 con la entidad BANCOLOMBIA S.A., cuyo saldo al d\u00eda 12 de septiembre 2021 se reporta por valor de (\u2026) ($ 56.442.539,oo)\u00bb (18 may. 2022). <\/p>\n
En la continuaci\u00f3n de la misma diligencia, resolvi\u00f3 algunas objeciones y con base en el art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso \u00ab[dej\u00f3] sin efecto la decisi\u00f3n adoptada [con] anterioridad, frente a las partidas segunda y tercera de los pasivos\u00bb y decidi\u00f3 no incluir dichos cr\u00e9ditos \u00abas\u00ed como las partidas sexta y s\u00e9ptima del pasivo\u00bb, relativas a: (i) \u00abCr\u00e9dito No. 64458 contra\u00eddo con el FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL PABLO TOB\u00d3N URIBE, con un saldo al mes de al mes de noviembre 2021 de (\u2026) ($ 5.451.000,oo)\u00bb y, (ii) \u00abCr\u00e9dito No. 64571 contra\u00eddo con el FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL PABLO TOB\u00d3N URIBE, con un saldo al mes de al mes de noviembre 2021 de (\u2026) ($ 29.547.221,oo)\u00bb (19 oct.). <\/p>\n
Posteriormente, cambi\u00f3 \u00absu posici\u00f3n frente reconocimiento de los pasivos sociales\u00bb y dispuso \u00absu exclusi\u00f3n de los cr\u00e9ditos numerados dentro del inventario de los pasivos como las partidas segunda, tercera, sexta y s\u00e9ptima, con el argumento de que las mismas NO CONSTAN EN TITULO EJECUTIVO\u00bb (14 feb. 2023), determinaci\u00f3n que apel\u00f3 y el superior revoc\u00f3 parcialmente, \u00abpara incluir como activo de la sociedad conyugal el valor de $27.278.976, dinero que por concepto de cesant\u00edas se encontraba en el Fondo de Cesant\u00edas Porvenir a nombre del se\u00f1or Luis Gabriel Gonz\u00e1lez P\u00e9rez para la fecha del divorcio, y que fue relacionado en la diligencia de inventarios y aval\u00faos en la partida 8 de los activos, y para declarar infundada la objeci\u00f3n respecto a la recompensa a favor de la c\u00f3nyuge por las cuotas de administraci\u00f3n canceladas hasta el mes de mayo de 2022, disponiendo su inclusi\u00f3n como pasivo a cargo de la sociedad conyugal por valor de $1.907.865\u00bb (8 sep.). <\/p>\n
Asever\u00f3 que la providencia del ad quem \u00abfue proferida de forma parcial, pues, no se trat\u00f3 de forma alguna uno de los t\u00f3picos m\u00e1s importantes sobre los cual se sustent\u00f3 la [alzada]\u00bb, esto es, omiti\u00f3 la \u00abexistencia de la obligaci\u00f3n hipotecaria con la cual fueron adquiridos los inmuebles Apartamento No. 1804, parqueadero y cuarto \u00fatil 103 y parqueaderos 153 de la Urbanizaci\u00f3n Mont Claire P.H. ubicados en la Calle 24 Sur No. 38 \u2013 91 del municipio de Envigado, cr\u00e9dito hipotecario No. 90000064711 con la entidad BANCOLOMBIA S.A., cuyo saldo al d\u00eda 09 de mayo 2021 se reporta por valor de (\u2026) ($ 261.112.185)\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que ambas instancias erraron en las conclusiones \u00aba las cuales arribaron frente al desconocimiento de los cr\u00e9ditos reputados como obligaciones a cargo de la sociedad conyugal, descritos en los numerales 2, 3, 6 y 7 del inventario, pues los mismos, si cumplen con la tarifa probatoria y las condiciones exigidas por la norma procesal para ser tenidos en cuenta como tales\u00bb; sumado a ello, el a quo \u00abdentro de las facultades que establece el art\u00edculo 501 en su numeral 3\u00ba, perfectamente pudo haber requerido la exhibici\u00f3n de la copia de los t\u00edtulos valores de las obligaciones que se pretend\u00edan hacer valer, si con ello demostraba la existencia de las mismas, m\u00e1s all\u00e1 de las certificaciones alegadas por ambas partes\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que no trataron de forma equitativa \u00aba las partes, en el tramite liquidatorio\u00bb y descartaron \u00abla g\u00e9nesis del incremento patrimonial, en este caso mediante endeudamiento con terceros, y pretender que esos terceros deban comparecer al proceso a hacer efectivas acreencias que no se encuentran en estado de exigibilidad, mora o vencimiento, y por ello que deban recaer solo sobre la persona que adquiri\u00f3 la obligaci\u00f3n en pro de esa comunidad de bienes, desborda desde todo punto de vista el equilibrio contractual y desdibuja el fondo de la comunidad bienes que se forma a ra\u00edz del matrimonio\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que se incurri\u00f3 en la v\u00eda de hecho por \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb, en tanto, no se aplic\u00f3 la posici\u00f3n jurisprudencial actual de esta Sala \u00abadoctrinando cu\u00e1l es la carga del interesado en la inclusi\u00f3n del pasivo, sentencia STC12371 emitida el 12 de septiembre de 2019\u00bb. Igualmente cit\u00f3 apartes de la STC4683-2021. <\/p>\n
El Juzgado Primero de Familia de Envigado destac\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela no es una v\u00eda alterna, ni menos un mecanismo para rectificar decisiones judiciales en firme ni para desautorizar interpretaciones judiciales que se hacen dentro del marco de la autonom\u00eda y de la independencia propia de los jueces\u00bb, por cuanto, \u00abno ha existido determinaci\u00f3n arbitraria por este Despacho Judicial, pues no se atropell\u00f3 el debido proceso, no se desconocieron las garant\u00edas constitucionales, no se lesionaron derechos b\u00e1sicos de las personas, no se incurri\u00f3 en flagrante desobediencia a lo prescrito por la Constituci\u00f3n y la ley\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se anuncia el decaimiento del resguardo debido a que la resoluci\u00f3n expedida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn (8 sep. 2023), \u00faltima que se analiza por ser la que solvent\u00f3 el asunto debatido, no luce antojadiza, ni caprichosa; sino que, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa aplicable al caso y la jurisprudencia depurada sobre el tema. <\/p>\n
En ella, estableci\u00f3 como problema jur\u00eddico a dirimir, el \u00abdefinir si la decisi\u00f3n del a quo de excluir las partidas 8 de activos, 2, 3, 6, 7 y 8 de pasivos, al resolver las objeciones presentadas a los inventarios y aval\u00faos, se encuentra ajustada a derecho\u00bb, en cuya tarea, luego de citar los art\u00edculos 113, 197, 1771 y 1820 del C\u00f3digo Civil, precis\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) De acuerdo con el art\u00edculo 1821 del C\u00f3digo Civil, para efectos de su liquidaci\u00f3n \u201cse proceder\u00e1 inmediatamente a la confecci\u00f3n de un inventario y tasaci\u00f3n de todos los bienes que usufructuaba o de que era responsable, en el t\u00e9rmino y forma prescritos para la sucesi\u00f3n por causa de muerte\u201d. <\/p>\n
A su turno, el art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 la diligencia de inventarios y aval\u00faos, limitando en el numeral 2\u00b0, inciso 5, la objeci\u00f3n que se puede presentar, as\u00ed: <\/p>\n
\u201cLa objeci\u00f3n al inventario tendr\u00e1 por objeto que se excluyan partidas que se consideren indebidamente incluidas o que se incluyan las deudas o compensaciones debidas, ya sea a favor o a cargo de la masa social (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El art\u00edculo 501 del C.G.P. es di\u00e1fano en este aspecto, como tambi\u00e9n en lo relacionado con los pasivos, estableciendo que se incluir\u00e1n en los inventarios las obligaciones que consten en t\u00edtulo que preste m\u00e9rito ejecutivo, cuando no se objeten, y las que a pesar de no tener esa calidad se acepten expresamente por el c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente, disposici\u00f3n que ha tenido oportunidad de analizar la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, adoctrinando cu\u00e1l es la carga del interesado en la inclusi\u00f3n del pasivo\u00bb -Subrayado Adrede-. <\/p>\n
Seguidamente, memor\u00f3 el fallo STC12371-2019 (12 sep.) de esta Corte, relativo a la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 501 mencionado, seg\u00fan el cual: <\/p>\n
confrontadas la preceptiva indicada y dichos predicados, pronto se advierte el yerro en que cay\u00f3 el acusado, vulnerador del debido proceso que asiste a las partes, en este caso la actora, por cuanto equivocadamente asumi\u00f3 la exigencia que las obligaciones \u201cconsten en t\u00edtulo que preste m\u00e9rito ejecutivo\u201d como la necesidad perentoria que el denunciante del pasivo aportara al plenario un instrumento con esas caracter\u00edsticas, lo que no reclama la regla en cita. <\/p>\n
La carga que ata\u00f1e al interesado no es allegar los \u201ct\u00edtulos ejecutivos\u201d que no tiene, sino demostrar que existe un documento que re\u00fane esas caracter\u00edsticas, la cual satisface echando mano de la libertad probatoria que rige en la materia, sin desconocer que, como pas\u00f3 en el caso concreto, una copia del mismo representa un elemento que por excelencia puede colmar semejante exigencia, m\u00e1xime que a ella se ados\u00f3 constancia del beneficiario sobre el monto actual de la deuda. En todo caso, si alguna duda asist\u00eda al juzgador sobre la veracidad de la misma, bien podr\u00eda haber acopiado otros medios de convicci\u00f3n, pero en ning\u00fan caso desecharla por la falta puesta de presente. <\/p>\n
Lo que no podr\u00eda ser de otra manera, por cuanto evidentemente se trata de la denuncia que hace la parte que integra la sociedad de bienes, quien, como resulta apenas obvio, no podr\u00eda tener en su poder un \u201ct\u00edtulo\u201d que obliga a la universalidad a favor de un tercero y que, por tanto, reposa en manos del beneficiario, quien si no es el que acude a cobrar no va desprenderse del mismo, menos a\u00fan, entreg\u00e1ndoselo al deudor. <\/p>\n
Cuesti\u00f3n distinta a la regulada en el inciso subsiguiente al memorado, en cuanto se refiere a \u201c\u2026los cr\u00e9ditos de los acreedores que concurran a la audiencia\u201d conforme los faculta el art. 1312 del C\u00f3digo Civil, situaci\u00f3n en la cual evidentemente la necesidad probatoria es distinta, tanto por su destinatario como por su objeto (\u2026). <\/p>\n
Tem\u00e1tica que dijo, igualmente abord\u00f3 esta Sala en la STC1768-2023 (1\u00b0 mar.), as\u00ed: <\/p>\n
Como quiera que al momento de liquidar la sociedad corresponde presentar el inventario de los bienes y deudas que existan al momento de la disoluci\u00f3n conforme los art\u00edculos 1795 y 1796 del C\u00f3digo Civil que en su numeral 2\u00ba (modificado por el art\u00edculo 62 del Decreto 2820 de 1974), dispone que la sociedad es obligada al pago de las deudas y obligaciones contra\u00eddas durante su existencia por el marido o la mujer y que no fueren personales como lo ser\u00eda la que se genere por el establecimiento de un hijo de otro tipo de relaci\u00f3n. <\/p>\n
En otras palabras, el saldo insoluto de las obligaciones adquiridas en vigencia de la sociedad y el que se genere entre el tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n y la aprobaci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n, ser\u00e1 de cargo de la sociedad, esto es de los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes por partes iguales, como ocurre con la distribuci\u00f3n del activo social. <\/p>\n
El numeral 5, art\u00edculo 25 de la Ley 1\u00aa de 1976 que reform\u00f3 el art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil, corrobora lo anterior toda vez que, si la sociedad conyugal se disuelve por el mutuo acuerdo, la pareja mediante escritura p\u00fablica \u00abincorporar\u00e1 el inventario de bienes y deudas sociales y su liquidaci\u00f3n\u00bb, y responder\u00e1n \u00absolidariamente frente a los acreedores con t\u00edtulo anterior a la escritura p\u00fablica de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal\u00bb, previsi\u00f3n aplicable a la liquidaci\u00f3n seguida a continuaci\u00f3n del proceso de divorcio, separaci\u00f3n de cuerpos, de declaratoria de uni\u00f3n marital de hecho entre compa\u00f1eros permanentes (art\u00edculo 7 Ley 54 de 1990). <\/p>\n
Por tanto, la hermen\u00e9utica que se ajusta a lo dispuesto por el legislador no solo del a\u00f1o 1932 sino al de 1974 y 1992 es el de establecer en la liquidaci\u00f3n el car\u00e1cter social de los pasivos constituidos en vigencia de la sociedad conyugal y\/o patrimonial (\u2026). <\/p>\n
2.4 Del procedimiento liquidatorio. <\/p>\n
El art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable en la liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial o conyugal por remisi\u00f3n del canon 523 Ib., precisa que \u00ab[l]a objeci\u00f3n al inventario tendr\u00e1 por objeto que se excluyan partidas que se consideren indebidamente incluidas o que se incluyan deudas o compensaciones debidas, ya sea a favor o a cargo de la masa social\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, cuando de pasivos se trata, el juzgador deber\u00e1 atender inicialmente a su car\u00e1cter social cuando fueren adquiridos en vigencia de la sociedad conyugal o patrimonial. La inclusi\u00f3n de dichas obligaciones se realizar\u00e1 siempre que se cumplan las formalidades all\u00ed previstas, esto es, que consten en t\u00edtulo ejecutivo y que en la audiencia no se objeten o se acepten expresamente por la contraparte (inciso 3, numeral 1, art\u00edculo 501 Ib.). <\/p>\n
La objeci\u00f3n corresponder\u00e1 a la parte que persiga su exclusi\u00f3n, la carga de \u00abprobar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que de ellas persigue\u00bb (art\u00edculo 167 ejusdem), esto es que lo obligaci\u00f3n cuya sociabilidad se presume (art\u00edculo 1795 del C\u00f3digo Civil) gener\u00f3 un beneficio exclusivo total o parcial al c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente y no a la sociedad, lo anterior, sin perjuicio de que debido a las particularidades del caso el juez de oficio o a petici\u00f3n de parte distribuya esa carga probatoria entre los involucrados (inciso 2, art\u00edculo 167 C\u00f3digo General del Proceso)\u201d. <\/p>\n
En s\u00edntesis, conforme a lo descrito, y contrario a lo que este Tribunal ha venido sosteniendo, se presume que los pasivos pertenecen a la sociedad conyugal cuando son constituidos durante su vigencia, correspondiendo a quien pretende su exclusi\u00f3n, derruir la presunci\u00f3n que se deriva del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 28 de 1932 -Subraya la Sala-. <\/p>\n
Al descender al sub lite, en torno a los pasivos de las partidas refutadas del inventario, auscultando el arsenal suasorio, el Tribunal esgrimi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Siendo la primera condici\u00f3n para integrar los inventarios que la deuda exista, el interesado est\u00e1 llamado a ofrecerle al juzgador y a su contraparte toda la informaci\u00f3n necesaria para identificarla plenamente, ello porque, si bien se presumen que aquellas obligaciones que surgen durante la vigencia de la sociedad conyugal son sociales, para que el opositor pueda cumplir con la carga de la prueba, esto es, acreditar que el pasivo trajo un beneficio exclusivo a quien fue su c\u00f3nyuge, debe tener claro el objeto de esa deuda y, por supuesto, el t\u00edtulo que la representa, pensar lo contrario, implicar\u00eda una afectaci\u00f3n al derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Evidentemente, como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casaci\u00f3n Civil, no le es dable al operador jur\u00eddico exigir que el denunciante aporte al plenario el instrumento que preste m\u00e9rito ejecutivo y que la regla general es el car\u00e1cter social de la obligaci\u00f3n adeudada; sin embargo, la sola enunciaci\u00f3n de los pasivos o la presentaci\u00f3n de certificados de entidades bancarias, no puede ser suficiente para tener como probada una deuda social, principalmente cuando ni el mismo denunciante se encuentra en condiciones de precisar cu\u00e1l fue el fin de los dineros que obtuvo como consecuencia de los cr\u00e9ditos, como ocurri\u00f3 en este caso, en donde no hay una identificaci\u00f3n plena de los t\u00edtulos que prestan m\u00e9rito ejecutivo (\u2026). <\/p>\n
Lo cierto es que el demandante en su interrogatorio ni siquiera recordaba el destino de todo el dinero adeudado, haci\u00e9ndose \u00e9nfasis en la refinanciaci\u00f3n del cr\u00e9dito para el pago de la p\u00f3liza de educaci\u00f3n de su hijo y la entrega que hizo de $10.000.000 a la demandada, incluso en el memorial con el que adjunt\u00f3 pruebas aludi\u00f3 de manera generalizada a gastos (\u2026). <\/p>\n
Bajo este panorama, y con una testigo- Diana Astrid Gonz\u00e1lez P\u00e9rez- que hace referencia a una cuota para los gastos de su madre, sin que se encuentre en condiciones de soportarlo todo, c\u00f3mo podr\u00eda exig\u00edrsele a la demandante el cumplimiento de aquella carga y, menos, al fallador que supla esa omisi\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a ese \u00edtem, resalt\u00f3 la carga probatoria de los extremos de la Litis y las pautas del \u00abdecreto probatorio oficioso\u00bb del sentenciador que en modo alguno reemplazan la actividad demostrativa de las partes, de la siguiente manera: <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el decretar prueba de oficio, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso, de ninguna manera releva a las partes de sus obligaciones. Este deber ha dicho la jurisprudencia [C.S.J. SC119-2023] \u201cno implica una orden irrestricta a los funcionarios judiciales dirigida a suplir la actividad probatoria de las partes. Desde una concepci\u00f3n mixta del proceso -que corresponde a aquella bajo la cual est\u00e1 construida el C\u00f3digo General del Proceso-, si bien se confirieron poderes al fallador en procura de la b\u00fasqueda de la verdad, lo cierto es que ello no significa la supresi\u00f3n de la carga probatoria de las partes -propio de los sistemas dispositivos-. Por el contrario, salvo ciertas excepciones, a\u00fan corresponde a los litigantes obrar diligentemente en torno a demostrar el \u00absupuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen. <\/p>\n
En tal sentido, esta Sala ha indicado que \u00abaunque al juez se le exige acuciosidad y dinamismo en la b\u00fasqueda de la verdad real sobre la cual ha de definir la controversia, esa labor no se extiende hasta el punto de tener que suplir en cualquier supuesto la carga probatoria que le incumbe a las partes\u00bb [CSJ SC5676-2018]. En otras palabras, este deber no puede convertirse en una excusa para que los contendientes se entiendan relevados de cumplir con la carga de la prueba impuesta por las normas adjetivas [CSJ, SC3918-2021]\u201d. <\/p>\n
Concluy\u00f3, entonces, \u00abEn rigor no encuentra esta Sala una adecuada descripci\u00f3n de los pasivos, como tampoco encuentra procedente la censura que hace la demandada a la exclusi\u00f3n de la partida 8 de los pasivos\u00bb. <\/p>\n
2.- Independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb ni revisten apreciaciones subjetivas del juzgador, como procura el precursor, quien aspira imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de este mecanismo, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, en STC9232-2018, STC2544-2021, STC360-2023). <\/p>\n
2.1.- Tampoco se vislumbra la \u00abv\u00eda de hecho\u00bb por \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb, dado que las \u00absentencias\u00bb referidas en el escrito genitor, esto es, STC12371-2019 y STC4683-2021, no \u00abconstituyen un precedente\u00bb horizontal, que sea vinculante y obligatorio, al examinar situaciones con dis\u00edmiles \u00abproblemas jur\u00eddicos y factuales\u00bb al aqu\u00ed expuesto, m\u00e1xime cuando la primera fue analizada por el iudex plural en el interlocutorio antes analizado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, cabe se\u00f1alar que cada uno de los \u00abasuntos en tutela\u00bb tienen particularidades que los diferencia de los dem\u00e1s y de \u00e9ste, luego no conducen a resolver de manera id\u00e9ntica, a\u00fan m\u00e1s cuando los \u00abfallos\u00bb dentro de \u00ablas acciones constitucionales\u00bb generan efectos inter partes, seg\u00fan el art\u00edculo 48, numeral 2\u00b0, de la Ley 270 de 1996, que prev\u00e9: \u00ab[l]as decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acci\u00f3n de tutela tienen car\u00e1cter obligatorio \u00fanicamente para las partes. Su motivaci\u00f3n s\u00f3lo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces\u00bb (CSJ STC 13360-2021, 7 oct., reiterada en STC15781-2021, STC5396-2022 y STC382-2023). <\/p>\n
3.- En cuanto al reparo del quejoso por la presunta \u00abindebida motivaci\u00f3n\u00bb ante la emisi\u00f3n de un pronunciamiento parcial en segunda instancia \u00abpues, no se trat\u00f3 de forma alguna uno de los t\u00f3picos m\u00e1s importantes sobre los cual se sustent\u00f3 la [alzada]\u00bb al omitir la existencia de una obligaci\u00f3n hipotecaria, avizora la Sala que ese auto se notific\u00f3 a las partes mediante estado electr\u00f3nico n.\u00b0 150 de 12 de septiembre hoga\u00f1o, el cual qued\u00f3 en firme, sin aprovechar el mecanismo con que contaba para expresar su desconcierto. <\/p>\n
De modo que, no puede ahora valerse de la \u00abtutela\u00bb para excusar su incuria o desatenci\u00f3n, ya que era el proceso civil, el sendero propicio donde deb\u00eda hacer prevalecer los planteamientos que ac\u00e1 expone, debido al car\u00e1cter residual del medio tuitivo (STC6663-2018, citada en STC762-2021 y STC081-2023). <\/p>\n
4.- Ergo, surge irrebatible el fracaso del socorro implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela interpuesta por Luis Gabriel Gonz\u00e1lez P\u00e9rez contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto y, en caso de no ser impugnado este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12735-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC12735-2023 Radicaci\u00f3n n. \u00ba 11001-02-03-000-2023-04148-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se desata la tutela que Luis Gabriel Gonz\u00e1lez P\u00e9rez instaur\u00f3 contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77539","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77539","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77539"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77539\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77539"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77539"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77539"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}