STC12805-2023 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12805-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04370-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 John Fredy Daza Quintero contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, igualdad y petici\u00f3n, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 se le ordene \u00abde una contestaci\u00f3n de fondo a [su] petici\u00f3n\u2026, resolviendo la renuncia del recurso de casaci\u00f3n y proceda a remitir el expediente al despacho que conoci\u00f3 de [su] proceso penal en primera instancia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra el accionante se adelant\u00f3 proceso penal por los delitos de \u00abhomicidio agravado en grado de tentativa, fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones\u00bb, siendo condenado con sentencia de 15 de diciembre de 2020, decisi\u00f3n confirmada, en sede de apelaci\u00f3n, con providencia 13 de septiembre de 2022. <\/p>\n
2.2. Contra esta \u00faltima determinaci\u00f3n el procesado formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, medio de impugnaci\u00f3n del que desisti\u00f3 el procesado, a trav\u00e9s de escrito presentado el 11 de octubre de los corrientes. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00ab[h]asta la fecha el accionado no ha dado respuesta a mi petici\u00f3n\u00bb, omisi\u00f3n que vulnera sus derechos fundamentales porque \u00absi no se devuelve el expediente al juzgado penal que conoci\u00f3 de [su] proceso de primera instancia no se [le] puede asignar un juzgado de ejecuci\u00f3n de penas para la redenci\u00f3n de [su] pena y conjuntamente acceder a polis\u00e9micos subrogados penales\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali precis\u00f3 que \u00abno se ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante por [su] parte\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia inform\u00f3 que, \u00abmediante providencia del 27 de octubre del cursante, resolvi\u00f3, aceptar el desistimiento del recurso de casaci\u00f3n presentado por\u2026 John Freddy Daza Quintero\u00bb, decisi\u00f3n notificada a los intervinientes el 8 de noviembre de los corrientes. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00abuna vez quede ejecutoriada la decisi\u00f3n emitida por esta Sala el 27 de octubre de los cursantes, se proceder\u00e1 a devolver el expediente al despacho de origen para lo de su competencia\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 66 Judicial II en Asuntos Penales precis\u00f3 que \u00abse justifica razonablemente la pretensi\u00f3n de protecci\u00f3n constitucional para que se le brinde respuesta al actor\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado 12 Penal del Circuito de Cali, tras rendir informe sobre las actuaciones que adelant\u00f3 en el juicio criticado, \u00abno ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental del [accionante,] por cu\u00e1nto la actuaci\u00f3n de ese Despacho Judicial siempre se ha llevado a cabo respetando los derechos y garant\u00edas procesales que le asistieron\u00bb. <\/p>\n
5. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, analizada la demanda constitucional, se concluye que lo perseguido por el accionante era que se resolviera sobre el desistimiento del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que present\u00f3 ante la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, en el presente asunto se configura lo que la doctrina constitucional denomina hecho superado, comoquiera que, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 27 de octubre de los corrientes, la sede judicial acusada acept\u00f3 el referido desistimiento, decisi\u00f3n notificada con comunicaciones remitidas el 8 de noviembre siguiente (en curso de este tr\u00e1mite constitucional). <\/p>\n
Entonces, como la situaci\u00f3n censurada fue superada en el decurso del presente tr\u00e1mite tutelar, el amparo no puede prosperar, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
3. En consecuencia, se denegar\u00e1 el amparo constitucional deprecado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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