STC12806-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC12806-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01796-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 14 de septiembre de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c9dgard Fernando L\u00f3pez L\u00f3pez contra el Juzgado Cuarenta Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado N\u00b0 11001600072120140010802. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, libertad y unidad familiar, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que fue condenado por el Juzgado Cuarenta Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce a\u00f1os agravado, en concurso con acto sexual abusivo con menor de catorce a\u00f1os agravado en concurso homog\u00e9neo, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de esta ciudad y respecto de la cual se propuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que se encuentra pendiente de definici\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que solicit\u00f3 al Juzgado mencionado acceder a la sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento intramural por la de prisi\u00f3n domiciliaria, aduciendo su calidad de \u00abpadre cabeza de familia\u00bb, petici\u00f3n que se neg\u00f3 el 7 de diciembre de 2022, determinaci\u00f3n que apel\u00f3 pero que el Tribunal Superior confirm\u00f3 el 21 de febrero de 2023. <\/p>\n
Sostuvo que las anteriores providencias vulneran sus derechos, pues est\u00e1 demostrada la necesidad de permanecer en su casa para vivir con su madre Hilda Mar\u00eda L\u00f3pez de L\u00f3pez, porque ella lo necesita, puesto que tiene m\u00e1s de 80 a\u00f1os de edad y \u00abse encuentra en un estado total de abandono alimentario, m\u00e9dico, fraternal y psicol\u00f3gico\u00bb, sin que sus dem\u00e1s hermanos puedan acudir para ayudarla, pues uno reside en otra ciudad con su familia y el otro es un adulto mayor con discapacidad, no obstante, los accionados desconocieron sus alegaciones y su derecho a la igualdad, porque en otros casos similares al suyo s\u00ed se ha accedido al subrogado reclamado. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 ordenar a los accionados el \u00abcambio de medida de aseguramiento sustitutiva o alternativa prisi\u00f3n domiciliaria y de permiso de trabajo (Ley 750 de 2002) o libertad condicional\u00bb y, adem\u00e1s, que se <\/p>\n
(\u2026) haga[n] respon[sables] de los tr\u00e1mites de subsidio econ\u00f3mico, alimentario, y acompa\u00f1amiento del tratamiento m\u00e9dico, que fuere necesario, en salvaguardar los derechos y deberes del Estado ante las personas, que se encuentran en desprotecci\u00f3n y sin ninguna afiliaci\u00f3n de subsidio de las personas de la tercera edad, y discapacitados protegidos. <\/p>\n
Ordenar el cumplimiento ante los funcionarios, de las reglas generales de Ley, La Constituci\u00f3n y el Estado, en salvaguardar cada uno de los derechos y deberes consagrados en nuestra Carta Magna de 1991, cual mi se\u00f1ora madre HILDA MAR\u00cdA L\u00d3PEZ DE L\u00d3PEZ, reciba acompa\u00f1amiento permanente de un profesional o auxiliar m\u00e9dico, y subsidio econ\u00f3mico, a los gastos que estos igualmente requieran. <\/p>\n
Obtener en cumplimiento de la ley y justicia, e igualdad del debido proceso, sin dilaciones, injustificadas o arbitrarias, cuando est\u00e1s reducen a las violaciones de los derechos fundamentales de cada ciudadano, de la libertad, integraci\u00f3n y uni\u00f3n familiar, por Omisi\u00f3n o Extralimitaci\u00f3n de las funciones que le compete al legislador salvaguardar la Normas constituidas. <\/p>\n
Compulsar ante las entidades competentes, a efecto de su intervenci\u00f3n, ante los derechos suscitados, Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, Defensor\u00eda del Pueblo. <\/p>\n
Solicitar la intervenci\u00f3n de esta H. Corte Constitucional le sea remitidos por parte del Centro Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad Modelo de Bogot\u00e1, la documentaci\u00f3n requerida como Cartilla biogr\u00e1fica y dem\u00e1s documentos del accionante a efecto de estudio, del mecanismo accionado c\u00f3mo Padre Cabeza de Familia Ley 750 de 2002\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, se opuso a la prosperidad del amparo, toda vez que en la decisi\u00f3n con la que confirm\u00f3 la negativa del subrogado penal reclamado por el actor, no incurri\u00f3 en irregularidad, ya que la sustent\u00f3 en argumentos razonables. <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarenta Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, indic\u00f3 que neg\u00f3 la solicitud de prisi\u00f3n domiciliaria que reclam\u00f3 el peticionario porque no demostr\u00f3 su calidad de padre cabeza de familia, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 el amparo porque no hall\u00f3 arbitrariedad en las providencias censuradas, pues consider\u00f3 que, \u00ablas accionadas resolvieron el asunto sometido a su consideraci\u00f3n de manera razonada y justificada en la normatividad que rige la materia y las pruebas recaudadas, a partir de lo cual determin\u00f3 que no pod\u00edan acceder a la solicitud de la parte interesada, por no haberse demostrado la condici\u00f3n reclamada -padre cabeza de familia-\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien insisti\u00f3 en los argumentos expresados en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, \u00c9dgard Fernando L\u00f3pez L\u00f3pez dirige la queja, frente a las decisiones del Juzgado Cuarenta Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 de 7 de diciembre de 2022 y del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 de 21 de febrero de 2023, mediante las cuales, en la primera, se neg\u00f3 la solicitud del accionante para conseguir la sustituci\u00f3n de la reclusi\u00f3n intramural por la domiciliaria y, en la segunda, se confirm\u00f3 esa determinaci\u00f3n en sede de apelaci\u00f3n, pues en su criterio, se desconocieron sus derechos, porque su progenitora requiere de su compa\u00f1\u00eda en su lugar de domicilio. <\/p>\n
3. Fijado lo anterior, se establece el fracaso de la protecci\u00f3n propuesta y, la confirmaci\u00f3n de la sentencia materia de impugnaci\u00f3n, porque revisada con el l\u00edmite propio del juez constitucional la segunda decisi\u00f3n rese\u00f1ada, con la cual se resolvi\u00f3 de manera definitiva la solicitud del actor, no se establece desafuero ni irregularidad alguna que le abra paso a este especial mecanismo. <\/p>\n
4. En efecto, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en la citada determinaci\u00f3n, tras referirse a los motivos alegados por el peticionario para lograr la prisi\u00f3n domiciliaria, -similares a los aqu\u00ed expresados-, esto es, la necesidad que tiene su progenitora que \u00e9l permanezca en su hogar para cuidarla y ayudarla, indic\u00f3 que la figura alegada, esto es, la condici\u00f3n de \u00abpadre de familia\u00bb estaba contemplada en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 82 de 1993, modificado por los art\u00edculos 1\u00b0 de la Ley 1232 de 2008 y de la Ley 750 de 2002 y, de acuerdo con esas normas, \u00abquien ostente la condici\u00f3n de madre o padre cabeza de hogar, en el sentido de que el grupo familiar se encuentre exclusivamente a su cargo, tiene el derecho de cumplir la pena privativa de libertad en el lugar de residencia, siempre que el desempe\u00f1o personal, laboral y social permitan inferir que no representar\u00e1 un peligro para la comunidad y no registre antecedentes penales, salvo por delitos culposos o pol\u00edticos\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, cit\u00f3 jurisprudencia sobre el particular (CSJ. SP de 22 de junio de 2011, rad. 3594), para indicar que la petici\u00f3n propuesta solo pod\u00eda abrirse paso si se cumpl\u00eda con lo siguiente, \u00ab(i) que el condenado, hombre o mujer, tenga la condici\u00f3n de padre o madre cabeza de familia; ii) que su desempe\u00f1o personal, laboral, familiar y social permita inferir que no pondr\u00e1 en peligro a la comunidad o a las personas a su cargo; iii) que la condena no haya sido proferida por alguno de los delitos all\u00ed referidos y; iv) que la persona no tenga antecedentes penales\u00bb, a lo que agreg\u00f3 que la Corte Constitucional en sentencia C-154 de 7 de marzo de 2007, hab\u00eda indicado que en casos como el estudiado se exig\u00eda establecer que, en realidad, el menor o la persona que requiere cuidado, no contara con nadie distinto al capturado para esa actividad. <\/p>\n
Posteriormente, destac\u00f3 que la sustituci\u00f3n de la medida de reclusi\u00f3n intramural por domiciliaria reviste car\u00e1cter extraordinario, \u00aben cuanto solo puede autorizarse cuando se cumplan los se\u00f1alados presupuestos, empezando por la demostraci\u00f3n de la condici\u00f3n de padre cabeza da familia, lo cual le corresponde a quien pretende su otorgamiento\u00bb. <\/p>\n
Sobre lo anterior, anot\u00f3 que el accionante reconoc\u00eda que ten\u00eda dos hermanos m\u00e1s, uno de ellos con capacidad econ\u00f3mica que viv\u00eda fuera de la ciudad, por tanto, sostuvo que \u00e9ste ser\u00eda el obligado a cuidar a la se\u00f1ora Hilda Mar\u00eda L\u00f3pez, conforme al \u00abnumeral 3\u00ba del art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil, [pues] los alimentos se deben tambi\u00e9n a los ascendentes y, similarmente, el 251 advierte que \u201caunque la emancipaci\u00f3n d\u00e9 al hijo el derecho de obrar independientemente, queda siempre obligado a cuidar de los padres en su ancianidad, en el estado de demencia, y en todas las circunstancias de la vida en que necesitaren sus auxilio\u201d, de tal suerte que velar por el bienestar de la mencionada ciudadana constituye deber legal, as\u00ed se encuentre residiendo en otra ciudad\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el procesado sobre su otro hermano, Luis Enrique L\u00f3pez, \u00abse limit\u00f3 a indicar que \u00e9ste presentaba discapacidad que afecta sus miembros inferiores\u00bb, pero, \u00abconforme lo se\u00f1al\u00f3 el a quo, omiti\u00f3 acreditar esa condici\u00f3n, as\u00ed como si esa patolog\u00eda reviste la capacidad para impedirle valerse por s\u00ed mismo, siendo entonces imperioso concluir que tambi\u00e9n aqu\u00e9lla cuenta con ese otro hijo para la satisfacci\u00f3n de sus necesidades\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, concluy\u00f3 que el peticionario \u00abno consigui\u00f3 demostrar que ostenta la calidad de padre cabeza de familia, por cuya raz\u00f3n acert\u00f3 el juez de primera instancia al negarle la sustituci\u00f3n pretendida, resultando imperativo, como en efecto se har\u00e1, confirmar el auto apelado\u00bb. <\/p>\n
5. La Sala no encuentra irregularidad en las consideraciones antes expuestas, pues el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 defini\u00f3 el caso bajo su conocimiento con suficiencia y atendiendo a lo acreditado en el asunto, de donde concluy\u00f3 que no estaba demostrado que el accionante era la \u00fanica persona que pod\u00eda cuidar a su progenitora, porque se anunci\u00f3 la existencia de dos hermanos m\u00e1s, uno de ellos con suficiente capacidad econ\u00f3mica, razonamientos que no constituyen arbitrariedad, y como lo ha indicado esta Sala en m\u00faltiples oportunidades, este amparo no se abre paso por las divergencias de criterios que pudieran tener los accionantes con las decisiones judiciales (CSJ. STC825-2020, reiterada en STC2260-2022, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, como lo ha reiterado esta Sala, la valoraci\u00f3n probatoria es donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica, cuesti\u00f3n que refuerza el fracaso de la protecci\u00f3n aqu\u00ed reclamada (CSJ. STC, 7065-2019, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC802-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
6. Ahora en cuanto a la aducida vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, el actor no demostr\u00f3 que, en otro asunto id\u00e9ntico al suyo, las mismas autoridades judiciales accionadas hubieran adoptado decisiones distintas, por tanto, como \u00abno obran en estas diligencias elementos demostrativos que permitan establecer que ante situaciones plenamente id\u00e9nticas la autoridad hubiere dispensado un tratamiento discriminado e injustificadamente distinto\u00bb (CSJ. STC 19 abr. 2012, rad.00740-00, reiterada en STC4506-2014 y STC15165-2021), no puede concluirse la lesi\u00f3n de este derecho. <\/p>\n
Igualmente corresponde se\u00f1alar al accionante, que esta Sala ha indicado, que \u00abno podr\u00eda admitirse tal afectaci\u00f3n bajo la premisa de existir decisiones judiciales en las cuales se han admitido pretensiones como las que aqu\u00ed se exponen, pues, resulta leg\u00edtimo que la interpretaci\u00f3n de una norma o de un espec\u00edfico contexto jur\u00eddico lleve a diferentes conclusiones, todas las cuales podr\u00edan ser acertadas, mientras sean cotejadas estrictamente con la ley aplicable\u00bb, pues \u00abpara establecer si se incurre en discriminaci\u00f3n, no sirve de par\u00e1metro lo decidido por otros jueces, por parecidos que sean los casos, como quiera que la labor de administrar justicia est\u00e1 sometida a la independencia y autonom\u00eda que le son inherentes (CSJ. STC, 16. ab. 2015, 00512-01, reiterada en STC8164-2023). <\/p>\n
7. Finalmente, debe agregarse que las dif\u00edciles circunstancias que el actor sostuvo que padece su progenitora en la actualidad, adem\u00e1s de no estar acreditadas, no le abren paso a este mecanismo residual y extraordinario, porque no son los funcionarios censurados quienes pueden adoptar determinaciones para la protecci\u00f3n de los derechos a la alimentaci\u00f3n y salud de aqu\u00e9lla, puesto que para el efecto debe acudirse a las autoridades competentes, bien para reclamar alimentos de los obligados o la efectiva prestaci\u00f3n del servicio de salud, cuestiones ajenas al presente amparo. <\/p>\n
8. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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