STC12809-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12809-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 73001-22-13-000-2023-00329-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 20 de octubre de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Francisco Javier C\u00e1rdenas Barrag\u00e1n promovi\u00f3 contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite en el que fue vinculado el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagu\u00e9 y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo 73001-40-03-005-2019-00415-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3, que el Banco Pichincha SA, promovi\u00f3 demanda ejecutiva en su contra, tr\u00e1mite en el que el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagu\u00e9 libr\u00f3 el mandamiento de pago el 16 de septiembre de 2019, posteriormente, profiri\u00f3 orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n el 21 de agosto de 2020 y el 1\u00ba de septiembre de 2022 aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que aport\u00f3 en la suma de $22\u2019979.951. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que luego que presentara una nueva solicitud de actualizaci\u00f3n del cr\u00e9dito, el Juzgado de conocimiento la aprob\u00f3 el 23 de febrero de 2023 en $17\u2019243.598, providencia que recurri\u00f3 la ejecutante en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 en providencia de 9 de agosto de 2023, revoc\u00f3 los incisos segundo y tercero del auto recurrido, y aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito en la suma de $33\u2019996.274. <\/p>\n
Sostuvo que, esa determinaci\u00f3n, vulnera su derecho fundamental al debido proceso, porque que el Juzgado accionado pas\u00f3 por alto, los m\u00e1s de 70 abonos que se ha realizado a la obligaci\u00f3n, lo que tuvo como consecuencia, que se generara un valor equivocado en la liquidaci\u00f3n, que no resulta razonable, pues con anterioridad se hab\u00eda aprobado la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, por un menor valor. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 revocar la providencia de 9 de agosto del 2023, para que, en su lugar, \u00abse profiera liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito actualizada conforme a los requisitos m\u00ednimos, conforme a todos los abonos configurados tanto por embargo y descuento por n\u00f3mina y se determina el valor real del saldo insoluto de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, adem\u00e1s de remitir el link de acceso al expediente 2019-00415, indic\u00f3 que los argumentos que tuvo en cuenta para tomar la decisi\u00f3n cuestionada, se encuentran explicados en la providencia cuestionada de 9 de agosto de 2023. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagu\u00e9, se limit\u00f3 a remitir el link de acceso al expediente. <\/p>\n
3. El Banco Pichincha SA, a trav\u00e9s de una de sus representantes legales para asuntos judiciales, manifest\u00f3 que esa entidad carece de legitimaci\u00f3n en la causa y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, porque del escrito de tutela o de las pruebas aportadas no se desprende que haya vulnerado los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, neg\u00f3 el amparo al considerar que la que la providencia cuestionada, no luce antojadiza y, \u00aben rigor, lo que se plantea es una diferencia de criterio frente al debate relacionado con la modificaci\u00f3n del estado de cuenta misma que es coincidente con el mandamiento de pago, con el monto de los dep\u00f3sitos judiciales pagados al ejecutante cotejados en el reporte de dep\u00f3sitos del Banco Agrario de Colombia, y con la aclaraci\u00f3n por la cual la suma de $15.895.200 no puede ser tenida en cuenta en atenci\u00f3n a que corresponde a abonos ya realizados con ocasi\u00f3n de los descuentos por embargo ejecutivo, en liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito anterior\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, reiter\u00f3 los argumentos de la solicitud de tutela y solicit\u00f3 revocar el fallo de tutela y en su lugar amparar sus derechos fundamentales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias, con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Francisco Javier C\u00e1rdenas Barrag\u00e1n cuestiona la providencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 el 9 de agosto de 2023 en proceso ejecutivo 2019-00415, porque considera que con ese pronunciamiento se vulner\u00f3 su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
3. Estudiada la queja y el expediente del proceso ejecutivo remitido a este tr\u00e1mite, la Sala advierte lo siguiente, <\/p>\n
3.1 Presentada por el ejecutado una solicitud de actualizaci\u00f3n del cr\u00e9dito, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagu\u00e9 en auto de 23 de febrero de 2023 la aprob\u00f3 en la suma de $17\u2019243.598. <\/p>\n
Contra la mencionada providencia, la parte ejecutante, interpuso recurso reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3.2 El Juzgado de conocimiento en providencia de 25 de abril de 2023, mantuvo la decisi\u00f3n y concedi\u00f3 el segundo recurso. <\/p>\n
3.3 El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, el 9 de agosto de 2023 revoc\u00f3 los incisos segundo y tercero del auto recurrido, y, en su lugar, aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito en la suma de $33\u2019996.274 y confirm\u00f3 en lo dem\u00e1s la providencia recurrida, teniendo como fundamento lo siguiente, <\/p>\n
(\u2026) \u00ab2.3. En el caso de marras, la pretensi\u00f3n impugnaticia se refiere a la modificaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aportada por las partes y la aprobaci\u00f3n de aquella realizada por el juzgado en auto de febrero 23 de 2023 y al revisar esta \u00faltima, se observa que fue realizada desde el 06 de marzo de 2019, dejando sin efectos las liquidaciones aprobadas en el proceso. <\/p>\n
Es por ello, que se proceder\u00e1 en el mismo sentido, a realizar las operaciones aritm\u00e9ticas correspondientes desde esa fecha, teniendo en cuenta, de un lado, los desprendibles de pago aportados por el ejecutado en los consecutivos 05, 07 y 27, as\u00ed como el reporte de dep\u00f3sitos judiciales, visible en el archivo 36 y el informe de pagos registrado en el sistema integrado de informaci\u00f3n financiera de Banco Pichincha que obra en las p\u00e1ginas 3 y 4 del archivo 31 todos del del cuaderno principal, y de otro, las \u00f3rdenes de pago obrantes en las p\u00e1ginas 22 y 23 del archivo 01 y archivo 09 del cuaderno de medidas cautelares\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la liquidaci\u00f3n aprobada por Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagu\u00e9 con corte a 23 de febrero de 2023, no la encontr\u00f3 ajustada, por las siguientes razones, <\/p>\n
(\u2026) se tiene en cuenta un capital de $48.630.030 y se liquidan intereses desde el 6 de marzo de 2019, imput\u00e1ndose las siguientes sumas: <\/p>\n
1.- $18.848.953,92 correspondientes a 39 dep\u00f3sitos judiciales, los cuales efectivamente se aprecian en el reporte de dep\u00f3sitos judiciales, obrante en el archivo 36 del cuaderno 01 primera instancia. <\/p>\n
2.- $55.217.625.00 correspondientes a abonos efectuados por los siguientes valores: <\/p>\n
$39.322.425.00 correspondientes a 43 descuentos por libranza por valor de $914.475.00 cada uno. <\/p>\n
$15.895.200.00 ($2.245.127 + 4.421.110.00 + 4.526.547.00 + 1.836.916.00 + 2.865.500.00), los cuales fueron reconocidos por la parte actora, como puede verse en escrito que milita en p\u00e1g. 19 pdf 39 C01.Primera Instancia. <\/p>\n
2.4.2. Respecto a los descuentos por embargo judicial y libranza por valor de $18.848.953,92 y $39.322.425.00 esta juzgadora considera que no hay reparo alguno y, por tanto, fueron tenidos en cuenta en su totalidad en la liquidaci\u00f3n practicada en esta instancia\u00bb. <\/p>\n
En la mencionada providencia, respecto de los pagos que afirm\u00f3 haber realizado el ejecutado y que no fueron tenidos en cuenta, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) La suma de $15.895.200 no es posible tenerlos en cuenta, pues, de la revisi\u00f3n del expediente en su totalidad, as\u00ed como de las manifestaciones realizadas por las partes, se concluye que \u00e9stos corresponden a abonos ya realizados con ocasi\u00f3n de los descuentos por embargo ejecutivo. Al respecto, v\u00e9ase que en las p\u00e1ginas 22 y 23 del archivo 01 cuaderno de medidas cautelares, se aprecian \u00f3rdenes pago de t\u00edtulos judiciales por valor de $4.486.920.67 y $2.278.547.44, que corresponden a 15 dep\u00f3sitos judiciales de los 39 relacionados en la s\u00e1bana o reporte visible en el archivo 36. As\u00ed mismo, en el archivo 09 del cuaderno de medidas cautelares milita la orden de pago por valor de $2.896.436,71 en la que aparecen 5 t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial m\u00e1s, para un total de 9.661.904.82 <\/p>\n
Adem\u00e1s, n\u00f3tese que, aunque en el expediente no aparece el oficio con la orden de pago de 14 t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial que corresponden a los constituidos entre el 26 de febrero de 2021 y el 30 de marzo de 2022 por valor total de $6.432.353,59, lo cierto es, que los mismos s\u00ed fueron pagados en efectivo al ejecutante en mayo 31 de 2022, como obra en el reporte de dep\u00f3sitos del Banco Agrario de Colombia. <\/p>\n
Ahora, si bien la suma de los t\u00edtulos efectivamente pagados asciende a $16.094.258,41 y la reportada por la entidad actora es de $15.895.200, es importante indicar que la diferencia entre el valor relacionado en los oficios de pago y el reportado por el actor en el registro del sistema integrado de informaci\u00f3n financiera de Banco Pichincha bajo el concepto \u201cpago efectivo oficina\u201d, coincide con la comisi\u00f3n cobrada por el Banco Agrario de Colombia cuando los t\u00edtulos son presentados para su cobro en una plaza diferente a aquella en que se encuentra registrada la cuenta (Ibagu\u00e9), pues como se observa en la p\u00e1gina 24 del mismo archivo 01, estos fueron cobrados en Neiva por la emergencia sanitaria, lo mismo que cuando se pagan por intermedio de cheque de gerencia como aconteci\u00f3 con los primeros 15 dep\u00f3sitos, pagados en mayo 28 de 2021. <\/p>\n
Entonces, pretender incluir en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito los pagos efectivos ya realizados al actor por concepto de embargo, sin que \u00e9ste los tome como abonos adicionales y el ejecutado tampoco los mencione como tal, es sumar doblemente los descuentos por embargo realizados, cuando en realidad, dicha suma de $15.895.200 no ha salido del patrimonio del ejecutado para ingresar al patrimonio del ejecutante, habida cuenta que, como se explic\u00f3, \u00e9sta corresponde al pago efectivo de los dep\u00f3sitos judiciales que por dem\u00e1s ya han sido descontados al demandado en virtud del embargo y abonados por el demandante en la liquidaci\u00f3n presentada en el escrito de objeci\u00f3n. <\/p>\n
Por \u00faltimo, es menester indicar que, aunque los dep\u00f3sitos judiciales constituidos entre el 29 de septiembre de 2022 y el 2 de febrero de 2023 no han sido efectivamente pagados al ejecutante, no puede perderse de vista que corresponden a abonos realizados en virtud del embargo y que deben ser aplicados a la liquidaci\u00f3n en la fecha de constituci\u00f3n y no de cobro, como err\u00f3neamente lo predica el actor, por lo que, en la liquidaci\u00f3n aqu\u00ed practicada, fueron debidamente aplicados\u00bb. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis realizado concluy\u00f3, \u00abteniendo en cuenta las anteriores apreciaciones, el monto de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito es de $33.996.274,83, distinto al establecido por el juzgado de primera instancia en la liquidaci\u00f3n aprobada en auto de febrero 23 de 2023 y aquellas presentadas por las partes, esta juzgadora revocar\u00e1 parcialmente la providencia apelada y, en su lugar, proceder\u00e1 a aprobar la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito realizada en esta instancia\u00bb. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo anterior, para la Sala el amparo suplicado no pod\u00eda abrirse paso, lo que impone la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, lo anterior porque en la providencia de 9 de agosto de 2023, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aprobada por el a quo al percatarse, que la suma correspondiente a $15.895.200 se estaba incluyendo en la liquidaci\u00f3n de manera doble, en primer lugar, se encontraba relacionada e incluida en las retenciones realizadas por n\u00f3mina al aqu\u00ed accionante, y adem\u00e1s, una vez pagados al Banco Pichincha, se pretendieron incluir como un nuevo pago, muy a pesar de que el dinero, solo sali\u00f3 del patrimonio del deudor una \u00fanica vez. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala considera que el an\u00e1lisis realizado por el Juzgado accionado, no ofrece ning\u00fan reproche, pues se ajusta, a la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas al juicio, esto es, la relaci\u00f3n de descuentos que fueron certificados por el pagador del accionante, la relaci\u00f3n de t\u00edtulos judiciales constituidos y pagados efectivamente, as\u00ed como el mandamiento de pago, por lo que la mencionada providencia se ajusta a las normas sustanciales y procesales pertinentes, adem\u00e1s que, no se advierte caprichosa y responde a un an\u00e1lisis realizado bajo la autonom\u00eda de que est\u00e1 investido el Juez para proferir sus decisiones. <\/p>\n
5. De manera amplia y reiterada, esta Corte en casos semejantes a al aqu\u00ed discutido y refiri\u00e9ndose a la autonom\u00eda del Juez en la expedici\u00f3n de sus decisiones ha se\u00f1alado, \u00abel Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (CSJ. STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01; STC4269, 16 abr. 2015, reiterada en STC15802-2022). <\/p>\n
As\u00ed entonces, para la Sala no se configura la vulneraci\u00f3n alegada, ni se evidencia una especial necesidad de que el Juez Constitucional intervenga en dicho tr\u00e1mite, pues solo ante un desafuero may\u00fasculo y caprichoso del funcionario de conocimiento est\u00e1 permitida su intervenci\u00f3n. <\/p>\n
6. De conformidad con lo anotado, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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