STC12811-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12811-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-04178-001 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte las acciones de tutela acumuladas promovidas por Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, la Corte Constitucional, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y su Seccional de Risaralda, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, as\u00ed como sus respectivos titulares; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el propietario de \u00abCV PEREIRA, CRA 9 CON CALLE 19\u00bb y las dem\u00e1s partes e intervinientes en el asunto n.\u00ba 2022-00095. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el convocante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. De los escritos introductores2 y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Mario Alberto Restrepo Zapata promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el propietario de \u00abCV PEREIRA, CRA 9 CON CALLE 19\u00bb, en procura de que se ordenara la contrataci\u00f3n \u00abcon entidad id\u00f3nea [para] la atenci\u00f3n para la poblaci\u00f3n que manda la ley 982 de 2005\u00bb; cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, quien ampar\u00f3 el derecho colectivo y, en ese sentido, dispuso la constituci\u00f3n de garant\u00eda \u00aben dos (2) meses, (\u2026) por la suma de $4.000.000\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, el gestor manifest\u00f3 su intenci\u00f3n de desistir \u00abde la acci\u00f3n popular, ante la mora judicial y la renuencia\u00bb; y en escrito posterior interpuso apelaci\u00f3n contra la sentencia, para que se ordenara \u00abgaranti[zar] de manera permanente, la presencia f\u00edsica del interprete y gu\u00eda interprete\u00bb. <\/p>\n
En prove\u00eddo del 11 de mayo de 2023, el cognoscente resolvi\u00f3, entre otras cosas, no acceder a \u00abla solicitud de desistimiento\u00bb y conceder la alzada; respecto de dicha determinaci\u00f3n, el querellante formulo reposici\u00f3n, no obstante, la misma fue extempor\u00e1nea. <\/p>\n
El referido estrado remiti\u00f3 las diligencias a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, quien el 11 de agosto de 2023, orden\u00f3 su devoluci\u00f3n \u00abcon el fin de que se incorpore al proceso, el archivo que corresponde al fallo de primera instancia\u00bb. Subsanada la irregularidad, en oficio del 27 de octubre de 2023, el a quo remiti\u00f3 nuevamente el expediente. <\/p>\n
El precursor acudi\u00f3 a la presente salvaguarda cuestionando que no se acepte su \u00abdesistimiento\u00bb. Tambi\u00e9n anot\u00f3 que \u00abnunca [se] cumple termino de tiempo alguno que impone el art 37 ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, en lo fundamental, que se \u00abacepte [su] desistimiento de la renuente acci\u00f3n\u00bb, porque no se observan los t\u00e9rminos legales para la definici\u00f3n de la causa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO <\/p>\n
1. El tribunal ad quem se\u00f1al\u00f3 que \u00abefectivamente (\u2026) conoci\u00f3 (\u2026) la acci\u00f3n popular [denunciada] (\u2026) la cual ingres\u00f3 a despacho, previo reparto, el 10 de agosto \u00faltimo y por medio de auto del d\u00eda siguiente se orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del tr\u00e1mite al juzgado de origen. Teniendo en cuenta los t\u00e9rminos en que se ejecut\u00f3 aquella actuaci\u00f3n, no es posible imputarle a esta Sala mora judicial alguna\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abcontra aquella acci\u00f3n popular el demandante ya hab\u00eda promovido otra tutela, que fue conocido por esa Sala de Casaci\u00f3n Civil bajo el radicado (\u2026) 2023- 03442-00\u00bb. <\/p>\n
2. La Corte Constitucional solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente asunto por no \u00abser la llamada a responder\u00bb. En igual sentido, se pronunciaron la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y su Seccional de Risaralda y el Municipio de Pereira. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad adujo que \u00abno se ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental al promotor de esta acci\u00f3n, se ha dado observancia a las normativa pertinente y preceptos constitucionales concernientes\u00bb. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del sub-lite. <\/p>\n
5. El Municipio de Pereira inform\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
7. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda destac\u00f3 que \u00abrespecto de la queja presentada por el actor y que tiene que ver con la acci\u00f3n popular 2022-00095-00, tramitada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el promotor constitucional no ha presentado queja disciplinaria o petici\u00f3n alguna ante esta Comisi\u00f3n Seccional\u00bb. <\/p>\n
8. La Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3 que \u00abel accionante podr\u00eda estar incurso en un abuso del derecho al presentar la acci\u00f3n de tutela se\u00f1alando como accionada a esta Corporaci\u00f3n, cuando lo cierto es que desde sus competencias jurisdiccionales actuales es ajena a los tr\u00e1mites adelantados en la acci\u00f3n popular que refiere. Sumado a ello, tal abuso del derecho tambi\u00e9n deber\u00eda ser valorado por el juez de tutela de primera instancia dado el evidente volumen de tutelas que ha presentado el actor y que terminan por afectar de manera importante a la justicia constitucional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el gestor est\u00e1 actuando con temeridad; y, de superarse lo anterior si el tribunal encartado lesion\u00f3 la prerrogativa fundamental de Mario Alberto Restrepo Zapata en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular (rad. 2022-00095), por cuanto, presuntamente, incumpli\u00f3 los \u00abt\u00e9rminos procesales\u00bb para definir la instancia a su cargo y \u00abno acept\u00f3 el desistimiento\u00bb formulado por el gestor. <\/p>\n
2. La temeridad en el ejercicio de la tutela. <\/p>\n
El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, que se concreta en la duplicidad del ejercicio del resguardo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC6507-2022, 26 may.). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos y de las pruebas allegadas al plenario, encuentra la Sala que el sub-lite se enmarca en la anterior hip\u00f3tesis, ya que Mario Restrepo promovi\u00f3 otro mecanismo supralegal contra la colegiatura denunciada, de id\u00e9nticos contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos al que ahora se resuelve, en el cual tambi\u00e9n expuso las mismas pretensiones, en especial, que se ordene al tribunal \u00abseparar[lo], (\u2026) de la acci\u00f3n popular (\u2026) ante la mora judicial y la renuencia\u00bb en el tr\u00e1mite rad. n.\u00ba 2022-00095. <\/p>\n
En efecto, la referida salvaguarda fue conocida por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, quien, en providencia STC9173-2023, 13 sep., la declar\u00f3 improcedente, tras considerar que, el convocante \u00abno ha radicado ninguna solicitud de las que se duele en tutela frente a la Corporaci\u00f3n [fustigada], en especial relacionadas con el desistimiento, o la p\u00e9rdida de competencia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se estableci\u00f3 que \u00aben cuanto a las peticiones para que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo, intervenir en la (\u2026) tutela, y \u00abme informen d\u00eda, mes y a\u00f1o en que presentaran a mi nombre acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n de justicia por aparente mora judicial, falla en la prestaci\u00f3n del servicio\u00bb, resultan improcedentes, la primera porque Mario Restrepo no est\u00e1 en situaci\u00f3n de \u00abdesamparo o indefensi\u00f3n\u00bb, (\u2026) La segunda, porque entre las competencias asignadas al ministerio p\u00fablico no se encuentra la de ejercer el derecho de postulaci\u00f3n a nombre del actor popular\u00bb. <\/p>\n
En las anteriores condiciones, como la presente acci\u00f3n corresponde a la exposici\u00f3n de un asunto de iguales contornos, que ya fue resuelto, no es posible su replanteamiento, ni ahondar en los dem\u00e1s puntos arg\u00fcidos por el promotor, porque \u00abadmitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 00517-01, reiterada, entre otros, en STC7283-2022, 9 jun.); m\u00e1xime si se tiene en cuenta que, actualmente, se encuentra surtiendo la impugnaci\u00f3n respectiva. <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a la petici\u00f3n de que se \u00abconceda amparo de un pobre en esta tutela\u00bb, basta decir que, teniendo en cuenta la especial naturaleza de la salvaguarda constitucional, la misma puede ser ejercida por \u00abcualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u00bb3 quien podr\u00e1 actuar en nombre propio, como en efecto sucedi\u00f3 en el presente asunto. Sin embargo, si el precursor considera que en lo sucesivo debe ser asistido por un \u00abapoderado judicial\u00bb, nada impide que acuda a un profesional del derecho, a la Defensor\u00eda del Pueblo4 o a los consultorios jur\u00eddicos habilitados para tal fin y solicite lo pertinente. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Esta queja resulta temeraria, pues es el reflejo de un ejercicio repetido en una causa, esencialmente id\u00e9ntica, en la que se replante\u00f3 un tema que ya hab\u00eda sido sometido al escrutinio del juez constitucional, y no se suscita variaci\u00f3n alguna que permita reabrir el debate jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA los amparos incoados. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Radicado al cual se acumul\u00f3 el consecutivo 11001-02-03-000-2023-04455-00, con prove\u00eddo de 20 de noviembre de 2023, en atenci\u00f3n a la identidad de partes, causa y pretensiones al sub-lite. <\/p>\n
2\u0002 Los cuales, valga iterar, son id\u00e9nticos, en la medida en que cuestionan la misma acci\u00f3n popular, con los mismos fundamentos. <\/p>\n
3\u0002 Art\u00edculo 10 Decreto 2591 de 1991 <\/p>\n
4\u0002 Ib\u00eddem: \u00abTambi\u00e9n podr\u00e1n ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales\u00bb. <\/p>\n
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