STC12815-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12815-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-01258-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Julio C\u00e9sar Diazgranados Camargo contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Seccional del Magdalena, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los sujetos procesales e intervinientes reconocidos en los asuntos disciplinarios 2022-00676 y 2021-00037. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abordenamiento jur\u00eddico [sic]\u00bb y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. De las pruebas recopiladas y la informaci\u00f3n obtenida se puede extractar que el 5 de febrero de 2021, Julio C\u00e9sar Diazgranados Camargo formul\u00f3 queja disciplinaria contra la Juez Primera Civil del Circuito de Santa Marta, una magistrada y un conjuez de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del mismo Distrito Judicial, con ocasi\u00f3n de las decisiones desfavorables adoptadas en el proceso de pertenencia 1994-00341 en que fungi\u00f3 como demandante. <\/p>\n
Mediante prove\u00eddo de 18 de noviembre de aquel a\u00f1o (rad. n.\u00b0 2021-00037), la doctora Tania Victoria Orozco Becerra de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Magdalena resolvi\u00f3 inhibirse de tramitar el asunto en contra de la juez del circuito al comprobar el advenimiento de la caducidad consagrada en el art\u00edculo 30 de la Ley 734 de 2002; asimismo, dispuso el env\u00edo por competencia a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial para que se adoptaran las determinaciones a que hubiere lugar frente a los restantes funcionarios denunciados. <\/p>\n
Contra este auto el quejoso interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue rechazado por improcedente el 20 de octubre de 2022. <\/p>\n
Recibido el asunto en la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial (rad. n.\u00b0 2022-00676), el pasado 9 de mayo doctor Julio Andr\u00e9s Sampedro Arrubla tambi\u00e9n se abstuvo de iniciar actuaci\u00f3n alguna respecto de la magistrada y el conjuez encartados, tras considerar que hab\u00eda operado el fen\u00f3meno extintivo de la potestad sancionatoria del Estado comoquiera que, desde la consumaci\u00f3n de la presunta falta, transcurrieron \u00abm\u00e1s de cinco\u2026 a\u00f1os sin que se haya dictado auto de apertura de investigaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. El accionante acude a este instrumento excepcional para cuestionar la sind\u00e9resis de las autoridades accionadas; empero, no les atribuye defecto alguno de aquellos que viabilizan la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ordenar la revocatoria de los fallos de fecha dieciocho (18) de noviembre de 2021 proferido por la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Magdalena\u2026 y el fallo del nueve (09) de mayo de 2023 proferido por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) Que se profiera la sentencia sustitutiva [sic] por faltas de garant\u00edas en el Departamento del Magdalena a una Correcta Administraci\u00f3n de Justicia, imponiendo las sanciones correspondientes a los operadores judiciales referenciados, para la buena imagen del poder judicial [SIC] (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un magistrado de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, dijo que el gestor \u00abno demuestra c\u00f3mo\u2026 con la decisi\u00f3n inhibitoria haya vulnerado de sus derechos fundamentales [sic]\u00bb, por el contrario, resalt\u00f3 que la providencia \u00abse adopt\u00f3 de conformidad con la normatividad aplicable al caso\u2026 se motiv\u00f3 en debida forma\u2026 y conforme al precedente sentado por la Comisi\u00f3n\u00bb, siendo que \u00ablos reparos puestos de presente por el accionante obedecen a un particular entendimiento\u2026 respecto del procedimiento disciplinario pretendiendo con ello reabrir un debate que ya fue resuelto\u00bb. <\/p>\n
Solicit\u00f3, de forma principal, declarar improcedente la salvaguarda \u00abcomoquiera que\u2026 no cumple con las exigencias generales de procedencia ni espec\u00edficas\u2026 dada su falta de carga argumentativa y por tratarse de una mera disparidad de criterios\u00bb, subsidiariamente deprec\u00f3 desestimar el ruego \u00aben tanto no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales del accionante\u00bb. <\/p>\n
2. El secretario judicial de la referida Corporaci\u00f3n dio cuenta de las principales actuaciones surtidas en el asunto 2022-00676 y remiti\u00f3 el expediente digital. <\/p>\n
3. El actual titular del Despacho 01 de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Magdalena confirm\u00f3 que, en efecto, esa autoridad tuvo conocimiento de la queja disciplinaria formulada por el ac\u00e1 gestor contra la Juez Primera Civil del Circuito de Santa Marta, inhibi\u00e9ndose de adelantar el tr\u00e1mite, mediante prove\u00eddo del 18 de noviembre de 20211, por haber acaecido la caducidad de la acci\u00f3n. <\/p>\n
En torno al ruego constitucional, manifest\u00f3 su oposici\u00f3n en la medida que (i) la \u00abdecisi\u00f3n\u2026 se observa ajustada a la normatividad vigente\u2026 se coloc\u00f3 en conocimiento del se\u00f1or\u2026 Diazgranados Camargo que cuenta con la posibilidad de interponer nuevamente la queja, escenario en el cual puede arrojar luz sobre los aspectos que, a su ver, no fueron observados en el momento de emitir las consideraciones que sustentaron la providencia inhibitoria\u00bb y (ii) la salvaguarda desatiende el presupuesto de la inmediatez dado que fue interpuesta excediendo el plazo razonable. <\/p>\n
4. La magistrada Martha Isabel Mercado Rodr\u00edguez, vinculada a este tr\u00e1mite dada su condici\u00f3n de denunciada por el ac\u00e1 gestor, dijo que sus actuaciones al interior del proceso de pertenencia 1994-00341 \u00abhan sido proferidas conforme a derecho\u00bb, tanto as\u00ed que han conservado sus efectos jur\u00eddicos pese a las \u00abm\u00faltiples tutelas presentadas las cuales han sido declaradas improcedentes y\/o negadas\u00bb. <\/p>\n
5. El conjuez Manuel de Jes\u00fas Rojas Salgado, igualmente vinculado en la misma condici\u00f3n que la anterior funcionaria, refiri\u00f3 \u00abaco[gerse] a lo manifestado por la magistrada ponente, Dra\u2026. Mercado Rodr\u00edguez\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Sala dilucidar si las autoridades accionadas lesionaron las garant\u00edas invocadas por Julio C\u00e9sar Diazgranados Camargo, al interior de los procesos disciplinarios 2022-00676 y 2021-00037, donde fue quejoso, al inhibirse de adelantar actuaci\u00f3n alguna en contra de los funcionarios judiciales denunciados por haber acaecido el fen\u00f3meno extintivo de la caducidad de la potestad sancionatoria del Estado. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
3.1. Sobre la lesi\u00f3n atribuida a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial \u2013 Razonabilidad de la decisi\u00f3n inhibitoria de 9 de mayo de 2023, rad. n.\u00b0 2022-00676 <\/p>\n
Auscultadas las razones en que se sustent\u00f3 la presente queja, con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, advierte la Sala que la providencia en comento, lejos de ser arbitraria o caprichosa, se aprecia coherente, razonable, motivada y fundada en las disposiciones legales aplicables. <\/p>\n
En efecto, al evaluar la queja formulada por Diazgranados Camargo contra la magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, doctora Marta Isabel Mercado Rodr\u00edguez y el conjuez de la misma corporaci\u00f3n, doctor Manuel de Jes\u00fas Rojas Salgado, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial encontr\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De acuerdo con lo manifestado en el escrito de queja\u2026 [se] profiri\u00f3 sentencia de primera instancia el d\u00eda dieciocho (18) de diciembre de 2014, dentro de un proceso de pertenencia iniciado por el quejoso, mediante la cual desestim\u00f3 las pretensiones del demandante, decisi\u00f3n que fue apelada y cuyo conocimiento correspondi\u00f3 en segunda instancia a la doctora Mercado Rodr\u00edguez quien conform\u00f3 sala de decisi\u00f3n junto con el doctor Rojas Salgado y decidieron confirmar la sentencia mediante decisi\u00f3n del diez (10) de febrero de 2016. <\/p>\n
Consider\u00f3 el quejoso que las actuaciones de los investigados fueron emitidas con desconocimiento de la ley al ignorar los requisitos que exige el C\u00f3digo Civil para declarar pr\u00f3spera una acci\u00f3n reivindicatoria o de dominio, a\u00f1adi\u00f3 que el desconocimiento en esos asuntos intensificaba la deslealtad con la administraci\u00f3n de justicia, por tratarse de abogados especializados con altos cargos (\u2026)\u00bb <\/p>\n
A partir del anterior recuento f\u00e1ctico, determin\u00f3 como problema jur\u00eddico establecer si \u00ab\u00bfes procedente inhibirse de iniciar actuaci\u00f3n disciplinaria\u2026?\u00bb atendiendo el tiempo transcurrido desde la consumaci\u00f3n de la presunta falta. Para ello rememor\u00f3 el contenido del art\u00edculo 209 de la Ley 1952 de 2019 que autoriza al funcionario para abstenerse dar tr\u00e1mite alguno a la queja, bajo ciertas circunstancias como \u00ab[c]uando la informaci\u00f3n o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, o cuando la acci\u00f3n no puede iniciarse\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, al abordar el estudio del caso particular, el ponente consider\u00f3: <\/p>\n
En efecto, en materia disciplinaria el legislador estableci\u00f3 un l\u00edmite temporal para el inicio de la acci\u00f3n, cuyo cumplimiento permite garantizar la seguridad jur\u00eddica, procurar una eficiente administraci\u00f3n de justicia y colaborar con su buen funcionamiento. <\/p>\n
De acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 30 de la Ley 734 de 2002, modificado por el art\u00edculo 132 de la Ley 1474 de 2011, aplicable al caso en concreto dispone: <\/p>\n
ART\u00cdCULO 132. Caducidad y prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria. \u00abLa acci\u00f3n disciplinaria caducar\u00e1 si transcurridos cinco (5) a\u00f1os desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigaci\u00f3n disciplinaria. Este t\u00e9rmino empezar\u00e1 a contarse para las faltas instant\u00e1neas desde el d\u00eda de su consumaci\u00f3n, para las de car\u00e1cter permanente o continuado desde la realizaci\u00f3n del \u00faltimo hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar <\/p>\n
La acci\u00f3n disciplinaria prescribir\u00e1 en cinco (5) a\u00f1os contados a partir del auto de apertura de la acci\u00f3n disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripci\u00f3n se cumple independientemente para cada una de ellas\u201d. <\/p>\n
Se evidencia conforme a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica temporal, que, a la fecha, han transcurrido m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os sin que se haya dictado auto de apertura de investigaci\u00f3n, plazo que expir\u00f3 el diez (10) de febrero de 2021, por cuanto la fecha de la sentencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta es del diez (10) de febrero de 2016, raz\u00f3n por la cual la oportunidad del Estado para ejercer la acci\u00f3n disciplinaria caduc\u00f3 (\u2026)\u00bb. (Resalta la Sala) <\/p>\n
De acuerdo con lo que acaba de verse, es claro que la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por el accionante son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que se busca es hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela habida cuenta que no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, el promotor no atribuy\u00f3 defecto alguno a la decisi\u00f3n que cuestiona sino que se limit\u00f3 a exponer su particular intelecci\u00f3n de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto sobre la forma como, en su criterio, debi\u00f3 contabilizarse el t\u00e9rmino de caducidad, sin presentar un solo argumento para demostrar arbitrariedad en la decisi\u00f3n de la autoridad accionada, es decir, lo que contiene el libelo inicial no es otra cosa que un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela, la cual no puede ser utilizada a modo de instancia adicional. <\/p>\n
Conforme con lo dicho, no encuentra la Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida habida cuenta que la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
3.2. Sobre la presunta vulneraci\u00f3n por parte de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Magdalena en el asunto rad. n\u00b0. 2021-00037 \u2013 De la inmediatez <\/p>\n
El segundo punto de la censura gravit\u00f3 en torno a la decisi\u00f3n 18 de noviembre de 2021, a trav\u00e9s de la cual, la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Magdalena se inhibi\u00f3 de abrir investigaci\u00f3n disciplinaria contra la Juez Primera Civil del Circuito de Santa Marta. <\/p>\n
La exigencia de la inmediatez impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente a este tema, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). (Resalta la Sala) <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ. STC 2 de agosto de 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada STC4650-2016, 15 abr. 2016, rad. 00857-00 y STC12287-2016, 1\u00ba sep. 2016, rad. 00537-01, entre otras). (Resalta la Sala) <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la acci\u00f3n supralegal debe ser incoada dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
En el presente caso, pronto se advierte que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene coment\u00e1ndose, ya que la salvaguarda se promovi\u00f3 por fuera del lapso precedentemente indicado. <\/p>\n
En efecto, el auto a trav\u00e9s del cual la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Magdalena se abstuvo de dar inicio a la actuaci\u00f3n disciplinaria contra la Juez Primera Civil del Circuito de Santa Marta, data del 18 de noviembre de 2021 (y el que rechaz\u00f3 por improcedente la apelaci\u00f3n formulada, lo es del 20 de octubre de 2022), en tanto que la formulaci\u00f3n de esta demanda acaeci\u00f3 el pasado 24 de octubre, de acuerdo con el reporte de presentaci\u00f3n a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico anexo en formato digital; es decir, superado con amplitud el semestre establecido como razonable para proponer el resguardo. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
Lo anterior para resaltar que el presunto afectado con las decisiones que considera vulneradoras de sus derechos fundamentales debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a los prove\u00eddos atacados, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s exigente en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
En efecto, la mentada exigencia adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una determinaci\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir esto que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; sin embargo, en este caso, el actor nada dijo para tratar de justificar la tardanza en promover el resguardo, al tiempo que no se evidencian situaciones ajenas a su voluntad que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente a la acci\u00f3n de tutela, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses (\u2026)\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda es criterio suficiente que conduce indefectiblemente a la desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica frente a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Magdalena, motivo por el cual no es indispensable efectuar an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas que, sin duda, est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n de la anterior materia <\/p>\n
4. Conclusiones <\/p>\n
4.1. La censura formulada contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, pues lo que busca el gestor es hacer prevalecer su particular criterio jur\u00eddico frente al del funcionario de instancia, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
4.2. El accionante tard\u00f3 en acudir a este remedio excepcional respecto de la lesi\u00f3n atribuida a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Magdalena; es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez; as\u00ed mismo, no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara la tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Signado por la entonces titular del despacho, la magistrada Tania Victoria Orozco Becerra. <\/p>\n
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STC12815-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC12815-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-01258-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Julio C\u00e9sar […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77557","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77557","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77557"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77557\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77557"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77557"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77557"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}