STC12868-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12868-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-03136-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida Jos\u00e9 de los Santos Chac\u00edn L\u00f3pez, quien dice actuar como apoderado de Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. -Entidad Cooperativa-, contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de los derechos fundamentales de quien dice representar al debido proceso, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados en el juicio de radicado 13001310300520160037000 (01). <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 Mar\u00eda De La Espriella Marim\u00f3n y Bertilda Rosa James Arroyo promovieron un proceso de responsabilidad civil extracontractual contra Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. -Entidad Cooperativa-, COOTRAXCONTUCAR, Martha Zuluaga Escobar y Jos\u00e9 Cabarcas Mattos, por los perjuicios derivados del accidente ocurrido el 1\u00b0 de enero de 2012, cuando la motocicleta que conduc\u00eda el primero fue impactada por un taxi conducido por Jos\u00e9 Cabarcas Mattos, de propiedad de Martha Zuluaga Escobar y afiliado a la Cooperativa COOTRAXCONTUCAR2. <\/p>\n
2.2. En auto del 6 de abril de 20213 se acept\u00f3 el llamamiento en garant\u00eda solicitado por COOTRAXCONTUCAR a la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. <\/p>\n
2.3. En sentencia del 9 de mayo de 20224, el Juzgado accionado declar\u00f3 que Martha Zuluaga Escobar, Jos\u00e9 Cabarcas Mattos y COOTRAXCONTUCAR eran civil y solidariamente responsables de los perjuicios causados al demandante Jos\u00e9 Mar\u00eda De La Espriella Marim\u00f3n, y los conden\u00f3 a pagarle $236.256.705 por concepto de lucro cesante, 100 SMLMV por perjuicios morales y 20 SMLMV por da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n. Asimismo, conden\u00f3 a la Aseguradora demandada al pago, en favor del mencionado demandante, \u00abde los rubros indemnizatorios definidos en aparte antecedente, menos el respectivo deducible, de haber lugar a \u00e9l\u00bb, para lo cual estim\u00f3 en la parte considerativa que el l\u00edmite asegurado era de $96.408.000. De otro lado, neg\u00f3 las pretensiones frente a Bertilda Rosa James Arroyo. <\/p>\n
2.4. Apelada la decisi\u00f3n por ambos extremos, en fallo del 17 de mayo de 20235, el Tribunal convocado modific\u00f3 la sentencia de primer grado y declar\u00f3 que Martha Zuluaga Escobar y COOTRAXCONTUCAR eran civil y solidariamente responsables de los perjuicios causados al demandante Jos\u00e9 Mar\u00eda De La Espriella Marimon y los conden\u00f3 al pago de los perjuicios en las sumas de $278.444.594 por lucro cesante consolidado, $215.590.578 por lucro cesante futuro, $50.000.000 por perjuicios morales y $40.000.000 por da\u00f1os a la vida de relaci\u00f3n. Tambi\u00e9n conden\u00f3 a la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa \u00abal pago, que correspondiere a su asegurada, en favor del demandante, de los rubros indemnizatorios definidos en aparte antecedente, hasta por la suma de $166\u2019814.103, menos el respectivo deducible, de haber lugar a \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
3. El actor sostiene que los estrados accionados no pod\u00edan soslayar el l\u00edmite previsto en el art\u00edculo 1079 del C\u00f3digo de Comercio, so pretexto de aplicar criterios de equidad, y tampoco pod\u00edan desconocer el contrato de seguro, pues en este se estableci\u00f3 que por lesiones o muerte de una persona el valor asegurado era de 60 SMMLV, que para la fecha de celebraci\u00f3n del contrato correspond\u00eda a $34.002.000, suma que no deb\u00eda indexarse. Adem\u00e1s, que no es correcta la liquidaci\u00f3n del da\u00f1o realizada por el ad quem, pues concedi\u00f3 m\u00e1s de lo pedido y, al liquidar el lucro cesante pasado, tomo el valor del salario m\u00ednimo actual. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, solicita que se revoque la sentencia de segunda instancia y que se profiera una decisi\u00f3n \u00abque declare de acuerdo con la constituci\u00f3n y la ley corresponda\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala accionada dio cuenta de las actuaciones surtidas en esa instancia. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena adujo que se controvierte la sentencia de segunda instancia, no obstante, advirti\u00f3 que su fallo no presenta defecto f\u00e1ctico alguno. <\/p>\n
3. COOTRAXCONTUCAR manifest\u00f3 que apoyaba la condena impuesta a la aseguradora accionante, pues no le fueron vulnerados sus derechos. <\/p>\n
4. Quien dijo actuar como apoderado de Jos\u00e9 Mar\u00eda De La Espriella asegur\u00f3 que la condena a la Aseguradora estuvo conforme a derecho y se fundament\u00f3 en el precedente jurisprudencial vigente. <\/p>\n
5. Quien dijo ser la apoderada de Martha Zuluaga Escobar afirm\u00f3 que el resultado del proceso y el descuido de la Aseguradora, que no contest\u00f3 la demanda, la tiene ad-portas de la insolvencia. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo, por falta de legitimaci\u00f3n por activa del abogado accionante. <\/p>\n
2. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa, esta Sala unific\u00f3 su criterio con respecto a lo que ata\u00f1e a los requisitos que reclama el acto jur\u00eddico del poder en la reciente sentencia CSJ STC10721-2023, por lo cual es procedente remitirse a los argumentos expuestos en esa providencia. <\/p>\n
2.1. El art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece que todas las personas tienen a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Por su parte, el art\u00edculo 10 ibidem dispone que: <\/p>\n
podr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. (\u2026) Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud… <\/p>\n
Con base en la normativa referida, la Sala, en el fallo citado, destac\u00f3 que la legitimaci\u00f3n en la causa por activa es un elemento subjetivo fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor y sin el cual el juez no puede dictar una sentencia de fondo. Este presupuesto tiene por objeto asegurar que la persona que acude a la acci\u00f3n de tutela tiene un inter\u00e9s directo y particular respecto de la protecci\u00f3n constitucional invocada, condici\u00f3n que, en relaci\u00f3n con los apoderados que act\u00faan en nombre de aquella, solo se verifica con un adecuado mandato especial, de manera que, al momento de decidir, el juez debe comprobar esa circunstancia en forma estricta. <\/p>\n
De lo referido en precedencia, se advirti\u00f3 que se puede acudir a la tutela de diferentes formas: i) directamente, ii) por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad o de personas jur\u00eddicas; iii) por medio de apoderado judicial, evento en el cual el apoderado debe ostentar la condici\u00f3n de abogado titulado habilitado y tener poder especial; o iv) mediante agente oficioso. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, respecto de tal facultad y, en particular, frente a los abogados, esta Sala ha venido indicando que la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. As\u00ed, por ejemplo, cuando se trata de rebatir un tr\u00e1mite judicial, se ha establecido que son los sujetos procesales los facultados para interponer una acci\u00f3n constitucional contra las decisiones emitidas en los juicios correspondientes (CSJ STC7905-2023). <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, es claro que el profesional del derecho que representa a la parte en el proceso censurado o en otro asunto \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho\u00bb (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611-2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha se\u00f1alado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y que tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). En similares t\u00e9rminos, la Corte Constitucional, en la sentencia CC T-530-98, sostuvo que el poder especial otorgado para representar judiciales a una de las partes en determinado proceso no es suficiente para acudir en sede de tutela, pues, <\/p>\n
[a]unque podr\u00eda pensarse que su calidad de representante de la parte civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe desecharse esta idea (\u2026); es cierto que \u00e9ste la representa conforme al poder espec\u00edfico que se le ha conferido; pero \u00e9ste aun cuando suficiente para la actuaci\u00f3n en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la acci\u00f3n de tutela6. <\/p>\n
2.3. En cuanto al mandato requerido cuando se act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado, la Corte Constitucional, en providencia CC T-001-1997, precis\u00f3 que todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb7. As\u00ed las cosas, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia CC T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto del poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n8. <\/p>\n
2.3.1. Desde luego, el poder especial para tutela solo puede ser otorgado a un profesional del derecho titulado y habilitado con tarjeta profesional vigente, calidad que tambi\u00e9n debe acreditarse (CC T-531-04, CC T-024-19, CSJ STC17259-2021). <\/p>\n
2.3.2. Acorde con lo anterior, la Corte Constitucional, en providencia CC T-975-2005, al revisar un poder allegado para actuar en tutela, sostuvo que, como \u00abrefiere de manera indeterminada a la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela, sin que se precise el derecho o derechos cuya protecci\u00f3n se solicitar\u00e1, o se especifiquen los hechos que sirven de fundamento para su interposici\u00f3n\u00bb, no es posible \u00abdistinguir este poder de otros que haya podido otorgar la actora\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00abAl no configurarse la legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, inviable es pronunciarse de \u00abfondo sobre los hechos, pretensiones y derechos fundamentales invocados, objeto de la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.3.3. En otra oportunidad, frente a un poder otorgado para promover una tutela, que indicaba la autoridad accionada y los derechos vulnerados, la Corte Constitucional consider\u00f3 que este era insuficiente, pues el prop\u00f3sito que dio lugar a la acci\u00f3n constitucional no fue incorporado en el mandato. En sustento, la Corte desatac\u00f3 que <\/p>\n
en el poder ni siquiera se hace referencia a un derecho de petici\u00f3n en especial \u2013no aparece ni la fecha, ni se menciona la materia o el objeto del mismo-, mucho menos se precisan los elementos que permitan concluir, en una interpretaci\u00f3n pro homine, que la petici\u00f3n elevada contiene los elementos para poder derivar de all\u00ed la existencia de un poder otorgado para interponer la presente demanda de tutela. <\/p>\n
2.2.8. Si bien el poder suscrito por la se\u00f1ora Ram\u00edrez y su apoderado cuenta con los elementos esenciales y se\u00f1ala los extremos de la Litis, el acto o documento que causa la vulneraci\u00f3n y el derecho fundamental violado; en el presente asunto, ni la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, ni las actuaciones cuestionadas dentro del amparo se compaginan con lo expuesto en el poder allegado. Por eso, se descarta la legitimaci\u00f3n por activa pretendida por el abogado (\u2026), para representar los intereses de la se\u00f1ora\u2026 (CC T-194-12). <\/p>\n
2.3.4. En similar sentido, en la sentencia CC T-718-2017, determin\u00f3 que un poder, como el all\u00ed analizado, en tanto \u00abno especifica contra qui\u00e9n se interpone la tutela, cu\u00e1l es el derecho fundamental que se pretende proteger o a qu\u00e9 proceso de tutela espec\u00edficamente se hace referencia\u00bb, no es especial. <\/p>\n
2.3.5. An\u00e1loga postura expuso esta Sala (CSJ STC3956-2023, CSJ STC3116-2023, CSJ STC3112-2023) y la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, al destacar que un poder especial debe \u00abidentificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina la acci\u00f3n de tutela, los sujetos procesales y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo\u00bb (CSJ STP2343-2023). <\/p>\n
2.3.6. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala de Casaci\u00f3n tambi\u00e9n ha precisado que los poderes abiertos para interponer tutelas no son aceptables, pues un mandato en esos t\u00e9rminos solo contiene una delegaci\u00f3n gen\u00e9rica que no re\u00fane los elementos de especificidad necesarios para acudir ante el juez constitucional. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, si la acci\u00f3n de tutela es viable para proteger las garant\u00edas fundamentales que resulten amenazadas o vulneradas con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n, por ejemplo de autoridades judiciales, mal puede conferirse un poder anticipado para interponer tutelas, puesto que, al momento de otorgarse un mandato en esos t\u00e9rminos, se desconoce en concreto los despachos judiciales que tramitar\u00e1n la controversia, las garant\u00edas involucradas, la providencia que afectar\u00eda o lesionar\u00eda el derecho, entre otros elementos necesarios para identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina esta especial acci\u00f3n (CSJ STC3312-2023). <\/p>\n
Acorde con lo referido, en pret\u00e9rita oportunidad, la Sala determin\u00f3 que la tutela era improcedente, porque: <\/p>\n
el abogado accionante aport\u00f3 un \u00abpoder especial\u00bb cuyo texto se\u00f1alaba que la se\u00f1ora Morales Caama\u00f1o le hab\u00eda conferido la facultad de representarla en \u00abtr\u00e1mites administrativos y judiciales para el ejercicio de las acciones constitucionales en las que requiero la representaci\u00f3n (acciones de tutelas, populares, de grupo, de cumplimiento y en las dem\u00e1s en que sea necesaria la participaci\u00f3n t\u00e9cnica jur\u00eddica)\u00bb, siendo evidente que el escrito aportado, carec\u00eda de los elementos esenciales para acreditar la legitimaci\u00f3n en la causa por activa echada de menos en primera instancia, puesto que no determinaba el nombre o identificaci\u00f3n del accionado, el derecho fundamental supuestamente vulnerado o tan siquiera la actuaci\u00f3n judicial dentro de la cual se present\u00f3 la presunta transgresi\u00f3n, m\u00e1xime si se toma en cuenta la multiplicidad de tr\u00e1mites judiciales en los que se encuentra inmiscuida la poderdante, raz\u00f3n por la cual, la acci\u00f3n que propuso deb\u00eda ser declarada improcedente, como en efecto sucedi\u00f3 (CSJ STC485-2023). <\/p>\n
2.4. De todo lo expuesto, la Sala, en la referida sentencia CSJ STC10721-2023, concluy\u00f3 que, <\/p>\n
\u2026La legitimaci\u00f3n en la causa es un presupuesto fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor en forma id\u00f3nea para que el asunto pueda ser analizado de fondo, por lo que este aspecto no puede ser ignorado por el juez constitucional al momento de decidir, de manera que, de no acreditarse por la parte actora, debe declarar improcedente la tutela. <\/p>\n
\u2026Dada la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente ante los jueces constitucionales para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que tambi\u00e9n se puede ejercer, entre otros, a trav\u00e9s de un profesional del derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial. <\/p>\n
\u2026Los poderes dados para ejercer la representaci\u00f3n en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
\u2026Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin espec\u00edfico. En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisi\u00f3n, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta que origina la tutela. <\/p>\n
\u2026La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente. <\/p>\n
3. Pues bien, aplicados los anteriores presupuestos al caso concreto, se advierte que el tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. -Entidad Cooperativa-, no obstante, el poder allegado para actuar en su nombre no re\u00fane las caracter\u00edsticas de especialidad exigidas para la acci\u00f3n de tutela, por cuanto est\u00e1 contenido en un certificado de existencia de la sucursal y\/o agencia de la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa \u00abAGENCIA CARRERA 47\u00bb, que solo menciona que al abogado Jos\u00e9 de los Santos Chac\u00edn L\u00f3pez se le concedi\u00f3 \u00abpoder especial\u00bb, mediante escritura 791 del 21 de marzo de 2017, para representar a la Aseguradora ante cualquier autoridad, entre otros, para instaurar, contestar e impugnar acciones de tutela, sin embargo, no determina el proceso o la actuaci\u00f3n a censurar, ni hace referencia alguna que permita individualizar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, ni las providencias que originan el mandato otorgado para instaurar una acci\u00f3n constitucional en contra los despachos convocados, lo cual impide analizar el fondo del asunto. En este aspecto, de lo referido se destaca que los poderes generales, abiertos y anticipados no son especiales para acudir a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Entidad Cooperativa, Jos\u00e9 Mar\u00eda de la Espriella Marim\u00f3n, Bertilda Rosa James Arroyo COOTRAXCONTUCAR, Martha Zuluaga Escobar y Jos\u00e9 Cabarcas Mattos. <\/p>\n
2\u0002 Por auto del 22 de febrero de 2021, en atenci\u00f3n a solicitud de la activa, se excluy\u00f3 como demandado Jos\u00e9 Cabarcas Mattos. Documento 07, primera instancia, expediente 2016-00370. <\/p>\n
3\u0002 Documento 12, primera instancia, expediente 2016-00370. <\/p>\n
5\u0002 Documento 33, segunda instancia, ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Similar criterio expuso la Corte Constitucional en la sentencia CC T-695-98. <\/p>\n
7\u0002 Criterio reiterado en las providencias CC T-556-02 y en CC T-194-12. <\/p>\n
8\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
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STC12868-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC12868-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-03136-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida Jos\u00e9 de los Santos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77564","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77564","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77564"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77564\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77564"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77564"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77564"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}