STC12873-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12873-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-01680-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 29 de agosto de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Germ\u00e1n Silva Rodr\u00edguez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia y el Juzgado Penal del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2022-00078. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, invoca la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, se adelanta en su contra proceso penal por el delito de \u00abfeminicidio agravado en modalidad tentada\u00bb ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Florencia. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, en el curso de la audiencia preparatoria que tuvo su inicio el 13 de septiembre de 2022, su defensor objet\u00f3 algunas de las pruebas solicitadas por la fiscal\u00eda, concretamente, pidi\u00f3 que se excluyeran \u00abpor ilegalidad, el informe de 18 de abril de 2022 del investigador Luis Pab\u00f3n, la Historia Cl\u00ednica de la v\u00edctima y el CD 3861080 del 19 de abril de 2022; y por ilicitud, el informe pericial de cl\u00ednica forense del acusado [\u2026] suscrito por la m\u00e9dica Edna Yulieth Acosta\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, refiri\u00f3 que frente a esa espec\u00edfica pretensi\u00f3n, el juzgado resolvi\u00f3 no excluir las pruebas pedidas por el ente fiscal objetadas por su abogado; decisi\u00f3n que apel\u00f3. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, el 23 de junio de 2023, la Sala Penal del Tribunal Superior de Florencia, se abstuvo de resolver el recurso de apelaci\u00f3n \u00abrespecto de la exclusi\u00f3n del informe dentro del cual se encuentra la historia cl\u00ednica de la v\u00edctima\u00bb, confirmando en lo dem\u00e1s lo resuelto por el a quo. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el tribunal indic\u00f3 en su determinaci\u00f3n que, en la apelaci\u00f3n se agregaron aspectos \u00abque no fueron objeto de debate al momento de formular la oposici\u00f3n probatoria\u00bb, y que, \u00abel recurso solo procede cuando se reclama la exclusi\u00f3n por ilicitud\u00bb, es decir, que la alzada no debi\u00f3 concederse respecto a la controversia suscitada en torno a la historia cl\u00ednica de la v\u00edctima, lo cual soport\u00f3 en jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal (AP5468-2021). <\/p>\n
Indic\u00f3 que, en decisi\u00f3n del 28 de julio, el tribunal mantuvo su postura por v\u00eda de reposici\u00f3n. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 especialmente la decisi\u00f3n de la colegiatura acusada. Aleg\u00f3 que, contrario a lo resuelto, su defensor no vari\u00f3 la argumentaci\u00f3n frente a la exclusi\u00f3n probatoria, afirm\u00f3 que siempre estuvo orientada a objetar las referidas pruebas por raz\u00f3n de ilicitud \u00aben cuanto a lo que se pregonaba era como el investigador hab\u00eda obtenido la historia cl\u00ednica de la v\u00edctima haciendo alusi\u00f3n al derecho a la intimidad de esta\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, adem\u00e1s, el accionado interpret\u00f3 de manera err\u00f3nea la l\u00ednea jurisprudencial de la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, existen precedentes de la misma Sala Especializada que \u00abreconocen la procedencia del recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n de inadmisi\u00f3n, rechazo (sin importar el sentido) y exclusi\u00f3n (sin importar el sentido) [\u2026] as\u00ed como [\u2026] en sede de tutela ha declarado la vulneraci\u00f3n al debido proceso probatorio [\u2026] en casos en que los jueces se han negado a tramitar el recurso de alzada en situaciones an\u00e1logas (STP11602-2022)\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, \u00abse deje sin efectos las providencias del 23 de julio de 2023 y del 28 de julio del mismo a\u00f1o, y en su lugar, se ordene a la Sala Penal del Tribunal Superior [de Florencia] que se pronuncie sobre la exclusi\u00f3n solicitada a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Florencia efectu\u00f3 un recuento de lo acaecido en la actuaci\u00f3n penal y defendi\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n, la cual sustent\u00f3 en el precedente jurisprudencial de la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito de esa ciudad sin pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda tutelar, remiti\u00f3 el link del expediente digital. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda en aplicaci\u00f3n del principio de subsidiariedad por cuanto, como el proceso penal en cuesti\u00f3n est\u00e1 en curso, \u00ab(\u2026) Las presuntas irregularidades que a juicio del demandante vulneraron sus garant\u00edas fundamentales puede alegarlas dentro del tr\u00e1mite ordinario [\u2026] y ser\u00e1 all\u00ed donde podr\u00e1 presentar las solicitudes encaminadas a remediar cualquier situaci\u00f3n que estime desconocedora de sus garant\u00edas superiores\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el apoderado del querellante reiterando los argumentos del escrito introductor. Refut\u00f3 el fallo de la Sala a quo y el criterio de soluci\u00f3n adoptado y arguy\u00f3 que, la subsidiariedad no es aplicable al caso, ya que no existe \u00abmedio o mecanismo id\u00f3neo y eficaz, que lleve a hacer que el Tribunal Superior de Florencia no se abstenga de resolver el recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n de no excluir por ilegal una prueba. [\u2026] el da\u00f1o o perjuicio ocurre ahora, y no habiendo otro medio de defensa, de actualidad, deviene procedente acudir en tutela (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la presente demanda tutelar satisface el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si el tribunal convocado vulner\u00f3 la garant\u00eda denunciada por el quejoso al abstenerse de resolver el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra la decisi\u00f3n del a quo de no excluir por razones de ilegalidad una de las pruebas solicitadas por la fiscal\u00eda \u2013 en la audiencia preparatoria, proceso penal rad. 2022-00078, por \u00abtentativa de feminicidio agravado\u00bb \u2013 incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por errada interpretaci\u00f3n del precedente jurisprudencial de la Sala de Casaci\u00f3n Penal sobre la tem\u00e1tica. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. De la improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso. <\/p>\n
El car\u00e1cter residual y subsidiario de este instrumento cobra relevancia cuando el proceso cuestionado se encuentra activo, por cuanto es en \u00e9l donde el promotor del amparo puede y debe hacer valer sus prerrogativas. <\/p>\n
En todo caso, solo se admitir\u00eda la injerencia del juez de amparo en un tr\u00e1mite judicial que a\u00fan transcurre en el evento de probarse con suficiencia la existencia de un perjuicio irremediable, pues, de no ser de esa manera, y de asumirse la acci\u00f3n de tutela como un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, se correr\u00eda el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, avocando a un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. En lo particular esta Sala ha dicho: <\/p>\n
Y la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al resolver tutelas del mismo tenor igualmente precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Anticipa la Sala que ratificar\u00e1 el fallo de primer grado por cuanto la demanda no satisface el requisito de subsidiariedad conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que, tal como lo precis\u00f3 la Hom\u00f3loga a quo, al encontrase el proceso penal en cuesti\u00f3n activo, es ah\u00ed donde al promotor del resguardo le corresponde defender las prerrogativas que estima afectadas. <\/p>\n
As\u00ed entonces, para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional impetrada, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior de la causa y, hall\u00e1ndose vigente la audiencia preparatoria, ad portas del juicio oral, subsisten las posibilidades jur\u00eddicas para reformular los cuestionamientos en torno a las pruebas de la fiscal\u00eda, y ejercer el derecho de defensa y contradicci\u00f3n planteando, por ejemplo, la discusi\u00f3n que propone al respecto en los alegatos de conclusi\u00f3n o, a trav\u00e9s de los recursos que el ordenamiento procesal penal contemple, si es que la sentencia que finiquite el proceso le es desfavorable. <\/p>\n
Y es que ha sido postura definida y reiterada de la Sala, que no es viable acudir al juez de tutela para que intervenga en los litigios en tr\u00e1mite, no s\u00f3lo porque desconoce la independencia y la autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido el juez ordinario para dirigir y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la acci\u00f3n de amparo para la protecci\u00f3n de derechos superiores. <\/p>\n
En esas circunstancias, pretender que el Juez de amparo revise la razonabilidad de la determinaci\u00f3n atacada, ser\u00eda no solo una injerencia impertinente en la competencia del fallador, sino anticipar un debate que tiene su propio escenario de confrontaci\u00f3n, y no a trav\u00e9s de un tr\u00e1mite expedito y sumario como la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En definitiva, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es suficiente para ratificar el fallo impugnado, y releva a esta instancia de ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, en todo caso, condicionadas a la superaci\u00f3n de dicho presupuesto. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Deviene improcedente el resguardo si el proceso penal se encuentra en curso, dado que el actor cuenta con instrumentos al interior del mismo para procurar la defensa de sus derechos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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