STC12876-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12876-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 20001-22-14-000-2023-00170-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 20 de octubre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Javier Molina Arciria contra el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Yenny del Carmen Arciria Rivero y Hilton Javier Molina Arrieta, como intervinientes en la causa rad. n\u00b0 2012-00301. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y m\u00ednimo vital, presuntamente vulneradas por la autoridad judicial convocada.<\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
Aduce el promotor que, a trav\u00e9s de apoderado judicial, \u00abpresent[\u00f3] derecho de petici\u00f3n el d\u00eda 10 de febrero de 2023\u00bb ante el estrado querellado solicitando, entre otros, \u00abcertificado de deuda actualizado por concepto de capital equivalente al no pago de la (\u2026) cuota alimentaria completa fijada por este Despacho judicial, mediante sentencia en audiencia oral N\u00b0 003 del 28 de enero de 2013 (\u2026), [as\u00ed como], copia aut\u00e9ntica de [esa] sentencia (\u2026) con constancia de ejecutoriada y primera copia que preste merito ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, indica que, mediante prove\u00eddo de 31 de marzo de 2023, se inadmiti\u00f3 su solicitud y pese a que subsan\u00f3 \u00ablas irregularidades se\u00f1aladas por la accionada, donde se insisti\u00f3 en la petici\u00f3n (\u2026), mediante providencia de fecha 28 de agosto de 2023, [se] rechaz\u00f3 la demanda\u00bb, estimando as\u00ed transgredidas sus prerrogativas fundamentales \u00abporque no [l]e han facilitado [los documentos requeridos] y l[os] necesita para poder instaurar demanda ejecutiva de alimentos en contra de [su] progenitor\u00bb; por lo dem\u00e1s, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abes v\u00edctima del conflicto interno armado de Colombia [y] no cuent[a] con presupuesto para [su] manutenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pide, en compendio, que se ordene al juzgado accionado \u00abproceda a brindar de manera clara, precisa y completa lo [requerido]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La titular del Juzgado Segundo de Familia de Valledupar mencion\u00f3 el tr\u00e1mite adelantado a su cargo y destac\u00f3 que \u00abel accionante (\u2026) en realidad lo que present\u00f3 a trav\u00e9s de apoderado judicial fue una demanda de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria, la cual fue rechazada (\u2026) y en la actualidad no hay tr\u00e1mite pendiente por resolver, de igual manera el accionante no ha presentado derecho de petici\u00f3n ante es[e] despacho judicial\u00bb, por lo que pidi\u00f3 que \u00abse declare improcedente la acci\u00f3n de tutela invocada, atendiendo que existe falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo implorado, al advertir la ausencia del requisito de subsidiariedad, toda vez que \u00abmediante auto del 28 de agosto de los cursantes, el juzgado encartado resolvi\u00f3 rechazar la demanda, argumentando que el extremo demandante no subsan\u00f3 en debida forma las falencias se\u00f1aladas en el auto anterior [y] contra [esa] decisi\u00f3n, el extremo demandante no present\u00f3 inconformidad a trav\u00e9s de los medios ordinarios de defensa\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, precis\u00f3 que \u00ablo que realmente present\u00f3 el accionante fue una demanda ejecutiva de alimentos y no un derecho de petici\u00f3n, as\u00ed lo confirm\u00f3 su apoderado judicial en el escrito de subsanaci\u00f3n de la demanda, por ende, al estar el tr\u00e1mite sometido a las reglas previstas en el C\u00f3digo General del Proceso, era su deber hacer uso inicialmente de los medios ordinarios de defensa previstos por este ordenamiento si no se encontraba conforme con las decisiones adoptadas por el juzgado accionado o si el mismo hab\u00eda dejado de resolver alguna solicitud que deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento\u00bb y como no lo hizo, \u00abresulta evidente que la residualidad aqu\u00ed exigida fue desacatada y ello conlleva a la improcedencia del resguardo\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte actora insistiendo en los argumentos expuestos en el libelo introductor y dijo que \u00ab[es] v\u00edctima del conflicto interno armado de Colombia, por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, siendo este el mecanismo id\u00f3neo por excelencia para la protecci\u00f3n de [sus] derechos fundamentales alegados, al no existir otro mecanismo de defensa expedito y eficaz\u00bb, m\u00e1s cuando ha procurado que se \u00abdecrete embargos, secuestros, aval\u00faos y remates de los bienes o derechos del demandando, lo que reiteradamente ha sido negado\u00bb y que \u00abh[a] presentado denuncia por el delito de inasistencia alimentaria, [acudiendo] a todos los mecanismos que la ley [l]e exige, sin recibir satisfacci\u00f3n a [sus] derechos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si se agotaron los mecanismos ordinarios por parte del interesado y, de superarse lo anterior, corroborar si el Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por el querellante, en el asunto rad. n\u00b0 2012-00301. <\/p>\n
2. De la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general, este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a las prerrogativas esenciales, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, son la inmediatez y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. De la subsidiariedad. <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Del caso concreto. <\/p>\n
4.1. El accionante acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera soslayados por el despacho judicial endilgado al decidir \u00abRECHAZAR la (\u2026) demanda de Fijaci\u00f3n de Cuota de Alimentos promovida por la se\u00f1ora Yennys del Carmen Arciria Rivero, en calidad de madre del joven Carlos Javier Molina Arcinia (sic), por intermedio de apoderada judicial, contra el se\u00f1or Hilton Javier Molina Arrieta\u00bb, pues, seg\u00fan aduce, omiti\u00f3 pronunciarse acerca de la solicitud que elev\u00f3 para obtener el \u00abcertificado de deuda actualizado por concepto de capital equivalente al no pago de la (\u2026) cuota alimentaria completa fijada por este Despacho judicial, mediante sentencia en audiencia oral N\u00b0 003 del 28 de enero de 2013 (\u2026), [as\u00ed como] copia autentica de [esa] sentencia (\u2026) con constancia de ejecutoriada y primera copia que preste merito ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
En el caso que se revisa, se configura la segunda modalidad anotada, puesto que, aun cuando el actor -quien en aquel asunto act\u00faa a trav\u00e9s de apoderada judicial- tuvo a su alcance medios de defensa judiciales id\u00f3neos para plantear el debate que expone por esta v\u00eda excepcional, injustificadamente los desaprovech\u00f3. <\/p>\n
Lo anterior, habida consideraci\u00f3n que al ser enterado en debida forma de la providencia de fecha 28 de agosto de 2023 que ahora critica, pudo haber hecho uso del recurso de reposici\u00f3n, por virtud de la regla general contenida en el primer inciso del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como, solicitar su adici\u00f3n, figura contemplada en el inciso tercero del canon 287 \u00eddem; no obstante, se abstuvo de hacerlo, con lo que mostr\u00f3 su aquiescencia con lo resuelto. <\/p>\n
Conforme con ello, no puede abrirse paso el resguardo, toda vez que la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n, queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado es el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
4.2. Finalmente, sobre la afirmaci\u00f3n del tutelante de que es sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional \u2013en tanto pertenece a la poblaci\u00f3n desplazada\u2013, esta Colegiatura pone de relieve que no resulta suficiente esa aseveraci\u00f3n para otorgar el amparo deprecado, pues, sobre el particular, se ha dicho que \u00ab(\u2026) las condiciones personales y econ\u00f3micas invocadas por la gestora como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decidido (\u2026) escenario donde cont\u00f3 con plenas garant\u00edas para la defensa de sus derechos e intereses jur\u00eddicos\u00bb (CSJ. 19 may. de 2011, exp. 00412, reiterada en STC9124-2014, 14 jul.). <\/p>\n
5. Consideraciones adicionales. <\/p>\n
5.1. En atenci\u00f3n a que el gestor insiste en que es el derecho de petici\u00f3n la prerrogativa que considera desatendida, cabe agregar que, tal como lo sostuvo esta Corporaci\u00f3n previamente -cuando el aqu\u00ed censor instaur\u00f3 una acci\u00f3n de igual naturaleza a esta, a partir de hechos similares a los que ahora expone1-, se sabe que: <\/p>\n
\u00abEn lo relacionado con el derecho de petici\u00f3n que insisten los actores que no fue contestado, cabe recordar que las peticiones realizadas en el marco de los procesos judiciales no tienen observancia bajo lo reglado en el art\u00edculo 23 de la constituci\u00f3n, se rigen por las normas especiales y generales de la tipolog\u00eda de cada proceso, as\u00ed lo ha manifestado esta corporaci\u00f3n en varias oportunidades: \u00abLas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (STC7405- 2020; STC15807-2021; criterio reiterado en STC10788- 2022). Radicaci\u00f3n n\u00b0 20001-22-14-000-2023-00047-01 De esta manera, se deja claro que las suplicas realizadas dentro del proceso, no pueden ser tratadas como un derecho de petici\u00f3n\u00bb. (STC5127-2023, 31 may.). <\/p>\n
5.2. Con todo, de la revisi\u00f3n de las actuaciones surtidas dentro del asunto rad. n\u00b0 2012-00301, se verifica que el interesado nuevamente acudi\u00f3 el pasado 26 de octubre ante el estrado encartado, a fin de obtener el referido certificado de deuda actualizado, as\u00ed como la reproducci\u00f3n de la sentencia emitida y, frente a ello, a trav\u00e9s de la secretar\u00eda, le fue remitido el enlace de acceso al expediente digital indic\u00e1ndole que \u00abse sirva imprimir las copias que desea le sean autenticadas y las aporte en f\u00edsico a esta dependencia judicial, junto con el pago del arancel por concepto de copias aut\u00e9nticas\u00bb, atendiendo as\u00ed lo requerido. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo desestimatorio impugnado, al no superarse el requisito de la subsidiariedad, en tanto que el actor no hizo uso oportuno y adecuado de los medios de defensa judicial legalmente previstos para rebatir la actuaci\u00f3n criticada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sin que para ese momento se haya emitido la decisi\u00f3n que en esta oportunidad reprocha, constituyendo un hecho novedoso. <\/p>\n
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STC12876-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12876-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 20001-22-14-000-2023-00170-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77571","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77571","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77571"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77571\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77571"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77571"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77571"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}