STC12885-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12885-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-04335-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Milena Pineda Zusunaga contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y los Juzgados Primero Civil del Circuito y Segundo Civil Municipal, ambos de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados a los Juzgados Tercero, Quinto y Sexto Civiles del Circuito de esa misma ciudad, Oscar Eduardo Moreno y los intervinientes en la acci\u00f3n de tutela radicado n\u00ba 2023-00150. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre y en representaci\u00f3n de los menores OSMP y GMP, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagu\u00e9 curs\u00f3 proceso de pertenencia radicado 2017-00437 que promovi\u00f3 Oscar Eduardo Moreno contra Mauricio Yesith Moreno Mart\u00ednez, quien demand\u00f3 en reconvenci\u00f3n pidiendo la reivindicaci\u00f3n del inmueble en cuesti\u00f3n; dicho asunto se resolvi\u00f3 a favor de este \u00faltimo, es decir (sentencia de primera instancia del 24 de julio de 2019), el juzgado orden\u00f3 al demandante inicial entregar el bien que pretend\u00eda usucapir, decisi\u00f3n que fue confirmada en segunda instancia por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad (fallo del 25 de marzo de 2022). <\/p>\n
Manifiesta que, como reside en el inmueble objeto de la controversia con sus dos menores hijos, present\u00f3 oposici\u00f3n a la entrega adelantada por el juzgado de conocimiento. <\/p>\n
Respecto de la referida diligencia, iniciada el 29 de agosto de 2022, alega que acaecieron diversas irregularidades que transgredieron sus derechos fundamentales y los de sus hijos; sobre el particular critica del despacho judicial que, inicialmente rechaz\u00f3 el incidente de oposici\u00f3n que formul\u00f3 y que no tuvo en cuenta los recursos que interpuso frente a esa determinaci\u00f3n; por otro lado que no consider\u00f3 la solicitud de suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite por prejudicialidad, pues, en el mes de septiembre de 2022 hab\u00eda radicado demanda de pertenencia respecto del mismo inmueble (que adelanta el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 (rad. 2022-00217); asimismo, que nunca convoc\u00f3 a la audiencia de oposici\u00f3n a un defensor de menores o a alg\u00fan agente del Ministerio P\u00fablico que fuera garante de los derechos de los ni\u00f1os residentes en la vivienda; y, que fue desconocido un incidente de nulidad que su apoderado propuso. <\/p>\n
Por todas las anomal\u00edas relatadas, interpuso acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagu\u00e9, la cual fue negada en ambas instancias por el Juzgado Primero Civil del Circuito y la Sala Civil del Tribunal Superior de esa ciudad. <\/p>\n
Cuestiona las referidas decisiones constitucionales, pues sostiene que, se gener\u00f3 una confusi\u00f3n con una tutela anterior promovida por Oscar Eduardo Moreno para finalmente acusarla de abusar del derecho \u00abcuando lo \u00fanico que busco es ejercer los derechos propios y de mis menores hijos\u00bb, y agreg\u00f3 que, \u00abquienes conocieron de mi acci\u00f3n de tutela en primera y segunda instancia, no est\u00e1n dispuestos a garantizar mis derechos, mucho menos est\u00e1n a disposici\u00f3n de cumplir y hacer cumplir la constituci\u00f3n y la ley, pues la decisi\u00f3n proferida respecto de la segunda instancia de la acci\u00f3n de tutela, el magistrado que conoce de la acci\u00f3n, considera que la vulneraci\u00f3n a mis derechos no evidente, siendo de reproche todas y cada una de las situaciones planteadas, donde ninguna de ellas reconoce que, efectivamente, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagu\u00e9 s\u00ed est\u00e1 transgrediendo gravemente mis derechos en su af\u00e1n injustificado de entrega el bien inmueble a costa de lo que sea, atropellando los derechos fundamentales de dos menores de edad, desconociendo que ellos por mandato constitucional son sujetos de especial protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En el mismo sentido, sobre las decisiones adoptadas en esa sede tutelar a\u00f1adi\u00f3 que, \u00ab[r]esulta desobligante que se desestime la protecci\u00f3n constitucioinal que he venido invocando, bajo el argumento que no se ha materializado la entrega con lo cual no se me ha vulnerado el derecho; en ese orden de ideas, por analog\u00eda, llev\u00e1ndolo al extremo significa que debo morir para poder exigir la protecci\u00f3n al derecho a la vida; por tanto traduci\u00e9ndolo al derecho procesal, debo ser despojada para que se proteja de manera excepcional y subsidiaria el derecho que me asiste a reclamar en pertenec\u00eda, en juicio justo que he promovido respetando todas las instancias procesales\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, \u00abse ordene al juzgado suspender el tr\u00e1mite de entrega, hasta tanto la suscrita haya agotado las instancia que en derecho me asisten dentro de la acci\u00f3n de pertenencia que actualmente promuevo (\u2026)\u00bb; y que, \u00aben revisi\u00f3n al fallo de tutela que me encuentro impugnando [\u2026] de encontrar m\u00e9ritos en mi solicitud, se tomen las determinaciones correspondientes (\u2026) se declare la nulidad de todo lo actuado en lo referente al incidente de oposici\u00f3n promovido dentro del proceso [2017-00437] por no haber incluido un defensor de los derechos de mis menores hijos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Segundo Civil Municipal de Ibagu\u00e9 hizo un recuento del juicio de pertenencia radicado 2017-00437, por el cual se ha intentado cumplir con la diligencia de entrega del inmueble en disputa. Indic\u00f3 adem\u00e1s que, en relaci\u00f3n con dicha causa, la hoy accionante ha promovido siete (7) acciones de tutela anteriores, todas desestimadas en las respectivas instancias, siendo la \u00faltima de ellas la 2023-00150 conocida en primer grado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 (fallo denegatorio del 24 de agosto de 2023) y en impugnaci\u00f3n por la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, que confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo el 5 de octubre de 2023, en el sentido de considerar que la actora actu\u00f3 con temeridad y la inst\u00f3 \u00aba que se abstenga de hacer nuevas solicitudes de tutela entre las mismas partes, los mismos hechos y pretensiones, respecto del inmueble aqu\u00ed relacionado, so pena de iniciar incidente por temeridad y sancionarla pecuniariamente\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador Judicial de Familia de Ibagu\u00e9 solicit\u00f3 se deniegue el amparo pues, \u00abla controversia que se ventila [fue] llevada al juez de tutela, la cual fue dirimida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior y el juez de primer grado, en pronunciamientos donde se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela instaurada por la se\u00f1ora Pineda Zusunaga; por ende, es improcedente debatir nuevamente el asunto ante el funcionario constitucional\u00bb. <\/p>\n
4. El Juez Primero Civil del Circuito de esa ciudad, cont\u00f3 que conoci\u00f3 en primera instancia la tutela rad. 2023-00150, la cual deneg\u00f3 al encontrar que la accionante ya hab\u00eda impulsado m\u00faltiples tutelas por iguales hechos y partes, y, el 6 de octubre de 2023, ante una petici\u00f3n de la actora de iniciar incidente de desacato por una medida provisional decretada, el despacho se abstuvo de tramitarla \u00abdebido a que, negadas las pretensiones principales, todo lo accesorio a ellas no pod\u00eda subsistir de manera independiente\u00bb. <\/p>\n
5. Quien act\u00faa en calidad de curadora ad-litem de las personas inciertas e indeterminadas en el proceso de pertenencia promovido por Oscar Eduardo Moreno, solicit\u00f3 se deniegue la acci\u00f3n en tanto que, del asunto criticado no se advierte vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales porque, \u00abse les ha dado el tr\u00e1mite respetivo a los recursos por ella interpuestos, con lo cual el da\u00f1o argumentado no ha producido los efectos irremediables aludidos, desvirtuando el fin de la presente tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas dentro del tr\u00e1mite constitucional n\u00ba 2023-00150 que promovi\u00f3 Diana Milena Pineda Zusunaga contra el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagu\u00e9 (por las presuntas irregularidades presentadas en la diligencia de entrega de inmueble, derivada del proceso de pertenencia 2017-00437), incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por desestimar la salvaguarda all\u00ed procurada. <\/p>\n
2. La procedencia de este mecanismo contra sentencias de tutela. <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016). <\/p>\n
Solo en casos excepcionales se ha aceptado la utilizaci\u00f3n de esta herramienta cuando en el procedimiento seguido por el juez del auxilio se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. En ese sentido se ha dicho que ser\u00eda viable: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso\u00bb (CSJ STC, 16 nov. 2011, rad. 01315-01, el mismo criterio se expres\u00f3, entre otros fallos, en STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00; STC, 16 feb. 2009, rad. 00193-00; y STC, 21 en. 2010, rad. 2009-02355-00). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la reiterada postura de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado un aspecto unificado, constante y vigente que debe ser atendido, al justificar en estos casos la impertinencia de la acci\u00f3n, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Con sujeci\u00f3n a las anteriores premisas, observa la Sala que no se abre paso el amparo incoado, comoquiera que, la quejosa pretende controvertir mediante esta nueva acci\u00f3n de tutela, los fallos proferidos en sede constitucional (radicado n\u00ba 2023-00150) por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 el 24 de agosto de 2023 en primer grado; y, el de la Sala Civil del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial del 5 de octubre de 2023, \u00e9ste \u00faltimo que confirm\u00f3 el del a quo en el sentido de declarar la inviabilidad de la protecci\u00f3n por abuso del derecho o temeridad de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Con lo anterior, como preliminarmente se indic\u00f3, se desatiende una de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad seg\u00fan la cual, \u00abla providencia contra la que se encamina el resguardo no debe tratarse de una sentencia dictada dentro de una salvaguarda constitucional, porque de permitirse, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de procedimientos de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del asunto\u00bb (entre otras, CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, STC11794-2014 y STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, como se mencion\u00f3, se ha admitido la pertinencia de esta senda en los casos donde se advierta necesario garantizar el derecho de quienes no habiendo sido citados al tr\u00e1mite o correctamente notificados, resultan afectados por la decisi\u00f3n all\u00ed dictada, pero no es lo que en esta ocasi\u00f3n se alega. <\/p>\n
3.2. Ahora, la Corte Constitucional en la sentencia T-951 de 2013, reiterada en la SU-627 de 2015, indic\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela proceder\u00eda eventualmente contra otro veredicto del mismo g\u00e9nero en caso de concurrir los siguientes supuestos, establecidos como presupuestos de estricta demostraci\u00f3n: \u00aba) La acci\u00f3n de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se est\u00e1 en presencia del fen\u00f3meno de cosa juzgada; b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en una anterior acci\u00f3n de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit); c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situaci\u00f3n, esto es, que tiene un car\u00e1cter residual\u00bb Subrayas fuera de texto. <\/p>\n
Empero, los requisitos aludidos se descartan en el sub lite ya que ni siquiera se invocaron por parte de la accionante, pues su queja esencialmente se circunscribi\u00f3, por un lado, a replicar los reclamos expuestos en aquella acci\u00f3n tutelar, y de otro, a censurar el criterio adoptado por los falladores a partir del cual determinaron la improcedencia de dicha s\u00faplica; es decir, se trata de cuestionamientos producto de la inconformidad con las providencias constitucionales demandadas, pero sin se\u00f1alar motivos concretos que permitan advertir la presencia de un posible fraude que, seg\u00fan la jurisprudencia en cita, habilitar\u00eda excepcionalmente el auxilio en estos eventos. <\/p>\n
4. De la subsidiariedad. <\/p>\n
En todo caso, y como se precis\u00f3 inicialmente, cuando se atacan decisiones de esta especie igualmente debe cumplirse con este requisito de procedibilidad, el cual es inherente a esta acci\u00f3n, como lo indic\u00f3 esta Corte, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ STC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, reiterada, en STC8289, 22 jun. 2016). <\/p>\n
Ahora, la interesada cuenta con la posibilidad de solicitar a la Corte Constitucional que seleccione el asunto para revisi\u00f3n, ya que, consultada la p\u00e1gina web de esa Corporaci\u00f3n, a\u00fan no se evidencia registro de la radicaci\u00f3n del expediente. <\/p>\n
Finalmente, y sobre la idoneidad de esa v\u00eda, ha precisado esta Corte: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras). <\/p>\n
Con fundamento en lo discurrido, se declarar\u00e1 la improcedencia de la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se establece la inviabilidad del presente ruego por estar dirigido contra sentencias dictadas dentro de una acci\u00f3n de la misma estirpe; as\u00ed mismo porque, incumple el requisito de la subsidiariedad en la medida en que, la reclamante cuenta todav\u00eda con otro medio de defensa, como lo es el de la revisi\u00f3n por la Corte Constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12885-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC12885-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-04335-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Milena Pineda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77572","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77572","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77572"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77572\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77572"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77572"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77572"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}