STC12889-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC12889-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04344-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Max Orlando Galeano Gasca contra la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado Quince Penal del Circuito con funciones de conocimiento de la misma ciudad y las partes e intervinientes reconocidas en la causa 2014-10560. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que considera lesionado por la autoridad querellada. <\/p>\n
2. De los medios de convicci\u00f3n recopilados se puede extractar que contra Max Orlando Galeano Gasca se adelant\u00f3 el proceso penal distinguido en p\u00e1rrafos precedentes en el que, mediante sentencia de 12 de mayo de 2021, el Juzgado Quince Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogot\u00e1 lo conden\u00f3 como autor responsable del delito de falsa denuncia contra persona determinada, imponi\u00e9ndole como pena principal 70 meses de internamiento penitenciario1. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n fue apelada por la defensa del actor, siendo confirmada el 8 de noviembre de 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Contra el fallo de segundo grado, Galeano Gasca interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, cuya demanda fue inadmitida con auto AP2707-2023 del pasado 6 de septiembre alcanzando as\u00ed firmeza la sanci\u00f3n pues, si bien se promovi\u00f3 el mecanismo de insistencia, el mismo fue negado por la Procuradur\u00eda Segunda Delegada para la Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
3. El promotor acudi\u00f3 a este instrumento para cuestionar la hermen\u00e9utica de los falladores de primer y segundo grado, al tiempo que aduce que la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n penal incurri\u00f3 en un \u00abdefecto procedimental\u00bb por cuanto permiti\u00f3 a las v\u00edctimas intervenir antes de que se resolviera sobre la admisi\u00f3n de la demanda extraordinaria, situaci\u00f3n que, en su criterio, \u00abinfluy[\u00f3] en la decisi\u00f3n del magistrado\u00bb. <\/p>\n
4. Solicit\u00f3 que \u00abse ordene a la Honorable Corte constitucional Sala Penal [SIC], superar los defectos de t\u00e9cnica en la demanda de casaci\u00f3n y que la estudie de fondo la demanda de casaci\u00f3n profiriendo fallo [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado ponente de la decisi\u00f3n fustigada pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda habida consideraci\u00f3n que \u00aben el escenario constitucional\u2026 Galeano Gasca simplemente reitera su particular e interesado criterio de haber sido afectado en el tr\u00e1mite por el que result\u00f3 condenado, sin aportar mayores elementos de juicio a los ya expuestos ante [esa] sede y sin demostrar que\u2026 con la providencia que inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n, [se] haya trasgredido sus garant\u00edas fundamentales\u00bb, de all\u00ed que \u00abno exist[a] vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
2. Un abogado que dijo ser \u00abapoderado de confianza de las sociedades Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., Liberty Seguros S.A., Compa\u00f1\u00eda Mundial de Seguros S.A. y Seguros Generales Suramericana S.A.\u00bb2 se opuso a la prosperidad del resguardo puesto que \u00abel tema carece de relevancia constitucional considerando que la controversia que plantea el se\u00f1or Max Orlando Galeano Gasca se limita a una discusi\u00f3n meramente legal, no se justifica razonablemente ninguna afectaci\u00f3n desproporcionada a sus derechos fundamentales y, adicionalmente, no existe una vulneraci\u00f3n arbitraria o violatoria de derechos fundamentales [SIC]\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, agreg\u00f3, la providencia por medio de la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda extraordinaria se encuentra debidamente motivada y lo que pretende el actor es utilizar la tutela \u00abcomo una instancia adicional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si la Sala de Casaci\u00f3n Penal vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de Max Orlando Galeano Gasca, al inadmitir la demanda extraordinaria que formul\u00f3 contra la sentencia a trav\u00e9s de la cual el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la condena que le impuso el Juzgado Quince Penal del Circuito de la misma ciudad como autor del delito de falsa denuncia contra persona determinada. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Auscultadas las razones que sirvieron de sustento a la presente queja, observa la Corte que ninguna irregularidad se advierte en el auto del pasado 6 de septiembre por medio del cual la Hom\u00f3loga Penal inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n presentada por Galeano Gasca, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que tal providencia, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y jur\u00eddico, as\u00ed como de las piezas procesales obrantes en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, la Sala accionada, luego de efectuar un breve recuento de los hechos, las actuaciones adelantadas y de las decisiones adoptadas en las respectivas instancias, identific\u00f3 los cargos en que se sustent\u00f3 la impugnaci\u00f3n extraordinaria, como pasa a exponerse: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por la senda de la causal de casaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 181 numeral 3\u00ba, de la Ley 906 de 2004, el demandante sostiene que la condena es producto de una violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, por error de hecho, en la modalidad de falso juicio de identidad. <\/p>\n
En su opini\u00f3n, el error recay\u00f3 sobre la denuncia, los testimonios de Bernardo Vallejo Cruz y Javier Enrique Silva, as\u00ed como en la orden de archivo emitida por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Sobre el yerro del Tribunal, afirma que \u201chizo las alusiones a lo que los testigos de cargo Silva y Vallejo adujeron respecto de lo que la ley establece en cuanto a c\u00f3mo debe funcionar el SOAT, pero no hay una sola aseveraci\u00f3n que lo lleve a concluir que lo denunciado por GALEANO GASCA sea contrario a la verdad, el Tribunal exalta lo dicho por los declarantes y estos a su vez \u201crecitan\u201d la ley, pero ello de manera alguna convierte en falsos o contrarios a la verdad, los hechos denunciados\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Sostiene que el Tribunal aludi\u00f3 al texto de la denuncia, \u201cpero le dio otro sentido\u201d, ya que el procesado afirm\u00f3 con claridad que \u201cel SOAT es un enga\u00f1o porque los gastos de las v\u00edctimas en accidentes de tr\u00e1nsito est\u00e1 cubierto con recursos apropiados en cada vigencia presupuestal\u201d. <\/p>\n
Agrega: \u201co bien el SOAT no es necesario y su recaudo deviene en ileg\u00edtimo o que el dinero del presupuesto nacional destinado a cubrir esos gastos de v\u00edctimas en accidentes de tr\u00e1nsito se lo est\u00e1n robando\u201d. <\/p>\n
Por tanto, agrega, no se puede afirmar que la denuncia formulada por el procesado sea falsa, \u201cporque en uno u otro sentido hay accionar criminal\u201d (\u2026)\u00bb <\/p>\n
As\u00ed, al descender al an\u00e1lisis del caso concreto, se pronunci\u00f3 de la siguiente manera en torno a los reparos formulados advirtiendo, que el libelo \u00abno cumpl[\u00eda] los requerimientos m\u00ednimos de orden formal y sustancial para ser admitid[o]\u00bb: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En su postura, el casacionista deja por fuera aspectos relevantes de lo expuesto por los juzgadores sobre la denuncia formulada por el procesado. <\/p>\n
(\u2026) pasa por alto las referencias que el fallo recurrido hizo de las afirmaciones que realmente inclu\u00eda la denuncia (\u2026) <\/p>\n
(\u2026) trasgrede el principio de correcci\u00f3n material, porque la denuncia no solo contiene una cr\u00edtica a la reglamentaci\u00f3n del SOAT y una explicaci\u00f3n de por qu\u00e9 esas p\u00f3lizas no deber\u00edan ser obligatorias, sino, como acaba de verse, una imputaci\u00f3n de conductas penalmente relevantes, supuestamente realizadas por personas determinadas (los presidentes de las compa\u00f1\u00edas de seguros). <\/p>\n
Por esa v\u00eda, el censor tergiversa el objeto de debate, pues no se trata de establecer si los hechos relacionados por GALEANO GASCA dan cuenta de cualquier delito, sino de verificar si denunci\u00f3 \u201ca una persona como autor o part\u00edcipe de una conducta t\u00edpica que no ha cometido o en cuya comisi\u00f3n no ha tomado parte\u201d, como lo indica el art\u00edculo 436 del C\u00f3digo Penal. <\/p>\n
El impugnante centra su atenci\u00f3n en los supuestos vicios de la reglamentaci\u00f3n del SOAT y en la posibilidad de manejos indebidos de los dineros recaudados por ese concepto, pero no se ocupa de las graves conductas enga\u00f1osas que el procesado les atribuy\u00f3 a los representantes legales de las compa\u00f1\u00edas aseguradoras relacionadas en su queja. <\/p>\n
De esta l\u00ednea, pierde de vista que la condena se emiti\u00f3 por el delito de falsa denuncia contra persona determinada (436), lo que implica el se\u00f1alamiento directo de una o varias personas en particular (en este caso, los representantes de las empresas aseguradoras), mas no por la denuncia general de una \u201cconducta t\u00edpica que no se ha cometido\u201d, lo que podr\u00eda encajar en el delito de falsa denuncia (435). <\/p>\n
Por tanto, resultan impertinentes sus alegaciones sobre la posibilidad de que algo de lo expuesto por el procesado sobre la reglamentaci\u00f3n y el manejo del SOAT eventualmente pueda tener relevancia penal, toda vez que, valga la repetici\u00f3n, fue llamado a responder penalmente por las graves maniobras enga\u00f1osas que les atribuy\u00f3 a los representantes de las empresas aseguradoras. <\/p>\n
(\u2026) El recurrente tambi\u00e9n tergiversa el contenido de las pruebas al asegurar que la Fiscal\u00eda, en la orden de archivo emitida frente a la denuncia formulada por el procesado, se refiri\u00f3 a la ocurrencia de delitos, con la salvedad de que solo pod\u00edan ser objeto de investigaci\u00f3n de mediar la respectiva querella (\u2026). <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la sustentaci\u00f3n del cargo \u00abpor violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, por error de hecho, en la modalidad de falso juicio de identidad\u00bb ten\u00eda impropiedades tales como: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) (i) confronta el fallo recurrido con sus propias apreciaciones sobre las pruebas y no con el contenido de las mismas, (ii) no precisa por qu\u00e9 la supuesta tergiversaci\u00f3n de los referidos testimonios incidi\u00f3 en el an\u00e1lisis sobre los delitos de estafa que su representado les imput\u00f3 a los representantes legales de las aseguradoras, y (iii) frente a la prueba documental, hace un an\u00e1lisis fragmentario, adem\u00e1s de una presentaci\u00f3n acomodadiza de su contenido (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De all\u00ed que, el libelo casacional debiera ser inadmitido porque el recurrente extraordinario \u00ab(i) se refiere a la supuesta tergiversaci\u00f3n de las pruebas, pero no explica c\u00f3mo esto incidi\u00f3 en el an\u00e1lisis sobre la expresa atribuci\u00f3n del delito de estafa a personas determinadas, (ii) alude a la posibilidad de que hayan ocurrido conductas punibles en el manejo de los dineros correspondientes al SOAT, pero omite explicar c\u00f3mo ello desvirt\u00faa el falso se\u00f1alamiento realizado por el procesado sobre las conductas enga\u00f1osas orientadas a obtener un beneficio econ\u00f3mico en detrimento del patrimonio de los tomadores de las p\u00f3lizas de seguro, (iii) tergiversa el objeto de debate y, adem\u00e1s, hace una presentaci\u00f3n acomodaticia de las pruebas, y (iv) su discurso, a lo sumo, cumple los est\u00e1ndares de un alegato de instancia, no de sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De tiempo atr\u00e1s la Sala ha sostenido que la acci\u00f3n supralegal no es el instrumento adecuado para atacar el ejercicio valorativo y sind\u00e9resis de los jueces ordinarios, comoquiera que tal actividad encuentra soporte en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en el art\u00edculo 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior, que esta herramienta no es una instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario y a ella no es dable acudir para censurar la forma en que el juzgador aplic\u00f3 las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto o estim\u00f3 las pruebas llevadas a su conocimiento, menos aun cuando los supuestos defectos no pasan de ser \u2013como en este caso\u2013 meras discrepancias pues, ante tales divergencias, debe prevalecer la realizada por la autoridad jurisdiccional, por estar cobijada por la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad. <\/p>\n
Se aprecia, entonces, que la intenci\u00f3n de Galeano Gasca es que se valoren los elementos de juicio obrantes en la actuaci\u00f3n y se interprete el ordenamiento jur\u00eddico, seg\u00fan su personal convicci\u00f3n, pero ello implicar\u00eda una nueva revisi\u00f3n de instancia que har\u00eda al juez de amparo alejarse de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, situaci\u00f3n que no puede ser prohijada por esta Corporaci\u00f3n, porque: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01) <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 el amparo porque el demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar hacer prevalecer su particular intelecci\u00f3n de las pruebas adosadas al proceso y de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En la misma providencia decret\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por los delitos de injuria y calumnia por los que hab\u00eda sido imputado y acusado. <\/p>\n
2\u0002 No alleg\u00f3 poder especial para actuar en este tr\u00e1mite constitucional que le fuera conferido por las personas jur\u00eddicas que asegur\u00f3 representar. <\/p>\n
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