STC12890-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 27001-22-08-000-2023-00090-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por el Tribunal Superior de Quibd\u00f3 el pasado 6 de septiembre, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00d3scar de Jes\u00fas Orozco Mar\u00edn contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes reconocidas en la liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial 2004-00110. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y a \u00abla tutela judicial efectiva\u00bb, que considera vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Sostuvo, en s\u00edntesis, que al interior del proceso indicado en precedencia, se incluyeron en los inventarios dos inmuebles sobre los cuales \u00abdurante el transcurso de los a\u00f1os 2001 y 2003 celebr[\u00f3] sendos contratos de promesa de compraventa con el se\u00f1or V\u00edctor Daniel Vel\u00e1squez Restrepo\u00bb, demandado en aquella actuaci\u00f3n, sobre los cuales viene ejerciendo actos de se\u00f1or y due\u00f1o como, por ejemplo, entregarlos en arrendamiento a trav\u00e9s de la inmobiliaria El Dandy S.A.S., persona jur\u00eddica que se encarga de su administraci\u00f3n. <\/p>\n
Dijo que la anterior situaci\u00f3n la puso en conocimiento del despacho cognoscente, \u00absolicitando en aquel momento fuera reconocido\u2026 como poseedor de los bienes\u2026 informando a su vez que\u2026 se encontraban arrendados\u00bb; sin embargo, mediante \u00aboficio 00383\u00bb del pasado 18 de mayo, el juzgado orden\u00f3 a la administradora que efectuara la entrega de las edificaciones a Olga Amparo Mej\u00eda Boh\u00f3rquez, demandante y a V\u00edctor Daniel Vel\u00e1squez Restrepo, demandado. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, ante dicha circunstancia, el 24 del mismo mes solicit\u00f3 al estrado \u00abrepon[er] la decisi\u00f3n adoptada, siendo que en la actualidad carece de competencia para ordenar la entrega material del bien, dejando en consecuencia dicha facultad al juez civil quien en definitiva ser\u00e1 quien luego de presenciar el debate probatorio ordene la entrega real de los bienes objeto de litigio [sic]\u00bb, pero que, en vez de obtener una \u00abrespuesta de fondo\u00bb, mediante auto de 13 de junio siguiente se le inform\u00f3 que \u00abel derecho de petici\u00f3n no era el mecanismo id\u00f3neo para solicitar informaci\u00f3n respecto del tr\u00e1mite, m\u00e1xime si dentro del mismo no [es] parte\u00bb. <\/p>\n
3. Orozco Mar\u00edn acude a este instrumento alegando la condici\u00f3n de \u00abtercero poseedor afectado con la decisi\u00f3n adoptada\u00bb pues \u00abdesde el a\u00f1o 2003 ostent[a] la posesi\u00f3n de los referidos inmuebles\u2026 desde ese momento h[a] cumplido con las obligaciones legales de mantenimiento y sostenimiento de los bienes, hasta el punto de cumplir con los grav\u00e1menes, impuestos y dem\u00e1s cargas de conservaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A su juicio, aunque el despacho judicial \u00abpudo\u2026 impartir aprobaci\u00f3n al trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n, donde se pone en cabeza de los compa\u00f1eros la titularidad de dominio de los bienes que conforman parte del patrimonio social\u00bb, escapaba de su competencia \u00abordenar la entrega de bienes que se encuentren en cabeza de un poseedor (tercero) reconocido y que ha ostentado dicha calidad por m\u00e1s de 20 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
4. En consecuencia, solicit\u00f3 \u00abse dejen sin efecto el oficio 0383 del 18 de mayo del a\u00f1o 2023 y oficio 455 del 13 de junio del a\u00f1o 2023\u2026 donde se orden\u00f3 realizar la entrega de los bienes [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La titular del estrado accionado asegur\u00f3 que el actor acudi\u00f3 al tr\u00e1mite liquidatorio promoviendo un incidente de exclusi\u00f3n de bienes que fue resuelto desfavorablemente a sus intereses mediante auto de 5 de junio de 2009 contra el cual, si bien interpuso apelaci\u00f3n, la misma fue declarada desierta por el Tribunal Superior de Quibd\u00f3 el 31 de enero de 2011. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que la contienda culmin\u00f3 con fallo de 12 de marzo de 2021, aclarado el 10 de junio de 2022, frente al que no se formul\u00f3 recurso alguno, por lo que se encuentra ejecutoriado y que, dentro de aquella, al gestor no se le reconoci\u00f3 calidad procesal alguna pues, aun cuando aduce ser poseedor de los bienes objeto del litigio, los negocios jur\u00eddicos celebrados sobre los mismos \u00abno fueron perfeccionad[os]\u2026 por lo que al momento de iniciarse el proceso los bienes estaban a\u00fan en cabeza del demandado\u2026 Vel\u00e1squez Restrepo\u00bb, de all\u00ed que, al admitirse la demanda se hubiera decretado el embargo. <\/p>\n
Se opuso a la prosperidad del resguardo, habida consideraci\u00f3n que \u00abha actuado bajo el marco legal\u00bb y el gestor \u00abhasta antes de proferirse el tr\u00e1mite de primera instancia\u2026 no acredit\u00f3 que tenga mejor derecho que el demandante y la demandada\u00bb dado que no demostr\u00f3 haber \u00abinici[ado] procesos verbales a fin de que se le reconociera ser poseedor de mejor derecho\u00bb. <\/p>\n
2. Una persona que dijo ser \u00abcoordinadora administrativa de El Dandy Inmobiliaria S.A.S.\u00bb1 inform\u00f3 sobre los pormenores del contrato de administraci\u00f3n celebrado con el ac\u00e1 gestor respecto de los apartamentos en disputa, al tiempo que dijo encontrarse en \u00abimposibilidad material y f\u00edsica de entregar los inmueble[s]\u2026 por existir contratos de mandato sobre ellos vigentes y suscritos por terceras personas\u00bb, situaci\u00f3n que ha informado al estrado accionado. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Quibd\u00f3 desestim\u00f3 la salvaguarda al considerar que la funcionaria de conocimiento no procedi\u00f3 de forma caprichosa u omisiva \u00abm\u00e1xime que la presente acci\u00f3n no se trata de una instancia adicional o paralela al proceso ordinario, ni mucho menos ha de ser utilizada para revivir t\u00e9rminos judiciales que vencieron en legal forma sin que se hayan accionado mecanismos ordinarios de defensa (recursos), situaci\u00f3n que desborda el requisito de la subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El quejoso discrep\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n insistiendo en sus planteamientos iniciales y advirti\u00f3 que \u00aben sede constitucional no se emitido [sic] pronunciamiento expreso sobre las interrogantes planteadas\u2026 en particular respecto del derecho que ostent[a] por detentar los inmuebles desde el a\u00f1o 2003, si bien nunca se dio el perfeccionamiento de la escritura publica [sic] como se anuncio [sic] desde el escrito inicial, fue precisamente en raz\u00f3n del incumplimiento de la promesa de contrato suscrita con quien ostentaba la titularidad del dominio de ambas matriculas [sic]\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, asegur\u00f3 que la anterior circunstancia \u00abno da lugar\u2026 de que\u2026 tenga que acudir a la instancia civil a hacer valer dicha promesa de compraventa, todo lo contrario, al acreditarse dentro del tr\u00e1mite constitucional\u2026 que por mas [sic] de 20 a\u00f1os h[a] realizado actos de disposici\u00f3n sobre los inmuebles\u2026 el juez del proceso liquidatorio no puede en lo material ordenar la entrega, por la sencilla raz\u00f3n de que con ellos se violan derechos contrapuestos y que est\u00e1n sujetos a controversia [sic]\u00bb, de all\u00ed que el juzgado accionado \u00abse extralimita en sus funciones\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si el Juzgado Primero de Familia de Quibd\u00f3 vulner\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de \u00d3scar de Jes\u00fas Orozco Mar\u00edn dentro del proceso liquidatorio 2004-00110, al disponer la entrega a las partes all\u00ed reconocidas de dos bienes ubicados en el municipio de Itag\u00fc\u00ed, aparentemente, desconociendo que el actor, seg\u00fan dice, ejerce la posesi\u00f3n desde hace \u00abm\u00e1s de 20 a\u00f1os\u00bb por virtud de una negociaci\u00f3n celebrada con V\u00edctor Daniel Vel\u00e1squez Restrepo, demandado y propietario inscrito. <\/p>\n
2. La tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde con los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que \u00e9sta acci\u00f3n no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
4. Del caso concreto <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye que la presente salvaguarda desatiende el postulado que viene coment\u00e1ndose, por lo que pasa a verse. <\/p>\n
Como se dijo, la queja constitucional de Orozco Mar\u00edn se circunscribe, esencialmente, a que el Juzgado Primero de Familia de Quibd\u00f3 hubiere desestimado su solicitud de excluir del inventario de la sociedad patrimonial conformada entre Olga Amparo Mej\u00eda Boh\u00f3rquez y V\u00edctor Daniel Vel\u00e1squez Restrepo, dos bienes inmuebles ubicados en el Municipio de Itag\u00fc\u00ed de los que dice ser poseedor por virtud de una negociaci\u00f3n celebrada con el \u00faltimo mencionado, ordenando, luego de alcanzar firmeza el fallo aprobatorio de la partici\u00f3n, la entrega de los mismos a las partes. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como lo cuestionado son las presuntas irregularidades acaecidas en el tr\u00e1mite liquidatorio, debe entenderse que las mismas se consumaron con la emisi\u00f3n de la sentencia, de all\u00ed que sea a partir de aquel momento desde donde deba comenzar a contabilizarse el plazo prudencial referido precedentemente, en tanto que los oficios y requerimientos cuestionados por el gestor son producto de la ejecutoria del fallo pues, a trav\u00e9s de ellos lo que se busca es la materializaci\u00f3n de las \u00f3rdenes all\u00ed proferidas. <\/p>\n
En tal sentido, es claro que el accionante tard\u00f3 en acudir a este remedio constitucional, habida consideraci\u00f3n que la aludida providencia data de 12 de marzo de 2021 (aclarada el 10 de junio de 2022), mientras que el resguardo fue incoado el pasado 24 de agosto (seg\u00fan el acta de reparto anexa en formato digital) es decir, transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde la emisi\u00f3n del \u00faltimo prove\u00eddo mencionado. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presunto afectado con las actuaciones y decisiones que considera vulneradoras de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a lo atacado, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una determinaci\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; sin embargo, en este caso, el actor nada dijo para tratar de justificar la tardanza en promover el resguardo, al tiempo que no se evidencian situaciones ajenas a su voluntad que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente a la acci\u00f3n de tutela, haci\u00e9ndolo, se itera, superado ampliamente el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda torna improcedente el resguardo, siendo esta raz\u00f3n suficiente para ratificar el fallo impugnado. <\/p>\n
5. Cuestiones finales <\/p>\n
5.1. Frente a la manifestaci\u00f3n de Orozco Mar\u00edn en el escrito de impugnaci\u00f3n referente a que \u00aben sede constitucional no se emitido [sic] pronunciamiento expreso\u2026 respecto del derecho que ostent[a] por detentar los inmuebles desde el a\u00f1o 2003, si bien nunca se dio el perfeccionamiento de la escritura p\u00fablica\u2026 fue precisamente en raz\u00f3n del incumplimiento de la promesa de contrato suscrita con quien ostentaba la titularidad de dominio de ambas matriculas [sic]\u00bb, basta con indicar que la misma desatiende el presupuesto de la subsidiariedad, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues para dilucidar ese tipo de situaciones el actor cuenta con herramientas id\u00f3neas a las que debe acudir y no buscar, a trav\u00e9s de este instrumento excepcional, obtener un pronunciamiento expedito por fuera de los cauces propios del respectivo proceso, pues ello desnaturaliza la verdadera esencia de la acci\u00f3n de tutela que no fue erigida para zanjar situaciones que son del resorte de otras autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
5.2. Asimismo, respecto a la postulaci\u00f3n de quien refiri\u00f3 ser \u00abcoordinadora administrativa de El Dandy Inmobiliaria S.A.S.\u00bb2, debe advertir la Corte que, de un lado, dicha ciudadana no acredit\u00f3 la condici\u00f3n aducida y, de otro, la persona jur\u00eddica no se encuentra en una condici\u00f3n an\u00e1loga a la del promotor del resguardo, pues su vinculaci\u00f3n a este asunto se produjo como tercero con inter\u00e9s, corri\u00e9ndosele traslado de la demanda para intervenir en tal calidad. <\/p>\n
Por lo tanto, no es posible mutar la condici\u00f3n procesal en que fue llamada para participar de esta salvaguarda y convertirse en demandante, formulando pretensiones propias de la parte actora ya que, si bien esta acci\u00f3n se caracteriza por su informalidad, no es ajena a las reglas del debido proceso, de all\u00ed que no pueda emitirse pronunciamiento alguno en torno a la solicitado en el memorial de contestaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Como consecuencia de lo discurrido se ratificar\u00e1 el fallo confutado, pero por desatender el presupuesto de la inmediatez, en la medida que desde la fecha de emisi\u00f3n de la sentencia (e incluso desde su aclaraci\u00f3n) hasta la interposici\u00f3n del presente resguardo, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre considerado razonable por el precedente de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las razones brevemente indicadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y a la sala a quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 No aport\u00f3 documento alguno que acreditara la condici\u00f3n aducida. <\/p>\n
2\u0002 Quien pretendi\u00f3 que se declarara sin efecto alguno la cesi\u00f3n del contrato de arrendamiento que recae sobre uno de los bienes respecto de los que se dispuso su adjudicaci\u00f3n. <\/p>\n
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