STC12892-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12892-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Laboratorios Gothaplast Ltda., contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Doce Civil del Circuito de esa localidad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013 DIAN, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en la causa rad. n\u00b0 2022-00131. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, la entidad solicitante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, tutela judicial efectiva, dignidad humana, vida digna e igualdad, presuntamente conculcadas por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
La sociedad accionante aduce que, ante el juzgado querellado, promovi\u00f3 juicio ejecutivo en contra de Carmen Castellanos Su\u00e1rez (rad. n\u00b0 2022-00131), a fin de obtener el pago de unas facturas de venta electr\u00f3nicas; sin embargo, tras inadmitir la demanda, el estrado a cargo resolvi\u00f3 negar el mandamiento de pago \u00abbajo el errado argumento que: \u201c(\u2026) salta a la vista que las mismas carecen de fecha de recibido (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, dice que interpuso recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, pero ambos fueron desestimados porque, seg\u00fan afirma, los falladores encartados pasaron por alto \u00ablos postulados dentados por [esta Corte] en su reiterada y pacifica jurisprudencia, dentro de otros, en las sentencias STC8968-2022 y STC11618-2023\u00bb, e incurrieron en \u00abdefectos de car\u00e1cter f\u00e1ctico, material o sustantivo, desconocimiento del precedente y violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb, toda vez que \u00abdesconocieron que dentro de la causa probatoria que acompa\u00f1\u00f3 el tr\u00e1mite ejecutivo, se adosaron las facturas como t\u00edtulo base de ejecuci\u00f3n, \u00fanico requerido (sic) para la verificaci\u00f3n de las condiciones de exigibilidad que permita la procedencia y tr\u00e1mite de la acci\u00f3n cambiaria\u00bb, pues \u00abden\u00f3tese que el rechazo se da por causa de un registro que no hace parte de la exigibilidad del t\u00edtulo valor, [pero] al efectuar un estudio de los elementos de juicio se determina que el t\u00edtulo aportado (\u2026) re\u00fane los requisitos de su exigibilidad para ser ejecutado mediante la acci\u00f3n ejecutiva pura. Exigibilidad que se predica respecto de que el mismo detalla las circunstancias de tiempo modo y lugar para el perfeccionamiento y cumplimiento de la obligaci\u00f3n, la obligaci\u00f3n incondicional de pago que del mismo se deriva y su aceptaci\u00f3n por parte de la enjuiciada, constatada por el proveedor tecnol\u00f3gico autorizado y que lo certifica\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, la gestora sostiene que, de acuerdo al reciente pronunciamiento de unificaci\u00f3n emitido por esta Corporaci\u00f3n sobre el tema, se verifica que \u00ab[tales criterios fueron] probados en el presente asunto pues con los b\u00e1culos objeto de cobro se aport\u00f3 su descripci\u00f3n gr\u00e1fica y el formato generado en su estado primigenio XML donde se evidencia la trazabilidad del env\u00edo del t\u00edtulo valor y su entrega al destinatario, as\u00ed mismo la entrega de la mercanc\u00eda objeto del t\u00edtulo de cobro efectuado por empresa de mensajer\u00eda Lant Fast, que demuestra su recepci\u00f3n y por ende su aceptaci\u00f3n, al no existir rechazo dentro de los 3 d\u00edas a su recepci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pide que \u00abse ordene dejar sin efecto el auto proferido el 18 de noviembre de 2022, por el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bucaramanga\u00bb y, subsidiariamente, \u00abdejar sin valor ni efecto el auto de segunda instancia\u00bb para, en su lugar, \u00abproferir una nueva decisi\u00f3n (\u2026), teniendo en cuenta los argumentos esbozados\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La magistratura reprochada afirm\u00f3 que su actuaci\u00f3n \u00abse fund\u00f3 en un criterio jur\u00eddico razonable, que atiende las normas que rigen la materia y la realidad f\u00e1ctica que enrostra el proceso, de consiguiente, no puede afirmarse que tal prove\u00eddo vulnere los derechos invocados por la actora\u00bb, por lo que deprec\u00f3 la denegaci\u00f3n del amparo incoado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El titular del Juzgado Doce Civil del Circuito de Bucaramanga refiri\u00f3 que, en la providencia de primera instancia censurada, \u00abel mandamiento de pago deprecado se neg\u00f3 porque no se trajo el acuse de recibido, f\u00edsico o electr\u00f3nico, de las facturas objeto de recaudo, requisito contenido en el art\u00edculo 774 del C\u00f3digo de Comercio, norma aplicable a dichos t\u00edtulos valores. (\u2026). Y sin ese requisito, las facturas carecen de eficacia ejecutiva (STC11618-2023)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal censurado lesion\u00f3 los derechos fundamentales invocados por la entidad convocante, en el ejecutivo que promueve en contra de Carmen Castellanos Su\u00e1rez rad. n\u00b0 2022-00131, por cuanto confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo, quien resolvi\u00f3 \u00ab[NEGAR] el mandamiento ejecutivo pretendido\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo se dirige contra los prove\u00eddos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el pasado 24 de octubre por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, no se advierte la vulneraci\u00f3n de la prerrogativa fundamental deprecada, en raz\u00f3n a que dicha providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, se advierte que luego de narrar los antecedentes y rese\u00f1ar c\u00f3mo opera la expedici\u00f3n y aceptaci\u00f3n de la factura electr\u00f3nica de venta, el tribunal criticado empez\u00f3 por precisar que \u00abla habilitaci\u00f3n, generaci\u00f3n, transmisi\u00f3n y validaci\u00f3n son etapas previas a la expedici\u00f3n de la factura, sin que \u00e9sta implique o de lugar a una remisi\u00f3n al adquirente por parte de la DIAN; cosa distinta es que el vendedor o prestador del servicio, cuando genere y entregue la factura al comprador o beneficiario (lo que, se insiste es responsabilidad suya), deba adosar el documento electr\u00f3nico de validaci\u00f3n que contiene el valor \u201cdocumento validado por la DIAN\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo anterior, afirm\u00f3 que cualquier t\u00edtulo valor, para su cobro, debe cumplir tanto con exigencias gen\u00e9ricas, as\u00ed como otras de car\u00e1cter espec\u00edfico, relievando que \u00abuna regla de derecho muy clara frente a la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita, [trat\u00e1ndose de facturas electr\u00f3nicas, es que] deben integrarse con \u201cla constancia de recibo electr\u00f3nica de la mercanc\u00eda o el servicio prestado\u201d, fecha desde la cual se deber\u00e1 computar el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas que tiene el deudor para reclamar en contra del contenido de la factura electr\u00f3nica, so pena de que se entienda aceptada t\u00e1citamente. Sin constancia electr\u00f3nica de recibo por parte del deudor de los servicios o las mercanc\u00edas no hay aceptaci\u00f3n t\u00e1cita para la factura electr\u00f3nica, puesto que la fecha de esa constancia es la que da inicio al c\u00f3mputo del t\u00e9rmino para aplicar los efectos de esa modalidad de aceptaci\u00f3n\u00bb y aclar\u00f3 que \u00abla fecha de recibo de la factura contiene la indicaci\u00f3n del nombre o identificaci\u00f3n de quien sea el encargado de recibirla, que bien puede ser otorgada por correo electr\u00f3nico, es un requisito formal independiente aplicable a todo tipo de facturas, f\u00edsicas y electr\u00f3nicas (art. 774.2 C.co.); mientras que la constancia de recibo electr\u00f3nica de las mercanc\u00edas o servicios es un presupuesto para la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita aplicable solo a las facturas de venta (art. 2.2.2.53.4. Decreto 1074 de 2015 modificado por el Decreto 1154 de 2020), que no reemplaza ni deroga las exigencias del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
En tal virtud, como la pretensi\u00f3n ejecutiva bajo estudio del ad-quem se fundamentaba en facturas de venta electr\u00f3nicas, puntualiz\u00f3 que \u00abde la representaci\u00f3n gr\u00e1fica de las 22 facturas de venta aportadas (Archivos 002 y 009) y dem\u00e1s elementos de convicci\u00f3n adosados con la demanda y su subsanaci\u00f3n, contrario a lo arg\u00fcido por el apelante, no se puede desprender; a) ni el requisito de la fecha de recibo de las facturas de que trata el art\u00edculo 774 del C\u00f3digo de Comercio; b) ni la aceptaci\u00f3n expresa o t\u00e1cita de las facturas, la primera por no obrar en ning\u00fan documento y la segunda porque no se aport\u00f3 como \u201cparte integral de la factura\u201d la constancia de recibo electr\u00f3nica de la mercanc\u00eda o el servicio exigida por el art\u00edculo 2.2.2.53.4. Decreto 1074 de 2015 modificado por el Decreto 1154 de 2020. Son esos los requisitos formales faltantes. Entonces, si bien la aceptaci\u00f3n se entiende colmada a los tres d\u00edas h\u00e1biles siguientes, lo cierto es que la fecha inicial del c\u00f3mputo de ese t\u00e9rmino es, seg\u00fan el marco legal ya expuesto, a partir de la constancia de recibo electr\u00f3nica de la mercanc\u00eda o el servicio, lo cual, iterase, no fue acreditado ni aportado como parte \u201cintegral de la factura\u201d en el caso concreto como lo exige la ley\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, n\u00f3tese -seg\u00fan se\u00f1al\u00f3 la colegiatura acusada- \u00abninguna de las representaciones gr\u00e1ficas de las facturas electr\u00f3nicas que se pretenden adosar como base de la ejecuci\u00f3n da cuenta de la \u201cfecha de recibido\u201d, puntual aspecto que, como con tino lo indic\u00f3 el a quo, tampoco fue posible corroborar al realizar la consulta en el portal de la DIAN, al echarse de menos tales anotaciones. No se tiene, entonces, ning\u00fan documento que d\u00e9 cuenta de ese recibido electr\u00f3nico que satisface los requisitos legales ya expuestos. Siendo ello as\u00ed, la inviabilidad de la ejecuci\u00f3n con base en las facturas electr\u00f3nicas aportadas radica en la falta de cumplimiento de dos requisitos legales para considerarlas como documentos cartulares, a saber, la fecha de recibo y la aceptaci\u00f3n expresa o t\u00e1cita; no se desconoce el registro de las facturas ante la autoridad tributaria, sino que se resalta la ausencia de elementos indispensables para la configuraci\u00f3n formal del t\u00edtulo valor electr\u00f3nico. En ese sentido, los requisitos formales del t\u00edtulo que la primera instancia tuvo por no superados, en efecto, son exigencias legales insoslayables para la ejecuci\u00f3n de las facturas electr\u00f3nicas\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al tribunal citado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para intentar hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza la independencia judicial. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el presente caso. <\/p>\n
Sobre tal tem\u00e1tica, la Sala ha dicho en precedencia que \u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
3.3. Cabe agregar que, diferente a la disparidad que endilga la promotora, es evidente que la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el tribunal convocado est\u00e1 acorde con los recientes postulados de unificaci\u00f3n sentados por esta Corporaci\u00f3n, mediante Sentencia STC11618-2023, 27 oct., en los cuales se reiter\u00f3 que los requisitos sustanciales que deben cumplirse para que una factura electr\u00f3nica de venta sea estimada como t\u00edtulo valor, son: \u00ab(i) La menci\u00f3n del derecho que en el t\u00edtulo se incorpora, (ii) La firma de quien lo crea, esto es, la del vendedor o prestador del servicio, (iii) La fecha de vencimiento, (iv) El recibido de la factura (fecha, datos o firma de quien recibe, (v) El recibido de la mercanc\u00eda o de la prestaci\u00f3n del servicio, y vi) su aceptaci\u00f3n, la cual puede ser expresa o t\u00e1cita, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la recepci\u00f3n de la mercanc\u00eda\u00bb (se destaca). <\/p>\n
Y si bien, se anticip\u00f3 que los requerimientos en los que interviene el adquirente de la factura electr\u00f3nica -como son el recibido de la misma y de las mercanc\u00edas o la prestaci\u00f3n del servicio- no tiene la misma facilidad de estudio y acreditaci\u00f3n, sin despojar al demandante de su obligaci\u00f3n de demostrarlos, precis\u00f3 que \u00abnada impide que dichas constancias se realicen i) por fuera de dichas plataformas [-sistema de facturaci\u00f3n-], ii) de forma f\u00edsica o electr\u00f3nica, dependiendo de la forma en que se hayan generado y, asimismo, que iii) el interesado pueda demostrarlas a trav\u00e9s de los medios de convicci\u00f3n que resulten \u00fatiles, conducentes y pertinentes\u00bb, que es precisamente lo que echaron de menos los juzgadores reprochados. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la gestora es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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