STC12893-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12893-2023 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de quince de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Enrique Porto Lagonterie contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa localidad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Javier Rafael Porto Espinosa y las dem\u00e1s partes e intervinientes en el asunto n.\u00ba 2019-00185. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Javier Rafael Porto Espinosa inicio tr\u00e1mite de rendici\u00f3n provocada de cuentas contra Jorge Enrique Porto Lagonterie, en procura de que aqu\u00e9l explicara y aportara los soportes de \u00absu gesti\u00f3n como [representante legal de la sociedad Porto Lagonterie LTDA], durante los a\u00f1os 2015, 2016, 2017 y 2018 y en especial de la suma de $4’900.000.000,00 recibido por la venta de [algunos] inmuebles\u00bb; cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, quien admiti\u00f3 la referida causa el 5 de agosto de 2019 y requiri\u00f3 notificar a la pasiva; enteramiento que se realiz\u00f3 por aviso del 29 de agosto de esa anualidad. <\/p>\n
El 20 de septiembre de ese mismo a\u00f1o, el cognoscente reconoci\u00f3 personer\u00eda a la apoderada del demandado1, quien, en escrito del 4 de octubre siguiente, formul\u00f3 excepciones de fondo; sin embargo, el estrado encartado2 coligi\u00f3 que aquellas eran extempor\u00e1neas. <\/p>\n
Seguidamente, en decisi\u00f3n del 13 de enero de 2020, la referida agencia judicial resolvi\u00f3 \u00abCONDENAR [a] JORGE PORTO LAGONTIERE a pagarle a la sociedad (\u2026) la suma de (\u2026) ($4.900’000.000,00) debidamente indexados m\u00e1s los intereses de mora causados, desde la fecha 20 de noviembre de 2015\u00bb; disposici\u00f3n apelada por el all\u00ed querellado, no obstante, tal remedio fue considerado \u00abinadmisible\u00bb. <\/p>\n
Respecto de la anterior determinaci\u00f3n, el aqu\u00ed convocante interpuso reposici\u00f3n y en subsidio queja, empero, el despacho fustigado mantuvo inc\u00f3lume el prove\u00eddo atacado y orden\u00f3 la expedici\u00f3n de copias \u00abpara el fin indicado en el art\u00edculo 353 del CGP\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en auto del 3 de agosto de 2020, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa ciudad \u00abdeclar\u00f3 bien denegad[o] [el remedio]\u00bb3. <\/p>\n
Finalmente, el 27 de abril de 2021, el a quo libr\u00f3 mandamiento de pago y decret\u00f3 diferentes medidas cautelares. <\/p>\n
El precursor acudi\u00f3 a la salvaguarda argumentando que se present\u00f3 una \u00abconfusi\u00f3n de los t\u00e9rminos\u00bb toda vez que, la constancia de la notificaci\u00f3n por aviso, fue radicada \u00abel d\u00eda (13) (\u2026) de septiembre del 2019\u00bb, es decir, en fecha posterior a \u00abla notificaci\u00f3n personal del (\u2026) (4) (\u2026) de septiembre del 2019, de la abogada Valeriana Blanco Escobar en su condici\u00f3n de apoderada de la demandada\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, se enter\u00f3 \u00abpor una tercera persona en la fecha (18) (\u2026) de septiembre del 2023, en que h[a] tenido conocimiento real, id\u00f3neo y veraz de la informaci\u00f3n de todas actuaciones procesales\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se dejen sin efectos las resoluciones del 6 de noviembre de 2019 y 13 de enero de 2020 y, se le permita ejercer su derecho de contradicci\u00f3n y defensa en el proceso censurado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena indic\u00f3 que \u00abno cuenta entre sus archivos digitales con el referido proceso, por cuanto este se tramit\u00f3 en la vigencia de 2020 cuyas actuaciones se adelantaron en expediente f\u00edsico\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad refiri\u00f3 que \u00abtodas las actuaciones iniciadas por el hoy tutelante en este proceso que ya est\u00e1 ejecutoriado y el actor no present\u00f3 en el t\u00e9rmino oportuno el mecanismo de defensa que ten\u00eda a su alcance y m\u00e1s bien presenta una tutela que rompe con la inmediatez, pues Las actuaciones que hoy le a quejan y son reproche constitucional datan desde el a\u00f1o 2019\u00bb. <\/p>\n
3. Javier Rafael Porto Espinosa se\u00f1al\u00f3 que, la petici\u00f3n de amparo es \u00abEXTEMPORANEA, ya que han transcurrido MAS DE TRES A\u00d1OS desde que se dictaron y quedaron en firme las decisiones judiciales que pretenden ser quebradas mediante la presente acci\u00f3n de tutela. (\u2026) Igualmente, NO ES PROCEDENTE ALEGAR LA PROPIA NEGLIGENCIA o DE SU APODERADO JUDICIAL, para sustentar una violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer inicialmente, si la salvaguarda se ejerci\u00f3 oportunamente y, de superarse lo anterior, si las autoridades encartadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite de rendici\u00f3n provocada de cuentas instaurado contra el gestor (rad. n.\u00ba 2019-00185), por cuanto, (i) el estrado a quo tuvo como extempor\u00e1neas las excepciones formuladas por el demandado en esa causa y, en ese sentido, accedi\u00f3 a las pretensiones del all\u00ed promotor; y (ii) la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena \u00abdeclar\u00f3 bien denegad[o] [el remedio vertical]\u00bb interpuesto contra esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra resoluciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada en STC3001-2023, 29 de mar.). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC3001-2023, 29 mar.) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la demanda constitucional debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
4.1. De la revisi\u00f3n realizada a los argumentos de la queja constitucional y a la informaci\u00f3n que se extracta de las pertinentes piezas procesales, concluye la Corte que el cuestionamiento no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que las determinaciones que acusa el actor como transgresoras de sus derechos fueron proferidas el 6 de noviembre de 2019 \u2013auto que consider\u00f3 extempor\u00e1nea la contestaci\u00f3n-, el 13 de enero de 2020 \u2013providencia que acogi\u00f3 las pretensiones de la demanda- y el 18 de febrero de ese mismo a\u00f1o \u2013disposici\u00f3n que \u00abdeclar\u00f3 bien denegad[o] [el remedio vertical]\u00bb-, mientras que, el presente resguardo fue radicado el 31 de octubre de 20234. <\/p>\n
Lo anterior permite establecer que desde la fecha de las aludidas decisiones hasta el momento en que se ejerci\u00f3 el auxilio se super\u00f3 con amplitud el plazo considerado como razonable por la jurisprudencia. <\/p>\n
En ese sentido, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de embates contra providencias judiciales. <\/p>\n
4.2. Ahora, dicho criterio eventualmente puede flexibilizarse a partir de razones suficientes que lo justifiquen, esto es, situaciones acreditadas como la incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores (como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional); as\u00ed lo ha apuntado la Corte Constitucional en repetidas ocasiones, en sentencias como la SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha [fijado] los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, no evidencia la Sala la concurrencia de alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia en cita como eximentes del presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El gestor tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el principio de la inmediatez; as\u00ed mismo, no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n v\u00e1lida que justificara la tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, de no ser impugnado, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 Auto del 6 de noviembre de 2019, archivo \u00ab01ExpedienteParte1\u00bb fl. 195, expediente rad. 2019-00185 <\/p>\n
3\u0002 De conformidad con lo manifestado por el estrado Segundo Civil del Circuito de Cartagena. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u00abEXPEDIENTE 2023-594\u00bb fl. 32 <\/p>\n
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