STC12894-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12894-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-04360-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de quince de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Manuela Alexandra Caicedo Berdugo contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, entre otras, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. Manuela Alexandra Caicedo Berdugo present\u00f3 demanda contra Osvar Andr\u00e9s Mart\u00ednez Zapata, en procura de que se librara mandamiento de pago por concepto de arras, cl\u00e1usula penal, intereses moratorios, entre otros; as\u00ed como orden ejecutiva para que se \u00abd\u00e9 por resuelta la promesa de compraventa de bien inmueble\u00bb, la restituci\u00f3n del predio, los frutos naturales o civiles, con ocasi\u00f3n de la inobservancia del mencionado instrumento, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibd\u00f3 (rad. n.\u00ba 2023-00005), quien deneg\u00f3 su expedici\u00f3n, tras colegir que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la parte demandada de alguna manera incumpli\u00f3 lo pactado en la promesa de compraventa objeto de controversia, esta no se dirime mediante un proceso ejecutivo. En cuanto a las arras es claro que frente a esta no hay posibilidad de proceso ejecutivo alguno por ser una pena compensatoria mas no indemnizatoria. En cuanto al cobro de la cl\u00e1usula penal, \u00e9sta halla su fuente en el incumplimiento que pende de una declaraci\u00f3n, cuya v\u00eda no es el proceso ejecutivo, en el que, pese a que se pueden discutir e introducir hechos nuevos mediante excepci\u00f3n en ejercicio del derecho de defensa, no resulta admisible que desde la presentaci\u00f3n de la demanda el t\u00edtulo ofrezca dudas que demeriten su car\u00e1cter contentivo de obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible\u00bb. <\/p>\n
2.2. Inconforme, la gestora formul\u00f3 (i) reposici\u00f3n \u2013en la que el estrado a quo dej\u00f3 inc\u00f3lume su disposici\u00f3n, a\u00f1adiendo que \u00abno se cumple con el requisito de EXIGIBILIDAD de la obligaci\u00f3n, toda vez que si se revisa la promesa de compraventa la misma tiene fecha del d\u00eda en que se pactan la obligaci\u00f3n, pero las cl\u00e1usulas que contienen la obligaci\u00f3n que se pretende ejecutar no est\u00e1n sometida a un plazo o fecha de exigibilidad, am\u00e9n de que no se encuentra acreditado o declarado el incumplimiento para que se diera el cumplimento de la condici\u00f3n, que as\u00ed lo habilitara\u00bb\u2013; y (ii) apelaci\u00f3n, en virtud de la cual la Sala \u00danica del Tribunal Superior de esa localidad confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n recurrida, por \u00abno consolidarse un t\u00edtulo ejecutivo que genere obligaci\u00f3n de pagar sumas de dinero\u00bb, en tanto, <\/p>\n
<\/p>\n
i. \u00aba voces de la Corte Suprema de Justicia, en decisi\u00f3n del 22 de marzo de 1979, \u201cLa promesa genera obligaciones de hacer (\u2026); quiere decir que los derechos y obligaciones que la promesa como tal encarna no son los mismos que la compraventa genera, esto es, que la promesa no confiere al promitente vendedor t\u00edtulo alguno al pago del precio, ni al promitente comprador t\u00edtulo alguno a la entrega de la cosa, efectos que s\u00f3lo originar\u00e1 la compraventa\u00bb; <\/p>\n
<\/p>\n
ii. \u00abla Corte Suprema de Justicia, en an\u00e1lisis constitucional, frente a la figura de la promesa de compraventa, al examinar la ejecutabilidad de una promesa de esa naturaleza, aval\u00f3 la postura del juez de conocimiento, en cuanto determin\u00f3 no librar mandamiento de pago (\u2026), [porque] \u201cla promesa de compraventa genera esencial y exclusivamente la prestaci\u00f3n de hacer consistente en la celebraci\u00f3n futura, posterior y definitiva de la compraventa (\u2026)\u201d (cas. sentencia de 7 de febrero de 2008 [SC-007-2008], exp. 2001-06915-01)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. \u00abtampoco resultar\u00eda posible librar auto de apremio por el valor de la cl\u00e1usula penal que se pact\u00f3 en caso de incumplimiento, porque se desconoce el fundamento de ese proceder del ejecutado, adem\u00e1s que tampoco la ejecutante honr\u00f3 el compromiso adquirido en el documento base de ejecuci\u00f3n, pues dentro de \u00e9l se inclu\u00eda transferir al demandado el dominio del bien inmueble objeto del contrato\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2.3. Sin embargo, en criterio de la memorialista, esa determinaci\u00f3n es irregular, comoquiera que (i) \u00abse limit\u00f3 nuevamente a poner de presente y hacer uso de una jurisprudencia que no se aplica al caso concreto, puesto que hace referencia a obligaciones anteladas de la compraventa\u00bb; (ii) \u00abdesconoce lo establecido en el art\u00edculo 427 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb; (iii) \u00abmanifiesta que los perjuicios que se solicitan ejecutar deben encontrarse debidamente estimados, bajo juramento y no fueron definidos en tal sentido en el libelo genitor, cuesti\u00f3n que impone un requisito adicional que no fue establecido por el legislador en el art\u00edculo 427 del CGP\u00bb; y (iv) desconoci\u00f3 el fallo \u00abSTC3900-2022 del 30 de marzo de 2022 (\u2026), que respalda la posici\u00f3n ac\u00e1 expresada por la parte accionante, en el sentido [de] que el juramento estimatorio se debe presentar si el pago de los perjuicios no figura en el t\u00edtulo valor, como en el presente caso efectivamente ocurre, puesto que, como se ha afirmado los perjuicios que se pretenden ejecutar fueron estimados anticipadamente por las partes firmantes en la PROMESA DE COMPRAVENTA, en sus CL\u00c1USULAS SEXTA Y S\u00c9PTIMA\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, que se ordene (i) dejar sin efectos las decisiones desfavorables a sus intereses; (ii) dictar una nueva determinaci\u00f3n que dirima el remedio vertical contra el prove\u00eddo que neg\u00f3 la orden de apremio; y (iii) \u00aben virtud del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, (\u2026) la indemnizaci\u00f3n en abstracto de los da\u00f1os causado por la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de mi representada\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la providencia confutada se limit\u00f3 a indicar que all\u00ed curs\u00f3 el recaudo y que el 18 de septiembre hoga\u00f1o confirm\u00f3 el auto recurrido. <\/p>\n
2. El estrado a quo remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente digital y agreg\u00f3 que \u00abel proceso bajo radicado 270013103001202300005, se surtieron los tr\u00e1mites procesales pertinentes y no se avizora vulneraci\u00f3n a derecho fundamental alguno, as\u00ed es que la decisi\u00f3n proferida por este despacho fue confirmada por el Honorable Tribunal Superior de Quibd\u00f3 en providencia del 18 de septiembre del 2023, al considerar que el documento aportado como t\u00edtulo ejecutivo, no reun\u00eda los requisitos de ley para librar mandamiento de pago, luego por tanto, mal podr\u00eda por v\u00eda constitucional pretender la actora que se remplacen las decisiones que en derecho se han tomado por el juez ordinario\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el ejecutivo de la referencia (rad. n.\u00ba 2023-00005), por confirmar, en sede de apelaci\u00f3n, el prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual se deneg\u00f3 la expedici\u00f3n de la orden de apremio que la gestora solicit\u00f3 con fundamento en la inobservancia de un contrato de promesa de compraventa, supuestamente, en desmedro de una adecuada valoraci\u00f3n probatoria, as\u00ed como de la normativa y jurisprudencia aplicables. <\/p>\n
Lo anterior, debido a que, si bien el embate se dirige contra los pronunciamientos de ambos grados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido por el ad quem, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242-2015, 5 mar., STC11584-2023, 18 oct., et. al.). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 confirm\u00f3 el prove\u00eddo del estrado a quo, a trav\u00e9s del cual neg\u00f3 la orden de apremio solicitada por la libelista, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, en lo que es materia de reproche a trav\u00e9s del resguardo, el colegiado ad quem anot\u00f3 como antecedentes relevantes los siguientes: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La demandante, actuando a trav\u00e9s de procurador judicial, impetr\u00f3 proceso ejecutivo, pretendiendo se librara mandamiento de pago por los siguientes conceptos: \u201c1.1 Por la suma de: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M\/CTE ($200.000.000,00), por concepto de ARRAS, estipuladas en la CL\u00c1USULA SEXTA de la Promesa de Compraventa de Bien Inmueble, firmada con la Sra. MANUELA ALEXANDRA CAICEDO BERDUGO, el d\u00eda 24 de agosto de 2021. En el contrato en menci\u00f3n se estableci\u00f3 que dicha suma podr\u00eda ser tomada directamente por la Sra. CAICEDO, de los dineros recibidos, previstos en la cl\u00e1usula tercera del Contrato de Promesa de Compraventa, que regula el precio y la forma de pago; 1.2. Por la suma de: CIEN MILLONES DE PESOS M\/CTE ($100.000.000,00), por concepto de CL\u00c1USULA PENAL, estipuladas en la CL\u00c1USULA S\u00c9PTIMA de la Promesa de Compraventa de Bien Inmueble, firmada con la Sra. MANUELA ALEXANDRA CAICEDO BERDUGO, el d\u00eda 24 de agosto de 2021; 1.3. Por los intereses moratorios sobre los valores se\u00f1alado(sic) en los numerales 1.1 y 1.2 de la Pretensi\u00f3n Primera, liquidados conforme a la ley aplicable vigente, desde el d\u00eda 25 de diciembre de 2021, hasta el d\u00eda que se efectu\u00e9 el pago total de las obligaciones. 2. Librar mandamiento ejecutivo para que las partes cumplan dar por resuelta la Promesa de Compraventa de Bien Inmueble, de conformidad con la Cl\u00e1usula S\u00e9ptima y la Cl\u00e1usula Decima(sic) Segunda, debido al incumplimiento del demandado de las obligaciones contenidas en dicho contrato. 3. Que, como consecuencia de lo anterior, se condene al demandado a restituir el inmueble objeto de la Promesa de Compraventa de Bien Inmueble firmada por las partes el 24 de agosto de 2021, el cual se describe a continuaci\u00f3n\u2026 4. Se ordene al demandado que, en la restituci\u00f3n del inmueble en cuesti\u00f3n, deben comprenderse las cosas que forman parte del predio, o que se refuten como inmuebles, conforme a la conexi\u00f3n con el mismo, tal como lo prescribe el C\u00f3digo Civil en su t\u00edtulo primero del Libro II; 5. Que se condene al demandado a pagar a la demandante, una vez ejecutoriada esta sentencia, el valor de los frutos naturales o civiles del inmueble mencionado, no solo los percibidos, sino tambi\u00e9n los que el due\u00f1o hubiere podido percibir con mediana inteligencia y cuidado de acuerdo con la justa tasaci\u00f3n efectuada por peritos, de conformidad con el art\u00edculo 964 del C\u00f3digo Civil y dem\u00e1s normas concordantes. De igual forma, que se condene al demandado al reconocimiento del precio del costo de las reparaciones que hubiere sufrido el demandante por culpa del demandado. 6. Se ordene la cancelaci\u00f3n de cualquier gravamen que pese sobre el inmueble objeto de la restituci\u00f3n. 7. Que esta sentencia se inscriba en el folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Quibd\u00f3, Choc\u00f3. 8. Se condene al demandado, OSVAR ANDR\u00c9S MART\u00cdNEZ ZAPATA, al pago de los gastos y costas que ocasione el presente proceso y se tasen oportunamente.\u201d <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
La jueza de primera instancia en auto interlocutorio No. 36 del 18 de enero de 2023, adujo que si bien se vislumbra que de alguna manera existi\u00f3 incumplimiento de lo pactado en la promesa de compraventa por la parte demandada, esta no se dirime mediante un proceso ejecutivo. Se\u00f1al\u00f3 frente a las arras que no hay posibilidad de un juicio compulsivo para su cobro, por ser una pena compensatoria y no indemnizatoria, y en cuanto a la cl\u00e1usula penal, adujo que esta encuentra su fuente en el incumplimiento que pende de una declaraci\u00f3n, cuya v\u00eda tampoco la constituye el proceso ejecutivo. Advirti\u00f3 que frente a la pretensi\u00f3n de intereses de mora por \u201cpena por la mora\u201d, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1594 se incurre en doble cobro, al tener origen en una fuente com\u00fan de conformidad con lo preceptuado en los art\u00edculos 1600 y 1617 del c\u00f3digo civil, gener\u00e1ndose en consecuencia, una indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones. Precis\u00f3 que la cl\u00e1usula penal no puede ser objeto de cobro ejecutivo, por haber sido establecida por las partes como una sanci\u00f3n por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, encontr\u00e1ndose su exigibilidad supeditada a la existencia de una situaci\u00f3n generada por la inobservancia de cualquiera de ellas\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, circunscrito a los motivos de disenso expuestos por la libelista en el remedio vertical, el tribunal se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abRespecto del tr\u00e1mite ejecutivo, pertinente es recalcar que para su estructuraci\u00f3n deben cumplirse unos requisitos formales y sustanciales, los que aparecen contemplados en el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, y cuya finalidad es verificar la veracidad del documento aportado, el contenido de la obligaci\u00f3n, y que contenga una prestaci\u00f3n exigible, sea de hacer, de dar, no hacer, que debe mostrarse clara e inequ\u00edvoca y que adem\u00e1s permita concluirse su exigibilidad sin que sea necesario acudir a deducciones, suposiciones, y menos, debe encontrarse sometida a plaza o condici\u00f3n. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que el Estatuto General del Proceso, frente a la instituci\u00f3n jur\u00eddica rese\u00f1ada, precept\u00faa: \u201cPueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra \u00e9l, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicci\u00f3n, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de polic\u00eda aprueben liquidaci\u00f3n de costas o se\u00f1alen honorarios de auxiliares de la justicia, y los dem\u00e1s documentos que se\u00f1ale la ley. La confesi\u00f3n hecha en el curso de un proceso no constituye t\u00edtulo ejecutivo, pero s\u00ed la que conste en el interrogatorio previsto en el art\u00edculo 184.\u201d\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, reliev\u00f3 que \u00aben el caso concreto, se presenta como t\u00edtulo ejecutivo, contrato de promesa de compraventa, y sendos recibos de pago, as\u00ed como algunos audios de whatsapp, consignaciones, requerimientos, con los cuales aduce el ejecutante completar el t\u00edtulo soporte del compulsivo de marras, que considera, es complejo, pues con \u00e9l se acredita el incumplimiento que le permite iniciar la ejecuci\u00f3n de las arras, y la cl\u00e1usula penal contenida en la cl\u00e1usula sexta y s\u00e9ptima del documento base de ejecuci\u00f3n\u00bb, frente a lo cual consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abDe entrada, advierte esta Sala unitaria, la confirmatoria de la determinaci\u00f3n de primera instancia, en cuanto no libr\u00f3 mandamiento de pago, por no consolidarse un t\u00edtulo ejecutivo que genere obligaci\u00f3n de pagar sumas de dinero, y que por tanto no abren paso al recurso impetrado\u00bb. <\/p>\n
Ello, en la medida en que, con fundamento en un pronunciamiento de esta Corporaci\u00f3n (GJ Gaceta Judicial: Tomo CLIX n.\u00b0 2400, pp. 83 A 89), indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en decisi\u00f3n del 22 de marzo de 1979 [la Corte Suprema de Justicia, apuntal\u00f3: \u201cLa promesa genera obligaciones de hacer, en cambio el contrato de compraventa produce obligaciones de dar\u201d (\u2026) \u201cla promesa de compraventa nace como obligaci\u00f3n espec\u00edfica para cada una de las partes la de concurrir a la celebraci\u00f3n eficaz del contrato prometido, en el t\u00e9rmino o al cumplimiento de la condici\u00f3n al efecto estipulados, esto es, como lo se\u00f1ala la doctrina, s\u00f3lo se producen obligaciones de hacer trat\u00e1ndose de la promesa de compraventa, quiere decir que los derechos y obligaciones que la promesa como tal encarna no son los mismos que la compraventa genera, esto es, que la promesa no confiere al promitente vendedor t\u00edtulo alguno al pago del precio, ni al promitente comprador t\u00edtulo alguno a la entrega de la cosa, efectos que s\u00f3lo originar\u00e1 la compraventa, en cuanta sea celebrada, pero que no podr\u00e1n ser subsumidos por la mera promesa, cuyo mero poder vinculatorio no va m\u00e1s all\u00e1 de obligar, mutua y rec\u00edprocamente, a las partes a la celebraci\u00f3n del contrato prometido\u201d\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n expuso que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la Corte Suprema de Justicia, en an\u00e1lisis constitucional, frente a la figura de la promesa de compraventa, al examinar la ejecutabilidad de una promesa de esa naturaleza, aval\u00f3 la postura del juez de conocimiento, en cuanto determin\u00f3 no librar mandamiento de pago, bajo las siguientes consideraciones: \u201cEnseguida, determin\u00f3 que la respuesta a dicha controversia, era negativa, en tanto consider\u00f3 que la promesa de compraventa en que se soporta el recaudo no re\u00fane los requisitos a que alude la mencionada disposici\u00f3n, por lo siguiente <\/p>\n
La promesa de contrato, como su nombre lo indica, es un acuerdo por virtud del cual las partes se obligan a celebrar un negocio jur\u00eddico futuro, seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil, subrogado por el art\u00edculo 89 de la Ley 153 de 1887; entonces, apenas acarrea para sus celebrantes una obligaci\u00f3n de hacer, esto es, la de celebrar el contrato prometido, con prescindencia de que, en virtud de su autonom\u00eda, anticipen el cumplimiento de ciertas obligaciones del negocio ulterior, las que, sin embargo, ata\u00f1en a este \u00faltimo, mas no al primero, que agota su eficacia final con la satisfacci\u00f3n de esa prestaci\u00f3n de hacer, por lo que cualquier controversia en punto a tales prestaciones anteladas (accidentalia negotia), como la del pago anticipado de todo o una parte del precio, corresponde al escenario del contrato definitivo. <\/p>\n
Tiene dicho la jurisprudencia a ese respecto, que esos pactos expresos que tienden a anticipar el cumplimiento de las prestaciones del negocio definitivo, \u201cno viene[n] a ser sino una cl\u00e1usula adicional que est\u00e1 referida a las obligaciones propias del contrato prometido [pues] el preliminar, es contrato con efectos obligatorios, cuya \u00fanica prestaci\u00f3n esencial es la de celebrar el contrato futuro o posterior definitivo y carece de eficacia real\u201d. (CSJ, cas. civil, mayo 8\/2002, exp. 6763). <\/p>\n
Reitera la Corte que la promesa \u201c[no], por s\u00ed, genera prestaci\u00f3n diferente a la de estipular el contrato futuro definitivo. Con todo, las partes, accidentalia negotia, pueden acordar otras prestaciones compatibles y, de ordinario, pactan otras obligaciones propias del negocio jur\u00eddico prometido (prestaciones anteladas), mediante las cuales persiguen la consecuci\u00f3n de algunos de los efectos concernientes a \u00e9ste. Son, pues, prestaciones que se avienen m\u00e1s con la naturaleza del contrato prometido, en el cual encuentran venero y no tanto con la de la promesa que, como ya se dijese, agota su eficacia final en el cumplimiento de una mera obligaci\u00f3n de hacer\u201d. (cas. marzo 12\/2004, S-021- 2004, exp. 6759) <\/p>\n
En suma, \u201cla promesa de compraventa genera esencial y exclusivamente la prestaci\u00f3n de hacer consistente en la celebraci\u00f3n futura, posterior y definitiva de la compraventa, sin perjuicio de acordarse en forma clara, expresa e inequ\u00edvoca por pacto agregado a prop\u00f3sito, el cumplimiento anticipado del precio o la entrega de la tenencia o posesi\u00f3n del bien, en tanto, la venta constituye la prestaci\u00f3n de dare rem y, por consiguiente, transferir el derecho real de dominio\u201d. (cas. sentencia de 7 de febrero de 2008 [SC-007-2008], exp. 2001-06915-01) <\/p>\n
De acuerdo con lo anotado, la providencia emitida por el Tribunal accionado, no se encuentra arbitraria o antojadiza, toda vez que consider\u00f3 de manera acertada que conforme los supuestos f\u00e1cticos, jur\u00eddicos y jurisprudenciales del asunto, deb\u00eda confirmar parcialmente la decisi\u00f3n de primera instancia, teniendo en cuenta que la promesa de compraventa en que se soporta el recaudo no reun\u00eda los requisitos del art\u00edculo 422 del CGP, por lo que carec\u00eda de m\u00e9rito ejecutivo, por cuanto sus efectos cesaron con la celebraci\u00f3n de la escritura p\u00fablica, que perfeccion\u00f3 el negocio jur\u00eddico querido por las partes, y cualquier controversia en punto a las prestaciones anteladas, como la del pago anticipado de todo o una parte del precio, correspond\u00eda al escenario del contrato definitivo.\u201d\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, estableci\u00f3 que \u00aben el caso bajo examen, se pretende la ejecuci\u00f3n de cl\u00e1usulas que se encuentran inmersas en una promesa de contrato de compraventa, cuya \u00fanica obligaci\u00f3n exigible v\u00eda ejecutiva es la de hacer, o no hacer, en la que puede inclusive concurrir, como lo manifest\u00f3 el mismo accionante, el de la solicitud de perjuicios, que deben encontrarse debidamente estimados, bajo juramento, y que no fueron definidos en tal sentido en el libelo genitor (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo antedicho, sobre el arg\u00fcido cobro de la cl\u00e1usula penal, adujo que \u00abtampoco resultar\u00eda posible librar auto de apremio por el valor de la cl\u00e1usula penal que se pact\u00f3 en caso de incumplimiento, porque se desconoce el fundamento de ese proceder del ejecutado, adem\u00e1s que tampoco la ejecutante honr\u00f3 el compromiso adquirido en el documento base de ejecuci\u00f3n, pues dentro de \u00e9l se inclu\u00eda transferir al demandado el dominio del bien inmueble objeto del contrato\u00bb, m\u00e1xime que: <\/p>\n
\u00abEn estos t\u00e9rminos surge n\u00edtido que la alegaci\u00f3n en torno a la cl\u00e1usula penal, o a las arras, habr\u00e1 de ser decantada a trav\u00e9s de otra cuerda procesal, que no la ejecutiva, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que en el caso que se analiza, se han efectuado unos pagos, que el mismo demandante ha puesto de presente, y que se ha permitido entrever, que el ejecutado present\u00f3 una objeci\u00f3n al momento de suscribir la escritura p\u00fablica (materializaci\u00f3n de la promesa de compraventa), que no permiten dotar de claridad el documento que se presenta como t\u00edtulo ejecutivo, pues es claro que se han cancelado unas sumas de dinero, que la misma se\u00f1ora Manuela ha indicado que asciende al valor de $290.000.000 millones de pesos. <\/p>\n
(\u2026) [Y] examinadas las pretensiones invocadas en el escrito introductor, se advierte que muchas de ellas no tocan con la naturaleza de un juicio ejecutivo, sino m\u00e1s bien se enderezan a un proceso declarativo, que no ejecutivo, tales como\u00bb: <\/p>\n
En ese orden, convalid\u00f3 el auto recurrido, en tanto \u00abno se re\u00fanen las condiciones esenciales para que los documentos aportados como base de recaudo presten el m\u00e9rito ejecutivo, ya que adolecen de contener obligaciones claras, expresas y exigibles\u00bb. <\/p>\n
3.2. Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto esa disposici\u00f3n fue contraria a sus expectativas. <\/p>\n
Por ello cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub-lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento del \u00abprecedente\u00bb citado en el libelo inicial, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo confutado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas, m\u00e1xime si las circunstancias del caso auscultado no comparten estricta identidad. <\/p>\n
3.4. Finalmente, en cuanto a la pretensi\u00f3n de que \u00aben virtud del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, se ordene la indemnizaci\u00f3n en abstracto de los da\u00f1os causado por la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de mi representada\u00bb, basta decir que, ante el decaimiento del amparo, por sustracci\u00f3n de materia no se ahondar\u00e1 sobre el particular. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12894-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC12894-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-04360-00 (Aprobado en Sala de quince de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Manuela Alexandra Caicedo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77580","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77580","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77580"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77580\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77580"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77580"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77580"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}