STC12896-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12896-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-04383-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de quince de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Seguros del Estado S.A. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, entre otras, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. La IPS Cl\u00ednica Norte S.A. promovi\u00f3 ejecutivo contra Seguros del Estado S.A., con fundamento en varias facturas relacionadas con la prestaci\u00f3n de servicios de salud cubiertos por las p\u00f3lizas de seguro obligatorio para accidentes de tr\u00e1nsito \u2013 SOAT, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de C\u00facuta (rad. n.\u00ba 2020-00068), quien, con auto de 3 de julio de 2020, libr\u00f3 la orden de apremio por valor de $320.242.981, equivalente a la suma de 572 instrumentos, m\u00e1s los intereses moratorios causados a partir de que cada uno se hizo exigible. Asimismo, se abstuvo de dictar mandamiento por $90.921.608 respecto de 89 facturas y decret\u00f3 las cautelas solicitadas en el libelo inicial. <\/p>\n
2.2. Una vez notificada la pasiva, formul\u00f3 reposici\u00f3n contra el citado prove\u00eddo, aduciendo \u00abla inexistencia de los t\u00edtulos base de la ejecuci\u00f3n, ausencia de los requisitos para conformar el titulo valor complejo, inexistencia de los requisitos formales del t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n, inexistencia de los requisitos sustanciales del t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n, no prestar m\u00e9rito ejecutivo los documentos aportados por estar objetados o glosados, carencia del requisito de la aceptaci\u00f3n, solicitando la revocatoria del mandamiento de pago y como consecuencia de ello la condena en costas al demandante\u00bb1, pero, con decisi\u00f3n de 13 de noviembre de 2020, se despacharon desfavorablemente sus argumentos. <\/p>\n
2.3. De igual forma, contest\u00f3 la demanda y propuso como excepciones de m\u00e9rito la \u00abfalta de demostraci\u00f3n del cumplimiento de los requisitos requeridos para el pago de los servicios; inexistencia de los t\u00edtulos o documentos que determinen la obligaci\u00f3n de pago por parte de Seguros del Estado S.A.; prescripci\u00f3n; pago total, pago parcial con glosa y pago con glosa ratificada; glosas y objeci\u00f3n al cobro de parte de los servicios materia de este proceso; inexigibilidad de las obligaciones coercidas por estar glosadas u objetadas o en t\u00e9rminos cambiarios no haber sido aceptados; Ausencia de los requisitos legales para presentar la reclamaci\u00f3n por parte de la IPS demandante, hacer coercibles los valores cobrados y aplicaci\u00f3n del precedente constitucional respecto al t\u00edtulo complejo; inexistencia de los requisitos sustanciales del t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n; gen\u00e9rica e innominada\u00bb2. <\/p>\n
2.4. Agotada las etapas de rigor, se inici\u00f3 la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento el 8 de agosto de 2022, la cual se suspendi\u00f3 por requerimiento de las partes; luego se radic\u00f3 un contrato de transacci\u00f3n, en virtud del cual Seguros del Estado S.A. solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n de la causa \u00abpor el pago de la obligaci\u00f3n\u00bb, aspecto que se deneg\u00f3 en la continuaci\u00f3n de la diligencia el 6 de diciembre de ese a\u00f1o3 y se dict\u00f3 sentencia, en la que se declar\u00f3 probada \u00fanicamente la defensa de prescripci\u00f3n frente a la factura CN0000477258, y se sigui\u00f3 adelante con el cobro en la forma prevista en el mandamiento de pago. <\/p>\n
2.5. Inconforme, la entidad querellada formul\u00f3 el remedio vertical, con fundamento en: (i) \u00abel desconocimiento de las consecuencias jur\u00eddicas que trae consigo la suscripci\u00f3n de un contrato de transacci\u00f3n en el que de manera voluntaria las partes zanjaron sus diferencias, cuales son hacer tr\u00e1nsito a cosa juzgada y prestar m\u00e9rito ejecutivo\u00bb; (ii) \u00abpor no acoger los medios exceptivos propuestos por la parte ejecutada por cuanto en lo que tiene que ver con pago total, glosa y pago parcial\u00bb; (iii) \u00abporque el juez dej\u00f3 de aplicar el derecho sustancial en materia de reclamaciones por servicios m\u00e9dicos para afectar dicho amparo de las p\u00f3lizas SOAT\u00bb, entre otros; pero, el 14 de julio de 2023, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta confirm\u00f3 lo dispuesto por el a quo, por cuanto: <\/p>\n
<\/p>\n
i. \u00abel reparo del apelante tendiente a que se decrete la terminaci\u00f3n del proceso por transacci\u00f3n no puede salir avante, porque si se hubiere presentado oportunamente por las partes para su aprobaci\u00f3n, esto es, con anterioridad a que se le diera cumplimiento al mismo, hubiere tenido la virtualidad suficiente de dar por terminado el proceso de manera anticipada; sin embargo, la omisi\u00f3n de dicho tr\u00e1mite y bajo el entendido, de que entre las partes no existe hoy en d\u00eda ese \u00e1nimo convergente dirigido a la aprobaci\u00f3n del contrato de transacci\u00f3n, como lo exige el art\u00edculo 312 del C.G. del P.\u00bb; <\/p>\n
<\/p>\n
ii. \u00ablos reparos a la decisi\u00f3n por la falta de conformaci\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo por no haberse aportado a esta ejecuci\u00f3n todos los soportes a los que se ha hecho alusi\u00f3n, bajo ning\u00fan punto de vista pueden salir avantes (sic), ya que como se desprende di\u00e1fanamente de las normas que el tema tratan y que fueron rese\u00f1adas, tales soportes no son necesarios para conformar el t\u00edtulo ejecutivo, puesto que para ello solo es necesario que los documentos aportados re\u00fanan las condiciones de que trata el art\u00edculo 422 del C. G. del P., para constituir el t\u00edtulo ejecutivo, sino requeridos para efectuar la reclamaci\u00f3n ante la aseguradora correspondiente para el cobro de los servicios prestados, esto es, para el tr\u00e1mite administrativo\u00bb. <\/p>\n
2.6. Con posterioridad, la Cl\u00ednica Norte S.A. remiti\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, a la cual se le imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n el 11 de septiembre hoga\u00f1o, decisi\u00f3n que se dej\u00f3 inc\u00f3lume el 27 del mismo mes, en sede de reposici\u00f3n, porque Seguros del Estado S.A. \u00abni siquiera se present\u00f3 objeci\u00f3n alguna con la indicaci\u00f3n de errores puntuales relativos al estado de cuenta dentro del t\u00e9rmino de traslado y as\u00ed, mucho menos se resolvi\u00f3 una objeci\u00f3n\u00bb4. <\/p>\n
2.7. Sin embargo, a juicio de la aseguradora tutelante, con las anotadas determinaciones se incurri\u00f3 en varias causales espec\u00edficas de procedencia del amparo \u2013defectos f\u00e1ctico, sustantivo y desconocimiento del precedente\u2013, toda vez que (i) \u00abech\u00f3 por la borda el contrato de transacci\u00f3n que celebraron las partes, lo cual, de suyo, extingue la obligaci\u00f3n original o primigenia (num. 3, art. 1625 CC); y, por dem\u00e1s, dej\u00f3 que la IPS CLINICA DEL NORTE SA, obrase de mala fe\u00bb; (ii) \u00absentenci\u00f3 que la inaplicabilidad del precedente contenido en la sentencia STC14094 de 2022, proferida la Sala Civil de nuestra Corte Suprema de Justicia\u00bb; (iii) \u00aben lo que toca la excepci\u00f3n de pago y pago parcial con glosa, el Tribunal no quiso valorar los medios de prueba que se aportaron al proceso\u00bb; (iv) \u00abseg\u00fan el Tribunal, CLINICA DEL NORTE SA, cuenta con un plazo de 7 a\u00f1os para dar curso a la acci\u00f3n ejecutiva, sin que ocurra la prescripci\u00f3n extintiva, a pesar de tratarse de un contrato de seguro \u2013 SOAT \u2013 del que emergen las obligaciones para el asegurador\u00bb; entre otros aspectos. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, se (i) \u00abDECLARE sin efectos la sentencia que profiri\u00f3 el 14 de julio de 2023, la Sala Civil \u2013 Familia del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta al resolver en segunda instancia el proceso ejecutivo singular y las actuaciones subsiguientes\u00bb; y, de forma subsidiaria, (ii) \u00abDECLARE sin efectos el auto que profiri\u00f3 el veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023, el Juzgado 4\u00b0 Civil del Circuito de C\u00facuta, al resolver el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n contra el auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, y las actuaciones subsiguientes, para que, en el t\u00e9rmino que la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia ordene, profiera una ajustada al debido proceso, el derecho a probar, la eficaz y recta impartici\u00f3n de justicia y la tutela judicial efectiva de SEGUROS DEL ESTADO SA\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de C\u00facuta relat\u00f3 las actuaciones del proceso e inform\u00f3 que, \u00abverificado el expaciente (sic) digital, sin ser menester citarlo en este escrito para no hacerlo extenso, se observa claramente que lo dicho en la reposici\u00f3n no coincide con lo argumentado en la tutela, sobre los requisitos del t\u00edtulo. Lo anterior significa, que opero (sic) el principio de subsidiaridad, pues la oportunidad para oponer a la falta de requisitos del t\u00edtulo fue con el recurso de reposici\u00f3n exclusivamente y no puede acudir a la tutela, pues si bien hizo uso de la reposici\u00f3n, reitero, sus argumentos son distintitos a los requisitos ahora exigidos del t\u00edtulo ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
2. Un abogado que integra Atlas Asuntos Legales y Gestiones Jur\u00eddicas S.A.S., quien agencia los intereses de la IPS Cl\u00ednica Norte S.A. en el recaudo y en el amparo, sostuvo que, \u00abde acuerdo con la exposici\u00f3n f\u00e1ctica realizada por el apoderado de la accionante y lo obrante en el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo radicado bajo el No. 54-001-31-53-004- 2020-00068-00 que se tramita ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, quien con su pasividad procesal no permiti\u00f3 que venciera en silencio el traslado de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que ahora en sede de tutela ataca, cuando oportunamente esta fue puesta en su conocimiento para el respectivo debate; y a su turno, di lugar a que cobrara ejecutoria del auto calendado 04 de octubre de 2023, notificado en estado del 05 del mismo mes y a\u00f1o, que dispuso la entrega de dineros a la ejecutante, sociedad CL\u00cdNICA NORTE S.A.\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, expuso que \u00abmal hace ahora, la ejecutada SEGUROS DEL ESTADO S.A., al pretender erigir una tercera instancia a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de tutela, frente a decisiones judiciales ya ejecutoriadas y en firme; cuando fue ella qui\u00e9n desatendi\u00f3 el compromiso transaccional asumido para con la CL\u00cdNICA NORTE S.A. en monto final de SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($640.000.000,oo), esgrimiendo la realizaci\u00f3n de pagos previos al lunes 29 de agosto de 2022 (momento en el cual, el representante legal de la CL\u00cdNICA NORTE S.A. suscribi\u00f3 contrato de transacci\u00f3n), pretendiendo entender satisfecho el compromiso obligacional a trav\u00e9s de \u00e9l asumido, con pagos realizados fuera del contrato, que por su naturaleza, de existir estuvieron dirigidos a satisfacer otras obligaciones derivadas de las m\u00faltiples relaciones surgidas, con ocasi\u00f3n de la prestaci\u00f3n del servicio de salud suscitada de anta\u00f1o entre las partes\u00bb. <\/p>\n
3. El tribunal ad quem envi\u00f3 el enlace de la foliatura digital. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el ejecutivo que la Cl\u00ednica Norte S.A. formul\u00f3 contra Seguros del Estado S.A. (rad. n.\u00ba 2020-00068), por confirmar, en segunda instancia, la sentencia que dict\u00f3 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, mediante la cual declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n respecto de una factura, pero orden\u00f3 seguir adelante el cobro frente a las dem\u00e1s \u2013en la forma dispuesta en el mandamiento de pago\u2013, supuestamente, en desmedro de una adecuada valoraci\u00f3n probatoria, as\u00ed como de la normativa y jurisprudencia aplicables. <\/p>\n
Lo anterior, debido a que, si bien el embate se dirige contra los pronunciamientos de ambos grados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido por el ad quem, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242-2015, 5 mar., STC11584-2023, 18 oct., et. al.). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n han decantado que, en l\u00ednea de principio, la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales. Para mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es permitido, al menos por regla, inmiscuirse en el escenario propio de los tr\u00e1mites ordinarios. <\/p>\n
Ahora, dicha regla encuentra su excepci\u00f3n en casos en los cuales el funcionario accionado ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, que pueda encuadrarse en alguna de las causas espec\u00edficas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, eventos en los que, luego de un ponderado estudio, se tornar\u00eda imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Sin embargo, para esa excepcional mediaci\u00f3n es imprescindible la confluencia de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, esto es, que (i) el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; (ii) el actor haya agotado los recursos judiciales a su alcance; (iii) la petici\u00f3n cumpla con el requisito de inmediatez (iv) en el evento de fundamentarse la solicitud de tutela en una irregularidad procesal, \u00e9sta tenga incidencia directa en la decisi\u00f3n de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales del actor; (v) se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneraci\u00f3n; y (vi) no se trate de tutela contra tutela. <\/p>\n
3. Precisiones sobre el sub-lite: <\/p>\n
Preliminarmente la Sala destaca que, si bien es cierto Seguros del Estado S.A. present\u00f3 con antelaci\u00f3n otros dos amparos en los que invoc\u00f3 las circunstancias descritas en el sub-lite, en ninguno de esos asuntos se defini\u00f3 de fondo la controversia ni se incurri\u00f3 en temeridad, por cuanto: (i) el primero se rechaz\u00f3 por la falta de subsanaci\u00f3n en debida forma5; mientras que (ii) el segundo6 tuvo sentencia (CSJ STC11991-2023, 25 oct.), en la cual se declar\u00f3 la \u00abfalta de legitimaci\u00f3n\u00bb de la abogada que agenci\u00f3 los intereses de la entidad, dadas las deficiencias en el poder que se otorg\u00f3 para el efecto, de modo que, en ese orden, se procede a su estudio. <\/p>\n
De igual forma, se aclara que el an\u00e1lisis del fallo del ad quem en el compulsivo se abordar\u00e1 con especial atenci\u00f3n en los dos temas esenciales que se invocaron como censuras en el escrito inicial: (i) la transacci\u00f3n adosada al tr\u00e1mite y (ii) los requisitos de las facturas cuyo importe se pretendi\u00f3 en el proceso, relacionadas con la prestaci\u00f3n de servicios de salud cubiertos por las p\u00f3lizas del SOAT, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Sobre la transacci\u00f3n: razonabilidad. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta confirm\u00f3 lo dispuesto por el a quo, espec\u00edficamente en lo atinente al contrato de transacci\u00f3n que se pretendi\u00f3 hacer valer en el cobro, con miras a darlo por finalizado, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, respecto de esa cuesti\u00f3n, formulada en el escrito de apelaci\u00f3n de Seguros del Estado S.A., el colegiado anot\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) dado que el primero de los reproches contra la sentencia deviene de la negativa del despacho de primera instancia de otorgarle efectos sustanciales y probatorios al acuerdo transaccional que celebraron las partes el 29 de agosto de 2022, partiendo de lo previsto en el art\u00edculo 2469 del C\u00f3digo Civil se tiene, que la transacci\u00f3n es un contrato en el que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual, sin que pueda considerarse transacci\u00f3n el acuerdo de voluntades efectuado por las partes en la que se renuncia un derecho que no es objeto de disputa. En desarrollo de esta disposici\u00f3n, el art\u00edculo 2470 ib\u00eddem ense\u00f1a quienes pueden transigir, se\u00f1alado como tales las personas capaces de disponer de los objetos comprendidos en la transacci\u00f3n, para quienes, como lo estatuye el art\u00edculo 2484 de la misma codificaci\u00f3n, la transacci\u00f3n surte efectos y produce el efecto de cosa juzgada en \u00faltima instancia, pudi\u00e9ndose impetrar la declaraci\u00f3n de nulidad o rescisi\u00f3n, a la luz de lo previsto en el art\u00edculo 2483 ib\u00eddem. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 312 del C\u00f3digo General del Proceso, sobre el fen\u00f3meno de la transacci\u00f3n establece, que en cualquier etapa del proceso las partes pueden transigir la litis, siendo menester para que la transacci\u00f3n produzca efectos procesales, que se solicite por quienes la hayan celebrado ante el Juez o Tribunal que conozca del proceso o de la actuaci\u00f3n posterior a \u00e9ste, insertando sus alcances o adjuntando el documento que la contiene. As\u00ed mismo, se indica que la transacci\u00f3n puede ser presentada por cualquiera de las partes, acompa\u00f1ada del documento de transacci\u00f3n, caso en el cual se dar\u00e1 traslado del escrito a las otras partes por tres (3) d\u00edas. Frente a los efectos de la transacci\u00f3n la norma en comento se\u00f1ala que se aceptar\u00e1 la transacci\u00f3n por el Juez siempre que la misma se ajuste al derecho sustancial, declarando la terminaci\u00f3n del proceso si se celebr\u00f3 por todas las partes y versa sobre la totalidad de las cuestiones objeto de litigio, o de las condenas impuestas en la sentencia. <\/p>\n
Revisado el Contrato de Transacci\u00f3n aportado por el apoderado judicial de la ejecutada Seguros del Estado S.A., se observa que en la Cl\u00e1usula Primera del mismo se dice, que el acuerdo de voluntades tiene como finalidad transigir y cancelar todas y cada una de las obligaciones relacionadas en el proceso ejecutivo radicado No. 5400131530042020-00068-00 que cursa en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de C\u00facuta, y en el No. 54001400300620210039600 que cursa en el Juzgado Sexto Civil Municipal de C\u00facuta, ambos promovidos por la Cl\u00ednica Norte S.A. en contra de Seguros del Estado S.A., adem\u00e1s de cancelar la cartera correspondiente desde el inicio de sus actividades hasta el 27 de mayo de 2022, sustentada en las facturas relacionadas y transcritas en el Anexo 3, por reclamaciones derivadas de atenciones en salud con cargo a las p\u00f3lizas SOAT, existiendo un saldo que asciende a $1.277.899.346. De igual forma se indica en la cl\u00e1usula 1.7 que despu\u00e9s de analizar los saldos de las facturas radicadas en la aseguradora y plantear f\u00f3rmulas de arreglo, las partes \u201ctransaron sus diferencias y por ende determinaron que el valor de la totalidad de las facturas radicadas en LA ASEGURADORA durante la vigencia comprendida entre el inicio de las funciones de EL PSS hasta el veintisiete (27) de mayo de 2022, incluidos inter\u00e9s de plazo como de mora, honorarios de abogados, costas, agencias en derecho y dem\u00e1s rubros relacionados con da\u00f1os y perjuicios de car\u00e1cter patrimonial y extrapatrimonial, que pudieron ser generados con los hechos antes mencionados, asciende a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($640.000.000)\u201d. <\/p>\n
Respecto del pago se indica en la cl\u00e1usula Segunda A, que \u00e9ste se efectuar\u00eda por la suma de $640.000.000, monto que la aseguradora pagar\u00e1 al prestador de servicios dentro de los 15 d\u00edas siguientes a la firma de ese contrato, mediante transferencia a la cuenta corriente del Banco de Bogot\u00e1 N.\u00b0260137948 cuyo titular es la cl\u00ednica Norte, estableci\u00e9ndose en la cl\u00e1usula tercera que la transacci\u00f3n es \u201ctotal, integral y definitiva frente a las facturas radicadas por el PSS en la ASEGURADORA, dentro de la vigencia que va desde el inicio de las actividades de EL PSS, hasta el veintisiete (27) de mayo de 2022, como tambi\u00e9n los servicios relacionados en el ANEXO 3 de este documento y las que son materia de los procesos judiciales relacionados en el numeral 1.6 del ac\u00e1pite de consideraciones y antecedentes del presente contrato; valor que tambi\u00e9n incluye los saldos de pagos parciales, objeciones, reclamaciones no formalizadas, cualquier suma de dinero que el PSS bajo cualquier t\u00edtulo considere o registre como \u201ccartera pendiente por pagar\u201d, agreg\u00e1ndose en el par\u00e1grafo primero que \u201cuna vez realizado el pago pactado entre las partes en este documento, el PSS, se obliga dentro de los diez (10) d\u00edas h\u00e1biles siguientes, a solicitar junto con LA ASEGURADORA LA TERMINACION de los procesos mencionados en los antecedentes de este documento, esos son: (i) radicado bajo el n\u00famero 54-001- 31-53-004-2020-00068-00 cursante ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de C\u00facuta y (ii) 54-001-40-03-006-2021-00396-00 cursante ante el Juzgado Sexto Civil Municipal de C\u00facuta, ambos promovidos por parte del PSS en contra de SEGUROS DEL ESTADO S.A.\u201d\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, seguidamente estableci\u00f3 que \u00abel contrato de transacci\u00f3n que se alleg\u00f3 al sub-lite, no tuvo como prop\u00f3sito el de que (sic) la juez de primer grado le imprimiera su aprobaci\u00f3n, como era el camino a seguir, seg\u00fan los t\u00e9rminos del art\u00edculo 312 del C.G. del P., sino como fundamento de la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n, petici\u00f3n frente a la que luego de ponerse en conocimiento de la parte ejecutante, no fue avalada\u00bb, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) tan pronto se tuvo noticia en el proceso de la existencia del susodicho contrato de transacci\u00f3n, las partes que lo celebraron asumieron posiciones contrarias o divergentes. El apoderado judicial de Seguros del Estado S.A., tend\u00eda a que se le reconociera validez para dar por terminado el proceso por pago total, y la parte ejecutante, al desconocimiento frontal a ra\u00edz del incumplimiento en el pago acordado, situaci\u00f3n que realmente ri\u00f1e con lo previsto en el art\u00edculo 312 del estatuto procedimental, como quiera que \u00e9ste establece, que \u201cpara que la transacci\u00f3n produzca efectos procesales deber\u00e1 solicitarse por quienes la hayan celebrado (\u2026) podr\u00e1 presentarla tambi\u00e9n cualquiera de las partes, acompa\u00f1ando el documento de transacci\u00f3n\u201d; lo que en buen romance significa, que la presentaci\u00f3n del escrito de transacci\u00f3n implica de suyo, un consenso entre los celebrantes en torno a la misma, no el disenso que se ofrece en el sub-lite. <\/p>\n
De ah\u00ed, que el mentado acuerdo celebrado entre las partes no puede considerarse como una transacci\u00f3n judicial, puesto que la misma, presentada s\u00f3lo por la parte ejecutada, no se hizo para que fuera objeto de aprobaci\u00f3n, sino como fundamento para que se diera por terminado el proceso por pago total de la obligaci\u00f3n, petici\u00f3n que fue negada por el despacho en audiencia celebrada el 6 de diciembre de 2022, transacci\u00f3n que sea del caso decir, fue ejecutada sin que la autoridad judicial previamente la hubiera aprobado, no pudiendo por ende atribu\u00edrsele ning\u00fan efecto procesal al referido negocio. <\/p>\n
A prop\u00f3sito de la presentaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n judicial del negocio jur\u00eddico de transacci\u00f3n, la doctrina nacional ense\u00f1a que la transacci\u00f3n \u201ces un negocio jur\u00eddico extraprocesal que se refleja dentro del proceso para darlo por finalizado \u2026 cuando asume la calidad de transacci\u00f3n judicial, es decir que entre otras finalidades tiene la de que debe extinguir anormalmente la actuaci\u00f3n judicial, el C\u00f3digo exige una formalidad esencial adicional, y es que para que produzca efectos en el proceso, deber\u00e1 solicitarse su aceptaci\u00f3n por escrito presentado por las partes, \u201cprecisando sus alcances o acompa\u00f1ando el documento que la contenga\u201d (art.340, inciso segundo); ese reconocimiento que se\u00f1ala la norma no es nada diferente a la homologaci\u00f3n o aprobaci\u00f3n que de ella debe realizar el funcionario que conoce del proceso y es por eso que el adquirir como medio anormal de terminaci\u00f3n del proceso el car\u00e1cter de acto complejo jur\u00eddico sustancial procesal, la integridad de la transacci\u00f3n, para que genere sus efectos, debe ser presentada antes de la ejecutoria de la sentencia. Si as\u00ed no ocurre deja de tener efectos (\u2026)7\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En ese orden de ideas, el reparo del apelante tendiente a que se decrete la terminaci\u00f3n del proceso por transacci\u00f3n no puede salir avante, porque si se hubiere presentado oportunamente por las partes para su aprobaci\u00f3n, esto es, con anterioridad a que se le diera cumplimiento al mismo, hubiere tenido la virtualidad suficiente de dar por terminado el proceso de manera anticipada; sin embargo, la omisi\u00f3n de dicho tr\u00e1mite y bajo el entendido, de que entre las partes no existe hoy en d\u00eda ese \u00e1nimo convergente dirigido a la aprobaci\u00f3n del contrato de transacci\u00f3n, como lo exige el art\u00edculo 312 del C.G. del P, no tiene la capacidad decisoria necesaria en este proceso, sin que dicho contrato y en particular las manifestaciones que sobre el mismo se hicieran por la parte demandante sirvan como respaldo de los abonos efectuados por valor de $528.523.541, los que ciertamente deber\u00e1n tenerse en cuenta, pero al momento de liquidar el cr\u00e9dito, dado que dicha transacci\u00f3n involucra no solo lo cobrado en este proceso, sino tambi\u00e9n lo de uno de similares contornos que se tramita en el Juzgado Sexto Civil Municipal de C\u00facuta, as\u00ed como otras obligaciones existentes entre las partes hoy en conflicto, lo que conlleva a que tal suma no pueda imputarse sin ninguna otra consideraci\u00f3n, sino que dado lo rese\u00f1ado debe hacerse en la forma que se\u00f1alan los art\u00edculos 1653 y siguientes del C. C.\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada sobre el punto, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la entidad censora \u2013se itera, en lo que ata\u00f1e a ese motivo de disenso\u2013 no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto esa disposici\u00f3n fue contraria a sus expectativas. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
3.2. Sobre los requisitos de las facturas relacionadas con la prestaci\u00f3n de servicios de salud amparadas por el SOAT: desconocimiento del precedente. <\/p>\n
Ahora bien, frente a la segunda cuesti\u00f3n, atinente a los requisitos de las facturas base del recaudo, la Corte precisa que la providencia auscultada incurri\u00f3 en la citada causal de procedencia excepcional del amparo, toda vez que desconoci\u00f3 los lineamientos que esta Sala Especializada ha desarrollado sobre la materia. <\/p>\n
Al respecto, en el pronunciamiento auscultado, se dej\u00f3 sentado que \u00ablos reparos a la decisi\u00f3n por la falta de conformaci\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo por no haberse aportado a esta ejecuci\u00f3n todos los soportes a los que se ha hecho alusi\u00f3n, bajo ning\u00fan punto de vista pueden salir avantes (sic), ya que como se desprende di\u00e1fanamente de las normas que el tema tratan y que fueron rese\u00f1adas, tales soportes no son necesarios para conformar el t\u00edtulo ejecutivo, puesto que para ello solo es necesario que los documentos aportados re\u00fanan las condiciones de que trata el art\u00edculo 422 del C. G. del P. para constituir el t\u00edtulo ejecutivo, sino requeridos para efectuar la reclamaci\u00f3n ante la aseguradora correspondiente para el cobro de los servicios prestados, esto es, para el tr\u00e1mite administrativo, no quedando duda alguna como se infiere de lo obrante en autos, que las reclamaciones para el pago de los servicios de salud fueron presentadas o radicados ante la entidad para su pago con todo lo exigido\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, expuso que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala se observa, que la promotora Cl\u00ednica Norte S.A. adjunt\u00f3 al libelo introductorio sendas facturas de venta por prestaci\u00f3n de servicios de urgencias, ex\u00e1menes de laboratorio, consultas m\u00e9dicas, procedimientos terap\u00e9uticos, quir\u00fargicos, materiales e insumos, medicamentos, imagenolog\u00eda, banco de sangre, entre otros, servicios que fueron proporcionados a los beneficiarios de las p\u00f3lizas de seguros SOAT expedidas por Seguros del Estado S.A., describi\u00e9ndose en ellas el servicio prestado y registr\u00e1ndose la identificaci\u00f3n de la entidad deudora, la fecha de emisi\u00f3n y vencimiento, fechas de ingreso y egreso, nombre del paciente y descripci\u00f3n de los servicios. Facturas que como se infiere de lo obrante en autos, fueron radicadas ante la aseguradora, ya que aparecen con el sello de dicha entidad, en el que consta claramente la fecha de su radicaci\u00f3n, demostr\u00e1ndose la existencia de la obligaci\u00f3n a cargo de la demandada a partir de la reclamaci\u00f3n realizada, sin que sea posible desde ning\u00fan punto de vista restarles m\u00e9rito ejecutivo. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, contrario a lo que considera la sociedad recurrente, del contenido de las facturas presentadas que soportan el cobro ejecutivo se puede concluir, que se trata de documentos que en su conjunto prestan m\u00e9rito ejecutivo, sin que para ello sea menester aportar soportes adicionales, pues, se reitera, tales documentos son exigibles, pero, para el tr\u00e1mite administrativo de cobro o reclamaci\u00f3n y no para el judicial. <\/p>\n
Ahora, si en virtud de la reglamentaci\u00f3n especial a la que se ha venido haciendo alusi\u00f3n, la entidad que debe asumir el pago advirti\u00f3 que con las facturas no se adjuntaron los soportes correspondientes, ha debido hacer uso en la oportunidad pertinente de las glosas o devoluciones dentro de los t\u00e9rminos que la misma ley prev\u00e9, y en este proceso haber hecho valer ello mediante los medios exceptivos pertinentes, por ser la oportunidad procesal establecida para ello, pero no alegar la falta de tales soportes para conformar el t\u00edtulo ejecutivo. <\/p>\n
Y es que aun cuando en el proceso lo \u00fanico que cuenta con constancia de radicaci\u00f3n es la factura emitida, sin que se aporte una relaci\u00f3n de documentos debidamente recibida o una solicitud de pago que los mencione, de lo narrado por la representante legal de la sociedad demanda, aunado a lo expresado en la contestaci\u00f3n, se puede dar sentado sin temor a equ\u00edvocos, que la documentaci\u00f3n en efecto s\u00ed se present\u00f3 por parte de la ejecutante a la aseguradora, aunque no haya constancia en el expediente de cada uno de ellos individualmente considerados, puesto que de no haber sido as\u00ed, se hubiere tenido que haber hecho uso de las herramientas que la ley prev\u00e9 en esa oportunidad, y no echarse de menos ahora, cuando como qued\u00f3 dicho, tales documentos no se requieren como parte integrante del t\u00edtulo ejecutivo. <\/p>\n
N\u00f3tese que en su narraci\u00f3n, la Dra. Heydi Liliana Gil Arias, en su condici\u00f3n de Representante legal de la sociedad ejecutada, expuso las fases a que se somete en la empresa Seguros del Estado, toda solicitud de pago derivada del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tr\u00e1nsito tomado con la compa\u00f1\u00eda, expresando que el primer paso es precisamente la revisi\u00f3n de los documentos presentados, explicando que para el caso \u201clas reclamaciones que ha presentado la cl\u00ednica se presentaron por un valor inicial las 572 facturas, algunas tuvieron pago total, 38, algunas tuvieron pago con glosa, \u00f3sea que se pag\u00f3 una parte y la otra se glos\u00f3, y otras tuvieron glosa ratificada, y hay unas que tienen glosa aceptada, es decir que ellos presentaron reclamaci\u00f3n para el pago, seguros del estado pag\u00f3 una parte, les glos\u00f3 otra y la cl\u00ednica acept\u00f3 la glosa. Por ejemplo, dentro de las que tienen pago total y que fueron 38 y que fueron aceptadas\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que si la representante legal refiere que se efectu\u00f3 un proceso de reclamaci\u00f3n por 572 facturas sin manifestar que hubo devoluci\u00f3n de algunas por falta de soportes, ha de entenderse que la reclamaci\u00f3n se hizo en debida forma, acompa\u00f1ada de todos los documentos que exige la reglamentaci\u00f3n ya rese\u00f1ada, en tanto ni siquiera de la relaci\u00f3n que se aduce de facturas con glosas, y con pagos parciales, tienen constancia de recepci\u00f3n del ejecutante\u00bb. <\/p>\n
Sumado a ello, sobre el criterio consolidado por esta Colegiatura en la sentencia CSJ STC14094-2022, 21 oct., el ad quem refiri\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el recurrente manifiesta el desconocimiento de la normativa que gobierna las facturas derivadas de la prestaci\u00f3n de servicios de salud cubiertos por SOAT, en la providencia que se estudia, para lo cual trae a colaci\u00f3n la sentencia STC14094-2022, sea del caso mencionar que el caso puesto a consideraci\u00f3n, aunque se trata tambi\u00e9n del cobro de facturas por prestaci\u00f3n de los servicios de salud de esta naturaleza, la raz\u00f3n fundamental para que la Corte en esa oportunidad concediera el amparo a los derechos fundamentales de la aseguradora Seguros del Estado S.A., fue precisamente el tratamiento que como t\u00edtulo valor el juez de instancia le dio a las facturas aportadas a dicho proceso, cuando como qued\u00f3 visto a lo largo de este prove\u00eddo, las mismas quedaron despojadas de los principios de literalidad, autonom\u00eda e incorporaci\u00f3n que le son propias a los t\u00edtulos valores, dada la normatividad especial del sector salud, que permite tener los documentos aportados junto con la constancia de su cobro, como t\u00edtulos ejecutivos\u00bb. <\/p>\n
No obstante, deviene di\u00e1fano que, con la aludida argumentaci\u00f3n, se desconocieron los presupuestos en los que ha ahondado la jurisprudencia de esta Sala, respecto de las facturas que se adosan como t\u00edtulos base del recaudo, en trat\u00e1ndose del cobro de servicios de salud amparados con las p\u00f3lizas SOAT, toda vez que son considerados \u00abcomplejos\u00bb, cuya verificaci\u00f3n debe realizarse en sede judicial, contrario a lo arg\u00fcido por el tribunal ad quem: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) revisada la jurisprudencia de la Sala sobre el punto, ciertamente la Corte, al resolver acciones constitucionales, ha se\u00f1alado que para obtener el pago de facturas por servicios de salud a personas amparadas con el SOAT se requiere la constituci\u00f3n de un \u00abt\u00edtulo complejo\u00bb, el cual debe estar integrado por los \u00abFormularios de reclamaci\u00f3n, seg\u00fan el formato adoptado por el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, certificado m\u00e9dico de atenci\u00f3n, formato adoptado por el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, y la factura y fotocopia de la p\u00f3liza\u00bb (STC19525-2017). Lo cual constituye una regla jurisprudencial que, por tanto, debe ser atendida por los administradores de justicia. As\u00ed, en STC14094-2022 (21 oct.) se dijo: <\/p>\n
En lo que refiere al interrogante sobre si las \u00abfacturas de servicios de salud\u00bb, en particular, las emitidas con ocasi\u00f3n de la afectaci\u00f3n de las \u00abp\u00f3lizas de SOAT\u00bb, son o no un \u00abt\u00edtulo complejo\u00bb, esta Sala en sede de tutela ha respondido positivamente dicha pregunta, al sostener en un caso de id\u00e9nticos perfiles al que ahora se analiza, que la normatividad llamada a regular el asunto era la relativa al cobro de las indemnizaciones derivadas de p\u00f3lizas de seguro obligatorio por accidente de tr\u00e1nsito, contenida en los Decretos 663 de 1993, 3990 de 2007 y los art\u00edculos 1053 y 1077 del C\u00f3digo de Comercio\u201d y que trat\u00e1ndose del cobro de \u201cfacturas\u201d atinentes a gastos m\u00e9dicos, la \u201cdocumentaci\u00f3n\u201d necesaria para constituir el \u201ct\u00edtulo ejecutivo complejo\u201d eran los \u201cFormularios de reclamaci\u00f3n, seg\u00fan el formato adoptado por el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, certificado m\u00e9dico de atenci\u00f3n, formato adoptado por el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, la factura y fotocopia de la p\u00f3liza (STC2064-2020, que cit\u00f3 la STC19525-2017) <\/p>\n
Tal criterio fue ampliado en fallo de 24 de marzo de 2021, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
(\u2026) De este modo, a diferencia de lo considerado por la gestora del amparo, lo determinado reposa sobre el contenido de los medios de convicci\u00f3n, a la par de un razonable entendimiento de los mismos, y la aplicaci\u00f3n de las normas aplicables a la materia, cuesti\u00f3n que impide sostener que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo invocadas (\u2026), en tanto que tal y como lo dej\u00f3 anotado la Corporaci\u00f3n criticada en la sentencia de segundo grado debatida, se concluy\u00f3 que i) los t\u00edtulos ejecutivos complejos aportados como b\u00e1culo de la acci\u00f3n ejecutiva, s\u00ed prestaban m\u00e9rito ejecutivo, de conformidad a las normas especiales atr\u00e1s referenciadas que regulan las facturas para el cobro de los servicios prestados por la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz, a las v\u00edctimas de accidentes de tr\u00e1nsito, m\u00e1s a\u00fan cuando ii) las glosas alegadas por la ejecutada, no se presentaron en debida forma; iii) que el t\u00e9rmino prescriptivo alegado, corresponde al contemplado en el canon 2536 del C\u00f3digo Civil, y no al que establece la norma mercantil para la acci\u00f3n cambiaria o, para el contrato de seguro; y, iv) que de acuerdo a las probanzas arrimadas, la excepci\u00f3n de pago s\u00f3lo pod\u00eda prosperar frente a dos de las facturas cobradas. (STC3056-2021). <\/p>\n
(\u2026) Por consiguiente, es indudable que sobre esta materia existe un \u00abprecedente\u00bb vinculante, el cual no puede ser ignorado por los jueces en los \u00abprocesos\u00bb donde se ventile esta (CSJ, STC14164-2017, iterada recientemente en la STC16048-2021 y STC1912-2022). <\/p>\n
Al respecto, vale la pena resaltar que, contrario a lo se\u00f1alado por el Tribunal demandado, en la sentencia STC2662-2021 no se contempl\u00f3 la posibilidad de que las facturas presentadas para el cobro de los valores incluidos en la cobertura del SOAT puedan ser tomadas como \u00abt\u00edtulos aut\u00f3nomos\u00bb v\u00e1lidos para ejecuci\u00f3n, pues en dicha ocasi\u00f3n se consider\u00f3 razonable la decisi\u00f3n que determin\u00f3 que dichos documentos por s\u00ed solos \u00abno cumplen con las exigencias legales de \u201creclamaci\u00f3n completa\u201d para poder ser consideradas t\u00edtulos de recaudo ejecutivo; en este caso t\u00edtulo complejo\u00bb\u00bb (CSJ STC10912-2023, 4 oct., postura que tambi\u00e9n se ha prohijado, entre otras, en STC3451-2023, 13 abr.). <\/p>\n
En ese orden, la providencia recriminada desconoci\u00f3 el criterio de esta Sala Especializada sobre el t\u00f3pico, con lo que, adem\u00e1s, se pretermiti\u00f3 el deber de verificar las mentadas facturas derivadas de la prestaci\u00f3n de servicios de salud en accidentes de tr\u00e1nsito las cuales deben cotejarse bajo las disposiciones de los Decretos 663 de 1993 y 3990 de 2007, los c\u00e1nones 1053 y 1077 del C\u00f3digo de Comercio y las dem\u00e1s normas concordantes (ejusdem). <\/p>\n
Estudio que, se itera, se echa de menos en el compulsivo revisado, pues, como se vio, expresamente el tribunal ad quem indic\u00f3 que prescind\u00eda de ese labor\u00edo, por considerar que era un aspecto que se ausculta en la etapa administrativa \u2013esto es, al momento de radicaci\u00f3n de las facturas ante la aseguradora, en casos de glosas, etc.\u2013, mas no en la judicial, se\u00f1alando, inclusive, que a pesar de no concurrir todos los soportes que dieran cuenta de los servicios cobrados para cada uno de los instrumentos base del recaudo se reconoc\u00eda su m\u00e9rito ejecutivo8. <\/p>\n
Con ello, adem\u00e1s, se dej\u00f3 de lado el deber de la autoridad judicial de indagar sobre las formalidades de los t\u00edtulos que se pretenden hacer valer en esos asuntos \u2013aun de forma oficiosa\u2013, antes de proferir sentencia, el cual, seg\u00fan ha insistido la Corte, \u00abno concluye con la decisi\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n o definici\u00f3n de las excepciones previas referidas a la ineptitud de la demanda, sino que se extienden al momento de dictar el fallo, pues en ese escenario, no s\u00f3lo en el marco de las excepciones de fondo que para el efecto se plantearon, sino inclusive de oficio, el juzgador est\u00e1 llamado a volver a revisar los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo y los par\u00e1metros del mandamiento de pago\u00bb (CSJ STC4031-2023, 27 abr.). Lo anterior, en raz\u00f3n a que: <\/p>\n
\u00abLos funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleol\u00f3gicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panor\u00e1mica propia de la estructura que constituye el sistema jur\u00eddico, mas no desde la \u00f3ptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada. <\/p>\n
Entre ellas, y en lo que ata\u00f1e con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el t\u00edtulo ejecutivo que se presenta ante la jurisdicci\u00f3n en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que, si bien el precepto 430 del C\u00f3digo General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que \u00ab[l]os requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del t\u00edtulo ejecutivo no podr\u00e1n reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb, lo cierto es que ese fragmento tambi\u00e9n debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2 y 430 inciso 1\u00ba ejusdem, am\u00e9n del mandato constitucional enantes aludido\u00bb (CSJ STC18432-2016, 15 dic., reiterada en STC4808-2017, 5 abr.; STC12818-2021, 29 sep.; STC13970- 2021, 19 oct., entre otras). <\/p>\n
3.3. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
Finalmente, la Sala estima oportuno se\u00f1alar que, dada la prosperidad parcial de los reclamos de Seguros del Estado S.A., por sustracci\u00f3n de materia no se ahondar\u00e1 en los restantes embates \u2013como el relativo a la verificaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n de algunas de las facturas\u2013, o los expuestos contra otros prove\u00eddos que penden de lo que se defina en la sentencia que se invalidar\u00e1, como el auto con el que el estrado a quo aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y el que lo dej\u00f3 inc\u00f3lume en sede de reposici\u00f3n. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por ello, se dejar\u00e1 sin valor ni efecto la sentencia de segunda instancia, proferida el 14 de julio de 2023, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, en el curso del compulsivo rese\u00f1ado (rad. n.\u00ba 2020-00068), as\u00ed como las dem\u00e1s determinaciones que de ella se desprendan, para que se reanude la actuaci\u00f3n en la forma indicada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso de Seguros del Estado S.A. <\/p>\n
SEGUNDO: DEJAR sin valor ni efecto la providencia dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, el 14 de julio de 2023, as\u00ed como las dem\u00e1s decisiones que de all\u00ed se desprendan, en el ejecutivo n.\u00ba 2020-00068 (radicado interno del tribunal n.\u00ba 2023-0005-01). <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la precitada autoridad judicial que, en el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda nuevamente a resolver la apelaci\u00f3n y dicte la decisi\u00f3n a que haya lugar en dicha causa, en atenci\u00f3n a las consideraciones plasmadas en parte motiva de esta sentencia. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, remitir las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De acuerdo con el fallo de segunda instancia, dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, y conforme se desprende del folio 016 del cuaderno digital de primera instancia. <\/p>\n
2\u0002 Ejusdem, folio 45, expediente del recaudo. <\/p>\n
3\u0002 Punto sobre el cual se dijo en el hecho 7.2. del escrito de tutela que: \u00abEl Juzgado 4 Civil del Circuito C\u00facuta, le dio el tr\u00e1mite de terminaci\u00f3n por pago total de la obligaci\u00f3n, al acuerdo de transacci\u00f3n, y, finalmente, adujo que no se hab\u00eda probado el pago de la obligaci\u00f3n que contiene la orden de pago que emiti\u00f3, cual coincide in totto, con la demanda\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Consideraciones respecto de las cuales Seguros del Estado S.A. recrimina en la tutela que: \u00abni la Ley 1564 de 2012 tiene 1653 art\u00edculos, y tampoco el apoderado mostr\u00f3 que aplic\u00f3 el art\u00edculo 1653 del CC, para liquidar el cr\u00e9dito; e, incluso, queda claro que inaplic\u00f3 los art\u00edculo[s] 1654 y 1655 del mismo C\u00f3digo Civil, y, adem\u00e1s, el art\u00edculo 881 del C\u00f3digo de Comercio; es decir, la liquidaci\u00f3n que present\u00f3 no se ajusta a derecho, como erradamente lo indica la decisi\u00f3n censurada\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Consecutivo 11001- 02-03-000-2023-03656-00. <\/p>\n
6\u0002 Consecutivo 11001-02-03-000-2023-03973-00. <\/p>\n
7\u0002 Cita propia del texto referenciado: \u00abHern\u00e1n Fabio L\u00f3pez Blanco. Procedimiento Civil. D\u00e9cima Edici\u00f3n General Tomo I. Dupr\u00e9 Editores. Ps 1007 y ss\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Al respecto, insisti\u00f3 el colegiado accionado en que \u00abcontrario a lo que considera la sociedad recurrente, del contenido de las facturas presentadas que soportan el cobro ejecutivo se puede concluir, que se trata de documentos que en su conjunto prestan m\u00e9rito ejecutivo, sin que para ello sea menester aportar soportes adicionales, pues, se reitera, tales documentos son exigibles, pero, para el tr\u00e1mite administrativo de cobro o reclamaci\u00f3n y no para el judicial\u00bb. <\/p>\n
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STC12896-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC12896-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-04383-00 (Aprobado en Sala de quince de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Seguros del Estado […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77582","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77582","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77582"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77582\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77582"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77582"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77582"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}