STC13052-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13052-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04474-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Didier Portela Torres promovi\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, extensiva al Juzgado 4\u00ba Civil del Circuito de la misma ciudad y a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso ejecutivo No. 73001-31-03-004-2020-00103-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante pretende que se deje sin valor y efecto la sentencia de segunda instancia emitida en el proceso en comento (27 septiembre 2023), para que, en su lugar se profiera una providencia en la que se haga una valoraci\u00f3n integral de las pruebas adosadas y se corrijan los yerros en que incurri\u00f3 el Juzgado de primer grado. <\/p>\n
Como soporte de su pedimento adujo que promovi\u00f3 la acci\u00f3n coercitiva referida. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado 4\u00ba Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, autoridad que profiri\u00f3 sentencia anticipada en la que declar\u00f3 probada la prescripci\u00f3n alegada; sin embargo, previo a la emisi\u00f3n de dicho prove\u00eddo, no corri\u00f3 traslado de las excepciones de fondo presentadas por la parte ejecutada. A juicio del censor, la circunstancia descrita lesion\u00f3 su derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que promovi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra dicha determinaci\u00f3n; no obstante, el Tribunal confirm\u00f3 la decisi\u00f3n sin advertir que la prescripci\u00f3n fue interrumpida con la notificaci\u00f3n de la demanda la cual efectu\u00f3 conforme a las reglas del art\u00edculo 8\u00ba del decreto 806 de 20202. Se\u00f1al\u00f3 que dicho enteramiento fue efectivo, tanto as\u00ed que el convocado otorg\u00f3 poder a un abogado y contest\u00f3 la demanda (27 septiembre 2023). <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado 4\u00ba Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 se remiti\u00f3 a los raciocinios contenidos en la sentencia de primera instancia proferida en el proceso referido. <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 adujo atenerse a lo que se decida en la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
El ejecutado Jos\u00e9 Ricardo Pe\u00f1aloza manifest\u00f3 que las decisiones censuradas son razonables. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo invocado ser\u00e1 negado toda vez que la sentencia emitida por el Tribunal convocado obedece a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable; adem\u00e1s, el requisito de subsidiariedad no est\u00e1 satisfecho. <\/p>\n
Revisado el proceso ejecutivo mencionado, se advierte que para desatar la alzada instaurada por el actor, la Magistratura estableci\u00f3 los siguientes problemas jur\u00eddicos: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, para la Sala, el problema jur\u00eddico a resolver en el presente asunto se centrar\u00e1 en establecer: S\u00ed, \u00bfel estudio que hizo el a-quo, permite llegar a las conclusiones sobre las que \u00e9ste estableci\u00f3 la ocurrencia del fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria en este asunto? Para lo cual habr\u00e1 de establecerse en concreto, \u00bfcu\u00e1ndo prescribi\u00f3 la acci\u00f3n cambiaria y si en el caso en concreto, el termino establecido en el articulado 94 de nuestro r\u00e9gimen procesal debe de contabilizarse de manera subjetiva en virtud de las circunstancias que rodearon la notificaci\u00f3n del extremo ejecutado? <\/p>\n
Para resolver dichos cuestionamientos el Tribunal precis\u00f3 cu\u00e1les fueron los t\u00edtulos valores adosados como base de la ejecuci\u00f3n, hizo un recuento de la fecha de vencimiento de aquellos, precis\u00f3 la data en que fue emitido el mandamiento de pago y relat\u00f3 que, aunque el ejecutado intent\u00f3 enterar al demandado, al no cumplir con los requisitos de ley, aquel fue notificado por conducta concluyente. A continuaci\u00f3n, evalu\u00f3 si la prescripci\u00f3n se configur\u00f3 o no. Sobre el particular precis\u00f3: <\/p>\n
Es as\u00ed, como al plenario se aportaron tres letras de cambio, la primera con un valor impuesto de $100.000.000 cuya fecha de vencimiento plasmada figuraba para el d\u00eda 7 de octubre de 2017. La segunda letra de cambio por la suma de $200.000.000, con fecha de vencimiento para el 21 de noviembre de 2017, y la \u00faltima letra por cuant\u00eda de 100.000.000 millones, cr\u00e9dito exigible para el 20 de enero de 2018; la demanda fue presentada el 21 de julio de 2020, interrumpi\u00e9ndose con ello, el termino prescriptivo, empero la parte demandada solo fue notificada por conducta concluyente por auto de fecha 25 de octubre de 2021, con ocasi\u00f3n al poder otorgado por el demandado y adjuntado al plenario el 19 de octubre de 2021, operando la excepci\u00f3n formulada; toda vez que, como ya se indic\u00f3, no se notific\u00f3 al demandado dentro del per\u00edodo establecido en la norma procesal, sin que acreditara una justificaci\u00f3n v\u00e1lida para su tardanza, porque con el hecho de simplemente anunciar que el deudor impidi\u00f3 llevar a cabo su notificaci\u00f3n, no es suficiente para desvirtuar el termino objetivo que contempla la norma en comento, pues el estatuto procesal civil establece formas para suplir dichas falencias, como lo es el emplazamiento <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el Tribunal aludi\u00f3 a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n y concluy\u00f3 que en el caso concreto no exist\u00edan razones subjetivas que permitieran tener las diligencias de notificaci\u00f3n realizadas por la ejecutada como hecho que interrumpiera la prescripci\u00f3n. Respecto de este punto se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Frente al anterior t\u00f3pico, es menester poner de presente que la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC 10184 de 2019, ha fijado una sub regla entorno a la interpretaci\u00f3n del 94 anteriormente referenciado que (..)>>. <\/p>\n
Es por ello, que nuestro m\u00e1ximo \u00f3rgano de cierre en sede de tutela ha adoptado la posici\u00f3n, sobre la necesidad de observar en cada caso en particular, las distintas situaciones que impiden al actor cumplir con la notificaci\u00f3n personal, bajo el entendido de que <\/p>\n
\u201cEllo significa que, si el per\u00edodo en comento se rebasa sin advertirse negligencia o incuria del ejecutante, debe descontarse el tiempo en cual existi\u00f3 una dilaci\u00f3n no atribuible al \u00e9ste. [\u2026] <\/p>\n
Para la Sala, la conclusi\u00f3n adoptada es l\u00f3gica, de su lectura, prima facie, no refulge anomal\u00eda manifiesta y con entidad suficiente para derruir la presunci\u00f3n de acierto de la providencia examinada. <\/p>\n
Lo anterior, porque en un caso equiparable al ac\u00e1 debatido, la Corte reiter\u00f3 su criterio sobre el car\u00e1cter subjetivo del t\u00e9rmino de un a\u00f1o para interrumpir la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiar\u00eda desde la presentaci\u00f3n de la demanda, cuando se presentan circunstancias como las aqu\u00ed alegadas. <\/p>\n
As\u00ed se expres\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) As\u00ed, previo descuento de los plazos de retardo, no imputables a la tutelante, debi\u00f3 contabilizar el lapso contenido en el art\u00edculo 90 ib\u00eddem y, de ser el caso, desatar la excepci\u00f3n planteada bajo la consideraci\u00f3n de que el t\u00e9rmino previsto para lograr su interrupci\u00f3n, seg\u00fan lo ha precisado la Sala en jurisprudencia reciente, no es meramente objetivo, debi\u00e9ndose sopesar las particularidades de cada caso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De manera que, bajo los anteriores criterios y al aplicarlos al sub examine, se observa que las diligencias adelantadas por la parte actora para evitar que se configurara el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n extintiva fueron insuficientes para surtir la notificaci\u00f3n, contrario sensu a lo argumentado por el recurrente se evidencia que hubo desidia de su parte por un largo periodo para realizar la carga impuesta por la norma procesal estudiada. <\/p>\n
La anterior conclusi\u00f3n surge del estudio realizado a las piezas que componen el expediente digital, en el que se observa que el 17 de noviembre de 2020 (archivo PDF 008), cobro ejecutoria el mandamiento de pago emitido en favor del demandante y fue hasta el 5 de agosto del a\u00f1o siguiente, es decir, m\u00e1s de 8 meses, para intentar si quiera la notificaci\u00f3n del demandado, la cual no se tuvo en cuenta por no realizarse conforme los requisitos exigidos por el Decreto 806 de 2020, siendo notificado el convocado por conducta concluyente hasta el 25 de octubre de 2021, lo que permite evidenciar, sin vacilaciones, que s\u00ed es reprochable la inacci\u00f3n del apelante, aunado a que las cautelas deprecadas fueron decretadas y comunicadas por el juzgado de primera instancia de forma expedita, sin que ello repercuta para ser un motivo fundado de que el demandante no haya procedido con la notificaci\u00f3n del demandado en un intervalo prudente. <\/p>\n
Por lo que el argumento orientado a que la demora en la notificaci\u00f3n debe de ser atribuible a la conducta del ejecutado no puede abrirse paso, al no contar con el talante necesario, en la medida que en el plenario no obra medio de convicci\u00f3n alguno que ilustre que dicho extremo procesal incurri\u00f3 en conductas de ese tipo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Lo anterior permite colegir que el Tribunal, a partir de la valoraci\u00f3n de lo sucedido en el proceso y de las documentales obrantes en el expediente, concluy\u00f3 que la prescripci\u00f3n estaba configurada, toda vez que aunque los t\u00edtulos adosados venc\u00edan el 7 de octubre de 2017, el 21 de noviembre de 2017, y el 20 de enero de 2018 respectivamente; la demanda fue presentada el 21 de julio de 2020; sin embargo, la deudora solo fue notificada por conducta concluyente por auto de fecha 25 de octubre de 2021. De manera que el t\u00e9rmino que contaba el actor para mantener la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n fue superado y de all\u00ed puede afirmarse que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, aunque en el escrito de tutela el interesado tambi\u00e9n acot\u00f3 que s\u00ed notific\u00f3 al ejecutado conforme a las reglas del Art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 20202, vigente para la \u00e9poca, y cuestion\u00f3 que no se hubiera corrido traslado de las excepciones de m\u00e9rito propuestas por el demandado, encuentra la Sala que frente a dichos reproches el requisito de subsidiariedad no est\u00e1 satisfecho, toda vez que el aqu\u00ed gestor no promovi\u00f3 recurso contra la decisi\u00f3n que tuvo por notificado por conducta concluyente al ejecutado (25 octubre 2021) y tampoco solicit\u00f3 ante el Juzgado que se surtiera el traslado que ahora extra\u00f1a. Mem\u00f3rese que, dada la naturaleza excepcional del presente ruego superlativo, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (STC7730-2020, reiterada, entre otras, en STC2557-2021). <\/p>\n
Por lo expuesto, se negar\u00e1 el resguardo solicitado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela instada. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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